“El archivo histórico ha sido, por acción u omisión, destruido por el Ministerio del Interior; un holocausto documental”. Así de rotundo se mostraba esta semana el historiador Luis Antonio Ruiz Casero, en el marco de la presentación del primer monográfico sobre la cárcel de Carabanchel, el mayor penal durante el franquismo y los primeros años de la democracia. “No se ha dejado un solo papel, más allá de algunas fichas. Es una gestión documental negligente”, denunciaba.
La prisión de Carabanchel fue clausurada en 1998 y derribada en 2008 —con excepción del hospital penitenciario, reconvertido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE),— siendo Alfredo Pérez Rubalcaba ministro del Interior. Tras el cierre de la cárcel, se encontraron documentos oficiales abandonados en las antiguas dependencias. Además, explica Luis Suárez, “aparentemente el Ministerio del Interior tiene cientos de cajas no catalogadas”, algunas de la cuales “corresponderían a expedientes de presos, que es una parte interesante pero no la más relevante para reconstruir la vida interna de la cárcel”.
Memoricidio doble
Para el expreso y miembro de La Comuna – Asociación de Expresos y Represaliados por la dictadura franquista, Luis Suárez, la demolición del edificio y la pérdida del archivo suponen un “doble memoricidio: la demolición, que es un acto de cancelación histórica; y la eliminación de los archivos, que son la memoria documental administrativa”. Recuerda, además, que el artículo segundo de la Ley del Patrimonio Histórico Español afirma que es deber de la Administración del Estado “garantizar la conservación del Patrimonio”.
El monográfico sobre la cárcel, un documento que pretende reconstruir la historia de la cárcel realizado por Ruiz, ha sido promovido por la asociación a la que pertenece Suárez, una de las que integra la Plataforma por un Centro de Memoria de la Cárcel de Carabanchel. El trabajo realiza un recorrido histórico por la vida de la cárcel, incluyendo como ejes el proceso de construcción —se derribó sin llegar a terminarse—, las instituciones laterales —el psiquiátrico, hospital…— o el papel de las mujeres dentro del centro.
Al final de la dictadura, la cárcel se volvió a llenar de presos políticos, y en 1976 fue constituida la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), después de que las amnistías dejaran a mucha gente dentro de la prisión. Eran los años en los que el colectivo de personas en prisión se organizaba en comunas según su adscripción ideológica y organizativa, a través de las que impartían continuas formaciones o se generaban acciones de lucha. Durante los años 80, el dinamismo cultural ajeno a formaciones políticas concretas atravesó los muros de la prisión, con proyectos como Teleprisión o la edición de una revista donde la población reclusa relataba sus vivencias y problemáticas.
Centro de memoria pendiente
“Este monográfico es ya una piedra de un futuro centro”, considera Luis Suárez. Sin embargo, desde la Plataforma denuncian que siguen sin recibir una propuesta por parte del Estado para la creación del espacio de memoria que llevan años reclamando. El Gobierno aprobó en noviembre de 2022, en Consejo de Ministros, la creación de un espacio de memoria en la futura sede de Instituciones Penitenciarias que se levantará sobre los terrenos de la antigua cárcel.
La cárcel “nace como muere, en un proceso de especulación”, afirmó Luis Antonio Ruiz durante la presentación de la investigación que ha realizado. Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un plan urbanístico para la construcción de más de 600 viviendas sobre los terrenos de la antigua cárcel frente a las demandas del movimiento asociativo, que piden, además del centro de memoria, equipamientos para los barrios colindantes. Como finaliza el expreso y militante de La Comuna, “la recuperación de la Memoria es un deber antifascista”.
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