El caso del alférez franquista que participó en el juicio a Miguel Hernández: de desconocido, a la Wikipedia

EL CASO DEL ALFÉREZ FRANQUISTA QUE PARTICIPÓ EN EL JUICIO A MIGUEL HERNÁNDEZ: DE DESCONOCIDO, A LA WIKIPEDIA

Antonio Luis Baena Tocón participó como secretario en el juicio al poeta Miguel Hernández, tal y como aparecía en varias publicaciones académicas de la Universidad de Alicante. Su hijo pidió a la UA que eliminara el nombre de las búsquedas de internet en virtud al derecho al olvido y la entidad académica aceptó cautelarmente. Así se desató el llamado ‘efecto Streisand’ que ha llevado a Baena Tocón a la Wikipedia y a ser uno de los temas más comentados en redes sociales. 

PÚBLICO | ALEJANDRO TORRÚS | MADRID | 19-6-2019

Antonio Luis Baena Tocón. Hasta hace pocos días muy poca gente conocía el nombre del hombre que actuó como secretario en el juicio a Miguel Hernández. Era un completo desconocido. Sin embargo, en apenas unas horas, Antonio Luis Baena Tocón tiene página propia en la Wikipedia, en la que se explica su participación en el juicio del poeta oriolano, y durante unas horas ha protagonizado uno de los trending topic en la red social Twitter, es decir, uno de los temas más  comentados del día en la red social.  

¿Pero qué ha pasado para que un perfecto desconocido hasta hace unos días tenga tanto protagonismo en redes? Es lo que se conoce como el efecto ‘streisand’. El hijo de Baena Tocón pidió a la Universidad de Alicante y a otras webs y medios de comunicación que retirara el nombre de su padre de varias publicaciones en nombre de la Ley de Protección de Datos y del derecho al olvido digital. La Universidad de Alicante aceptó de manera cautelar a borrar de su buscador de internet el nombre del secretario judicial y la decisión fue recogida en una noticia de El País

A partir de ahí, historiadores, medios de comunicación, investigadores y juristas alertaron sobre lo delicado del asunto. «Lo que está en juego es nuestro derecho a la Memoria Histórica», decía a Público el jurista Carlos Sánchez Almeida. Y las redes sociales y la comunidad de internautas hicieron el resto. Rápidamente el nombre de Antonio Luis Baena Tocón inundó las redes sociales y Jorge Castrillón, editor de Wikipedia, creó una entrada en la Wikipedia, la enciclopedia libre, que señala, entre otras cosas, lo siguiente:  

«Fue miembro de varios consejos de guerra relacionados con el Juzgado Especial de Prensa, destacando el instruido contra el poeta Miguel Hernández, condenado a muerte en marzo de 1940 –la pena fue posteriormente conmutada por 30 años de prisión–. Baena Tocón figuró como secretario del mismo, a pesar de no tener la titulación necesaria para ello al haber aprobado tan solo unas pocas asignaturas de Derecho», señala el artículo creado el mismo martes por la tarde en la enciclopedia libre. 

Así, el intento de borrar de la Historia la participación de Baena Tocón en el juicio a Miguel Hernández ha sido un sonado fracaso. La UA ha accedido de manera cautelar a la petición del hijo del alférez franquista, sin embargo, miles de personas han conocido el nombre de una persona que hasta el momento desconocían por completo. Un tiro por la culata en toda regla

Castrillo, editor de Wikipedia que ha creado este artículo, ha señalado a Público que lo sucedido en las últimas horas con el caso de Baena Tocón muestra que «en estos tiempos es imposible ‘contener’ información» por mucho que se intente. «La cantidad de reacciones en diferentes plataformas demuestra que hay ganas de saber qué ocurrió durante el franquismo y que el ‘pacto de silencio’ de la Transición está definitivamente roto, por muy nerviosos que se pongan algunos familiares o ciertas formaciones políticas», ha señalado Castrillo. 

