Asesores del Ejecutivo sostienen que planteará menos trámites y problemas legales trasladar sus restos dentro del Valle de los Caídos que sacarlos del monumento
EL PERIÓDICO | JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ | MADRID | 6-1-2019
Ni fuera del Valle de los Caídos, ni fuera de su actual tumba pero reinhumado en uno de los osarios del monumento: el Gobierno no tiene aún decidido qué hacer con los huesos de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, admiten fuentes cercanas al proceso que llevan a cabo Moncloa y Justicia para exhumar los restos de Francisco Franco.
Contrasta la determinación del Ejecutivo en el caso del dictador con la ausencia de plan para el fundador de la Falange. El Real Decreto-Ley que, el 24 de agosto, puso en marcha la exhumación de Franco no menciona a Primo de Rivera, pero sí recuerda los mandatos de la Ley de Memoria Hístórica y del Parlamento para que el Valle de los Caídos “deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica” y se convierta en “lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario” de “todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior”.
A José Antonio Primo de Rivera, fusilado en Alicante en 1936, lo consideran los asesores del Gobierno víctima de la Guerra Civil –como también lo consideró el grupo de expertos que reunió en su día para el Gobierno Zapatero el ministro Ramón Jáuregui–, pero la exigencia legal de homenaje “igualitario” implica que sus restos no ocupen lugar de preeminencia en el inmenso osario de Cuelgamuros.
Otras fuentes del Ejecutivo admiten que el texto del decreto solo prevé el traslado de los restos del fundador de la Falange dentro del Valle, pero no disponen aún de “concreción” sobre el cuándo y el dónde, informa Iolanda Marmol.
La cuestión se irá haciendo menos aplazable –creen las fuentes consultadas- con la reforma de la Ley de Memoria Histórica. El pasado 19 de noviembre, el grupo parlamentario de Unidos Podemos adelantó entre sus 60 enmiendas que exigirá que los restos de José Antonio, como los de Franco, no acaben en ningún espacio de titularidad pública.
Sitio de privilegio
Hay opiniones divididas en el Grupo Federal de Memoria, el thinktank de 30 expertos que se organizó en el PSOE en 2015. Desde que gobierna Pedro Sánchez no se ha vuelto a reunir, pero algunos de sus miembros asesoran hoy a Moncloa y Justicia en la exhumación de Franco.
Fuentes del Grupo confirman que, cuando se ha debatido, una facción ha sostenido la necesidad de sacar a José Antonio del Valle para ‘desfranquismizar’ el recinto. En todo caso, se comparte que “bajo ningún concepto puede ocupar el lugar de honor que ahora ocupa”, explica uno de los más influyentes integrantes del Grupo.
En la basílica excavada en la roca del Valle de los Caídos, los restos el primer fascista español tienen un lugar más destacado que la tumba de Franco. El dictador descansa detrás del altar, y el falangista delante, recibiendo a los visitantes al monumento, en crecida afluencia desde la publicación del decreto. Pero son muchos menos los que se detienen ante la losa granítica que tiene grabado el nombre “José Antonio” que los que cada día forman círculo en torno a las flores siempre frescas colocadas sobre la losa de Francisco Franco.
Disyuntiva
Para los asesores, escamados por las complicaciones que se han encontrado en el proceso de exhumación de Franco, trasladar el cuerpo a uno de los osarios del recinto con otros restos que nadie reclama presenta menos problemas legales que sacarlo del Valle.
Las dos opciones contarían con la oposición del fraile Santiago Cantera, prior del convento del Valle de los Caídos, que fue candidato de Falange antes de vestir el hábito benedictino. El pasado 26 de diciembre, el prior negó al Gobierno permiso para exhumar a Franco mientras no haya consenso con la familia del general.
Para el traslado de José Antonio, en la primera opción, según cómo se haga, podría enfrentarse el Gobierno a recursos legales de Falange Española de las JONS, adelanta a EL PERIÓDICO su jefe nacional, Norberto Pico: “Un tema es el lugar de preeminencia que impide la ley y otra cosa es quitarle la identificación a un muerto. Eso no es legal ni lo aceptaremos”.
