ACTUALIZADO. El PSOE y Podemos quieren aprobar el 11 de julio en el Congreso la nueva ley de Memoria Histórica.

Ofrecen avanzar en el reconocimiento de la ilegalidad del franquismo, pero los independentistas insisten en tocar la Ley de Amnistía de 1977

Desde UP se asegura que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas

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El PSOE y Unidas Podemos quieren que el Pleno del Congreso apruebe el próximo 11 de julio la nueva Ley de Memoria Democrática para su remisión al Senado y trabajan para lograr que ERC se sume a los avances que ya han logrado en sus negociaciones con otros socios, como el PNV, Bildu y el PDeCAT, de manera que el proyecto pueda salir adelante superando el rechazo anunciado de PP, Vox y Ciudadanos, informa Europa Press.

Por lo pronto, este miércoles ha quedado constituida la ponencia encargada de debatir las enmiendas parciales que los grupos registraron el pasado mes de noviembre y que hasta ahora había permanecido en un cajón, por la falta de acuerdo para poder aprobar el texto.

Los ponentes volverán a reunirse a puerta cerrada el próximo martes y se reservan una tercera cita el miércoles por si fuera preciso, todo ello con idea de elevar su informe a la Comisión Constitucional el martes 4 de julio, ya en debate público. Y si se supera esa votación, algo que los socialistas consideran muy factible, la idea es que el dictamen de la comisión y las enmiendas que puedan permanecer vivas se debaten y voten en Pleno el 11 de julio para dejar enviada la ley al Senado antes del verano.

Un año después de aprobarla el Gobierno

De poder cumplirse ese calendario, la norma que amplía la Ley de Memoria Democrática de 2007, quedaría aprobada por el Congreso casi un año después de que saliera del Consejo de Ministros. Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, los socialistas ya tienen atado el voto de Coalición Canaria, dan por seguro el apoyo de Más País-Equo y Compromís, y han acercado posturas con PNV, el PDeCAT e incluso Bildu. La certeza se la daría ERC y a ellos han dirigido nuevas ofertas para intentar que respalde el texto.

Una de las apuestas de los partidos del Gobierno se refiere al reconocimiento de la ilegalidad del régimen franquista. En la redacción original del proyecto se «reconoce y declara el carácter radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas o ideológicas» y la «ilegitimidad» de los órganos que la dictaron.

El secretario de Estado para la Agenda 2030 y uno de los ponentes de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha mostrado su disposición a «reforzar la conceptualización como ilegítimo» del anterior régimen. «Vamos a recoger más enmiendas a propuesta de ERC para reforzar ese carácter«, ha señalado antes de la ponencia, recalcando su voluntad de incorporar también enmiendas de otros grupos.

En concreto, en su enmienda pide que se declare «ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y que estuvo implantado hasta la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978«.

Juzgar crímenes del franquismo

Sin embargo a ERC no le vale con ese reconocimiento para apoyar la Ley y continúa cuestionando la fórmula pactada por los dos socios de Gobierno para dar cabida a la reivindicación de Unidas Podemos de que puedan juzgarse los crímenes del franquismo en España.

Socialistas y morados ya pactaron en su día una enmienda para recalcar que la Ley de Amnistía de 1977, clave en la Transición, se debe interpretar y aplicar conforme al Derecho internacional en particular, el humanitario, según el cual «los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables».

Desde Unidas Podemos se asegura, como ha reiterado Enrique Santiago, que esa redacción abría la puerta a juzgar por ejemplo a torturadores franquistas, pero el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llegó a reconocer que no tendría en realidad efectos prácticos porque no deroga la ley del 77 sino que, al contrario, ratifica su vigencia y reafirma que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Santiago ha dejado claro que esa enmienda se incorporará sin cambios al texto, pero ERC sigue exigiendo que se retoque la Ley de Amnistía y que se abra la puerta a una verdadera reparación patrimonial de las víctimas.

En cualquier caso, el portavoz de IU ha reiterado la voluntad negociadora de los partidos del Gobierno y ha mostrado su deseo de que finalmente ERC se avenga a apoyar la norma.

«Estoy convencido de que ninguna fuerza política progresista, democrática y de izquierdas, va a quedarse sin apoyar esta ley situándose donde se va a situar la derecha y la ultraderecha. Este escenario no debería darse», ha señalado, incidiendo en que ninguna «de las fuerzas del pacto de investidura» debería «defraudar al movimiento memorialista».

