El presidente de la diputación: «Es algo esperado porque siempre respetamos la legalidad». El teniente fiscal dice que «de su comportamiento no se deriva prevaricación administrativa»
EL PERIODICO EXTREMADURA | FERNANDO LEÓN ROJAS | 29-3-2017
La Fiscalía ha emitido un informe, con fecha 24 de marzo, sobre la ampliación de querella del alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de cuyo «comportamiento no se deriva delito de prevaricación administrativa», como pretende el regidor de Guadiana, según el fiscal.
El informe, elaborado por el teniente fiscal, Miguel Martín, sobre las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz, se refiere a la ampliación de querella que versa sobre «la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa».
El objeto de la querella es «la aprobación del Decreto 26.I.17, anuncio 314/17, BOP de 27.I.17, de aprobación de las bases específicas con convocatoria reguladoras de subvenciones de la Diputación de Badajoz para actividades deportivas durante el año 2017».
En concreto se refiere a dos extremos: «Elaboración/aprobación y presentación de un catálogo de vestigios de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y represión de la dictadura (franquista)». Y «el compromiso de retirada de símbolos». Y todo ello con referencia a lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, y configurándose «su incumplimiento como causa de reintegro de la subvención», como señala el fiscal jefe, Juan Calixto Galán, en un escrito para dar a conocer el citado informe, que recoge la bases 4, de solicitudes; 10, de justificación de la subvención; y 13, de control, reintegro y sanciones.
Además, indica que el artículo 15 de la Ley dice que «las administraciones, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura…./… Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».
También dice que «lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas».
Señala, además, a que «el Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las entidades locales en elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura a los efectos del apartado anterior». Aparte de que «las administraciones podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en este artículo».
Así, la Fiscalía concluye que el citado Decreto «se ajusta a lo dispuesto en la Ley. Se puede decir incluso que es un trasunto literal de la misma».
Y añade que la querella cita resoluciones del Juzgado de lo Contencioso 2 de Badajoz, órgano que «condena al Ayuntamiento de Guadiana a elaborar un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura, aunque desestima la petición de retirada inmediata de escudos, insignias, placas, derechos y honores de exaltación de la sublevación militar, pero lo fue por estimación de la excepción de desviación procesal (Nueva pretensión suscitada en la demanda no ejercitada en vía administrativa)». Y que «en cualquier caso, la retirada está expresamente previsto en la Ley».
La Fiscalía indica que «condicionar la concesión/retirada de subvenciones al cumplimiento de algo que está previsto legalmente no puede constituir delito de prevaricación administrativa». Y recuerda que estas diligencias dan cabida a una querella anterior «por el apremio del presidente de la diputación a Villafranco del Guadiana y Guadiana del Caudillo a cumplir con la Ley de Memoria, so pena de ver retiradas las subvenciones públicas», que ya fue «inadmitida».
Valoraciones / Gallardo manifestó a través de un comunicado que el archivo «es esperado, porque siempre respetamos la legalidad». Y que «la diputación siempre contribuirá a la defensa de la memoria y la reconciliación de la ciudadanía».
Recordó que «lo dije cuando a bombo y platillo, el alcalde de Guadiana anunció que ampliaba la querella, esta vez por prevaricación, y ya respondí que era una patada al aire, fundalmentalmente porque la Diputación de Badajoz, las cuestiones que resuelve siempre tiene que ver con la legalidad. Lo que pasa es que la legalidad a veces molesta al alcalde de Guadiana». Señaló, además, Gallardo que «lo ilegal es no cumplir la ley. Por ello lo que tiene que hacer el señor Pozo es cumplirla, gobernar para los ciudadanos y olvidar su obsesión con el presidente de la diputación».
Antonio Pozo, por su parte, expresó su «sorpresa y vergüenza por filtrarse un informe de Fiscalía sin conocerlo las partes». Y dijo que «si el juez va en igual sentido, recurriremos; pues el propio presidente admitió que no puede hacer esto».
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/diputacion-badajoz-exija-cumplir-ley-memoria-historica-no-es-delito_1007547.html
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GUADIANA DEL CAUDILLO IDENTIFICA 81 VESTIGIOS FRANQUISTAS EN SU MUNICIPIO
El catálogo es el primero que se hace en España desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica hace una década
HOY | MIRIAM F. RÚA | BADAJOZ | 28-3-2017
Guadiana del Caudillo reconoce 81 vestigios franquistas en su municipio, incluidos los tres por los que está peleando en los juzgados: su topónimo, el escudo preconstitucional de la fachada de su ayuntamiento y la placa conmemorativa de la visita del dictador al pueblo en mayo de 1951.