La Universidad de Alicante mantiene el borrado

Mientras tanto, la Universidad de Alicante ha ofrecido este miércoles nuevas explicaciones sobre su decisión de eliminar del buscador de internet el nombre de Luis Baena Tocón. El rector de la entidad académica, Manuel Palomar, ha explicado que, de momento, mantendrá el ‘borrado’ de las dos publicaciones sobre Hernández, mientras que los servicios técnicos y jurídicos de la UA estudian la manera de revertir su decisión. La resolución final, según ha anunciado el rector,  llegará en «los próximos días».

Palomar también ha explicado que tomaron la decisión de eliminar el nombre de las búsquedas «porque el plazo máximo para tomar una decisión acababa el lunes» pasado y tenían que tomar una decisión cautelar garantista a la espera de un estudio más en profundidad. 

El rector, de esta forma, ha incidido en que lo que se está estudiando ahora es la manera de que «los metadatos» de una investigación, es decir, todo aquello que puede aparecer en el catálogo de su buscador, «forme parte de la obra» realizada por cualquiera de sus profesionales. De esta forma, «no estarían sujetos a la Ley de Protección de Datos» o al llamado derecho al olvido.

No obstante, Palomar ha explicado que hasta que no concluya el estudio jurídico y técnico de la comisión no se podrá incluir el nombre de Baena de nuevo en el RUA.

Solicitan un dictamen a la Agencia de Protección de Datos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos un dictamen a través del cual señale si el derecho a conocer la verdad y a que se conozca la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho al olvido o no tiene límites a la hora de generar conocimiento acerca de violaciones de derechos humanos, como dictan diversas revoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

Para el presidente de la asociación, Emilio Silva, «se trata de un caso claro de censura, ya que el derecho a la verdad prevalece por encima de la protección de datos de quiénes formaron parte de un régimen sostenido sobre la violencia, la persecución física, social y penal por causas ideológicas y la colaboración con un régimen antidemocrático«.

https://www.publico.es/politica/caso-alferez-franquista-participo-juicio-miguel-hernandez-desconocido-wikipedia.html

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LA ARMH PIDE A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DICTAMEN SOBRE DERECHO A LA VERDAD VÍCTIMAS FRANQUISMO

ARMH: instamos a la Agencia de Protección de Datos a dictaminar si las víctimas de la dictadura tenemos derecho a conocer y dar a conocer públicamente información sobre los represores de la dictadura franquista y de los hechos que cometieron para violar los derechos de las personas perseguidas por el franquismo.

TERCERAINFORMACION.ES | 19-06-2019

Comunicado Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)

Ante el caso de censura ejercido por la Universidad de Alicante con respecto a la retirada del nombre de un miembro del tribunal militar que juzgó ilegalmente al poeta Miguel Hernández, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos un dictamen a través del cual señale si el derecho a conocer la verdad y a que se conozca la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho al olvido o no tiene límites a la hora de generar conocimiento acerca de violaciones de derechos humanos, como dictan diversas revoluciones de la Organización de Naciones Unidas.

Para el presidente de la asociación, Emilio Silva, “se trata de un caso claro de censura, ya que el derecho a la verdad prevalece por encima de la protección de datos de quiénes formaron parte de un régimen sostenido sobre la violencia, la persecución física, social y penal por causas ideológicas y la colaboración con un régimen antidemocrático”.

El texto presentado ante la Agencia de Protección de Datos es el siguiente:

Hemos tenido una noticia de la que la Universidad de Alicante ha retirado de dos artículos en su página web el nombre del alférez Antonio Luis Baena Tocón que fue secretario judicial en la causa militar contra el poeta Miguel Hernández con la que fue ilegalmente condenado, ilegalmente detenido y murió en prisión.

El borrado llevado a cabo por la Universidad de Alicante es una consecuencia de una reclamación de derecho al olvido de un descendiente de ese represor algo que choca con el derecho de las víctimas de la dictadura a conocer y a dar a conocer la verdad de lo ocurrido con las violaciones de derechos humanos de quién es dieron un golpe el 18 de julio 1936 y se beneficiaron de él al menos hasta el 20 de noviembre de 1975.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU han reconocido en diversas ocasiones la verdad como un derecho que asiste a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en dictaduras.

