UN SEGUNDO JUEZ RECHAZA SUSPENDER LA LICENCIA PARA EXHUMAR A FRANCO: «LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA NO IMPLICA LESIÓN»
► “No ha quedado justificado de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de retirar la lápida”, concluye un magistrado que ha desestimado varias demandas que intentaban impedir la exhumación
► Una cascada de iniciativas judiciales idénticas basadas en informes de la Fundación Franco intentan evitar la retirada de los restos del dictador
► Un juez significado contra la memoria histórica ha suspendido un informe del Ayuntamiento de El Escorial para permitir levantar la lápida dando por bueno un dictamen de la fundación Francisco Franco
► En Moncloa aseguran que de las doce demandas de las que tienen constancia, siete se han rechazado ya y solo la del juez Yusty Bastarreche dicta medidas cautelares
ELDIARIO.ES | IRENE CASTRO | 27-2-2019
Diferentes juzgados de Madrid han recibido una cascada de demandas para evitar que el Gobierno lleve a cabo la exhumación de los restos de Franco. Todas están redactadas igual y parten de un informe de la Fundación Franco. Lo que buscan es invalidar un informe técnico para impedir que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, donde está ubicado el Valle de los Caídos, conceda la licencia que se necesita para llevar a cabo las obras de retirada de los restos.
Uno de los demandantes ha logrado que un juez falle a su favor. El magistrado Yusty Bastarreche, muy significado contra las leyes de memoria, ha dictado un auto el pasado 25 de febrero, tres días después de recibir la demanda, que invalida el informe del Ayuntamiento. Su escrito da por bueno el informe de la Fundación Franco que invoca el denunciante y concluye que las obras ponen en riesgo “la vida”. El magistrado que firma el auto había escrito artículos con párrafos como este: “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles”.
Antes de que el magistrado Yusty Bastarreche firmase ese escrito, otros colegas suyos recibieron escritos idénticos que han desestimado.
Otro juez, también de lo contencioso administrativo, Daniel Sancho Jaráiz, había estudiado antes varias demandas parecidas y las había rechazado: “Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”, esgrime este magistrado que despacha la cuestión en página y media.
Una posición en las antípodas a la que ha defendido en su auto el juez Yusti Bastarreche quien ha razonado así su decisión: “No tiene sentido lógico ni jurídico alguno que una obra […] pueda atentar contra uno de los pilares del Estado social y democrático del Derecho […], esto es, poner en peligro la vida humana”.
Su colega responsable del juzgado de lo Contencioso número 13 de Madrid, sin embargo, concluye: “Dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares”, sentencia el responsable del Juzgado número 13 de lo contencioso-administrativo. “Del mismo modo que no quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”.
El magistrado Daniel Sancho Jaráiz rechazó en un auto firmado este mismo martes las medidas cautelares solicitadas por otro demandante. Y no es la primera vez que el juez tiene se pronuncia en este sentido. El magistrado explica que ya había rechazado la petición de suspensión de la licencia el pasado diciembre, cuando se le solicitó por primera vez y reitera ahora los argumentos ante este nuevo intento, llevado a cabo a raíz del acuerdo del Consejo de Ministros sobre la exhumación.
“Se trata de una cuestión ya resuelta por este juzgado, sin que el hecho de que el Consejo de Ministros haya acordado el pasado día 15 de los corrientes la exhumación permita considerar variadas las circunstancias urbanísticas recogidas en el Auto de este Juzgado. El artículo 132 LRJCA permite revocar las medidas cuando se hubiera producido un cambio de circunstancias, pero en este caso, la cuestión urbanística, que es la que a nosotros compete no ha sido modificada ni han cambiado las circunstancias”, reza el auto con fecha 26 de febrero de 2019.
El Gobierno, que sigue adelante con su plan, considera que las demandas que están llegando a distintos juzgados son un “ejemplo del obstruccionismo del entorno” del dictador desde que Pedro Sánchez anunció su intención de sacar el cadáver de la basílica del Valle de los Caídos. “La finalidad de presentar multitud de demandas individuales con la misma fundamentación jurídica, en lugar de una sola, es clara: obligar a que sean muchos los Juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno (como así ha ocurrido) se dé la razón a la parte demandante”, ha expresado Moncloa en un comunicado tras conocerse la suspensión de la licencia dictada por el juez Yusty Bastarreche.
El Ejecutivo considera que ahora la Justicia aglutinará todos los procedimientos derivados de esas demandas “en en uno solo para garantizar que exista un único pronunciamiento”. Así fuentes gubernamentales se muestran convencidas de que ningún otro magistrado aplicará las medidas cautelares que solicitan los demandantes para paralizar la exhumación del dictador.
“Hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco. De esas 12 demandas, en 7 se han rechazado ya las medidas cautelarísimas y esta ha sido la única en la que el Juzgado ha admitido unas medidas cautelares urgentes”, señala el comunicado de Moncloa emitido a raíz del auto de Yusty Bastarreche, que se hizo conocido en la opinión pública por suspender un acto sobre el derecho a decidir.
https://www.eldiario.es/politica/rechaza-exhumacion-Franco-actuacion-urbanistica_0_872113914.html
____________________________________________________________________________
EL GOBIERNO CONTINUARÁ CON LA EXHUMACIÓN DE FRANCO AL NO VER COMPETENTE AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
El Ejecutivo considera que el auto que frena el desentierro es” un nuevo ejemplo del obstruccionismo que practica el entorno del dictador”
LA VANGUARDIA | LEONOR MAYOR ORTEGA | MADRID | 26-2-2019
El Gobierno continuará con el proceso para desenterrar a Franco pese al auto dictado ayer por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, que se ha conocido este martes y por el que se han suspendido de forma cautelar los trabajos de exhumación a raíz de una demanda presentada por un particular.
