Escuelas de memoria histórica: Extremadura quiere que sus concejales conozcan los crímenes del franquismo.

El objetivo es “sensibilizar” a las autoridades municipales sobre el cumplimiento de la ley y mostrar los recursos que pueden ofrecer a los familiares de víctimas que acuden a los ayuntamientos en busca de información y asesoramiento

Extremadura apura el desarrollo de su Ley de Memoria Histórica en el último curso de la legislatura. El reglamento sufre numerosos retrasos, como han denunciado las asociaciones memorialistas y Unidas por Extremadura, e incluso admite la Junta, a pesar de que cada año se han incrementado las partidas presupuestarias en la materia.

Ahora, el Gobierno extremeño ultima la puesta en marcha tras el verano de una escuela de memoria histórica para los concejales y autoridades municipales de la región. El objetivo es que a través de la participación de profesores universitarios y testimonios de víctimas conozcan qué supuso la represión franquista en Extremadura para que se sensibilicen con el tema y, por otro lado, que se informen de los recursos públicos que existen a disposición de los familiares de los represaliados.

La iniciativa la pondrá en marcha la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte después de que Unidas por Extremadura (UPE) consiguiera incluir una enmienda de 200.000 euros en los presupuestos autonómicos para poner en marcha esta escuela de memoria. No obstante, las negociaciones entre el PSOE y la coalición de izquierdas han dejado esa enmienda en 20.000 euros, según afirmó la diputado de UPE Lorena Rodríguez en la última comisión celebrada en la Asamblea.

Rodríguez defendió la formación específica para los ediles extremeños, tanto los que están en Gobiernos municipales como en la oposición “porque muchas veces las familias van a los ayuntamientos a buscar información en una la primera toma de contacto y se dan con un golpe de realidad porque que muchos concejales carecen de esa información”. Y es que en los municipios no suelen tener concejalías de memoria histórica y los responsables de Cultura suelen ser los ediles más jóvenes, que en la etapa educativa apenas estudian la represión franquista y carecen de la formación necesaria para abordar el asunto con las familias de las víctimas.

Esta situación se quiere paliar en otoño con, por ahora, tres jornadas que la Junta de Extremadura acaba de adjudicar por 18.000 euros al colectivo La Comuna: Asociación de represaliados y represaliadas del Franquismo. Desde la Consejería de Cultura explican que estas jornadas van a ser impartidas por expertos y “se complementarán con un sistema de seguimiento on line”. No obstante, aún no se ha decidido cuáles serán las primeras localidades en acoger la escuela de memoria histórica, el programa concreto que se impartirá ni quiénes formarán parte del equipo profesional que va a participar. Todos estos detalles se perfilarán a lo largo de septiembre, según el Gobierno extremeño.

Más recursos y escaso desarrollo legal

De esta forma se da un paso más en el desarrollo de una ley que se aprobó en diciembre de 2018, y entró en vigor tras las elecciones autonómicas de 2019, que devolvieron la mayoría absoluta al PSOE de Guillermo Fernández Vara. A pesar de su escaso desarrollo, el director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urban, destacó en julio en la Asamblea de Extremadura un “incremento importante” del dinero destinado a esta materia a lo largo de esta legislatura: si en 2020 se consignaron 179.000 euros, el año pasado se superaron los 400.000 euros de presupuesto y en las cuentas de 2022, donde la memoria histórica ya tiene un programa presupuestario propio, fruto también de la aplicación de la ley, la cantidad asciende a 646.000 euros.

En el último año, Extremadura ha creado el Instituto de Memoria Histórica y Democrática para agilizar trámites y el desarrollo normativo de la ley, ha presentado un mapa de fosas, que desde febrero ha tenido más de 5.000 accesos a través de la web y en la actualidad trabaja en el archivo de testimonios orales, una cuestión que plantea también la ley y que es “perentoria”, según Pérez Urban, porque se deben recoger “lo antes posible los testimonios orales que todavía están disponibles”.

Entre las asignaturas pendientes aún se encuentran la creación y actualización de un censo de víctimas y de un catálogo de vestigios franquistas, aunque la Diputaciones de Badajoz y Cáceres tienen el suyo ya confeccionado.

Por último, la Junta de Extremadura inició el año pasado un programa propio de localización, sondeo, exhumación e identificación de víctimas en fosas comunes, lo que también justifica el incremento de recursos económicos para memoria histórica. En 2021 se destinaron 90.000 euros y este año ya se ha consignado un contrato de 140.000 euros, a lo que habrá que sumar el dinero que se transfiera desde el Estado.

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