El Defensor Andaluz apremia a la Junta a cambiar los nombres de colegios contrarios a la memoria histórica.

La Delegación de Educación de Sevilla evitó pronunciarse respecto a los CEIP Coca de la Piñera y Alfonso de Orleans de la localidad de Utrera argumentando que fueron cesiones del Ministerio de Educación y Ciencia “y ya venían con sus nombres actuales”

La consejera Del Pozo participa en las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día de Andalucía por el Instituto de Enseñanza Secundaria San José de Coria del Río

Javier Ramajo / 

Cinco años después de que la Consejería de Educación de la Junta anunciara la creación de una comisión de expertos para evaluar la existencia de centros educativos cuya denominación pudiera ser contraria a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, entre otras cuestiones, el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio en la que pide un informe a la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Desarrollo Educativo para interesarse por las medidas de la administración autonómica en ese sentido teniendo en cuenta las leyes de memoria democrática, tanto la andaluza de 2017 como la estatal de 2022.

El departamento que dirige Jesús Maeztu pretende conocer la relación de centros educativos de cada provincia cuya denominación se puede considerar contraria a las leyes, las actuaciones que se han realizado para abordar el cambio de denominación y el estado de tramitación de las mismas, y si en caso de duda sobre alguna denominación se han dirigido al Comité Técnico para resolver estos expedientes y en ese caso la relación de los mismos y la respuesta dada.

Tres años y medio sin Comité Técnico

Se da la circunstancia de que la Orden aprobada por la Junta para la creación y regulación de la composición y reglas de funcionamiento de ese Comité Técnico que debe relacionar los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados o eliminados en Andalucía fue aprobada el 27 de julio de 2020. Hace un año y medio, la entonces consejera de Cultura, Patricia del Pozo, actualmente precisamente en Educación, reconocía que ese comité no se había reunido aún, justificando que solamente había habido cuatro consultas en ese sentido. Fuentes de la Consejería de Turismo informan en este momento de que “se está en el proceso de encontrar los mejores perfiles”. Del Pozo, en septiembre de 2021, argumentó ante este periódico entonces que “las prioridades de los andaluces están en el futuro, no en el pasado”.

“Soy consciente de que falta el nombramiento de esas tres personas, pero me gustaría que fuesen personas de muchísimo consenso, que fueran referente por su formación, trayectoria reconocida, de concordia, y conocimiento de la Historia, y que no generaran ningún tipo de rechazo sino todo lo contrario. Lo tenemos sobre la mesa y lo tenemos que resolver”, dijo la entonces consejera. A día de hoy, idéntica situación, tres años y medio después de la creación del Comité Técnico.

El caso es que el Defensor ha ido teniendo conocimiento de “diferentes incumplimientos ”que se venían produciendo respecto a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática de Andalucía, habiéndose incoado actuaciones de oficio dirigidas a las corporaciones municipales de más de 20.000 habitantes de la comunidad andaluza y a las diputaciones provinciales para que se emitieran informes sobre la existencia de estos elementos, así como las actuaciones para la retirada de los mismos.

Dos leyes

El Defensor recuerda que, en el mismo sentido que la ley andaluza, la reciente Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, recoge en el artículo 35.2, que “serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”. El apartado 3 del mismo artículo prevé que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”.

Algunos de esos centros a los que alude el Defensor se sitúan en Torredelcampo (IES Miguel Sánchez López), Vélez Málaga (CEIP Augusto Santiago Bellido y CEIP José Luis Villar Palasí), La Línea de la Concepción (IES Tolosa) o Utrera (CEIP Coca de la Piñera y CEIP Alfonso de Orleans.

En el contexto de otra queja de oficio para conocer en la provincia de Sevilla el cumplimiento del artículo 32 de la Ley 2/2017 de Memoria Democrática, la Delegación de Educación de Sevilla informó al Defensor que en relación a la denominación de esos dos centros de Utrera “se comunica que no tenemos información al respecto, ya que son cesiones realizadas por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y ya venían con sus nombres actuales”. La Junta informó del proceso para tramitar el cambio de nombre de un centro, pero advierte el Defensor de que, si la denominación fuese contraria a la memoria histórica y democrática, se habrá de tener en cuenta la Orden citada antes por la que se crea y regula el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática.

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