El movimiento por la memoria denuncia (dos leyes después) que las víctimas del franquismo siguen sin justicia

“¿Que si las víctimas del franquismo son víctimas con todas las consecuencias, equivalentes a las de ETA?”. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), no reprime una risa sarcástica ante la pregunta. “Haz tú mismo este ejercicio –sugiere al periodista–: coge la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo y la Ley de Memoria Democrática y compara. Donde pone ‘víctima del terrorismo’, pon ‘víctima del franquismo’. No tiene nada que ver”.

Vamos allá. Las víctimas del franquismo son “una referencia ética” para la democracia, con derecho a una “protección integral” mediante “ayudas, prestaciones y honores” que son “exigibles” ante el Estado en un proceso “rápido”. Las víctimas del franquismo tienen además “derecho” a beneficiarse de medidas para “resarcir” su sufrimiento mediante “indemnizaciones y ayudas” con “aplicación retroactiva”. En caso de “necesidad personal”, Interior podrá dar “ayudas extraordinarias”. Las víctimas del franquismo disponen de un plan de empleo propio. Justicia establecerá una Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Franquismo en la Audiencia Nacional para asesorarlas en sus procesos judiciales.

Así quedaría. Pero esa ley no existe. Todo lo que está en cursiva debe sustituirse por “víctimas del terrorismo”. La doble vara de medir no existe sólo según la interpretación de Silva. Viene expresamente recogida en los dos informes sobre trato a las víctimas en España firmados por Naciones Unidas en 2014 [ver aquí y aquí]. Hay “distintas categorías de víctimas”, dice un informe. El otro señala: “Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como ‘víctimas de segunda categoría'”.

¿Ha desaparecido la sensación de ser “víctimas de segunda”? Con motivo del primer “día de recuerdo y homenaje a las víctimas”, establecido por la nueva ley para el 31 de octubre –este lunes–, infoLibre ha recabado respuestas en el movimiento memorialista. El resultado es claro: en absoluto ha desaparecido. Este periódico solicitó este viernes al Ministerio de Presidencia una entrevista con el secretario de Memoria Democrática, Fernando Martínez, sin éxito.

“Demasiadas sombras”

El Encuentro de Colectivos de Memoria Histórica, que aglutina a más de cien colectivos, mantiene en portada de su web un comunicado que dice: “La nueva ley de memoria no garantiza la justicia a las víctimas de la dictadura”. ¿Qué ocurre? ¿Cómo una ley que pretende por segunda vez dar satisfacción a las demandas de las asociaciones de víctimas deja este sabor amargo? Bueno, quizás sería más exacto decir sabor agridulce. Porque algunos avances sí son reconocidos en el ámbito memorialista. Paqui Maqueda, activista de Nuestra Memoria, en Sevilla, cita ejemplos: el sistema educativo incluirá entre sus fines la enseñanza de la “represión”; habrá una “comisión de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano”; también un “reconocimiento del sufrimiento padecido por las personas” con la polio… Son cosas que, afirma, a los ajenos a la lucha que hay detrás les pueden parecer poco, pero ella les da valor, como a la retirada de calles y monumentos franquistas, “aunque no al ritmo que nos gustaría”.

Ahora bien, sobre la nueva ley ve cómo se ciernen “demasiadas sombras”. Y sobre las sombras también cita ejemplos. Algunos son muy concretos: la Iglesia ni aparece. Otras críticas forman parte de su sospecha de que la ley puede quedarse en más ruido que nueces. “No queremos una ley bonita que luego no se desarrolle. Y, cuando llegue el PP, que la pueda parar”, señala. Tiene dudas sobre qué alcance tendrá la “ilegalidad e ilegitimidad” de los tribunales franquistas. Lo mismo sobre el “derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas”, que afecta –explica Maqueda– a lo que aún llama “mi casa”, que le quitaron en Carmona a su bisabuelo, una de las víctimas de una familia que incluye muertos en combate, esclavos, asesinados… No es la de Maqueda una sospecha infundada: la propia ley (artículo 5.4) establece expresamente que el Estado no asumirá ninguna responsabilidad económica.

Maqueda extiende sus dudas al alcance que tendrá la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se pregunta –y se contesta que no– si va a “aglutinar e investigar las querellas interpuestas en Argentina”. Y dice: “Allí, en Argentina, fue donde tuve por primera vez conciencia de estar reconocida como víctima. Declaré en un juzgado, frente a un auxiliar judicial. Eso nunca lo hemos tenido aquí y seguimos sin tenerlo”. Sin derogación de la Ley de Amnistía, ve más que difícil conseguirlo.