Entendemos entendemos que en esta situación han entrado en conflicto diversos intereses y que por estar implicada en ello la Agencia de Protección de Datos debería llevar a cabo un dictamen que resuelva para este y otros casos si existen límites para que las víctimas de violaciones de derechos humanos den a conocer de manera telemática en Internet los hechos y los nombres de los responsables de tales vulneraciones represivas.

Al respecto la ONU asegura que:

“Cuando un período caracterizado por abusos generalizados o sistemáticos de los derechos humanos llega a su fin, las personas que han sufrido bajo el régimen anterior se encuentran en condiciones de hacer valer sus derechos y de comenzar a superar su pasado. Cuando hacen oír sus voces ahora libres, es probable que formulen cuatro tipos de peticiones al Estado de transición. Esto es, la verdad, la justicia, reparaciones y reformas institucionales para prevenir la repetición de la violencia”.

Por tanto, instamos a la Agencia de Protección de Datos a dictaminar si las víctimas de la dictadura tenemos derecho a conocer y dar a conocer públicamente información sobre los represores de la dictadura franquista y de los hechos que cometieron para violar los derechos de las personas perseguidas por el franquismo.

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«NO PODEMOS BORRAR LA HISTORIA»: EL MUSEO MIGUEL HERNÁNDEZ, CONTRA EL «OLVIDO DIGITAL» DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL QUE CONDENÓ A MUERTE AL POETA

► El Museo Miguel Hernández / Josefina Manresa no comparte el ‘borrado’ asumido por la Universidad de Alicante: “es un agravio” a la figura del poeta

► “Es absurdo, un ataque contra la Memoria Histórica” y “nos oponemos a que se borre”, resume el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Quesada (Jaén), donde está el museo

► La Fundación Legado Miguel Hernández, el espacio museístico y el Consistorio no han recibido la petición de suprimir el nombre de Antonio Luis Baena Tocón

ELDIARIO.ES | JUAN MIGUEL BAQUERO | 20-6-2019

No podemos borrar la historia”. Así resume la directora del Museo Miguel Hernández / Josefina Manresa en Quesada (Jaén), Rosa Valiente, la polémica suscitada por el ‘borrado’ en la condena a muerte al poeta. Una petición del hijo de Antonio Luis Baena Tocón a la que ha accedido la Universidad de Alicante (UA) y que también ha recibido la base de datos ‘Todos los nombres’.

“Es una falta de rigor y de respeto a la historia, que unas veces será buena y otras mala, pero no se puede cambiar”, continúa la responsable del espacio museístico dedicado al poeta alicantino. “Además es un agravio contra la figura de Miguel Hernández”, opina Valiente.

Por el momento, al Museo Miguel Hernández no ha llegado ninguna solicitud similar a la aceptada por la UA, como confirma el propio organismo público a eldiario.es Andalucía. Tampoco en la Fundación Legado Miguel Hernández o en el Ayuntamiento de Quesada tienen noticias de la familia de Baena Tocón, el secretario judicial que participó en el consejo de guerra que dictó pena capital contra el escritor alicantino.

¿Qué ocurre si el requerimiento se extiende a cualquier entidad o institución? ¿Y a los periodistas? O a los historiadores, que ya se han mostrado contra este “impedimento para estudiar el franquismo”. El debate a la libertad de expresión contra la protección de datos y el olvido digital es una madeja con multitud de hilos.

“Maneras de censurar”

El concejal Cultura del Ayuntamiento de Quesada, Juan Antonio López, sí tiene claro qué harían si en su departamento –que tutela el Museo Miguel Hernández / Josefina Manresa– llega la petición de suprimir la figura de Antonio Luis Baena Tocón: “Nos oponemos abiertamente a que se borre”.

“Es un absurdo y un ataque contra la Memoria Histórica”, entiende. “No hay ninguna mentira y son datos públicos, esto sería una manera de censurar”, según el edil de Cultura. “No tiene sentido que se elimine, está en la historia y si empezamos así se podría censurar todo”, declara.

