El grupo incluye una enmienda a la ley de Memoria para que se estudie la Dictadura en Primaria
El Correo de Andalucía | Daniel Cela | 5-6-2016
El Parlamento andaluz está tramitando el proyecto de ley de Memoria Democrática, un texto aprobado en la pasada legislatura por el Gobierno PSOE-IU, que fue rescatado sin cambios por el Ejecutivo actual. El borrador quedó en un cajón tras la ruptura del pacto y el adelanto electoral. De las tres leyes que diseñaron conjuntamente PSOE e IU en el mandato anterior, ésta es el única que no ha sufrido cambios. Hasta ahora.
El texto ya ha sido debatido en la Comisión de Cultura, donde los grupos han planteado 98 enmiendas para modificar su articulado. Entre ellas destacan algunas propuestas del PP, que reclama al Gobierno andaluz la creación por decreto de una «Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, donde sean escuchadas y atendidas», una medida que las asociaciones memorialistas de Andalucía vienen demandando desde hace años, y que sin embargo el PP de Madrid eliminó.
Los populares también quieren que la ley de Memoria no se limite a incluir la Guerra Civil y la Dictadura en el currículum de ESO y Bachillerato, y piden que se extienda al temario de Primaria (alumnos de 6 a 13 años), «previo acuerdo con los docentes» [también a la hora de formar al profesorado universitario en la materia]. Esta enmienda ha sorprendido a la Junta, toda vez que el PP pilotó una dura batalla política, social y judicial contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, denunciando su «afán adoctrinador», entre otras cosas, porque abordaba temas «polémicos» como el franquismo. El PP, que se inclina por aprobar la ley andaluza de Memoria «por unanimidad», votó en contra de la ley estatal de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de Zapatero, aludiendo que «sólo serviría para reabrir heridas».
Pese a todo, las enmiendas del PP también recogen cambios drásticos al borrador actual: vacían el artículo que obliga a los ayuntamientos a retirar símbolos franquistas de espacios públicos y reducen la escala de sanciones que contempla la ley: para las faltas muy graves piden de 5.000 a 40.000 euros (en lugar de 10.000 a 150.000) y para las leves, de 100 a 600 euros (ahora es de 200 a 2.000 euros). Pero el cambio más drástico que aporta el PP es modificar el nombre de la propia ley: en lugar de llamarse ley de Memoria Democrática se llamaría simplemente ley andaluza de Memoria Histórica. No es una petición baladí, porque tiene que ver con otra enmienda que sí supondría un cambio sustancial en el texto diseñado por PSOE e IU: el proyecto actual abarca desde la II República, pasando por la Guerra Civil y la Dictadura, hasta 1982, incluyendo la Transición a la Democracia y los primeros años de lucha por el autonomismo. En este último periodo, por ejemplo, la ley considera víctimas a los que murieron luchando por el derecho de autonomía de Andalucía, caso del trabajador Manuel García Caparrós, muerto por un balazo de la Policía Armada durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 que reivindicaba la autonomía andaluza. El PP pide limitar el marco de actuación de la ley de Memoria, desde la II República hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, dejando fuera todo el periodo posterior.
Ciudadanos es, incluso, más exigente a la hora de acotar el marco legal. Ambas formaciones quieren preservar la Transición democrática como un periodo de consenso político e historiográfico, y rechazan revisitarlo al mismo nivel que lo harían con el conflicto bélico o los 40 años de franquismo. La formación naranja pide sacar de la ley la II República (de 1931 a 1936), y acota el periodo de materia memorialista desde el 18 de julio del 36 (inicio de la Guerra Civil) hasta la aprobación de la Constitución española de 1978.
IU no ha registrado enmiendas al proyecto de ley, porque es suyo. El PSOE presenta siete (entre ellas una que obliga a la Junta a pagar el entierro de los huesos exhumados de víctimas del franquismo si los familiares lo piden). Podemos, 19 enmiendas (crear una comisión andaluza de la verdad), pero son las dos fuerzas conservadoras las que más cambios introducen: PP (29) y Ciudadanos (42). La formación naranja pide que la Junta no apoye por ley la «creación y mantenimiento» de las asociaciones memorialistas. El PP es el único que pide retocar la exposición de motivos de la ley: borran los párrafos que argumentan que el golpe de Estado de Franco «interrumpió el progreso, la España de las autonomías y la reforma agraria, que afectó a Andalucía». También borran las líneas que hablan del «terror franquista» como «crímenes contra la humanidad», considerados «imprescriptibles», así como las líneas que reconocen la labor de la Junta y el Parlamento para indemnizar a las pelonas [en 2010 la Cámara aprobó resarcir a las mujeres que sufrieron la represión franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen con 1.800 euros; el PP no quiso votar para «cerrar heridas y evitar enfrentamientos». El texto actual de la ley recoge un artículo sobre la obligación de retirar los símbolos franquistas de espacios públicos (de 12 puntos, el PP lo reduce a dos): Desaparecería el punto en el que la Junta «retirará de forma subsidiaria los símbolos si el ayuntamiento o propietario del inmueble» donde se hallen no lo hace. También desaparecería el punto en el que la Junta «impedirá manifestaciones fascistas».
http://elcorreoweb.es/andalucia/el-pp-reclama-a-la-junta-una-oficina-de-atencion-a-victimas-del-franquismo-NC1859069
