Expertos investigarán la desaparición de fondos documentales públicos sobre memoria histórica

La Junta designará una comisión técnica para realizar esta tarea de investigación

CORDÓPOLIS | CARMEN REINA | 20-3-2018

Una comisión de expertos va a realizar una investigación sobre los documentos públicos que se hubieran perdido y estén relacionados con los periodos que abarca la memoria democrática. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha designado, para ello, una comisión técnica, que realizará “una investigación sobre la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía durante el período de memoria democrática”, que abarcaría la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia.

Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este lunes, se basa en lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que establece sobre los fondos documentales que los poderes públicos adoptarán “medidas para su identificación, protección y difusión, y especialmente en caso de peligro de deterioro o degradación, o sustracción, destrucción u ocultación”.

Así, el Gobierno andaluz va a designar una comisión técnica para este trabajo relacionado con la memoria histórica, comisión que estará compuesta por perfiles técnicos y profesionales entre integrantes de la Dirección General de Memoria Democrática, representantes de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro,  y tres especialistas adscritos al Sistema Archivístico de Andalucía.

En lo relativo a la desaparición de fondos documentales, la ley disponía que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta, el Consejo de Gobierno -” a propuesta de las consejerías competentes en materia de patrimonio documental y de memoria democrática”- designaría una comisión técnica que realice una investigación sobre la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía durante el período de memoria democrática. Las conclusiones de esta investigación deberán públicas.

Así, la Dirección General de Memoria Democrática, tiene entre sus funciones “la recopilación de los fondos documentales y testimonios orales de interés para la comunidad autónoma para tener un conocimiento exhaustivo de la Memoria Democrática de Andalucía”.

Con ella colaborará la Consejería de Cultura, que tiene atribuido el fomento y la gestión de los archivos, bibliotecas y centros de documentación de la región, así como la promoción, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico documental de Andalucía, la tutela y el acrecentamiento del patrimonio documental y bibliográfico andaluz, y la gestión, la protección, el acceso y la difusión de los documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía.

Así, serán objeto de investigación fondos, archivos y patrimonio documental andaluz,  para llevar a cabo esta investigación descrita en la ley para “la recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, con fundamento en los principios de verdad, justicia y reparación y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres”.

La finalidad de la ley es, pues, garantizar el derecho de la ciudadanía andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía.

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