Y este “olvido digital” es, además, “una falta de respeto” a la figura de Miguel Hernández. “Desconozco la parafernalia de la Ley de Protección de Datos, pero por sentido común lo veo injusto y puede sentar precedente”, avisa. “Aquí no hay persecución política, es historia, y nadie está culpando a esa familia pero su antecesor sí participó de esa injusticia”, subraya.

“Desagravio” al poeta

La directora del museo de Quesada incide en este “agravio” al poeta. “No se puede borrar esa injusticia total que se hizo contra una persona de bien que luchaba por los derechos y libertades, eso me horroriza”, en palabras de Rosa Valiente.

“Me parece fatal que vayamos para atrás acogiéndonos a la Ley de Protección de Datos” porque “esto sucedió en esa época y así debe ser contado, es una realidad y no se puede edulcorar”, afirma. “Y está claro que los descendientes no tienen culpa de lo que ocurrió”, dice.

La Fundación Legado Miguel Hernández tampoco ha recibido el comunicado a través de un bufete de abogados que sí ha llegado a la Universidad de Alicante o a ‘Todos los nombres’. Un extremo que confirma a este periódico el presidente de la entidad, Francisco Escudero, que prefiere no hacer declaraciones sobre el caso.

El hijo de Baena Tocón ya ha logrado que la universidad alicantina retire la mención a su padre en dos artículos alojados en su web, según la información adelantada por El País. En el caso de ‘Todos los nombres’ la denuncia refiere a “una noticia copiada de prensa”: un artículo escrito por el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo, titulado ‘La historia en las cunetas’.

En 1940, el poeta Miguel Hernández fue condenado a muerte. Sin embargo, enfermo de tuberculosis, terminó por fallecer en la cárcel en 1942. El hijo de Baena Tocón defiende que en los artículos del catedrático, su padre es presentado como «un verdugo y fue una víctima más».

https://www.eldiario.es/andalucia/historia-Museo-Miguel-Hernandez-tribunal_0_911659791.html

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+ info:

LA BASE DE DATOS ‘TODOS LOS NOMBRES’ RECIBE LA PETICIÓN DE BORRAR A UN MIEMBRO (A.L.B.T.) DEL TRIBUNAL QUE CONDENÓ A MUERTE A MIGUEL HERNÁNDEZ

► El comunicado sobre «reputación digital» ha sido remitido al sindicato CGT en Andalucía como patrocinador del archivo virtual ‘Todos los nombres’

► La solicitud, a través de un bufete de abogados, parte del hijo del secretario del consejo de guerra que enjuició al poeta, Antonio Luis Baena Tocón

► La demanda apunta a un artículo escrito por el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo, que refiere al «interventor que habíamos tenido en el Ayuntamiento»

►La Universidad de Alicante ha accedido de forma cautelar a una solicitud similar amparada en la ley europea de Protección de Datos

ELDIARIO.ES | JUAN MIGUEL BAQUERO | 18-6-2019

La base de datos ‘Todos los nombres’ ha recibido una petición para que borre de su página web el nombre del secretario del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández, Antonio Luis Baena Tocón. Como en el caso de la Universidad de Alicante (UA), la reclamación ha sido presentada por el hijo del miembro del tribunal franquista que enjuició al poeta.

El comunicado, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, ha sido remitido a la Confederación General del Trabajo (CGT) como entidad patrocinadora de ‘Todos los nombres’. La solicitud, entregada a través de un bufete de abogados, se ampara en la ley europea de Protección de Datos.

El hijo de Baena Tocón ya ha logrado que la universidad alicantina retire la mención a su padre en dos artículos alojados en su web, según la información adelantada por El País. En el caso de ‘Todos los nombres’ la denuncia refiere a “una noticia copiada de prensa”: un artículo escrito por el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo, titulado ‘La historia en las cunetas’.

“Datos de dominio público”

Se nos pide retirar el nombre de un miembro de un tribunal militar e interventor del ayuntamiento (de Córdoba), cuyos datos son de dominio público”, aseguran fuentes del sindicato en Andalucía consultadas por este periódico. Como ocurre, subrayan, con en el nombramiento del citado Baena Tocón en el puesto de interventor del Ayuntamiento de Córdoba el 29 de junio de 1966.

