Un carro recorría cada noche en el mes de julio de 1936 el espacio que separa Calatayud del barranco de la Bartolina. Los militares franquistas trasladaban a los presos que se acumulaban en prisiones improvisadas para ser fusilados. Una hipótesis no confirmada indica que se instaló hasta un tendido eléctrico en la zona para poder organizar las ejecuciones. Los cuerpos se enterraban en fosas comunes unos pocos metros más arriba.

La Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) comenzó en el año 2007 a recopilar información sobre estos procesos. Una década después, todo este trabajo se ha concretado en una victoria judicial que permitirá la exhumación del cuerpo de dos fusilados que fueron trasladados sin el permiso de las familias al Valle de los Caídos en 1959. Será la primera intervención de este tipo que se produzca en el recinto de Cuelgamuros, en el que los únicos cuerpos identificados son los de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. La labor de la asociación también ha servido para recuperar diversos espacios para la memoria en toda la comarca.

Uno de los primeros trabajos que acometieron fueron las catas y excavaciones en el barranco. Las malas lenguas indican que en los años de posguerra se instaló en las inmediaciones un puticlubpara evitar que los familiares se acercaran a la zona a honrar a sus muertos. La descisión de un alcalde, a finales de los noventa, de remover la tierra de la parte baja para cubrir una zona de vertido ilegal de basuras complica cualquier pesquisa arqueológica o antropológica en las laderas. Únicamente los casquillos de bala que todavía aparecen guardan la memoria de lo que sucedió en el paraje.

Manuel Lapeña es el hijo del delegado veterinario en la comarca y fundador de la CNT en la zona, Manuel Lapeña Altabás. Ahora tiene 92 años y con la ayuda de su hija ha vivido el pleito con una mezcla de ilusión y escepticismo. Durante muchos años no fue capaz de regresar a su Villarroya de la Sierra natal, del que salió en los años cuarenta con rumbo a Zaragoza y ya sin el apoyo de su padre. Lo recuerda como buena gente y evoca que, según le contaban los vecinos, muchas veces dejaba sin cobrar sus tareas veterinarias o se conformaba con un saco de patatas o huevos.

El responsable de la organización memorialista, Miguel Ángel Capapé, explica los primeros movimientos que realizaron para redactar una lista de fusilados y represaliados por el franquismo. En una ocasión reclamaron la consulsta del libro de registro del cementerio, en el que también tenían lugar ejecuciones sumarias. Las páginas que correspondían a los años de conflicto armado habían desaparecido, arrancadas. Gracias a su correlato en el archivo municipal pudieron reconstruir parcialmente su contenido.

La memoria oral ha sido determinante para reconstruir los procesos de ejecución. “Mis abuelos vivían en la plaza de la Leña y solían hablar del traslado de prisioneros al barranco o al cementerio”, explica José Luis Sánchez, un vecino. También recuerda que uno de sus tíos, republicano, estuvo encerrado en una de las naves de la plaza San Benito. “Le dieron a elegir entre dos tiros o trabajos forzados en África”, evoca.

El matrimonio de Aranda de Moncayo, formado por los jubilados Miguel Calavia y Avelina Moreno, asegura que la noticia es “extraordinaria”. Recuerdan que cuando eran pequeños –los dos nacieron en el 35– en sus casas “no se contó nada sobre la guerra”. Consideran esencial que si los familiares piden que les devuelvan los restos estos puedan ser recuperados, a pesar de la dificultad técnica que entraña. “Si no pueden rezar a sus huesos lo pueden hacer con otros, que todos murieron por lo mismo”, afirman dolidos.

Arturo Bolarte, de 80 años, pasó los años cuarenta en Bilbao. Ahora visita asiduamente a sus familiares en Calatayud. “En aquellos años no se podía hablar de nada”, recuerda. “La exhumación me parece algo justo: no entiendo por qué están tardando tantos años”, afirma.

En un discreto rincón del interior del cementerio municipal de la Soledad se levanta un monolito con un centenar de nombres. En su interior está previsto que reposen los restos de otros bilbilitanos, cuando sea posible se recuperación.

Arico organizó hace unos años una concentración en la plaza en la que se ejecutó a Francisco Bueno el Estirado, destacado simpatizante socialista. Tras el crimen, las autoridades franquistas organizaron un baile. La hija del asesinado asistió desde lejos a la conmemoración, sin atreverse a acercarse. “Esta anécdota dice mucho de la presión social que se ha vivido en pueblos como este”, afirma Capapé.

El miedo a pronunciarse sobre la guerra civil todavía se mantiene en algunas personas mayores. En la misma plaza, tres jubilados que prefieren no identificarse son reacios a comentar las exhumaciones. “Después de 80 años es mejor que las cosas se queden como están, hay que mirar por los nuevos”, afirma uno de ellos.

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