Los conservadores estudian recurrir al Constitucional todos los textos que “no vengan motivados por la urgencia que exigen” ese tipo de normas del Ejecutivo
El equipo de Casado valora llevar al Alto Tribunal la implementación del pacto contra la violencia machista o a la recuperación de la sanidad universal
El PP de Pablo Casado quiere frenar la única vía que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar iniciativas legislativas al margen de la complicada tramitación del Congreso de los Diputados, donde el PSOE tan solo cuenta con 84 diputados. Los conservadores planean poner en marcha una batalla legal contra los decretos leyes del Ejecutivo –los ya aprobados y los que prevé tramitar próximamente–, incluido el referido a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos al que Moncloa dará luz verde en el Consejo de Ministros del próximo viernes.
A juicio del Partido Popular, el Ejecutivo de Sánchez habría incumplido esas condiciones constitucionales durante su corto mandato de tres meses en los que ha aprobado seis decretos leyes. Además del referido a RTVE, el Gobierno ha empleado esta fórmula legislativa para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, para aprobar una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, para prorrogar la ayuda de 430 euros a los parados de larga duración, para recuperar la sanidad universal y para poner en marcha medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Los posibles recursos
Los conservadores estudian llevar al Constitucional al menos estas dos últimas iniciativas que han criticado duramente desde la oposición. Las comunidades gobernadas por el PP arremetieron contra el decreto ley que recuperaba el derecho de los inmigrantes a ser atendidos por la sanidad pública sin tener en cuenta su situación administrativa al tacharlo de “demagógico” y considerar que supondrá un aumento del gasto público.
Además, el partido de Casado ha censurado la norma referida al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Considera que la fórmula del decreto ley no puede usarse para cambiar el Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad cuando exista sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales. “Un Código Civil que es una ley orgánica y que solo hay una manera de modificarlo que es a través del Congreso de los Diputados y con unas mayorías”, aseguraba a principios de mes la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat.
En realidad, el PP pretende atacar la escasa capacidad del Gobierno para sacar adelante sus propuestas legislativas, vista su debilidad parlamentaria, 84 de 350 escaños en el Congreso.
Incluso en el caso de que el Alto Tribunal admitiera a trámite esos recursos, esas leyes se mantendrían en vigor hasta que el Constitucional dictara una sentencia que avalara o rechazara su inconstitucionalidad. La Carta Magna solo contempla la suspensión cautelar de las disposiciones legales y reglamentarias de las comunidades autónomas impugnadas por el Gobierno y cuando este órgano pide expresamente esa anulación temporal.
La posición sobre Franco
Un eventual recurso contra el decreto ley que aprobará el Gobierno el próximo viernes para poder exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos tampoco paralizaría el proceso, a no ser que el Constitucional se pronunciara en contra de la iniciativa del Ejecutivo antes de que se produjera el desentierro del dictador.
El PP ya ha confirmado que no votará a favor de esa norma cuando llegue al Congreso para su convalidación. En mayo de 2017 los conservadores optaron por la abstención en la votación de la moción promovida por el PSOE para exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que exhumara a Franco, que fue aprobada por la mayoría de la cámara y que utiliza ahora el Ejecutivo de Sánchez como amparo legal para promover su decreto ley. La amenaza de recurrirlo al Constitucional aventura ahora que el voto de los conservadores será un ‘no’ rotundo.
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