“El expediente de exhumación y posterior inhumación continúa su tramitación con absoluta normalidad”, han indicado fuentes de Moncloa tras hacerse público ese auto.
El Gobierno no da valor a esa resolución judicial al considerar que “los juzgados de lo contencioso administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”.
Además, las mismas fuentes del Ejecutivo aseguran que ese auto “afecta a las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento”.
Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez atribuye este auto “a un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco practica” ante una decisión de un “Parlamento y un Gobierno democráticos”. Según relatan desde Moncloa, el Gobierno tiene constancia de la existencia de al menos 12 recursos, “todos con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes” para reclamar “la anulación de las actuaciones urbanísticas” del Ayuntamiento en relación a la exhumación.
Añaden que “en siete de esos de esos 12 recursos ya se han rechazado las medidas cautelarísimas”. “Estamos convencidos de que, tras escuchar al Ayuntamiento, el juzgado dictará una resolución diferente”, indican desde el Gobierno tras destacar que este ha sido “el único caso en que se han admitido las medidas cautelares”.
En el Gobierno piensan que el objetivo de presentar tantas demandas idénticas no es otro que el de “obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno, como así ha ocurrido, se dé la razón a la parte demandante”.
En este caso, la demanda ha ido a recaer al juzgado del magistrado José Yusty Bastarreche , que se dio a conocer por desautorizar la celebración de un acto a favor del derecho a decidir en Madrid en septiembre de 2017 durante el procés. Esa actuación iba a celebrarse en una de las salas del Matadero de la capital y había sido autorizado por la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena.
Además, el juez Yusty Bastarreche publicó en el año 2007 un artículo en la Revista de Historia Contemporánea contra la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, no desde el punto de vista del historiador, sino partidista, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos difíciles momentos”, señalaba el juez en ese artículo al que tuvo acceso Maldita Hemeroteca.
En el polémico auto sobre la exhumación de Franco, el magistrado señala que “la decisión, del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberían intervenir necesariamente en la operación”.
Y es precisamente porque no considera acreditada la seguridad en la operación de desentierro por lo que el juez ha acordado las cautelares. “En opinión de los dos arquitector referidos, no se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación”, indica el auto a que ha tenido acceso La Vanguardia, en el que se da un plazo de tres días al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para que formule las alegaciones pertinentes.
Pese a no reconocer la competencia del juzgado, el Gobierno es consciente de que este auto u otros que se puedan dictar en el resto de los procedimientos incoados “podrían retrasar la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación”. Además, el Ejecutivo reconoce que todavía no se ha entrado en esa fase final, porque “se precisa aún de otros trámites administrativos”.
https://www.lavanguardia.com/politica/20190226/46708841990/gobierno-franco-desentierro-continua.html
_______________________________________________________________________________________________
LA JUSTICIA PARALIZA EL PERMISO URBANÍSTICO PARA LA EXHUMACIÓN DE FRANCO
El juez se apoya en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto, según el cual “falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”.
PÚBLICO | AGENCIAS | MADRID | 26-2-2019
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid ha suspendido de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
En un auto con fecha 25 de febrero, el tribunal acepta paralizar cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular. Por su parte, el Gobierno ha lamentado el “obstruccionismo” que está practicando el “entorno” de Francisco Franco para evitar la exhumación y admite que que estos procedimientos pueden “retrasar” la fase final del traslado de los restos.
El texto de la querella impugna el informe del consistorio con fecha 26 de noviembre de 2019 por el que se declaraba “admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco” y su “traslado a otro lugar”.
Así, el demandante argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 implica la “inminencia de la citada exhumación” con las obras y subraya que en el “caso de autos no se aprecia especial urgencia” para exhumar a Franco que lleva en el Valle de los Caídos 44 años.
Posteriormente, señalan que lo “realmente importante” de la demanda es que “a falta de expediente administrativo”, que no disponen de ello, dudan que las obras sean “conformes a la legalidad vigentes” y si se pueden efectuar “con seguridad para las personas”. “Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso”, advierten al tiempo que vislumbran un “riesgo evidente”.
Para finalizar, indican en un dictamen pericial de dos arquitectos que la documentación aportada le “falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco”. El juez se apoya en el informe pericial de estos dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto.
“Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos u operarios”, apostilla al tiempo que apuntan al artículo 1º de la Constitución sobre la vida humana. Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo tiene tres días para que “alegue lo que a su derecho proceda”.
Estos procedimientos pueden retrasar la exhumación
Tras conocer el contenido del auto, el Gobierno ha respondido que estos procedimientos pueden “retrasar” la fase final del traslado de los restos. En el Gobierno consideran que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -como el que ha dictado el auto- “no son competentes para resolver sobre los acuerdosque adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”.
Además critican desde Moncloa que el auto declara la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas “sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento”, al que da ahora tres días para que presente alegaciones.
Hasta la fecha le constan al Ejecutivo doce demandas judiciales. Según subraya, en siete de ellas se han rechazado ya las medidas cautelarísimas, y el caso conocido hoy es el único en el que el juzgado admite unas cautelares urgentes sin escuchar a la otra parte.
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, al llegar a la presentación de la Fundación Pedro Zerolo, que la decisión del juzgado no va a paralizar “nada” respecto a la exhumación de Franco, pese a que la licencia urbanística para llevarla a cabo ha sido suspendida cautelarmente.
https://www.publico.es/politica/franco-justicia-paraliza-permiso-urbanistico-exhumacion-franco.html
