El Gobierno ratifica por escrito su respaldo al fiscal general: “No hay motivos para su cese”
El Ejecutivo cree que la denuncia de la asociación de fiscales ante el supremo por supuesto “desvío de poder” en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática no es motivo de cese
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado y mano derecha de Dolores Delgado, ha pasado este jueves el trámite de comparecer ante el Congreso de los Diputados. Pese a que el Tribunal Supremo anulase el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, una decisión impuesta por García con la oposición del Consejo Fiscal, el Gobierno considera que es la persona idónea para seguir al frente de la Fiscalía General del Estado. Es más, ratifica la idoneidad de su nombramiento ratificando por escrito que “no hay motivos para su cese”.
La historia se remonta a octubre de 2023. Fernando de Rosa, diputado por Valencia del Partido Popular, registra en el Congreso de los Diputados una pregunta dirigida al Ministerio de Justicia: “¿Considera el Gobierno que procede cesar al Fiscal General del Estado tras el recurso interpuesto por la Asociación de Fiscales y la Asociación independiente de fiscales, ante el Tribunal Supremo, solicitando, la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, por considerar que ha habido tráfico de favores y desviación de poder?”.
Un mes después de aquella pregunta, el Tribunal Supremo dio el varapalo más importante al fiscal general y a su acólita Delgado, advirtiendo una “desviación de poder visible e innegable” en el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. la Sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar estuvo motivado por la estrecha relación de confianza del fiscal general del Estado, Álvaro García.
Dicho artículo especifica las siguientes posibles causas de cese:
- A petición propia.
- Por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley.
- En caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo.
- Por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones.
- Cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.
García Ortiz carga contra el CGPJ
Los frentes del fiscal general del Estado se multiplican al mismo ritmo que la animadversión judicial a la proposición de ley de amnistía crece. En su intervención en la Comisión de Justicia se ha comprometido a defender a todos los fiscales de la carrera que se vean “sometidos a injerencias” y que no actuará “conforme a dictámenes políticos“. A su vez, ha aprovechado la ocasión para cargar contra los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le negaron su idoneidad, calificándoles de “tribunal de honor”.
Al mismo tiempo, ha denunciado que los vocales conservadores se extralimitaron en sus funciones y se basaron en datos sobre los nombramientos realizados que no corresponden con la realidad. “El CGPJ se pronunció sin darme ningún tipo de audiencia. Se convirtió nuevamente en un tribunal de honor al que fui sometido por estos ocho vocales”, ha aseverado.
“El sometimiento pleno a la ley no es incompatible con una visión progresista. Ese es mi modelo de Fiscalía, una Fiscalía que persiga el avance (…) que impulse su evolución con la mirada puesta en las víctimas. No quiero una Fiscalía conservadora que se limite a reproducir lo ya sentenciado”, ha expuesto en su intervención para defender su nuevo nombramiento para estar al frente del Ministerio Fiscal.