El exjuez plantea que los importes de las tarjetas opacas de Caja Madrid vayan destinados a un programa de memoria histórica
publico.es | Agencias | Madrid | 18-10-2014
Un numeroso grupo de juristas, encabezados por Baltasar Garzón, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a las instituciones del Estado y a la justicia el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional sobre derechos humanos para con las víctimas de los crímenes del franquismo.
Garzón ha criticado que el Gobierno “ha desoído olímpicamente estas recomendaciones y hace notar que no las va a cumplir y, sin embargo, ha conseguido estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sin hacer mucho por la cooperación y eliminando cualquier posibilidad de ayuda presupuestaria a todo lo relacionado con la memoria histórica”. Durante el primer acto de la campaña puesta en marcha por la Plataforma por la Comisión de la Verdad para movilizar a la opinión pública, a las instituciones y a los ciudadanos para que España cumpla con las víctimas, Garzón ha resaltado “la necesidad de una comisión no como una concesión sino como un derecho de las víctimas y de la sociedad española en general”.
Para el magistrado, una de las acciones más “deleznables” que puede haber en una democracia es “dejar desamparadas a las víctimas a la vez que se les llena la boca de proteger a todo tipo de víctimas salvo las del franquismo“, ya que “se está categorizando en victimas de primera, de segunda y aquellas que incluso no son reconocidas como tal”.
Definición y medios
Por ello, ha pedido al Gobierno y al resto de partidos políticos que “se definan claramente y dejen de decir palabras acomodaticias según la cámara que esté delante y que se comprometan definitivamente en favor de las víctimas del franquismo”. A su juicio, lo más urgente es “reactivar todo el apoyo económico para continuar todas las labores de reparación y continuar luego con las garantías de no repetición como sería el desarrollo de la comisión de la verdad”. Además, ha insistido en que “la justicia tome en cuenta, partiendo de la doctrina del Tribunal Supremo y de la ONU, la obligación de atender a las víctimas”. Sin embargo, Garzón ha señalado que, salvo en casos excepcionales, “los jueces se niegan a concurrir a las exhumaciones”, y ha citado como ejemplo un caso en el que la Audiencia Provincial de Valencia, y el Ayuntamiento de la localidad “le siguen exigiendo a una familia 24.000 euros para hacer frente a la exhumación de un familiar asesinado en el franquismo”, en una actitud que le parece “vergonzosa”.
Por último, ha matizado que tras el informe del relator de la ONU, la Memoria Histórica podría “empezar a tener alguna relevancia” en las directrices internacionales, pero “falta un compromiso claro y definitivo en defensa de las victimas que bastaría con interpretar las normas de acuerdo con los dictados internacionales sobre verdad, justicia y reparación”.
El exjuez, además, ha plantado que los importes de las tarjetas opacas de Bankia vayan destinados a un programa de memoria histórica y de reparación a las víctimas del franquismo, en vez de que vayan a la entidad bancaria. Garzón se ha mostrado en contra de conformarse con que, en el día de ayer, se hayan garantizado las responsabilidades civiles que el juez había impuesto por el uso de las tarjetas opacas con una póliza de seguros que contrató la propia Bankia, con lo cual “Bankia afianza el fraude cometido contra la entidad y en favor de los defraudadores”. Así, ha instado a poner en marcha en España una experiencia similar a la de Estados Unidos que ha intervenido algunos objetos de la “fortuna” de “Teodorín” Nguema para dedicar el dinero procedente de su venta a obras sociales y humanitarias.