GRANADA HOY | REDACCIÓN | GRANADA | 21-7- 2018
El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, firmaron un convenio que contiene un protocolo general de actuación para la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista y la recuperación de la Memoria Democrática.
El acuerdo, que fue aprobado en la Junta de Gobierno de la institución provincial, tendrá una vigencia de 4 años y prevé actuaciones en zonas prioritarias de la provincia, en colaboración con la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía.
En el acto estuvieron presentes también la diputada de Cultura y Memoria Histórica, Fátima Gómez; los diputados de IU Carmen Capilla y Juan Francisco Arenas y el director de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez.
El acuerdo marco establece como “tarea prioritaria” acometer la recuperación de restos en las fosas que se localizan en el Barranco de Víznar (diversas ubicaciones), los cementerios de Pinos Genil, El Padul, Castell de Ferro y Jayena, una finca particular de Chite-Lecrín y otra fosa en Tocón de Íllora.
Dichas actuaciones, en desarrollo del protocolo, se articularán mediante convenios específicos de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, los Ayuntamientos afectados, las Universidades y otras instituciones y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Granada.
El presidente de la Diputación hizo referencia a la “necesidad de recuperar y divulgar la memoria de las víctimas, que en muchos casos eran líderes sociales, lo mejor que tenía la sociedad granadina, y que fueron asesinados”.
Por su parte, Jiménez Barrios se refirió a la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que cumple un año de su implantación, y destacó el “trabajo que se está desarrollando en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. No se trata de abrir heridas sino de reparar a las familias y buscar la justicia”, subrayó.
A su vez, Fátima Gómez apuntó que “se trata de un convenio marco que va a ser el que regule el protocolo de cómo actuar entre la Diputación y la Consejería. Con cada actuación que se autorice habrá que firmar un acuerdo específico ya más ajustado. Estamos en la fase final para concretar las actuaciones que se van a llevar a cabo en la provincia y una vez que las sepamos, iremos dándole forma a cada uno de los convenios más particulares”.
Al igual que indicó Javier Giráldez, la diputada señaló que “la idea es dar respuestas a las familias de una manera u otra, bien sea con exhumaciones, homenajes o investigación sobre algo en concreto. Las posibilidades son diversas y la Ley está para contestar a todo ello y es la que marca los pasos que hay que dar en cada momento”.
Lo que sí tiene claro Fátima Gómez es que “este camino que se ha iniciado es un camino de no retorno. Ahora viene mucho trabajo para sentar las bases para que la Ley se cumpla con todas las garantías. Es verdad que hemos tardado tiempo las administraciones pero somos las que nos tenemos que poner las pilas y ahora mismo en la actualidad hay varias trabajando en este asunto, cosa que hace unos años era impensable. En la Diputación, por ejemplo, no existía el Área de Memoria Histórica y el Gobierno había dejado la Ley sin presupuestos y ahora todo esto ha cambiado. La Junta de Andalucía ya no está sola para aplicar una ley que hay que recordar que sale del consenso y en la que se han reflejado todas las sensibilidades y todo lo que cada uno en la medida de sus posibilidades ha aportado para mejorarla, lo que la convierte en la ley pionera con respecto al resto del territorio. Antes no teníamos una regulación tan exhaustiva y ahora sí la tenemos”.
El objetivo principal del acuerdo es, por un lado, aunar esfuerzos entre las administraciones y, por otro, establecer las bases que habrán de regir las actuaciones que se realicen en la provincia y que deben concretarse en la localización, excavación, exhumación, levantamiento, custodia de restos óseos y extracción de muestras biológicas para la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra; en el levantamiento de monumentos conmemorativos que honren y recuerden la historia de estas víctimas; y en la difusión e información de los acontecimientos que se desarrollaron durante este periodo en la provincia de Granada.
La Consejería de la Presidencia ha localizado y ubicado hasta ahora casi un centenar de fosas y lugares de enterramientos en la provincia de Granada, la gran mayoría sin intervención, localizadas tanto en fincas privadas como en cementerios municipales. En ellos se encontrarían alrededor de 7.000 granadinos ‘desaparecidos’.
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