lainformacion.com | domingo 05-10-2014-
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar para mañana, lunes, como testigos a siete saharauis que responderán a sus preguntas dentro la causa abierta para aclarar el supuesto genocidio del pueblo del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975.
Según informó la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), los siete citados fueron víctimas de las detenciones, torturas y ejecuciones sumarias que las fuerzas armadas marroquíes llevaron a cabo en la región de Amgala entre el 12 y 13 de febrero de 1976.
Esas operaciones de castigo se encuadran en las acciones de barrido de la población nómada que tradicionalmente ha vivido en la zona dedicada al pastoreo. “La mayor parte de las víctimas de esta matanza siguen desaparecidas sin que las autoridades marroquíes hayan dado hasta ahora explicaciones sobre su suerte o el paradero de sus restos a sus familiares”, denuncia la asociación.
Los testigos citados el lunes constituyen una “excepción” a esta situación, puesto que todos ellos son familiares de ocho desaparecidos hallados en una fosa común encontrada en junio de 2013 y exhumada por un equipo de forenses españoles.
Los peritos forenses Martín Beristáin y Francisco Excheberria prestaron declaración el pasado 12 de febrero junto a un testigo saharaui. Los siete que lo harán el próximo lunes también habían sido citados a declarar ese día pero no pudieron acudir ante la Audiencia Nacional porque la Administración española se les obligó a solicitar un visado de entrada en España y se dilató su concesión.
La APDHE recuerda que el Sáhara Occidental sigue siendo, de acuerdo con la doctrina de la ONU, un territorio pendiente de descolonización y que la máxima organización nunca sancionó los llamados acuerdos de Madrid con los que España dio por terminadas sus responsabilidades de potencia administradora sobre su antigua provincia número 53. Debido a ello, la ONU sigue incluyendo al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización y asignando a España las responsabilidades de potencia administradora tal como son definidas en el artículo 33 de la Carta de la ONU.
El juez Ruz rechazó archivar este caso tras la reforma de la justicia universal con el argumento de que los saharauis que padecieron los crímenes cometidos por militares marroquíes entre noviembre de 1975 y febrero de 1976 tuvieron lugar en un territorio que era todavía español.
El magistrado continúa con el procedimiento porque los hechos se cometieron “en un territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideracion de español en el momento de su comisión, tal y como se deriva de la legalidad y la jurisprudencia nacional e internacional”.
Además, añadía en un auto que competerían a la justicia española “los hechos ocurridos con posterioridad al abandono del territorio por parte de las autoridades españolas en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores”.
