REBELION.ORG | ENRIC LLOPIS | 19-7-2017
El municipio leonés de Priaranza del Bierzo representa una de las banderas en la batalla por la memoria. En octubre de 1936 una partida de falangistas asesinó a 13 civiles republicanos, arrojados después a una fosa común. Los trabajos de exhumación permitieron el 28 de octubre de 2000 recuperar los restos de las 13 víctimas. Nació entonces la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que en su página Web hace balance de la labor: ha promovido, entre 2000 y 2015, las exhumaciones en más de 150 fosas; las tareas han permitido, según la asociación, rescatar a 1.400 víctimas. Ya han transcurrido 17 años desde las primeras excavaciones con métodos científicos y el Ayuntamiento de Guadalajara acaba de reclamar 2.057 euros a Ascensión Mendieta, de 91 años, por la exhumación de su padre; se trata de Timoteo Mendieta, un sindicalista fusilado en 1939 y soterrado con otras 30 víctimas en una fosa del cementerio alcarreño. Tras desenterrar los restos del progenitor gracias a la justicia argentina, Ascensión Mendieta pudo finalmente darle sepultura el pasado dos de julio, en el cementerio madrileño de La Almudena. La decisión del consistorio de Guadalajara, regido por Antonio Román, del PP, ha desatado una fuerte polémica.
El gobierno del PSOE aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica. Las asociaciones señalaron las insuficiencias de la legislación, pero también reconocieron que suponía un avance. Con la llegada de los gobiernos del PP, el estado de cosas se revirtió, hasta el punto que los colectivos de familiares y activistas denuncian que, desde 2013, no se ha desinado un solo euro a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. A ello se agregan declaraciones como las del actual vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado: “Los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la guerra del abuelo; con las fosas de no sé quién y con la memoria histórica”; o las palabras, en el canal ultraconservador 13 TV, del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando: “Algunos se han acordado de su padre, cuando al parecer había subvenciones para encontrarlo”. El pasado mes de mayo el Ministerio de Justicia informó de las últimas cifras respecto a las fosas comunes en el estado español: 2.457, de las que 1.221 continúan sin abrirse. Sin embargo, la ARMH considera que la cifra de fosas podría ser muy superior.
El Mapa de Fosas del País Valenciano contabiliza cerca de 400 fosas comunes, con víctimas registradas durante la II República, la guerra de 1936 y la dictadura. El estudio de referencia para el periodo es “Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)”, en el que el historiador Vicent Gabarda computa 6.087 víctimas de la represión franquista durante las dos décadas analizadas; la cifras más destacadas son las de ejecutados (4.714) y reos muertos en penales (1.165). Comités locales, miembros de las colectividades agrarias, obreros de la industria socializada, militares, comerciantes, labradores y gente de leyes, entre otros, “fueron pasados por las armas” acusados de afinidad republicana, resalta Gabarda. El 41,7% de las ejecuciones en el País Valenciano se produjeron en 1939, por efecto de la regularización de la represión, la euforia tras la victoria fascista y las venganzas. El historiador señala que los ejecutados tras la guerra en el País Valenciano representan el 2,34 por mil de la población total, cifra muy superior al 1,12 por mil de Cataluña. “Aquí no había unos Pirineos para poder escapar, ni barcos que permitiesen la huida”, concluye Vicent Gabarda.
El libro “Els afusellaments al País Valencià” señala de modo especial un municipio, Paterna. En esta localidad de la comarca de L’Horta se produjeron 2.237 ejecuciones. Allí, en los muros del cementerio, fue fusilado en 1941 el catedrático de Medicina, rector de la Universitat de València y diputado por el Frente Popular, Juan Peset Aleixandre; en el campo de tiro de Paterna fue ajusticiado Joan Peiró, vidriero, anarcosindicalista y ministro de Industria durante la presidencia de Largo Caballero. Pero no todo fueron personalidades de la política, la ciencia y el sindicalismo. En agosto de 1942 resultó ejecutada, tras un Consejo de Guerra, María “La Jabalina”, una joven miliciana anarquista, trabajadora en la siderurgia de Sagunto y que participó en la “Columna de Hierro”. En una fosa común del cementerio de Paterna terminaron los restos del labrador de Massamagrell José Celda Beneyto, fusilado en septiembre de 1940 junto a 39 vecinos de este municipio valenciano. Muchos otros “anónimos” pasaron por el mismo trance.
El Cementerio de Paterna constituye uno de los “espacios” de memoria más importantes del País Valenciano. En este camposanto permanecen soterradas más de 2.200 víctimas republicanas. Las tareas de exhumación en la mayor fosa, la 113, concluyeron el 18 de julio. En la fosa 113 se han contabilizado 49 víctimas de la represión franquista, tras un fusilamiento ocurrido el 18 de enero de 1940. Los especialistas plantean, como hipótesis de trabajo, que podría ser obra de la guardia civil, por los proyectiles de subfusil utilizados. Buena parte de los represaliados se adscribían o militaban en la izquierda republicana, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. “La 113 es la fosa más importante de cuantas se han abierto en el País Valenciano”, subraya el director arqueológico, coordinador de las excavaciones y miembro del grupo ArqueoAntro, Miguel Mezquida. Pero agrega que existen como mínimo otras 60 fosas en el cementerio de paterna, aunque la cifra podría elevarse hasta un centenar (las de mayor dimensión, podrían acoger entre 130 y 140 víctimas).