Ahora estamos a la espera de la consulta elevada por los abogados de CGT a la Agencia de Protección de Datos”, según Cecilio Gordillo, portavoz del grupo memorialista del sindicato y del archivo virtual con casi 100.000 víctimas del franquismo. El escrito da “un mes de plazo” para practicar la “supresión solicitada” y que sea notificada al interesado.

LA UA, que ha accedido a la solicitud, asegura que se trata de una decisión cautelar y provisional. La institución está a la espera de la decisión de una comisión designada para el caso. “La actitud tomada por la Universidad de Alicante será determinante en este caso”, apuntan desde CGT-A.

El sindicato aventura que deberá tomar la misma decisión. “Posiblemente hagamos lo que ya hicimos en un primer caso que nos llegó –sobre el atentado contra la revista satírica El Papus–, o sea sustituir el nombre completo por las iniciales”, afirman en declaraciones a eldiario.es Andalucía.

“Un asunto de reputación digital”

“El año pasado (2017) supe que el interventor que habíamos tenido en el Ayuntamiento durante los primeros años, Antonio Baena Tocón, fue miembro del Tribunal Militar que condenó a Miguel Hernández”, escribía el exalcalde de Córdoba, Herminio Trigo.

El artículo, que menciona por tanto al miembro del ejército franquista, fue publicado de forma original en febrero de 2018 en Nueva Tribuna. La base de datos ‘Todos los nombres’ reproduce el texto en su web, en el apartado de noticias.

Trigo relata cómo “el franquismo cometió cientos de miles de asesinatos que quedaron impunes”. “Lo hicieron con una crueldad inusitada y privaron además a los familiares de las víctimas del consuelo de poder velar y enterrar sus cadáveres de una forma digna y decente”, asegura.

El requerimiento recibido en CGT Andalucía señala que es “en relación a un asunto de reputación digital”. El bufete de abogados pide al sindicato que “atiendan con diligencia” la solicitud en nombre del “titular de los derechos de protección de datos y quién ejercita su derecho”, es decir, el hijo del secretario del consejo de guerra que condenó a muerte a Miguel Hernández.

El comunicado, enviado por correo electrónico, está encabezado por el asunto “¡IMPORTANTE! Todos Los Nombres – Derecho de Cancelación de Datos”. La reclamación remite al reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea.

El peticionario “ejerce el derecho de supresión como persona autorizada” y “como persona vinculada al fallecido por razones familiares y de heredero”. Y solicita, por tanto, “que se proceda a acordar la eliminación de los datos personales” que aparecen en una información copiada en ‘Todos los nombres’.

En el caso de la Universidad de Alicante, los artículos aludidos están firmados por el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá. El autor ha denunciado el «olvido digital» al que han sido sometidos sus escritos después de que la UA haya procedido a desindexar el nombre de Antonio Luis Baena Tocón. La institución ha dejado únicamente las iniciales en uno de los documentos.

En 1940, el poeta Miguel Hernández fue condenado a muerte. Sin embargo, enfermo de tuberculosis, terminó por fallecer en la cárcel en 1942. El hijo de Baena Tocón defiende que en los artículos del catedrático, su padre es presentado como «un verdugo y fue una víctima más».

https://www.eldiario.es/andalucia/nombres-peticion-tribunal-Miguel-Hernandez_0_911309759.html

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+ info:

EL ‘BORRADO’ DEL JUICIO A MIGUEL HERNÁNDEZ AMENAZA A MEDIOS Y WEBS MEMORIALISTAS

El digital Nueva Tribuna y la web «Todos (…) los nombres» reciben una petición formal para que eliminen de un artículo el nombre del secretario del juicio franquista contra Miguel Hernández, Antonio Luis Baena Tocón. La Universidad de Alicante accedió, ante esta petición, a borrar de manera cautelar este nombre en dos publicaciones en su versión digital. Investigadores, historiadores y juristas denuncian que lo que está en juego es el derecho a «investigar» y a la «memoria histórica».

