Centenares de familias buscaron a sus muertos sin recursos y con las críticas de los vecinos
Muerto el dictador, el miedo impregnaba todavía la vida de buena parte de la población española. En 1977 Esperanza Pérez regresó de su exilio en Bélgica decidida a encontrar a su padre, sus abuelos y sus tíos. Todos ellos habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes. A lo largo de más de un año y con la ayuda de su marido, que era taxista y la llevaba de un sitio a otro, recorrió diferentes pueblos de la provincia de Palencia hasta encontrar a ocho de sus familiares. Terminó exhumando a 150 víctimas del franquismo. “Estoy muy orgullosa. Fue extenuante, tanto física como psicológicamente, pero volvería a hacerlo”, dice desde su casa de Palencia, donde vive con una hermana y una tía. Esperanza, que ahora tiene 87 años, tenía 18 meses cuando mataron a su padre, a sus abuelos ya sus tíos: “A mi padre le llamaban Juanón, porque era muy alto, muy guapo y muy valiente. Lo único que hizo fue enseñar a leer y a escribir a los niños más pobres”, dice aún indignada.
No fue nada fácil encontrar sus restos, porque no sabía exactamente dónde lo habían enterrado. “Iba pueblo por pueblo preguntando, pero todo el mundo tenía miedo y nadie me contaba nada. Después de un tiempo, cansada, un vecino al que también le habían fusilado al padre me dijo que había visto cómo le enterraban en las tierras de su asesino, en Villamuriel, y fui a su casa”, recuerda como si fuera ayer . “Le dije que sabía que había matado a mi padre y que pobre de él que no se presentara al día siguiente a las 9 de la mañana y me señalara dónde lo habían enterrado. Vino con la Guardia Civil, que, en actitud chulesca, me pidió todos los papeles. Los tenía todos, y les dije que habían matado a alguien que no había hecho daño a nadie”. Su padre y su abuelo estaban enterrados con el médico del pueblo y su hijo. Le reconoció por la ropa, un traje de pana. “Yo me crié con mi abuela porque mi madre tuvo que huir por miedo a que también la mataran. Nunca me había abrazado como lo hizo el día que encontramos a mi padre y al abuelo”. Algunos vecinos, sobre todo mujeres, la ayudaron, pero otros muchos la insultaron: “Me dijeron de todo”.
Esperanza abrió tres fosas en Villamuriel, cuatro en Villamediana, cinco en Magaz, dos en Valdespina y una en Valoria la Buena, todas en la provincia de Palencia. En total se recuperaron 150 cuerpos y los propios familiares costearon la excavadora o cavaron ellos mismos. “Limpiaba las calaveras pensando que si no era la de mi padre era la del padre de otro. Tuve muchas pesadillas, soñaba que estaba en una fosa rodeada de huesos”. En 1979 ya había podido dar un entierro digno a todas estas víctimas y señalar con una lápida el lugar donde estaban. Habían dejado de ser invisibles.
Luego comenzó otra lucha para que las viudas pudieran cobrar las pensiones: “Pedía el certificado de defunción y, claro, nadie lo tenía, porque nuestros muertos no estaban registrados en ninguna parte. Hice un montón de viajes, a los juzgados y a Hacienda, para que todas aquellas mujeres tuvieran derecho a una pensión”. Esperanza siempre ha sabido que su padre fue asesinado: “Lo he sabido siempre y nunca me he callado, siempre he luchado y siempre fui del Partido Comunista”, afirma.
Exhumaciones clandestinas
Esperanza no es la única que buscó a sus familiares asesinados tras la muerte de Franco y durante los primeros años de la Transición. La historiadora Zoé de Kerangat ha publicado recientemente la tesis doctoral Remover cielo y tierra: las exhumaciones de víctimas del franquismo como fisuras del silencio en la Transición. “Hubo una ola de exhumaciones, a finales de los años setenta y ochenta, pero no hay rastro documental ni los medios de comunicación se hicieron eco de ello. El único medio que publicó algún reportaje fue la revista Interviú”, afirma Kerangat.
La catedrática de ciencias políticas Paloma Aguilar, que ha investigado y publicado diferentes artículos sobre las exhumaciones durante la Transición, asegura que el momento culminante se produjo entre 1978 y 1980, con un pico importante en 1979. En aquellos años y, a diferencia de ahora, las exhumaciones se realizaron sin ayuda profesional y con los recursos que se tenían más a mano: se utilizaban las herramientas del campo, desde palas hasta arados. Quienes emprendían la investigación eran sobre todo mujeres, madres, viudas e hijas.
Kerangat dice que estas exhumaciones, prácticamente clandestinas porque no han dejado mucho rastro, fueron una forma de “resistencia sutil”: “Son un contradiscurso del «pacto del silencio» de la Transición. Las fotografías de las exhumaciones y reinhumaciones de los años 70 y 80 muestran la voluntad de hacer visibles a estos fallecidos, de devolverlos al espacio público”, asegura. No fue fácil exhumar estos restos. “Había miedo, amenazas, interferencias, trabas… No había recursos y no se aplicó ningún método científico, pero a pesar de todo hubo familias que se atrevieron”.
