El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra y el de Sevilla Juan José Asenjo Pelegrina reciben este martes sendas denuncias penales “por la comisión de un delito contra la independencia del Estado” por alojar en diferentes templos de su diócesis los restos mortales de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera así como diferente simbología franquista (Madrid) y en el caso de Sevilla, la tumba de Gonzalo Queipo de Llano, militar coartífice del golpe de Estado y autor del golpe militar en Sevilla donde tuvo lugar una terrible represión entre 1936 y 1937. Eduardo Ranz, abogado memorialista es el autor de estas denuncias penales que alcanzan a 15 obispos y/ o arzobispos españoles.
El letrado ha presentado además escritos de alegaciones canónicas ante el Arzobispado de Sevilla y el Obispado de Madrid, en los que, además de solicitar la retirada de simbología de Guerra Civil y dictadura, se exige la salida de los cuerpos de Queipo de Llano, de Franco y de José Antonio, “por ser un enterramiento contrario al derecho constitucional canónico”. Y amplía también sus iniciales denuncias penales y derechos de petición a Ayuntamientos que no han retirado símbolos e imágenes franquistas, a otros 42 consistorios, con lo que ya suman 80.
15 denuncias contra obispos
En total, por la presencia de simbología franquista en diferentes lugares de culto, Eduardo Ranz presenta un total de 15 denuncias contra otros tanto Obispados y/o Arzobispados: Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza, Oviedo. A los obispos o Arzobispos, se les acusa de un delito contra la independencia del Estado, castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
Franco y José Antonio
En Madrid, las denuncias principales apuntan a la Basílica de El Valle de los Caídos, “monumento que alberga la tumba del Fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera; y la tumba del General Francisco Franco, ambas tumbas presidiendo la basílica, donde se celebra la Eucaristía”.
Queipo de Llano en Sevilla
En Sevilla la denuncia relata: “En la Fachada del Convento de la Encarnación, en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, se puede observar retablo cerámico de Nuestra Señora de los Reyes con el texto Sevilla agradecida a su madre reina y abogada. Sábado 18 de julio de 1936. En el interior de la basílica de La Macarena, en Sevilla, se encuentra la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra”, continúa el abogado quien remacha: “Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica”.
Dictador bendecido
“Es intolerable que tras más de tres décadas de democracia, los restos del dictador y golpista Franco, y del golpista Queipo de Llano, se encuentren en iglesias. Ningún otro dictador está bendecido como lo están Francisco Franco en el Valle de los Caídos o Queipo de Llano en Sevilla”, ha manifestado Eduardo Ranz a ELPLURAL.COM.
“Ofensa intolerable”
El letrado añadió: “No es de recibo desde un mínimo de sentido democrático y de sentido común; se trata de una ofensa absolutamente intolerable para cualquier demócrata. Nadie con valores democráticos puede defender o entender esta mezcolanza entre Estado e Iglesia”.
Falta de respeto a las víctimas
“Esta situación se agrava en el Valle de los Caídos, ante la falta de respeto a los otros seres humanos cuyos cuerpos se encuentran allí en contra de su voluntad, porque fueron secuestrados, para rodear a su verdugo. Cuando se exhumen los cuerpos y se retire la simbología presente en el lugar, se obtendrá reparación, y por tanto, se cerrarán heridas”, considera Eduardo Ranz.
El obispo obligado a cumplir la ley
En las alegaciones canónicas, el abogado se identifica como “bautizado y evangelizado en la Fe Católica”, condición sine qua non para poder ejercer esta acción y expone que acude ante el arzobispado o ante el obispado pertinente dado que el titular de la institución religiosa “es la persona que tiene la obligación de defender la unidad de la Iglesia universal, exigiendo el cumplimiento de todas las leyes eclesiásticas”.
El camino penal y el eclesiástico
Las denuncias penales se presentan ante los juzgados de instrucción correspondientes a cada ciudad y en el caso de las alegaciones canónicas, el abogado las entrega en cada sede eclesiástica (obispado o arzobispado) pertinente. La intención del letrado es que se abra un doble camino: el penal y el relativo al derecho canónico.
Franco no era Pontífice
Así, señala ante el arzobispado madrileño: “No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso «eméritos». Por tanto, el Arzobispado de Madrid, con su permisividad o inacción, está vulnerando manifiestamente los cánones, puesto que ni Francisco Franco Bahamonde ni José Antonio Primo de Rivera son, o han sido, al menos de forma pública y notoria, Romano Pontífice, Obispo o Cardenal”.
