Emilio Silva, presidente de la ARMH: “Posponer la aprobación de la Ley de Memoria Democrática tiene que ver con intereses partidistas y falta de voluntad política”

Emilio Silva, presidente de la ARMH: “Posponer la aprobación de la Ley de Memoria Democrática tiene que ver con intereses partidistas y falta de voluntad política”

El Consejo de Ministros autorizó el proyecto de Ley de Memoria Democrática a finales del pasado mes de julio. El borrador superó las enmiendas a la totalidad registradas por PP, Vox y ERC el pasado 14 de octubre. Tras la aprobación de enmiendas parciales al proyecto de Ley, el siguiente paso sería poner en marcha la ponencia para empezar a discutirlas, pero el PSOE ha decidido aparcarla en un cajón hasta  conseguir los apoyos parlamentarios necesarios.

tercerainformacion.es / 26/11/2021

-Recientemente ha afirmado que la parte de la redacción del borrador de la Ley de Memoria que habla sobre la impunidad del Franquismo hay un pequeño “truco”: lo que dice el texto es que “según el derecho internacional los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Esto, así redactado, parece “perfecto” pero “España es uno de los pocos países europeos que no ha ratificado la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Entonces todo queda en una recomendación a los jueces…

Recordarles a los jueces que los tratados internacionales ratificados por el Estado español forman parte de la legislación interna es decir una obviedad y no supone en ningún caso desactivar ni derogar los artículos de la ley de amnistía que protegen a los franquistas y que se aprobó en el Parlamento español el 14 de octubre de 1977. Ese texto obtuvo una mayoría avalada por el PSOE y el PCE, así como por los nacionalistas vascos y catalanes.

El proceso de elaboración de la ley explica algunas cosas. Fue el PCE el primero en registrar un texto en julio de 1977; después lo harían las minorías vasca y catalana, seguidamente el PSOE y a finales de septiembre de ese año esas cuatro fuerzas políticas llegan a consensuar un texto. Pero a principios de octubre, la UCD presenta su texto que incluye la impunidad para los franquistas que no estaba en ninguno los textos anteriores, pero esos partidos juntos aprueban una ley amnistía que deja impunes los crímenes del franquismo. Parece más bien que el texto que todos votaron estaba acordado en los pasillos.

-En el anuncio de las enmiendas a la Ley de Memoria Democrática, el secretario general del PCE, diputado de Unidas Podemos y Jurista Enrique Santiago, mantuvo, entre otras cuestiones, que “ningún juez podrá ampararse en la Ley de Amnistía para no investigar crímenes franquistas”. ¿Esta afirmación es cierta si nos atenemos la actual redacción del borrador de la ley? ¿Qué modificación se tendría que realizar para garantizar ese enunciado más allá de la derogación de la Ley de Amnistía? No olvidemos que la derogación es una cuestión que la parte mayoritaria del Gobierno, el PSOE, no parece querer aceptar…

Cualquier juez podrá ampararse en la Ley Amnistía de 1977 pera no investigar ni juzgar los crímenes del franquismo porque es una ley que está en vigor y forma parte de nuestro ordenamiento. Si el Poder Ejecutivo y el Legislativo quisieran que no existiera como herramienta para los jueces una ley de amnistía deberían derogarla. Esa es la única forma de conseguir y garantizar qué ningún juez pueda apelar a una amnistía para no investigar las violaciones de derechos humanos del franquismo

-En la misma línea, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha declarado al respecto que «si los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no han sido perseguidos en la España democrática, no es por la Ley de Amnistía, sino por la interpretación que de la misma han hechos los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial en general y el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional en particular. El problema no ha sido la Ley de Amnistía, sino los jueces que la han aplicado”. Entonces, es posible que estemos ante una interpretación maniquea de parte de la judicatura española, que la han venido aplicando como una ley de “punto final” a imagen de las latinoamericanas sin serlo…

No se debe defender lo indefendible. La ley de Amnistía en su punto 2 G y F dice lo siguiente: “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades funcionarios y agentes del orden público con motivo ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley” están amnistiados, así como “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Y lo dice así, en genérico, los derechos de las personas, porque amnistía cualquier violación de cualquiera de ellos.