Los 81 se recogen en lo que han llamado ‘Catálogo de vestigios sobre Guadiana del Caudillo (Badajoz)’, un título que elude mencionar a la dictadura y que les ha permitido incluir el vestigio número 82, aunque poco tiene que ver con ella: su independencia como municipio en el año 2012.
Esta es la publicación, recién salida de imprenta, con la que el Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo cumple con la sentencia judicial del pasado mes de octubre, que le obligaba a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil, la sublevación militar y la dictadura en el municipio, al amparo de la Ley de Memoria Histórica.
Este es el primer trabajo de este tipo que se hace en un municipio español desde la entrada en vigor de la ley hace ya una década. Lo que suponga de cara a la batalla judicial para mantener el nombre del pueblo, la placa y el escudo es incierto, si bien, supone el reconocimiento explícito por parte del municipio de la simbología franquista.
Teniendo en cuenta que Guadiana del Caudillo es hija de la dictadura, el primer vestigio que recoge su catálogo data de 1939 y hace referencia a la ley para la colonización de grandes zonas. Prácticamente, la totalidad del contenido de su catálogo es la producción legislativa durante la dictadura vinculada al Instituto Nacional de Colonización, el Plan Badajoz y el desarrollo posterior de Guadiana del Caudillo.
Hay algunas excepciones como la inclusión del discurso de Franco en Badajoz en diciembre de 1945, su visita a Guadiana del Caudillo con motivo de la primera fase de la construcción del pueblo en 1951 –que es la que se conmemora en la polémica placa que luce en la fachada del Ayuntamiento– o el anuncio publicado en el periódico ABC en 1956 sobre una empresa de piensos compuestos radicada en el municipio.
Recopilación
Se trata, en definitiva, de un relato histórico del germen, construcción y evolución de Guadiana del Caudillo en sus sesenta años de historia. «Ha sido un gran trabajo de investigación y recopilación de la historia de nuestro pueblo, en el que hay un montón de datos curiosos que mucha gente desconocía como que la expropiación de la finca para hacer el pueblo costó 4 millones de pesetas de la época o que hubo dos decretos de constitución como entidad local menor», relata Antonio Pozo, su alcalde.
Su contenido –añade– «es tan revelador», que ha editado 1.000 ejemplares del catálogo que repartirá casa por casa a todos sus vecinos, después de que hoy pase por el pleno, y también estará disponible para consulta pública en la web municipal.
Pozo defiende la imparcialidad de su contenido. «En este catálogo no cabe la interpretación política ni partidista, se limita a transcribir los decretos, públicos y publicados en el BOE, que tienen que ver con la historia de Guadiana del Caudillo». Sin embargo, el catálogo no solo hace un inventario de los vestigios, también los analiza y los valora, a la luz del articulado de la Ley de Memoria Histórica.
«Ninguno de los vestigios publicados en este catálogo incumple con lo establecido en la Ley de Memoria Histórica». Así de categórico se expresa el autor de esta publicación, el doctor en Historia Contemporánea Luis Eugenio Togores, a quien Guadiana del Caudillo encomendó la elaboración del trabajo. Togores, autor de entre otros libros las biografías de Yagüe y de Millán Astray, defiende su conclusión justificando que en ninguno de los vestigios que recoge se exalta a los enfrentados ni antes, durante ni después de la dictadura, precepto recogido en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.
Este es el mismo argumento que ha venido defendiendo el propio Pozo. «La Ley es muy ambigua y aquí no hacemos exaltación de nada. Cuando un juez me diga que incumplo la ley, no tendré más remedio que acatarlo, pero mientras tanto seguiré defendiendo la voluntad de mi pueblo», dice, al tiempo que reconoce el tiempo y la energía que le está dedicando a este asunto y el dinero que le está costando al Ayuntamiento su defensa jurídica, a cargo del bufete Milans del Bosch.
El alcalde de Guadiana del Caudillo rehusó dar un cifra del coste del catálogo, pero anunció que solicitará la subvención que la Diputación de Badajoz ha convocado para este fin.
http://www.hoy.es/badajoz/201703/28/guadiana-caudillo-identifica-vestigios-20170328222634.html