PÚBLICO | ALEJANDRO TORRÚS / PABLO ROMERO | MADRID | 18-6-2019

La Universidad de Alicante ha accedido de manera provisional a borrar de dos artículos digitales del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá el nombre del alférez que participó como secretario en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta, Antonio Luis Baena Tocón. Lo ha hecho tras recibir una petición del hijo del alférez en virtud de la Ley de Protección de Datos. La decisión ha causado un gran revuelo entre historiadores y académicos al sentar un peligroso precedente para sus trabajos de investigación. Sin embargo, la Universidad de Alicante no es la única que ha recibido una petición para que el nombre de Antonio Luis Baena Tocón desaparezca de la historia. 

Este periódico ha constatado como los abogados del hijo del alférez también han remitido sendos escritos al medio de comunicación Nueva Tribuna, asociado a Público, y a la web memorialista de Andalucía Todos los Nombres. El motivo de la carta es el mismo: eliminar el nombre Antonio Luis Baena Tocón del artículo La Historia en las cunetas, publicado originalmente en Nueva Tribuna y firmado por Herminio Trigo, alcalde de Córdoba durante nueve años.

El exalcalde cuenta en el artículo en cuestión que descubrió en 2017 que Antonio Luis Baena Tocón, además de ser «el interventor» del Ayuntamiento de Córdoba  «durante los primeros años» de gobierno de IU en la ciudad, «fue miembro del Tribunal Militar que condenó a Miguel Hernández». «Aunque en su momento lo hubiéramos sabido, poco se podía hacer, estaba amnistiado», prosigue Trigo en su artículo. 

En este sentido, Público ha contactado con los responsables de Nueva Tribuna y de la web memorialista Todos los nombres. La respuesta es que la petición del hijo del secretario del juicio a Miguel Hernández se ha puesto en manos de los respectivos equipos jurídicos que tomarán una decisión tras contactar con la Agencia de Protección de Datos. De momento, no obstante, Nueva Tribuna ha señalado que no «va a retirar el artículo en el que se menciona al alférez franquista Antonio Luis Baena»

«No es la primera vez que recibimos una petición de este tipo. Una vez tuvimos que eliminar el nombre de la persona que puso la bomba contra la revista satírica ‘El Papus’. Tuvimos que sustituirlo por sus iniciales. En aquel caso actuamos como vamos a hacer en este. Lo pusimos en conocimiento de nuestro abogado quien, tras consultar con la Agencia de Protección de Datos, nos recomendó sustituir el nombre por las iniciales», explica Cecilio Gordillo a Público, que explica que ahora están a la espera de los consejos de su abogado. 

El caso del ‘borrado’ del nombre del secretario del juicio de Miguel Hernández, sin embargo, ha llamado mucho más la atención que el denunciado por Gordillo. Por varios motivos. Primero, por la fuerza que tiene Miguel Hernández como símbolo de la represión franquista. Segundo, porque historiadores e investigadores han visto en la cesión de la Universidad de Alicante una amenaza para sus trabajos y publicaciones. 

José Luis Ferris, autor del libro Miguel Hernández: Pasiones, cárcel y muerte de un poeta, señala a Público que la decisión de la Universidad de Alicante le parece «demencial». «Ya han pasado unos cuantos años desde que murió Franco y se acabó la censura. No entiendo el porqué de la decisión. Siempre y cuando se pueda demostrar lo que estás contando no se debe eliminar ningún nombre. La decisión de la UA, que dice estar sujeta a la Ley de Protección de Datos, está coartando la libertad de los investigadores para sacar a la luz lo que nunca debió estar debajo de la luz».

En este sentido, Ferris señala que «no tiene ninguna duda» de que la investigación de Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española en la UA, es «completamente correcta». «Me consta que Ruiz Carratalá ha trabajado con datos fidedignos y que pueda documentar todo lo que ha publicado. Espero que la Universidad rectifique porque si no se sentará un peligroso precedente y vamos a tener que borrar muchos nombres de nuestras investigaciones», sentencia Ferris. 

La directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, María del Olmo Ibáñez, ha corroborado a Público que el nombre de Antonio Luis Baena Tocón aparece hasta en diez documentos en el expediente del juicio a Miguel Hernández como secretario. «He estudiado el expediente de Miguel Hernández y puedo atestiguar que el nombre de este señor consta como mínimo en diez documentos y, además, aparece su firma», explica Del Olmo, que también fue comisaría de la exposición Miguel Hernández en la cárcel de Alicante. Un intento de silenciar la palabra.

Del Olmo Ibáñez denuncia que la actual Ley de Protección de Datos resulta «una piedra en el zapato» en la labor de los investigadores y, sobre todo, en el acceso a los archivos. «Esta ley nos ha supuesto un retroceso tremendo. La causa general del franquismo, por ejemplo, estaba online a libre disposición y la tuvimos que retirar por la Ley de Protección de Datos. Pero hay más ejemplos. Tenemos todos los expedientes penitenciarios que dejó la represión en la provincia. Se pueden consultar de manera presencial en el Archivo, pero no podemos subirlos a la web por la citada Ley», prosigue la doctora en Historia.

¿Qué dice la Ley de Protección de Datos y su uso por parte de familiares?

¿Hasta qué punto tiene derecho un familiar de un personaje a eliminar el rastro de éste en internet? ¿Y qué sucede si dicho personaje tuvo un papel, aunque mínimo, en un acontecimiento histórico? ¿Prevalece el interés público de la memoria colectiva, o el derecho al olvido de un descendiente que se siente mancillado?

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, establece en su artículo 2 que ésta no se aplica a las personas fallecidas, pero en el artículo 3 afirma que «las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquélla y, en su caso, su rectificación o supresión«.

Es decir, en principio y con carácter general un hijo sí puede solicitar la supresión del nombre de su padre fallecido de un documento. Sin embargo, no es tan sencillo. En la misma ley, el artículo 93, que regula el derecho al olvido en búsquedas de internet, obliga a tener en cuenta «los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información».

En un riguroso análisis del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Presno Linera, este académico razona que en el caso del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, «si, como es el caso, el padre del solicitante participó como secretario judicial en un consejo militar parece que eso implica el desempeño de una función pública que tiene trascendencia social, y más repercusión todavía si el condenado fue el poeta Miguel Hernández».

Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos europeo, de aplicación directa, establece en su artículo 87 una serie de excepciones aplicables al tratamiento con fines de investigación científica o histórica. En su apartado 2 alude expresamente a la investigación histórica, y prevé que puedan establecerse excepciones en el derecho al olvido de un sujeto (como el caso de un fallecido con un papel determinado en la historia) «siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines».

Por último, en la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa al caso Costeja, los jueces europeos establecieron además una excepción esencial al derecho al olvido: hay que ponderar el papel desempeñado por el interesado en la vida pública para justificar o no el interés del público en tener acceso a dicha información.

«Estamos hablando de la vida pública de datos históricos», comenta a Público el abogado Carlos Sánchez Almeida, director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que destaca que «existe un riesgo de ‘amnesia histórica’ ya no tanto para una universidad pública —que puede conllevar un ‘efecto Streisand’ de libro, como acaba de suceder— sino para pequeños sitios web, blogs de investigadores independientes y demás, que van a terminar recibiendo peticiones de derecho al olvido y, ante la posibilidad de sanciones o demandas, la gente se autocensure». «Tenemos que tener todos claro que lo que está en juego es nuestra memoria histórica», concluye.

https://www.publico.es/politica/miguel-hernandez-borrado-juicio-miguel-hernandez-amenaza-llegar-medios-webs-memorialistas.html

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+ INFO:

MIGUEL HERNÁNDEZ YA NO TIENE QUIEN LE CONDENE

La Universidad de Alicante ha eliminado el nombre del secretario del consejo de guerra de varios documentos de su web a petición de un familiar.

