Emilio Hellín, el asesino de Yolanda González, se convierte en el perito favorito de políticos acusados de corrupción

Emilio Hellín Moro (Badajoz, 1947), condenado en 1982 a 43 años de prisión por el asesinato y secuestro de Yolanda González, de 19 años, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), en 1980, lleva 26 años disfrutando de una vida en libertad, incluso ha alcanzado cierto prestigio profesional. «Es el mejor», ha dicho de él el abogado Gonzalo Boye para justificar su decisión de contratarle como perito para la defensa de su clienta, Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, en la causa que se sigue en su contra por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La reputación de Hellín como perito judicial ha engordado como la espuma en los últimos años gracias a sus buenos contactos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; contactos que nacieron en los años 70, cuando militaba en el partido ultraderechista Fuerza Nueva y formó parte del grupo terrorista Batallón Vasco Español con el que reivindicó el asesinato de Yolanda González. Él fue quien descerrajó dos tiros en la cabeza a la estudiante.

Desde que salió de prisión en 1996, amparado por un cambio de nombre en el Registro Civil (de Emilio pasó a ser Luis Enrique) Hellín no ha parado de trabajar como perito informático forense y ha arrastrado a su familia a la misma ocupación. En 1998 fundó junto con su hermano, Juan José, guardia civil retirado, las empresas Net Computer Forensies y New Tecnology Forensics, SL. Esta última se ha reconvertido en un centro de estudios, según ha podido saber Público.

Su mejor carta de presentación es su colaboración con la Policía y Guardia Civil y otras policías autonómicas. Entre 2006 y 2013, salvo 2007, Hellín recibió contratos públicos del Gobierno como asesor de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad de Estado en seguridad informática terrorismo y delincuencia. En 2008 instruyó a varios ertzainas en Madrid, con fondos del Departamento de Seguridad Vasco.

Los contactos y una normativa insuficiente respecto a la legitimación para abordar el peritaje informático en España han colocado al asesino de Yolanda González y a sus familiares entre los primeros del sector, algo que desde algunos colegios de ingenieros técnicos informáticos tachan de «barbaridad». «Hellín no acredita su titulación. ¿Es ingeniero informático? En este país cualquiera puede ser perito, en los juzgados no piden los títulos», se pregunta el presidente de uno de esos colegios profesionales, que prefiere no desvelar su identidad.

El exjuez Alba como cliente

El que parece ser un ‘todo terreno’ es su sobrino Jonathan Hellín Rodríguez, hijo de Juan José Hellín Moro. Se presenta en redes sociales como «perito judicial»  con las especialidades de informática forense, acústica y fonética forense, pericial caligráfica, análisis forense de imagen y vídeo, propiedad industrial e intelectual, entre otras.

Pese a tantos supuestos conocimientos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestionó el rigor técnico de su peritaje en la defensa del exjuez Salvador Alba. Este, que acabó finalmente condenado por prevaricación y cohecho por haber maniobrado contra la jueza Victoria Rosell, contrató a Hellín Rodríguez para que desmontara la autenticidad del archivo de audio que probaba su conversación con el empresario Miguel Ángel Ramírez en la que se convino la operación contra Rosell. Fue en vano. El tribunal avaló el peritaje de la Guardia Civil en detrimento del suyo. Además en la vista, en 2016, la acusación alertó sobre la  formación académica de Hellín, al no haber hallado en Internet referencia alguna a los nombres de institutos americanos que figuran en su currículo.

Peritaje de la agenda de Cifuentes

Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, fue una de las clientes estrella de Emilio Hellín. El letrado de la política, el prestigioso José Antonio Choclán, exjuez de la Audiencia Nacional, le contrató para peritar la agenda de Cifuentes cuando fue delegada del Gobierno en Madrid, en el juicio del caso Máster, en el que la expresidenta estaba acusada por la falsificación del acta de su máster. El peritaje serviría que demostrar que en dicha agenda estaba consignada la fecha del 12 de julio de 2012 como el día que Cifuentes debía defender su Trabajo Fin de Máster (TFM). Finalmente Choclán renunció a la prueba ya que se opuso a entregar a la Fiscalía y a los abogados de la acusación la memoria USB ante una posible vulneración de la intimidad de Cifuentes, que resultó absuelta.