Sí Javier Pérez Royo no lee en este articulado lo que dice quizás está simplemente defendiendo una postura política, porque esta es una ley en vigor, una herramienta para los jueces y lo dice muy claro; los crímenes del franquismo quedan impunes.

-El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que lo que hace la ley de Memoria es, precisamente, “ratificar la vigencia de la Ley de Amnistía y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales”. Así, la situación jurídica no cambia. Bolaños también afirma que “no podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72″ porque, según su interpretación, la “legislación penal no permite la retroactividad”. ¿Qué opina de estas afirmaciones?

Las declaraciones de Bolaños demuestran por un lado su voluntad de ser el guardián de la impunidad; y por otro, una cierta ignorancia. La desaparición forzada es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano porque consiste en detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver. En los tratados internacionales ratificados por España es un delito que no prescribe; eso significa que en el año 2021 se sigue cometiendo y que cada día que amanece vuelven a desaparecer esas miles de personas asesinadas por los fascistas mientras no sea resuelto el caso.

La comunidad internacional creó el delito permanente precisamente para construir la imprescriptibilidad de las graves violaciones de derechos humanos.

Lo que debería promover el ministro es que el Gobierno ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Tiene el deber de hacerlo si realmente cree que las víctimas de la dictadura y de la represión franquista tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación porque no se podrá hablar de justicia si el Gobierno no crea las herramientas para que alguien sea juzgado

-Por otra parte ¿Su derogación íntegra podría abrir la puerta a que puedan juzgarse otros “crímenes” como los que asocian a los maquis, por poner un ejemplo?

Se trata de derogar los puntos 2 G y F de la ley y dejar claro que el Estado democrático considera legítima la lucha contra la dictadura e ilegítima la persecución de adversarios políticos y morales que llevo acabó la dictadura.

-Sea como fuere, parece que el PSOE vuelve a jugar con los tiempos de su aprobación y, ante las desavenencias con ERC, posponerla tal y como hizo el Gobierno Zapatero con la Ley de Memoria de 2007.

Cuando se presentó el primer texto del proyecto de ley, el 15 de septiembre de 2020 la entonces vicepresidenta Carmen Calvo aseguró públicamente que era una ley que tenía que tramitarse con urgencia porque no se podía perder un minuto más.

Lo cierto es que la ley tiene que ver con intereses partidistas, porque hay muchas cosas que podría hacer el poder ejecutivo sin necesidad de legislarlas, tomando decisiones con voluntad política. Y en ese sentido es mucho más rentable políticamente para el Gobierno retrasarla con la excusa que sea hacia el final de la legislatura para evidenciar en el Parlamento, cerca de las elecciones generales, la bronca con la derecha.

Se trata una decisión vergonzosa porque afecta personas que llevan 45 años de democracia esperando a un Estado que nunca las ha cuidado y porque va a permitir el incremento del número de personas, que son cientos de miles, que han muerto después del dictador sin haber visto reparados los crímenes.

-Respecto a las enmiendas relativas a la reparación, el borrador de la ley habla del “derecho a reclamar”, pero no del “derecho a recuperar”. Unidas Podemos pide que, además de hacer una auditoría de las incautaciones, se «restituyan los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus herederos, familiares, cónyuges, parejas de hecho o personas ligadas con análoga relación de afectividad». En la enmienda se añade: «Reglamentariamente se establecerá la forma de hacer efectiva la reparación más adecuada a cada circunstancia, recurriéndose en su caso a sistemas de arbitraje o compensación» ¿Se garantiza entonces que puedan recuperarse bienes usurpados por los golpistas o por personas amparadas por la dictadura Franquista?

