El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, indica que con la aprobación de este catálogo “ya no hay excusas posibles para no cumplir la Ley de Memoria Histórica”. “La retirada de los símbolos franquistas debe hacerse efectiva”. Señala, en relación a los 79 símbolos franquistas incluidos en el catálogo para Santa Cruz, que en la mayoría de los casos tan solo es necesario cambiar el nombre o denominación, como ocurre con las calles, el Mercado Nuestra Señora de África o el Puente Serrador; en otros, se puede llevar a cabo la resignificación, como en el Monumento a los Caídos de la plaza de España, y en otros, se debe proceder a la retirada, como ocurre con el Monumento a Franco de la avenida de Anaga o con los leones del Puente Serrador. “Cualquier duda que tenga el Ayuntamiento de Santa Cruz al respecto puede consultarla con la Comisión Técnica de Memoria Histórica”.

La Comunidad Autónoma informa de que contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestivamente recurso de reposición ante la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOC, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación.

Entre los vestigios que “deben ser retirados de forma definitiva del espacio público” se encuentran el monumento a Franco (1966), situado en la avenida de Anaga; los leones del Puente Serrador (1943); las placas del Instituto Nacional de la Vivienda (1957) o la lápida a los Caídos de Igueste de San Andrés (1975). El monumento a los Caídos (1947), ubicado en la plaza de España, podrá ser resignificado.

En cuanto al cambio de las denominaciones, incluye vías como el puente General Serrador (1943), la calle Calvo Sotelo (1936) o el paseo Francisco Aguilar y Paz (1994), además de barrios como la Victoria, y centros educativos como el colegio Fray Albino (1944), entre otros. Asimismo, incluye también al Mercado Nuestra Señora de África, cuyo nombre debe cambiarse. Los honores y las distinciones se refieren a más de 130 personas.

El catálogo de la capital chicharrera fue propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y realizado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro y Yolanda Peralta, y por el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL). La orden publicada este jueves recoge lo acordado en la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, a raíz del informe realizado por un comité especial, estableciéndose que “las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas deben ser objeto de revisión de oficio por las administraciones competentes, sin que sea necesario para ello que las mismas deban ser incluidas en el catálogo”. Asimismo, se insta a que se tome en consideración el informe del Colegio Oficial de Aparejadores en relación con la ubicación del busto de Joaquín Amigó de Lara.

El Ayuntamiento de Santa Cruz argumentó en su momento que no existe seguridad jurídica para retirar los símbolos franquistas en la capital, pues el Gobierno de Canarias, “y según establece la propia Ley de Memoria Histórica, debe elaborar un catálogo a nivel regional, de todas las Islas y de todos los municipios, y no solo de Santa Cruz”. Sin embargo, en la orden publicada este jueves en el BOC se indica que el catálogo ha sido estructurado por municipios e islas, “dado que parece la forma más idónea desde el punto de vista de la eficacia y de la adecuada cooperación y coordinación interadministrativa, para que las distintas administraciones públicas, atendiendo a su contenido, puedan adoptar las medidas pertinentes”. El Gobierno de Canarias explica que, además, en el convenio suscrito con la Universidad de La Laguna se indicó que se debía priorizar la elaboración de los catálogos de las capitales insuarles de Canarias.

En este sentido, el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultura, Juan Márquez, apunta que la previsión es que el catálogo del resto de capitales insulares esté listo en marzo. “Llevamos trabajando tiempo en esto, pues las investigaciones son complejas. Lo más probable es que el siguiente sea el de Las Palmas de Gran Canaria”. Márquez insta a las administraciones públicas a cumplir la Ley de Memoria Histórica. “Ya no cabe polemizar, sino estar al lado de la democracia, de las acciones para el reconocimiento y recuperación de las víctimas del franquismo. Todas las instituciones debemos estar juntas en este asunto, independientemente del partido”, añade.

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