A veces se identificaban a las víctimas por algún defecto físico o por el hallazgo de efectos personales. Podía ser un trozo de lápiz, un reloj, un botón, una fotografía, el polvo negro que deja una determinada suela de zapato… Kerangat explica que, en la mayoría de casos, se recogían los restos y se enterraban de forma conjunta en el cementerio con una lápida con los nombres de las personas que se creía que se había enterrado.
Navarra: efecto dominó
Aguilar, que realizó más de 250 entrevistas, destaca que el 93,5% de los municipios navarros más represaliados exhumaron a sus muertos y, en cambio, solo lo hicieron el 32,7% de los municipios de Badajoz, el 16% de los de Cáceres y el 26% de los de La Rioja. Uno de los motivos, explica la historiadora, es que muchos curas navarros se implicaron en las exhumaciones. Además, en Navarra se crearon grupos de investigación que se conocieron con el nombre de comisiones gestoras y que tuvieron un efecto dominó. “En Navarra el 42% de los traslados se hicieron antes de las primeras elecciones democráticas”, asegura Aguilar.
Algunos no lo tuvieron fácil. Casas de Don Pedro fue pionero en Extremadura. “Las dificultades que tuvo que superar la familia de Felisa Casatejada para conseguir hacer la exhumación fueron enormes”, señala Aguilar. A Felisa le mataron a dos hermanos cuando tan solo tenían 17 y 19 años. Necesitó el permiso del ministerio de Gobernación, del gobernador civil, del alcalde, de la dueña de los terrenos donde estaban enterrados sus familiares (La Boticaria) y del cura del pueblo, que a su vez pidió autorización al arzobispo de Toledo. Este último dijo que las familias deberían pagar 11.200 pesetas de la época para enterrarlos en el cementerio, y el gobernador civil dijo a Felisa que, si durante la inhumación se hacían proclamas políticas, Felisa debería pagar las consecuencias e ir a la cárcel. En el entierro había guardias civiles de paisano y la familia Casatejada recibió amenazas. A Felisa, que tenía una carnicería, le hicieron pintadas en su establecimiento en las que se leía: “Aquí se venden huesos rojos para el cocido”, y se repartieron octavillas difamándola.
Las exhumaciones del Valle de los Caídos
Algunos recibieron multas, pero a pesar de todo se siguió exhumando e, incluso, en 1980, el pueblo navarro de San Adrián logró el permiso para trasladar desde el Valle de los Caídos los restos de 133 republicanos. Todo fueron iniciativas de las familias y algunos responsables locales. “Es innegable que las autoridades políticas de la Transición no establecieron ningún diálogo con las víctimas de la dictadura para conocer sus necesidades o demandas y que los dos principales partidos de izquierda suscribieron una política de reconciliación nacional que consistía en dejar aparte los aspectos más espinosos del pasado. Nadie se preocupó de ayudar, tan solo se hizo localmente”, escribe Aguilar.
En 1981 hubo un importante descenso de las exhumaciones, sobre todo a partir del golpe de estado de Tejero. Entonces volvió al miedo y se hizo correr que volvían las listas con nombres y la amenaza de que serían represaliados o asesinados. Kerangat, sin embargo, no tiene claro que el miedo fuera el único motivo. “Creo que también quienes habían decidido exhumar a sus familiares, entonces ya lo habían hecho, y quienes no se atrevieron no lo hicieron ni en ese momento ni más tarde”, concluye la historiadora.
En Catalunya no se tiene información sobre exhumaciones de fosas durante la Transición. Con la caída de Catalunya, en 1939, terminó la Guerra Civil, y no hay tantas fosas como en otros lugares de España con víctimas civiles represaliadas extrajudicialmente por el franquismo. La mayoría de fosas que se encuentran en territorio catalán son de soldados, sobre todo a lo largo de los ríos Noguera Pallaresa, Segre y Ebre, donde estuvo la línea del frente.
Hay, sin embargo, como en todas partes, algunas fosas de personas asesinadas, sobre todo en el Bruc y en el Pallars Sobirà. En esta comarca, al principio de la guerra, apenas hubo violencia, si lo comparamos con otras zonas de nuestro país. Sin embargo, durante la ocupación franquista de 1938 se produjeron decenas de asesinatos. “Se sabía que estaban las fosas en el Pallars, pero no conocemos a ningún familiar durante la Transición que diera ningún paso para exhumarlas”, dice la historiadora Queralt Solé. Hay diferentes factores que podrían explicar el hecho de que no se diera este paso: “Muchos familiares se marcharon y, por otra parte, el recuerdo de la Guerra Civil, en los años 70 y principios del 80, todavía estaba muy presente en el Pallars” , añade la historiadora. Muchas de estas fosas están localizadas, en parte, por toda la investigación realizada por el historiador local Manuel Gimeno. La fosa del Bruc nunca se ha encontrado. Allí enterraron a un grupo de prisioneros a los que asesinaron mientras les trasladaban de Barcelona a Manresa. Se sabe que existe, porque uno de ellos, al que creyeron muerto, pudo salvarse y alertó de que los habían enterrado en algún punto del collado de Can Maçana. Se han realizado diferentes intentos, sin éxito, por localizarla.
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