Si la voluntad del Poder Ejecutivo y el Legislativo fuera reparar los daños económicos que causó la represión franquista pueden hacerlo como lo han hecho con algunos partidos y sindicatos que hace años recuperaron parte del patrimonio que les fue incautado por los golpistas. Los recursos de esas indemnizaciones salieron del Estado. Pero el texto actual de la ley le evita al Estado cualquier responsabilidad patrimonial, con lo cual la vía para la recuperación de esos bienes está cerrada. Cuando en el artículo 2f de la Ley de Amnistía se habla de todos los derechos de las personas también se está hablando del derecho a la propiedad.

Hay muchas familias que vieron como el asesino de un ser querido se quedaba con su casa a punta de pistola, que perdieron sus bienes, tierras, animales, ahorros… y que han visto cómo el Estado le devolvía su patrimonio a algunos partidos y algún sindicato pero nunca a las personas.

-¿Qué implicaciones legales podría acarrear una reivindicación que también parte estos días de ERC: la declaración de ilegalidad del régimen franquista, lo cual se traduce en el reconocimiento de que todos los tribunales de carácter político franquista fueron ilegales y, por supuesto, también sus sentencias?

El gran miedo de las élites franquistas, una vez que conquistaron la impunidad judicial, ha sido que se abra cualquier posibilidad para que las personas a las que les robaron sus bienes, como parte de la represión franquista, pudieran recuperarlos. La nulidad de las sentencias, que en muchos casos llevaban asociadas confiscaciones de bienes o multas que algunas familias tardaban años en pagar, supondría la anulación de esas medidas y se abriría la puerta a la recuperación de los bienes.

Por eso ni la ley de 2007, ni la que está elaborándose en la actualidad, declararán de manera contundente la nulidad de los juicios con el argumento de que pueden generar inseguridad jurídica, y eso significa que protegen a los incautadores. La actual impunidad económica crea inseguridad jurídica a las familias incautadas por el franquismo. Si ellas recuperaran sus bienes veríamos tambalearse nuestra estructura social y económica, construida en la actualidad sobre los cimientos de la represión.

-Aprobar la norma en los términos actuales podría significar, pues, mantener en la práctica la impunidad de los crímenes franquistas, aunque modificar los términos para conseguir acabar con esa impunidad o una reparación real para las víctimas traería probablemente un recurso al Tribunal Constitucional y el riesgo de que una justicia plagada de elementos de dudosa ejemplaridad democrática tumbase la ley…

En Argentina, en el año 2006, la Corte Suprema tumbó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. A partir de ese momento se iniciaron los juicios contra los responsables de la dictadura que hoy han llevado a condenar a más de 1000 militares, civiles y religiosos.

El fin de la impunidad del franquismo depende de la voluntad política de las mayorías en el Congreso. Si hay voluntad política se crea el marco jurídico para juzgar el franquismo; si no la hay, no se crea.

-Existen otros aspectos que no se recogen ni en el borrador de la ley ni en las enmiendas pero sí en las reivindicaciones históricas del movimiento memorialista o antifascista. ¿Qué opina de la ilegalización de los partidos fascistas que hoy día aún siguen presentándose en los diferentes procesos electorales en nuestro país, como la Falange Española de las Jons? ¿Y la ilegalización de otros partidos neofascistas como Falange Auténtica, Democracia Nacional o España 2000?

La ilegalización de partidos es un problema complejo, porque se produce alrededor de derechos fundamentales. Lo que puede hacer un Parlamento es ilegalizar un nombre pero nada más. Eso no impide que sus ideas o sus herederos políticos construyan otras formaciones.

Es complejo también que la ley que pretende aprobar el Gobierno considere un delito la apología del franquismo y no haya tratado como un delito sus numerosas violaciones de derechos humanos. Es como si ocurriera un crimen en una calle, una persona comenzará a gritar ¡Viva el asesino! y la policía que llegara en ese momento en vez de perseguir al asesino persiguiera a la persona que ha gritado el ¡Viva!