Restituciones y centro virtual de documentación

Además, el PSOE y Unidas Podemos tienen prácticamente cerrado ya un acuerdo con el PNV, algunas de cuyas propuestas ya fueron introducidas en el proyecto de ley aprobado en por el Gobierno y que ahora verán incorporadas enmiendas relativas a la restitución de documentos o bienes incautados personas naturales o jurídicas así como de partidos políticos o sindicatos. En la misma línea van algunas de las enmiendas del PDeCAT que podrían incorporarse al texto y otras destinadas a respetar las competencias autonómicas en materia de memoria democrática.

PSOE y Unidas Podemos también cuentan ya con el sí de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, a la que le han aceptado sus dos enmiendas. Una prevé la creación de un Centro Virtual de Documentación al que puedan incorporarse documentos de comunidades autónomas —o incluso de entidades de fuera de España— mediante convenios de colaboración con el Centro Documental de la Memoria Histórica y otra que esos convenios autonómicos cuenten con la correspondiente financiación en la Ley de Presupuestos.

https://www.infolibre.es/politica/psoe-quieren-aprobar-congreso-nueva-ley-11-julio-guinos-erc-sume_1_1265228.html

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+ INFO:

El Congreso impulsa la tramitación de la ley de memoria con la intención de aprobarla en julio

La Cámara Baja cerró el plazo de enmiendas parciales en noviembre, pero al no contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante, el PSOE optó por congelar la ley hasta atar los acuerdos que garanticen su aprobación.

La parálisis que ha lastrado la tramitación de la Ley de Memoria Democrática en el Congreso tiene las horas contadas tras la convocatoria exprés para este miércoles de la ponencia que decidirá sobre las enmiendas registradas por las diferentes formaciones del arco parlamentario, incluso por los partidos que sostienen el Gobierno de coalición.

Tras su remisión a la Cortes en julio de 2021, y después de superar los vetos de PP y Vox y el texto alternativo de ERC, el proyecto memorialista ha dormido en el sueño de los justos durante siete meses. El Congreso cerró el plazo de enmiendas parciales en noviembre, pero al no contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante, el PSOE optó por congelar la ley hasta atar los acuerdos que garanticen su aprobación.

Entre las enmiendas pactadas por PSOE y Unidas Podemos, hubo una importante novedad en aras de abrir la puerta por primera vez en España a juzgar los crímenes del franquismo al hacer prevalecer el derecho internacional frente a la Ley de Amnistía de 1977. Un cambio que, a ojos de ERC, solo intenta «vender humo», pues no modifica ni deroga esta ley (su vigencia ha obligado a las víctimas de la dictadura a buscar Justicia al otro lado del charco). A su vez, los colectivos memorialistas tampoco se mostraron satisfechos con las correcciones presentadas por las dos almas del Gobierno.

Esta propuesta también causó controversia en el seno de los socios de la coalición, ya que Unidas Podemos aseguró que esa redacción abría la puerta a juzgar, por ejemplo, a torturadores franquistas mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconoció que, no solo no tendría efectos prácticos al no derogar la polémica norma de la transición, sino que además ratifica su vigencia.

A pesar del rechazo frontal a este cambio por parte de los republicanos, que tampoco apoyaron la Ley de Memoria Histórica en 2007 –también piden declarar ilegal y «no sólo ilegítimo» el régimen franquista–, fuentes socialistas han asegurado que «se dan las condiciones» para sacar adelante la norma debido a las conversaciones que se han mantenido a lo largo de los últimos meses también con otros socios, como el PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, así como con otras formaciones minoritarias.

Aunque aún no hay un acuerdo definitivo con estas formaciones, varias fuentes parlamentarias reconocen que se han dado «avances». Asimismo, desde el grupo socialista confían en poder convocar la comisión «cuanto antes» (el siguiente paso después de la ponencia) y no se descarta llevar la norma a un Pleno extraordinario en julio para que reciba el aval del Congreso.

Cabe destacar que la reactivación de la ponencia (no estaba prevista hasta este martes) se produce dos días después del batacazo de la izquierda en las elecciones andaluzas del 19 de junio, obteniendo el PSOE sus peores resultados en una región que gobernó durante 37 años, toda vez que la izquierda alternativa perdió diez escaños con respecto a los anteriores comicios.