El sindicato solicita al Defensor que abra una investigación, señale a los responsables de la situación del inmueble y pida responsabilidades
Huelva Información | Elena Llompart | Huelva | 3-11-2015
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha admitido a trámite la queja que Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (Rmhsa) presentó en el registro de su oficina el pasado día 29 de septiembre. En ella, este grupo de trabajo creado por la CGT andaluza en 1998 alerta de la “lamentable” situación de la antigua cárcel de Huelva, lo que supone un “insulto a la Memoria Histórica y la dignidad política”.
En la queja, firmada por el coordinador del colectivo, Cecilio Gordillo, se insta al Defensor a iniciar de forma urgente una investigación y a señalar a los responsables de la “dejación y abandono del patrimonio público”. De forma paralela, la CGT le pide a Maetzu que exija a los representantes de las distintas administraciones la búsqueda de “una rápida solución que ayude a detener el deterioro galopante de dicho edificio”. Y por último, que impida “cualquier tipo de actuación de carácter especulativo en los terrenos que ocupa el inmueble”.
La admisión a trámite de la petición se produce al mes de que la Concejalía de Urbanismo diera un ultimátum al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, titular del edificio, para que tome “medidas cautelares urgentes”, traducidas en una limpieza general del espacio, además de acometer actuaciones para asegurar la seguridad a todos los niveles, tanto para el vecindario que le rodea como para el propio bien, objeto de continuos destrozos y saqueos. Entre estas últimas medidas, figuran el arreglo de las cubiertas y otros elementos estructurales, así como el cerramiento de todos los accesos, puertas y ventanas para impedir la entrada de personas.
Aunque en un principio el Consistorio anunció que el plazo concedido a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, era de un mes, fuentes municipales señalaron ayer que el plazo es de dos meses, por lo que finalizará el 25 de diciembre. Este diario está a la espera de una respuesta del Ministerio sobre la actuación a acometer en esta infraestructura.
A juicio del colectivo, el proceso que se inicia ahora al dar curso Maeztu a la queja de la asociación no debe impedir que las instituciones con responsabilidades en este asunto frenen “urgentemente” el deterioro del inmueble y pongan los medios técnicos y económicos para su rehabilitación y dignificación como estaba previsto en su momento. La CGT señala como competentes al Ministerio del Interior, al Ayuntamiento, así como a la Junta de Andalucía.
No en vano, el colectivo recuerda que en noviembre de 2014 Diego Valderas, entonces vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, señaló a la antigua cárcel como Lugar de Memoria de Andalucía, por lo que la Administración autónómica -concretamente la actual Consejería de Cultura, que cuenta con una Dirección General de Memoria Democrática- también debería tomar cartas en el asunto.
Para Rmhsa la situación del inmueble supone “un insulto a la memoria histórica colectiva”, por lo que ese edificio representa de represión selectiva del régimen franquista. Así, recuerda el colectivo que entre 1936 y 1978 la cárcel onubense tuvo como ocupantes preferentes a homosexuales. Este hecho fue reconocido en junio de 2005 por Instituciones Penitenciarias, cuando su entonces directora general, Mercedes Gallizo, descubrió una placa que reza: “Injusta por causa de una orientación afectiva diferente”.
En opinión de Rmhsa, “cuando se coloca una placa de estas características se asume una responsabilidad política y pública y no solo se trata de hacerse la foto y salir corriendo”.
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