El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha destacado la necesidad de elaborar un censo oficial de víctimas y la incorporación de las mujeres a la memoria democrática.
“Es importante poner encima de una ley el papel que desempeñan las mujeres por la lucha de las libertades y derechos fundamentales”, ha dicho añadiendo que “además sufrieron una represión de género”.
Así lo ha explicado durante el I Congreso de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha celebrado esta semana en la Facultad de Letras de Ciudad Real, dirigido a profesores de Educación Secundaria.
Tras situar la Ley de Memoria Democrática en el marco de las políticas públicas “para que se pueda entender bien en este momento concreto”, ha incidido en que las víctimas son el elemento fundamental de esta ley que, según ha dicho “se vertebra en torno a los grandes principios de derecho humanitario”.
Así, ha hecho referencia al año 2007, cuando ya se habría planteado que las sentencias de los tribunales de excepción franquista tenían que ser nulas y también la ilegalidad de los mismos tribunales.
Otra cuestión que ha puesto sobre la mesa es el “reconocimiento del papel del movimiento memorialista español” ya que, “a partir de ahí, la nueva ley se vertebra en torno a los grandes principios del derecho humanitario, la verdad, la justicia, la reparación y el deber de memoria, como garantía de no repetición”.
Sobre este aspecto, ha explicado que “la verdad tiene que ver con el derecho de las familias de conocer qué ocurrió con sus familiares” y que la ley dedica muchos artículos a los archivos porque “sin documentos, difícilmente se sabe la verdad y por ello, tienen que estar accesibles y digitalizarse”.
Asimismo, ha resaltado que la nueva ley plantea que el Estado debe asumir el liderazgo de todo el proceso de las exhumaciones y que “hay que hacer un banco nacional de ADN con el que poder identificar”
LAS EXHUMACIONES, TEMA PRIORITARIO
Según el secretario, dentro de los presupuestos que se han manejado hasta ahora y lo que se obtendrá en 2023, alrededor 13 millones de euros, “casi el 60 por ciento irá destinado a exhumaciones”. “En estos últimos cuatro años hemos actuado en 513 fosas, lo que nos ha llevado al plan cuatrienal de exhumaciones”, ha añadido.
Así, ha recordado que durante la transición, cuando se inició el proceso de las exhumaciones, “se realizaron muchísimas” pero que hasta 1984 se hizo “sin rigor histórico que identificara genéticamente los restos”. “Creo que quedan pocos cadáveres en las cunetas” porque “muchas carreteras se han arreglado y desde el año 2000, ya se han extraído en torno a 11.000 cadáveres”, ha dicho a la vez que ha reconocido que “hay fosas muy potentes como la de San Fernando, donde se han extraído 1.400 cadáveres con violencia política”.
Ha calculado Martínez que, según los estudios realizados puede haber entre 20.000 y 25.000 cadáveres por exhumar. Dicho esto, ha expresado que “todavía hay que abordar el tema de las incautaciones de bienes” explicando que la ley plantea que se hagan inventarios y auditorías.
Además, ha incidido en que la memoria democrática tiene que entrar en la escuela porque “la gente joven no la conoce”. “Es un tema que no se logra tratar en la escuela, en bachillerato o la eso” y por lo tanto “habría que plantearse cómo hacerlo”.
“Hemos avanzado mucho” ha reconocido Martínez, a la vez que ha avanzado que “el año que viene la memoria democrática aparecerá en los libros de texto” y en los temarios de oposiciones.
Martínez también ha anunciado el planteamiento de eliminar las fundaciones que hagan apología del franquismo “y humillen a las víctimas”.
Ha finalizado su intervención explicando que esta ley “habla de todas las víctimas” y que se trata de una obligación moral. “Con esto hacemos un país más digno y vinculamos la democracia a la historia y a la memoria porque en la democracia no hay lugar para el olvido”, ha concluido.
