Mi amiga había leído en la prensa que el cartel se instaló el pasado martes, en el transcurso del primer homenaje institucional en San Marcos al único preso que queda vivo, Josep Sala, de 101 años de edad. Dicho acto no estuvo abierto a la ciudad de León, se celebró a puerta cerrada.

Con la misma voz dulce que tenía cuando éramos niñas, mi amiga me relata lo siguiente:

“Me ha sorprendido mucho porque he preguntado en recepción de San Marcos por el cartel y me han dicho que no había nada, que no está puesto aún. Les he dicho que he visto una foto en prensa pero me han contestado que no, que no está. Entonces he preguntado si cuando lo coloquen se podrá visitar. Me han contestado que cuando pase la pandemia, pero que ahora no. Me he quedado bastante alucinada.“

Otras personas han contado estos días experiencias parecidas: Han preguntado por el cartel, han obtenido un no como respuesta y les han explicado que la pandemia es la razón para mantenerlo oculto. Solo es accesible para los clientes del Parador de San Marcos que estén allí alojados y soliciten expresamente entrar en la sala donde se encuentra, siempre cerrada con llave. Otros espacios del hotel sí están abiertos a visitantes.

Dicho cartel explicativo, solicitado en su día por familiares de expresos, fue impulsado a raíz de un manifiesto que así lo pedía, firmado por diversas personalidades y redactado por el poeta Antonio Gamoneda. Su título era “Una puerta abierta a la memoria”. Paradójicamente, la puerta de esa sala se mantiene cerrada. Confiemos en que no lo esté por mucho más tiempo. Un cartel explicativo no supone una amenaza para la expansión del virus. Solo contagia y divulga cultura democrática.

En España sigue habiendo demasiados lugares donde la memoria sigue escondiéndose. Hay en ello una doble vara de medir: La ley de víctimas del terrorismo solo cubre a un tipo de víctimas, no incluye a aquellas afectadas por el terror de la dictadura o por el terrorismo de Estado posterior, como los GAL. Se están resignificando o recreando lugares como el zulo donde ETA mantuvo secuestrado a Ortega Lara, pero siguen existiendo resistencias a hacer lo mismo cuando se trata de señalar la impunidad franquista.

Un ejemplo de ello es la cárcel de Carabanchel, por la que pasaron -y fueron torturados- tantos presos políticos durante la dictadura. A pesar de la demanda de expresos y de asociaciones de memoria, que solicitan la creación de un Centro para la Paz y la Memoria, el edificio terminó siendo derribado hace unos años. Solo queda en pie un pabellón que se usa como Centro de Internamiento para Extranjeros y que la Plataforma por el Centro de la Paz y la Memoria pide que se transforme en espacio para la memoria. Lo mismo pasó con la plaza de toros de Badajoz, lugar de una gran masacre, o con el penal de Pamplona, ambos destruidos. La lista es larga. Podríamos escribir páginas y páginas enumerando los sitios emblemáticos que no están identificados y de los que solo historiadores, familiares de víctimas y memorialistas saben lo que fueron.

Solo en algunos espacios de la geografía española hay recuerdos dignos, que han sido en buena parte empujados por la sociedad civil, por asociaciones de memoria, por familiares de víctimas. El Estado español no ha impulsado hasta ahora un plan específico para que en todos los lugares del país con un pasado de terror se conozca y reconozca la envergadura de los crímenes franquistas. Tampoco ha fomentado la formación en cultura de derechos humanos necesaria para que la sociedad y las diferentes instituciones del país entiendan la importancia de la memoria.

Eso explica que haya aún tantos libros, textos, placas o memoriales en los que se habla de muertos en vez de asesinados o de víctimas sin mencionar quiénes fueron esas víctimas y quiénes los verdugos. Aún se emplea la expresión “bando nacional”, en vez de franquistas, dictadura o golpistas. Un ejemplo es la placa colocada por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en una gran fosa con desaparecidos, donde solo se lee: “En recuerdo a los que aquí descansan”. En 2019 se añadió un panel a iniciativa de una asociación de memoria en el que incluyen los nombres de los fusilados y una frase: “Republicanos fusilados en 1939”.