DIARIO 16 | JAVIER MÁRQUEZ SÁNCHEZ | 18-6-2019

Si la cosa prospera y cunde el ejemplo, empleando el manido título de García Márquez, puede que Miguel Hernández ya no tenga quien le condene. Y es que una decisión, cautelar por el momento, de la Universidad de Alicante, ha hecho desaparecer el nombre de uno de los miembros del consejo de guerra que sentenció a muerte al poeta de Orihuela. Lo ha hecho a petición de un familiar y por ahora solo en varios documentos alojados en su web oficial.

    “La historia, para bien y para mal, la hacen las mujeres y los hombres, y eliminar sus nombres es una forma de relativizar lo ocurrido”

La Universidad habría aceptado de este modo la petición del hijo de un alférez del ejército franquista, Antonio Luis Baena Tocón, que ejerció de secretario judicial en el consejo militar que tomó aquella fatídica decisión, más tarde conmutada por 30 años de cárcel. Según una investigación llevada a cabo por el diario El País, el nombre de Baena Tocón aparece en diversos artículos del especialista en Memoria Histórica y catedrático de Literatura Española de esa misma institución, Juan Antonio Ríos Carratalá, publicados en la página web de la universidad; esos han sido los textos censurados.

El familiar ha presentado su solicitud amparándose en la ley de protección de datos personales y del reglamento europeo, y ha amenazado con una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos y el correspondiente procedimiento judicial si no se atendía su petición. En consecuencia, la Universidad de Alicante ha eliminado el nombre de Baena Tocón de los citados artículos sustituyéndolos por meras iniciales.

En su resolución, la Universidad viene a justificar su decisión defendiendo la escasa relevancia de Baena Tocón en los acontecimientos, y al no alcanzar “la consideración de figura pública, se interpreta que debe garantizarse la protección de supresión y el derecho al olvido digital del afectado”. No obstante, desde la institución insisten en que se trata de una decisión cautelar y provisional, adoptada a partir del informe de la delegación de Protección de Datos. Aún quedaría conocer la decisión de una comisión que estudiará el caso para adoptar la medida definitiva.

Una historia sin nombres

La resolución de este caso podría sentar un precedente muy peligroso para el futuro del estudio de la historia en España. ¿Cómo y quién decide qué nombres son los importantes? ¿Vamos a empezar a llenar de tachones los certificados, informes, condenas y resoluciones? La historia, para bien y para mal, la hacen las mujeres y los hombres, y eliminar sus nombres es una forma de relativizar lo ocurrido: esto pasó, y alguien debió hacerlo, aunque ‘eso es lo de menos’.

A finales de abril de 1939, un Miguel Hernández acosado por la represión franquista llegó hasta el pueblo onubense de Aroche, y desde allí pasó a la localidad portuguesa de Santo Aleixo a través del río Rivera de Chanza. Para conseguir algo de sustento vendió un traje y el reloj que le había regalado Vicente Aleixandre por su boda, pero tuvo la mala fortuna de que el mismo hombre que lo compró lo denunció a la policía, y el 4 de mayo ya dormía en el calabozo del puesto fronterizo de Rosal de la Frontera (Huelva).

Antonio Márquez Bueno, agente de segunda clase del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, era el jefe del puesto de Rosal de la Frontera. En su despacho, dictó al agente auxiliar interino Rafael Córdoba los datos para rellenar el informe de detención de aquel joven de 28 años, Miguel Hernández Gilabert, quien un año después, el 18 de enero de 1940, habría de ser condenado a la pena de muerte por un delito de “adhesión a la rebelión”, a través del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia Nº 21001. Aquella causa estuvo en manos de un consejo militar integrado por un grupo de hombres con nombres y apellidos. Al menos, hasta ahora. En unos años, quién sabe, se queden en un puñado de siglas. Y poco después, solo olvido y desmemoria.

https://diario16.com/miguel-hernandez-ya-no-tiene-quien-le-condene/

ANTECEDENTES:

https://www.nuevatribuna.es/opinion/herminio-trigo/la-historia-en-las-cunetas/20180218120657148698.html

https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/ignorancia-historica_1206769.html

La noticia que tenemos colgada es la siguiente:

http://www.todoslosnombres.org/content/noticias/cordoba-la-historia-en-las-cunetas-herminio-trigo