Las tareas de recuperación en la Fosa 113 corren a cargo de la Asociación Científica ArqueoAntro, que desarrolla los trabajos a instancias de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Franquismo en la Fosa 113. La Diputación de Valencia financia las exhumaciones. El antropólogo forense y miembro de la asociación ArqueoAntro, Javier Iglesias, destaca la “complejidad técnica” de las excavaciones en la mencionada fosa. En primer lugar porque se trata de un espacio muy reducido (cuatro metros cuadrados y algo más de dos metros de profundidad). Además, los cuerpos aparecían maniatados, tal como los arrojaba el enterrador, y en muchos casos con los miembros y extremidades (brazos y piernas) entrelazados. En cuanto a los restos, se trasladarán -manteniendo la cadena de custodia- a la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense. Otro punto de interés son los elementos asociados a los esqueletos de la fosa 113: gafas, sacapuntas, carteras, tabaqueras, monedas, lápices, ropa de invierno y papel de fumar, entre otros objetos.
Javier Iglesias resalta la implicación de 27 familias para que se llevaran a término las excavaciones en la fosa 113. “Han movido cielo y tierra para pedir ayuda, también hablando con los políticos”. El co-director de los trabajos y arqueólogo, Alejandro Calpe, subraya el “efecto llamada” al difundirse en los medios las excavaciones en el cementerio de Paterna. Así, 40 familias han pedido desenterrar los restos de sus parientes en el camposanto. En la mencionada fosa ha colaborado, como voluntario, Alejandro Lara. Gente conocida le ha preguntado por qué razón están removiendo el pasado y reabriendo heridas, pero otros muchos, afirma el joven arqueólogo, respaldan las tareas de recuperación y han visitado la zona de actuaciones.
La asociación ArqueoAntro ha realizado asimismo trabajos de exhumación en la fosa 82 de Paterna, con subvenciones de la Diputación de Valencia. Se trataba de recuperar los restos de 20 fusilados en octubre de 1939 (en este año y 1940 se produjeron el 74% de las ejecuciones de la posguerra en el País Valenciano). Pero en una primera fase de las indagaciones los arqueólogos hallaron, no la veintena de restos mortales que se esperaba en una fosa, sino fosas individuales con dos víctimas de la represión. De ahí que la investigación continúe en otro “hueco” a 15 metros, la fosa 92. “Tal vez encontremos allí los 18 cadáveres restantes –augura Miguel Mezquida-, posiblemente muchos de ellos militantes de la CNT”. La mayoría de las víctimas procedían de municipios agrícolas de la provincia de Valencia, como Benifaió, L’Alcúdia y Oliva. Las tareas en la fosa 92 comenzarán previsiblemente el 25 de julio.
Además, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Universidad Complutense, la asociación ArqueoAntro y otras entidades realizan exhumaciones de soldados –presumiblemente republicanos- desaparecidos en el Frente de Levante, sobre todo en la Sierra del Toro (interior sur de la provincia de Castellón). El punto álgido de los combates en la zona sucedió en la segunda mitad de 1938. Los arqueólogos han centrado las pesquisas en Bejís (Castellón), El Toro (Castellón) y Abejuela (Teruel), entre otros municipios. En 2013 comenzaron las tareas, desarrolladas en 16 fosas. El próximo mes de septiembre el grupo ArqueoAntro y la Asociación Pozos de Caudé realizará una exhumación en el municipio de Villastar, cerca de Teruel, donde esperan hallar a siete víctimas de una “saca” perpetrada en agosto de 1936.
Una punto de interés en el País Valenciano es el cementerio municipal de Ontinyent, donde el pasado 19 de mayo el grupo Paleolab en colaboración con el consistorio, la Diputación de Valencia y la Comissió per a la Recuperació de la Memòria Històrica recuperaron los cuerpos de una decena de represaliados por el franquismo. Después de ser fusiladas, a las víctimas se les enterró en una fosa común, y a continuación fueron trasladadas a un nicho anónimo. A subvencionar proyectos de recuperación de la memoria histórica la Diputación de Valencia dedicó 213.000 euros en 2016, cifra que ha aumentado hasta los 233.000 euros en la convocatoria de 2017. Sin embargo, el pasado 11 de julio la corporación provincial anunció que la inversión se elevaría finalmente hasta los 500.000 euros. Además, las Cortes Valencianas tramitan actualmente el Proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia, que promoverá la recuperación e identificación de los restos de las víctimas y autorizará las exhumaciones. Otra medida que figura en la ley es incluir la “memoria democrática” en los currículo de la educación secundaria, el bachillerato y los planes de formación del profesorado.
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