Un precedente
En todas las alegaciones, se recuerda “que existe un precedente de retirada de Placa en Iglesia parroquial, como es el caso de la Basílica de Nuestra Señora del Socorro en Aspe (Alicante), retirándose la placa que contenía las palabras “José Antonio”, nombre del fundador de la Falange Española”.
Si los obispos no responden… al Papa
En el supuesto de que las autoridades eclesiásticas no respondan o respondan negativamente, la siguiente acción consiste en presentar estos escritos ante el Romano Pontífice y en segundo lugar, ante la Curia Romana, siempre según el Derecho Canónico.
Otros 42 municipios denunciados
También este martes 14 de abril, Ranz presenta denuncias penales y derechos de petición, contra 42 nuevos consistorios. Se trata de que retiren la simbología y los nombres del callejero relacionados con personajes o acciones franquistas. Estos escritos se suman a los anteriores remitidos el pasado 11 de febrero, con lo que se alcanza la cifra de 80 denuncias de retirada de simbología franquista.
Alcaldes aforados, denuncia ante el Supremo
Las denuncias se presentan ante los Juzgados de instrucción, con algunas excepciones como son los casos de: Melilla (Juan José Imbroda, senador); del alcalde de Zaragoza (Juan Alberto Belloch, senador), del alcalde de Toledo (Emiliano García Page, senador); Teruel (Manuel Blasco, Senador), María Elena Nevado del Campo (Cáceres, senadora) o Guadalajara (Antonio Román, diputado nacional). Por ser aforados, la denuncia contra ellos se interpone ante el Tribunal Supremo.
http://www.elplural.com/2015/04/13/denuncias-contra-los-prelados-de-madrid-y-sevilla-por-conservar-los-restos-de-franco-jose-antonio-y-queipo/
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Denuncian al Arzobispado de Sevilla por la tumba de Queipo en la Macarena
andalucesdiario.es | Europa Press | 13-4-2015
Una quincena de obispados y arzobispados de toda España serán denunciados este martes ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica. Así, lo harán por la tumba del general Queipo y de Llano, en Sevilla, y también por otros motivos contra los de Almería y Córdoba.
A nivel nacional, las denuncias se producen también contra mantener enterrados los restos de Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera, pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.
Así lo expone el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, en los escritos que presentará este martes 14 de abril –coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República– ante los tribunales por un posible delito contra la independencia del Estado del artículo 589 del Código Penal, al entender que los obispos dependen de las instrucciones de la ciudad del Vaticano, la cual está constituida como un Estado Independiente y no cumplen con la legislación española.
Por su parte, los escritos de alegaciones canónicas, a los que ha tenido acceso Europa Press, se presentarán ante los Obispados y Arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.
En el caso de Madrid, el abogado interpondrá este martes a las 11.00 horas ante el Arzobispado, situado en la calle Bailén, un escrito solicitando la retirada de la simbología de franquista y la salida de los restos de Franco y Primo de Rivera que descansan en la Basílica del Valle de los Caídos. En este sentido, cita también la placa conmemorativa del fundador de la Falange Española en la basílica de la Concepción de Nuestra Señora, situada en el barrio de Salamanca, en Goya, 26.
“Todo ello en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica, y del canon 1242 del Código de Derecho Canónico, que establece textualmente ‘No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos”, explica el abogado, para añadir que el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a retirar estos símbolos.
Por lo tanto, añade, el Arzobispado de Madrid, “con su permisividad o inacción, está vulnerando manifiestamente los cánones, puesto que ni Francisco Franco Bahamonde ni José Antonio Primo de Rivera son, o han sido, al menos de forma pública y notoria, Romano Pontífice, Obispo o Cardenal”.
Ranz, que pide al Arzobispado de Sevilla retirar la tumba del teniente general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra de la basílica de La Macarena, cita como precedente un caso de Alicante, donde la basílica de Nuestra Señora del Socorro eliminó una placa que contenía las palabras ‘José Antonio’, en conmemoración al fundador de la Falange.
Por su parte, se ampliarán a 42 consistorios las denuncias penales por mantener estos vestigios. Entre ellos, varias denuncias se presentarán ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados de sus regidores, como el de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.
“Si en un tiempo prudencial no obtuviera respuesta, acudiré al romano Pontífice y a la Curia Romana, como órgano colegiado”, advierte el abogado respecto a los obispos, para añadir que la Conferencia Episcopal no tiene competencia sobre este asunto en aplicación de los cánones del Código de Derecho Canónico.
Ranz denunció inicialmente en los tribunales el pasado 11 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, a 38 alcaldes por un supuesto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Este delito lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.
El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.
http://www.andalucesdiario.es/politica/denuncian-al-arzobispado-de-sevilla-por-la-tumba-de-queipo-de-llano/