La cantautora sevillana Lucía Sócam, familiar de represaliados y cuyas letras suelen abordar la guerra, la dictadura y la lucha antifascista, deja clara su premisa: “Los pasos que se han dado han sido gracias a las familias y las asociaciones. El Estado ha ido a remolque”. No niega –nadie lo hace– que la ley avanza, pero afirma –todos coinciden– que se queda corta en aspectos esenciales. “Es una ley para no molestar, que ni habla de verdugos, ni de las empresas que hicieron ricas a costa de los esclavos, ni de la Iglesia”. Su abuelo, dice, “sigue siendo un delincuente legalmente en este país”. Y su tía-abuela, una de las “17 rosas de Guillena”, consta aún como desaparecida, cuando ha sido exhumada y descansa en un panteón identificada “con nombre y apellidos” en un informe forense. ¿Le dará la vuelta a esta situación la nueva ley? A estas alturas, tiene que ver para creer.

“Siguen sin ser víctimas”

Le preguntamos a Xulio García, miembro de la dirección de la Federación Estatal de Foros por la Memoria: ¿Por qué si la ley pretendía dar satisfacción a los herederos de las víctimas hay tan poca satisfacción?. En primer lugar, hace una precisión: las leyes de 2007 y 2022 han servido también para hacer “de cortafuegos” de los planteamientos más ambiciosos del movimiento memorialista. “El resultado, y me duele decirlo, es que el modelo español de impunidad queda renovado”.

“Las víctimas siguen sin ser víctimas. Es decir, nominalmente sí, pero legalmente no, porque la víctima tiene derecho a la reparación automáticamente. Ocurre así con las víctimas de ETA o de la violencia machista, pero con con las del franquismo”, afirma García, que cree que la anulación de la “aberración jurídica” de las sentencias franquistas carece de implicaciones reales por la falta de responsabilidad expresa del Estado y los particulares. De lo contrario, desplegaría “consecuencias inmediatas”. García tampoco niega mejoras, entre ellas la creación de un banco de ADN, la nueva fiscalía, las sanciones, la mayor apertura de archivos… Pero, también al igual que Maqueda, recela de la posible lentitud en la aplicación y del obstruccionismo de aquello que dependa de las comunidades sin sintonía con la norma.

Le preocupa particularmente en qué se traducirá el artículo 16.1: “Corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas […], sin perjuicio de las competencias de otras administraciones”. En opinión de García, a partir de ese “sin perjuicio”, se abre la posibilidad que todo siga como hasta ahora, con el modelo de exhumaciones por subvención. García cree que la nueva redacción va a “perpetuar el modelo privatizado”. Paqui Maqueda explica: “Nos hemos visto comprando pico y pala, contratando arqueólogos y convertidos en gestores de dinero público, teniendo en muchos casos que poner las familias sus propios recursos”.

“No molestar”

Así que pese a los avances, señala García, sigue vigente la campaña de Encuentro por la Memoria “por una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo”. Pero, cuando se habla de “fin a la impunidad” o de “justicia para las víctimas”, ¿a qué nos referimos? ¿A juicios con acusados en el banquillo? García señala que, como es obvio, la mayoría de delitos serían a estas alturas imposibles de juzgar, pero sí cree que debería derogarse la Ley de Amnistía para desarrollar investigaciones judiciales. Y si hay responsables vivos, juzgarlos. Coincide Emilio Silva (ARMH): “Hay que investigar aunque esté muerto el autor. Y si hay responsables vivos, pues claro que juzgarlos. ¿Por qué van a ser diferentes los crímenes del franquismo?”.

Silva cree que el trato a las víctimas durante la democracia parte de una premisa que se mantiene: “No molestar a las élites, a los verdugos ni a sus herederos”. A su juicio, el consenso político de la transición se basaba en “esperar a que las víctimas se fueran muriendo, sin hablar ni ser ser atendidas”. Y así ocurrió hasta que hubo “un accidente inesperado”, y es que resultó que hubo “nietos” que en los 90 armaron un movimiento exigente, como resultado del cual la política “tuvo que moverse”. Pero lo ha hecho “sin contar la historia de los verdugos, ni tocar a la Iglesia, ni tampoco a las empresas que se lucraron con el trabajo esclavo“. “En Argentina ha habido condenas a civiles, militares y religiosos. Aquí, nada de eso”, afirma. Y añade: “La política española ha aprendido un truco: hacer unos preámbulos maravillosos que se diluyen en el articulado. La nueva ley es una fotocopia en color de la transición”.

Exhumaciones, indemnizaciones, callejero…

Repasemos con Silva algunos temas concretos. ¿Exhumaciones? “España acaba de mandar 39 forenses a Ucrania a investigar crímenes de guerra. Aquí seguimos esperando que los manden a las fosas del país que les paga el sueldo”. A la espera de ver en qué modelo de exhumaciones se concreta la nueva ley, cree si de verdad hubiera “voluntad política” se crearía “una institución” que garantizara la exhumaciones como un “derecho” ¿Responsabilidad económica? “El Estado no va a asumir ninguna indemnización para quienes sufrieron multas e incautaciones, pero la ley mete en una disposición adicional [la 19] una nueva compensación a los partidos. No sé cómo se han atrevido”. ¿Retirada de calles franquistas? “Sigue faltando un listado de calles que no pueden existir. Lo demás abre la puerta a recursos que obligan a decidir qué cantidad de franquismo es necesario para no poder tener una calle en este país”.