Expulsado del ‘caso Taula’

Del caso Taula, sobre el ‘pitufeo’ de los dirigentes del PP de Valencia, Emilio Hellín, contratado por el abogado José María Corbín –cuñado de la fallecida Rita Barberá— con el objetivo de anular las grabaciones de la Guardia Civil en la investigación sobre la financiación ilegal del PP de la ciudad de València, fue finalmente expulsado de la investigación.

La misión de Hellín era desacreditar las grabaciones que la Unidad Central Operativa (UCO) realizó a la exconcejal de València, María José Alcón, donde admitía el pago de comisiones para financiar de manera ilegal al PP de la capital valenciana. Pero el magistrado, ante la polémica suscitada por el peritaje de Hellín, rechazó que se aportara informe pericial de parte sobre las grabaciones de la UCO, dando por válidas las escuchas realizadas por la Guardia Civil con el sistema SITEL.

El juez, la Fiscalía y las acusaciones se negaron a las pretensiones de Hellín, que se empeñó en introducir el archivo original de la grabación de la UCO directamente en su ordenador, lo que fue tachado de temerario por Anticorrupción, que alertó del peligro de poder copiar una material sensible. El magistrado lo impidió razonando que el peritaje se debía llevar a cabo con los medios informáticos del juzgado, «y mediante procedimiento que asegure la imposibilidad técnica de obtención de copia de la información».

Trayectoria sangrienta

Emilio Hellín e Ignacio Abad secuestraron el 1 de febrero de 1980 a Yolanda González, bilbaína, militante del PST. Tras llevarla a un descampado a las afueras de Madrid, Hellín la descerrajó dos tiros y Abad la remató. Para el atentado, los asesinos contaron con la ayuda de dos colaboradores del comando y de un policía nacional, que vigiló el domicilio de la joven. Hellín se refugió en Vitoria, en casa de un inspector de Policía, pero a los siete días fue detenido y confesó; dijo que pensaban que Yolanda González era miembro de ETA, como si aquella falsedad pudiera justificar el salvaje crimen.

Emilio Hellín, que también fue condenado en aquel proceso por un delito continuado de depósito de armas de guerra, defensa, municiones y tenencia de explosivos, se fugó de la cárcel de Zamora aprovechando un polémico permiso penitenciario en 1987, por el que fue sancionado el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato, que ya le había otorgado otros permisos, pese a dos intentos de fuga anteriores.

El asesino se instaló en Paragüay, bajo la protección del dictador Alfredo Stroessner. Un reportaje de la extinta revista Interviú desveló su paradero y finalmente Hellín fue extraditado a  España en 1990. En 1996 quedó en libertad, por lo que cumplió un total de 13 años de la pena de 43. Al salir de prisión, se cambio el nombre en el registro civil por el de Luis Enrique, pensando que así eliminaría las huellas de su sangriento pasado.

La familia de Yolanda pide decencia a los políticos

La familia de Yolanda González ha emitido un comunicado al conocerse la noticia de que Hellín trabaja para Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya. «Nuestro sentimiento de indignación y hartazgo por conocer que, una vez más, la defensa de una personalidad política imputada en un caso de corrupción acude a Emilio Hellín para refutar pruebas aportadas por la acusación».

«Yolanda está oficialmente reconocida como víctima del terrorismo en el año 2000 y exigimos a cualquier representante político y organismo institucional que actúe en todo momento en unos niveles mínimos de decencia y valores humanos y respeto a las víctimas del terrorismo«, consta en el comunicado de la familia de Yolanda, que reitera que Hellín «nunca cumplió su pena, tuvo trato de favor y, además, nunca ha expresado su arrepentimiento».

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