En 2017 el Ayuntamiento de Málaga colocó una placa en recuerdo al médico canadiense que ayudó a huir a los malagueños en febrero de 1937, atacados por el ejército golpista que bombardeó y disparó contra una inmensa columna de civiles que abandonaba Málaga tras su toma. Según los investigadores, murieron entre 5.000 y 10.000 personas en lo que se conoce como la ‘Desbandá’. En dicha placa se lee: “En recuerdo de la ayuda que el pueblo de Canadá, de la mano de Norman Bethune, prestó a los malagueños que huían en febrero de 1937”. De qué huían y quiénes huían es un misterio para los que lean la placa sin conocer la historia, en un país donde esa historia ha estado demasiado ausente en libros de texto y centros educativos.

En Madrid, en Nuevos Ministerios, se inauguró en 2019 una placa que dice así: “El Gobierno de España rinde tributo y homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas españolas del nazismo”. Llama la atención que no se diga quiénes eran esos españoles deportados -republicanos, obviamente- ni se nombre el franquismo, responsable de su deportación. No solo fueron víctimas del nazismo, sino también del Gobierno de Franco.

En el Museo de León, situado junto al Parador de San Marcos de León, hay desde hace unos años una piedra en la que se lee: “En memoria de cuantos sufrieron prisión, tortura y muerte en San Marcos durante la Guerra Civil”. En ella no se explica quién perpetró ese horror ni quiénes lo sufrieron. De nuevo se evita nombrar a los autores de los crímenes e identificar a las víctimas, que lo fueron porque tenían unas posiciones políticas determinadas.

Seguro que algunas personas que estén leyendo estas líneas han visto referencias con ambigüedades similares en sus pueblos o ciudades. Del mismo modo, el hecho de que no haya habido hasta ahora una protección clara de los lugares de memoria provoca cambios en función de los gobiernos municipales de turno. En más de una localidad con la huella de los balazos franquistas aún presentes en los muros los orificios se tapan cuando gana un partido político y se destapan cuando gobierna otro.

En Madrid el Ayuntamiento del PP ha retirado del cementerio de la Almudena las placas con los nombres de las personas republicanas fusiladas por los golpistas. El Estado podría declarar ese lugar bien de interés cultural, protegerlo como interés público y de ese modo mantener el homenaje que las víctimas merecen, para que se sepa, para reivindicar cultura democrática, para subrayar que aquello nunca debe repetirse.

España va por detrás de otros países europeos en lo referido a la cultura de derechos humanos. No hay ejemplos perfectos, e incluso en Alemania o Francia podría haberse hecho mucho más. Aún así están a una gran distancia de nuestro país. También Argentina, donde se siguen celebrando juicios contra los autores de crímenes de la dictadura, y donde uno de los centros de detención y tortura más sangrientos -la Escuela Mecánica de la Armada- es ahora un museo de la memoria en el que se puede entender bien la dimensión de aquel horror.

En Francia solo en la región de Nouvelle-Aquitaine existen once espacios de memoria histórica “para aprender, reflexionar y no olvidar”, como el Centro de la Memoria de Oradour sur Glane, localidad donde los nazis asesinaron a 642 hombres, mujeres y niños. Aquí en España hubo lugares donde los franquistas asesinaron a muchas más de 642 personas, pero no son lugares de memoria.

También en Alemania es posible visitar campos de concentración, centros de tortura, espacios de crímenes o museos que muestran los crímenes del nazismo. Hay ejemplos de lugares ahora turísticos en los que se recuerda con orgullo democrático la barbarie que fueron. Con ello se construye memoria y dignidad, sin ahuyentar a nadie. En la reivindicación de la memoria no hay voluntad de afear ningún espacio, sino de obtener una mínima reparación y una verdad que ha sido demasiado tiempo negada, tal y como ha indicado Naciones Unidas.

Nuestro país debe mucho a las asociaciones civiles que han impulsado lo que desde el Estado no se ha hecho. Queda mucho camino por recorrer aún. El Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática contempla la creación de lugares de memoria, lo cual es un avance. Habrá que ver cómo, dónde y qué exactamente. Lo que el borrador de la ley no garantiza aún -así lo han lamentado organizaciones como Amnistía Internacional- es verdad, justicia y reparación, herramientas recomendadas por la ONU y ausentes en nuestro país en lo que a la impunidad del franquismo se refiere.

Eso explica que a día de hoy haya gente que presuma de defender públicamente la dictadura o que minimice el daño que esta provocó. Eso explica también que una parte de la derecha española se sienta dueña del país, que deshumanice a quienes no piensan como ella, que apueste por la confrontación en vez de por el diálogo. En definitiva, eso también condiciona nuestro presente, nuestro clima político.

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