-A la vista está que desde a aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 por el Gobierno Zapatero no se ha garantizado la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes o en el callejero de nuestros municipios y ciudades ¿la redacción actual de la ley garantiza la supresión definitiva de estos símbolos, placas, monolitos, etc. que exaltan al ejército sublevado y a la dictadura Franquista?

La Ley 52/2007 fue muy frágil en la definición de cuáles eran los monumentos y la nomenclatura que debía ser retirada de los municipios para no hacer apología de personalidades del franquismo y de la propia dictadura. Fue un reflejo de la falta de contundencia en la voluntad política del legislador.

Por eso desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica le hemos pedido al Gobierno que haga una lista de nombres de calles que no puedan existir por ley en ningún municipio del Estado y que la incluya en el proyecto de ley de Memoria Democrática. Porque si se deja a la interpretación de los vínculos más o menos franquistas de ciertos personajes ocurren esperpentos como los de Oviedo o Madrid en los que un juzgado ha repuesto nombres de calles franquistas después de que un pleno municipal haya decidido retirarlas.

-Respecto a las exhumaciones de fosas consecuencia de los crímenes de lesa humanidad franquista, ¿Cuáles son las reivindicaciones de la ARMH para corregir un trabajo delegado desde el Estado a las asociaciones memorialistas? Una tarea que viene desarrollándose desde que un 21 de octubre del año 2000 se iniciasen las tareas de exhumación de ‘Los 13 de Priaranza’, donde precisamente se exhumó a su abuelo…

Nosotros reclamamos que se trate como un derecho la búsqueda de los desaparecidos por la represión franquista. Pero lo que ha decidido hasta ahora este Gobierno es una convocatoria de subvenciones en las que grupos de familias compiten por unos recursos limitados y esa competición supone que traten de apartarse unas a otras de la obtención de las subvenciones.

Un Estado democrático no subvenciona los derechos humanos, un Estado democrático tiene el deber de garantizarlos. Y para eso también reclamamos la apertura de una oficina y el uso de todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para que los familiares de los desaparecidos puedan exigirle al Estado desde una institución del Estado el ejercicio de sus derechos y no que tengan que buscar ayuda en colectivos y organizaciones ajenas al Estado.

-En una reciente entrevista con Fernando Berlín sintetizó su postura sobre el proyecto de ley de Memoria con estas palabras: “El proyecto de ley de memoria democrática no va a despegar ni una esquina del marco de la Transición” pero, en la redacción actual, ¿Qué aspectos o avances significativos considera que se alcanzan en la ley? Unidas Podemos reclama, precisamente, la necesidad de ampliar el ámbito temporal de la ley con una mención al periodo de la Transición…

Romper el marco de la transición no consiste en incluir a la transición entre la investigación de esos crímenes, que también es importante. Añadir un mayor plazo de tiempo a lo que se considere violaciones de derechos humanos relacionadas con la dictadura tampoco abre la puerta al fin de la impunidad. El marco de la transición se construyó para que esos crímenes quedarán impunes, todos ellos, independientemente de la fecha en que fueron cometidos. Algunos de los crímenes de la transición como el asesinato de los Abogados de Atocha fueron investigados de manera insuficiente, pero si no reciben un tratamiento especial habrán prescrito.

Así que de lo que se trata es de despegar ese marco y permitir que la verdad, la justicia y la reparación entren en ese marco. Es necesario que lo hagan de manera efectiva, no como un chascarrillo que repite en numerosas ocasiones el texto del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que habla de verdad, pero no piensa hacer un censo de verdugos y contarnos quiénes eran y qué hicieron; que habla de justicia, pero no tiene intención de sentar a nadie en un banquillo de los acusados; y que habla de reparación, pero no va a llevar a cabo ninguna indemnización a las familias de los desaparecidos.

-Muchas gracias, salud.

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