Silva tampoco comparte las conmemoraciones incluidas en la ley: el 31 de octubre, fecha de aprobación en las Cortes de la Constitución (1978) y la primera ley de memoria (2007), pasa a ser “día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura”. “¿Cómo que ‘todas las víctimas’. ¿Es lo mismo atacar una democracia que defenderla? ¿Tengo yo que homenajear a mi abuelo el mismo día que a Primo de Rivera”?, protesta Silva. En cuanto al 8 de mayo, fecha de derrota del fascismo y el nazismo en 1945, pasa a ser el “día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio”. “¿Qué le aportó a los exiliados españoles aquella victoria en cuanto que exiliados, si aún quedaban más de treinta años de dictadura en su país?”, se pregunta Silva.

¿Y en cuanto a la justicia para las víctimas? Aquí Silva es más duro. “Hay un apartheid de víctimas. Unas que interesan al Estado y otras que no. La discriminación es clara. Dice Pedro Sánchez [en una reciente visita a una fosa en Valladolid] que el Gobierno ‘cumple su compromiso con la justicia y la reparación’. Que explique cómo. Se dice que la ley incorpora los tratados internacionales [artículo 2.2], pero eso ya está en el 96 de la Constitución”. Silva que remite a un reciente artículo sobre la nueva ley del jurista Carlos Castresana en infoLibre, con afirmaciones como estas: las recomendaciones de la ONU “se han seguido muy limitadamente”; la ley representa un “avance”, pero “sigue siendo insuficiente” por falta de “mecanismos efectivos de rendición de cuentas”; la norma no contempla “el acceso a la verdad como un derecho fundamental” ni “el derecho a la justicia en términos que se aproximen a los estándares internacionales”. “El ejemplo más claro de lo que es la ley –afirma Silva– lo tienes en Queipo de Llano, cuyos crímenes de guerra no se investigan, porque parece que todo el problema es que esté en La Macarena. Es triste, pero el gran castigo a los franquistas es la pérdida de unos títulos nobiliarios“.

Falta de pedagogía antifascista

No todo lo que afecta a las víctimas del franquismo y sus herederos está en el BOE. Su dignificación también exige un respeto social. ¿Se ha logrado? La mayoría de respuestas son ambivalentes. La cantautora Lucía Sócam ve “dos polos”, uno mayoritario, “respetuoso” o incluso que ha “tomado conciencia” a raíz de la apertura del debate, y otro “neofascista” que se ha ido envalentonado. Paqui Maqueda ve el vaso por la mitad: “La mayoría entiende tu dolor, pero sigue siendo posible alabar a Queipo sin ninguna consecuencia”, como acaba de hacer el diputado de Vox Francisco José Contreras. A su juicio, en España ha faltado “pedagogía de la memoria”, un mal de todo el periodo democrático.

Coincide Enrique Díez, profesor de Educación de la Universidad de León, que en su ensayo La asignatura pendiente (Plaza y Valdés, 2020) ha constatado los déficits educativos sobre la guerra, la represión y la dictadura. En su investigación, basada en entrevistas a 610 profesores y en el análisis de libros de ESO y Bachillerato de 15 editoriales, Díez encuentra “cinco temas tabú”: 1) La incautación de bienes. 2) El papel de la Iglesia. 3) Los responsables y partícipes directos de la represión, con nombres y apellidos. 4) El hecho de que una parte de la sociedad civil se implicó en la represión. 5) La falta de reconocimiento y reparación a las víctimas y a los luchadores antifranquistas. No es la única investigación sobre el tema. El artículo ¿Historia olvidada o historia no enseñada? (2019), obra de seis investigadores, acreditaba que sólo un 26,6% de los alumnos de ESO era capaz de definir qué era una dictadura. Tiene interés situar estas conclusiones junto a otros datos de 2018: casi la mitad (un 45%) de los estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato del instituto de Salamanca en que se centró otra investigación académica veían innecesario reparar a las víctimas.

Díez, que para paliar estos déficits ha publicado Pedagogía antifascista (Octatedro, 2022), advierte contra la tendencia a volcar sobre la educación la responsabilidad de todos los problemas sociales y recuerda el viejo dicho: “Para educar a un solo niño se necesita a toda la tribu”. No obstante, se pregunta “qué hemos hecho en cuarenta años” para haber creado lo que a su juicio es una generalizada falta de empatía. Por un lado, señala a la parte curricular. “Los chavales siguen aprendiendo más del nazismo que del franquismo, donde se llega tarde y mal si se llega”, afirma, escéptico con los cambios que se puedan establecer a raíz de las nuevas leyes educativa y de memoria. Por otro, señala Díez, hay otro problema más profundo. “La escuela se ha despolitizado. Una de sus funciones, la de transformación, ha retrocedido frente a la educación para el mercado y la competición, a la que se suman multitud de referentes neoliberales e individualistas en televisión y redes sociales”. “Ahora mismo, escucho a adolescentes que ven lo rebelde y lo desafiante ser de Vox y meterse con las ‘feminazis'”, lamenta.