En el segundo caso, sacarle del Valle, se presentaría la dificultad de dar con un responsable de la familia Primo de Rivera con el que tramitar la decisión gubernativa. Ninguno de los Primo de Rivera con los que ha contactado este diario admite haberle llegado comunicación oficial o extraoficial alguna del Ejecutivo. “¡A José Antonio no lo mueve nadie!”, advierte rotunda desde su casa de Madrid María del Carmen Primo de Rivera Urquijo, sobrina-nieta del falangista. Pero no es a ella a la que atañe el derecho oficial de enterramiento.
Desde la muerte de Pilar Primo de Rivera, en 1991, venía siendo cabeza de la familia Miguel Primo de Rivera Urquijo, abogado que fue alcalde de Jerez, senador por designación del Rey Juan Carlos y uno de los procuradores falangistas que impulsaron la ley de Reforma Política con la que el franquismo se hizo el harakiri.
Miguel falleció el pasado 4 de diciembre. En sus últimos días de vida, EL PERIÓDICO trató de obtener su opinión sobre dónde reinhumar a su tío, pero en su entorno familiar declinaron hacer declaraciones alegando la mala salud del político.
José Antonio murió sin hijos. Por la descendencia de su hermano Fernando -que también murió bajo las balas de 1936- han ido descenciendo los dos títulos nobiliarios de la familia: el marquesado de Sobremonte –del iniciador de la saga, el militar colonial Fernando Primo de Rivera Sobremonte, padre del dictador Miguel- y el marquesado de Estella, que heredó José Antonio y hoy posee el financiero Fernando Primo de Rivera Oriol, huérfano de Miguel Primo de Rivera.
El nuevo cabeza de la familia es un broker madrileño. Gestiona el fondo de capital riesgo Bluenote Global Equitiy, desde diciembre de 2017, para el banco de inversión Renta 4. Antes pasó por la firma Altair Finance, donde fue socio de Antonio Cánovas del Castillo, otro descendiente de un prohombre de la derecha. Han sido en vano los intentos de este diario por obtener una opinión de Fernando Primo de Rivera Oriol.
La alternativa de Madrid
Los Primo de Rivera no poseen tumba alguna en la cripta de ninguna catedral, por lo que la gestión del Gobierno en caso de salida del Valle de los Caídos no atravesaría los mismos escollos que el caso de Franco. Seis tumbas del cementerio Sacramental de San Isidro, recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid, constituyen el patrimonio funerario de los Primo en la capital.
Estos días soledados de invierno, pese a la falta de lluvias, está húmedo, musgoso y frío el lugar en el que se agrupan, junto a una de las galerías curvas del que es el mejor jardín romántico de la ciudad. En ese grupo de tumbas yació en 1930 el dictador Miguel Primo de Rivera, padre de José Antonio, antes de ir a parar a la basílica de la Merced, en Jerez (Cádiz).
Actualmente tres de los cuatro hermanos de José Antonio que llegaron a adultos descansan en esas fosas. Pilar Primo de Rivera, la hermana que mandó la Sección Femenina de la Falange y falleció en 1991, está en una tumba más sobria que la que comparten sus hermanos Miguel –que fue preso en la guerra civil, objeto de trueque por un hijo del general Miaja, y falleció en 1964 tras haber sido ministro y embajador franquista– y Carmen, que murió en 1956. Faltan los restos de Fernando, asesinado en la cárcel Modelo de Madrid en 1936. Los huesos de otros 14 miembros de la saga están allí, incluidos los del abuelo Fernando Primo de Rivera y Sobremonte.
Son tumbas muy modestas en comparación con los cercanos y enormes panteones, auténticos templos modernistas o neogóticos, de la familia Casariego, los Giralt-Rocamora, los Perinat, los marqueses de Torrelaguna, los condes de Llobregat o la familia del falangista Giménez Caballero.
Sobre las tumbas de Miguel y Pilar Primo de Rivera hay una rosa suelta y unas margaritas resecas, colocadas quizá el día de Difuntos. Pese a la invernada, ya hacen sus nidos entre los cipreses algunas urracas. En la zona, lejos del tráfico urbano, se oye solo su graznido y también el ajetero de unos operarios que podan y recogen hojarasca ajenos a la pompa de los muertos que abarrotan el lugar. No sabe el jefe de la cuadrilla a quién corresponde el derecho de esas tumbas: “Estas serán de las de 90 años de propiedad. Pero, vamos, que se lo dirán mejor en el Ayuntamiento”.
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