bez.es | Paloma Fidalgo |27-5-2016
Sigue su curso el proceso para recuperar los restos del poeta García Lorca y las tres personas fusiladas junto con él: el maestro de escuela Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí.
La CNT se ha incorporado, en calidad de familia política, como demandante para reclamar la búsqueda de estos dos últimos. “La mayoría de las leyes de memoria histórica establecen que la petición ha de hacerla la familia de sangre, pero no debería ser así”, afirma Sonia Turón, secretaria de Cultura de la organización.
Repasemos los hechos: el trabajo se inició por encargo de la Junta de Andalucía a un equipo liderado por el arqueólogo Javier Navarro y el historiador Miguel Caballero, que siguen una línea de investigación distinta a aquella por la que en su día se guió Ian Gibson, ubicando el lugar donde el grupo pudo encontrar su aciago final en unos pozos de Alfacar (Granada). “Era una zona que se utilizaba como campo de fusilamiento. En un barranco cercano, está documentado que hay restos de 350 cuerpos fusilados. No ha pasado en estos años, pero una tormenta fuerte podría arrastrarlos y hacerlos desaparecer. Sería bonito preservarlos y convertir esa zona en lugar donde honrar la memoria de los ejecutados en el franquismo”, explica Navarro.
A raíz de las elecciones de mayo de 2015, el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, paralizó la excavación, instando al equipo de Navarro y Caballero a tramitar la petición para seguir sus trabajos a través de una asociación de memoria histórica, el procedimiento administrativo que en lo sucesivo habría de seguirse en esta materia en Andalucía, una comunidad donde hay más de 600 fosas con miles de desaparecidos por el terror franquista. El entonces nuevo ejecutivo aseguraba tener entre sus planes hacer de la memoria democrática un importante pilar de su Consejería de Cultura, a cuya cabeza se encuentra Rosa Aguilar. Pero, por ahora, 2015 ha resultado una travesía en el desierto: ni se ha aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática que lleva casi un año en trámite en el Parlamento Andaluz, ni se han mantenido las subvenciones que estaban previstas.
Por el maestro Galindo
En cualquier caso, fue así como entró en la ecuación la Asociación Regreso con Honor, que lidera el propio Navarro. “He llegado a preguntarme por qué continuamos con esta búsqueda si ni la Junta de Andalucía ni la familia de Lorca nos apoyan. Pero, tras consensuarlo con el resto del equipo, seguimos porque al menos hubo otros tres fusilados con él -pudieron ser más-, y me atrae mucho la causa libertaria del maestro Galindo, que murió por defender una escuela laica”, reconoce del arqueólogo.
Ahora, “un gabinete jurídico está elaborando la solicitud que en pocas semanas presentaremos a la Junta, y recopilando el expediente escolar de Galindo, que se encuentra en gran parte en el archivo de Alcalá de Henares”. Será la petición de exhumación de los restos del maestro que firmará una de sus nietas, acompañada del ADN de esta, y, según una decisión tomada hace unos días, también se presentará una solicitud de exhumación de los cuerpos de los banderilleros que tiene a la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) como demandante.
“La CNT hace esta petición como familia política de los dos banderilleros asesinados”, afirma Sonia Turón. El organismo intercede a petición del equipo de investigación, “aunque ya seguíamos el proceso de cerca”, y “ampliamos la petición de exhumación a que la forma de dignificar los restos una vez encontrados no sea meterlos bajo una lápida católica ni republicana, porque los banderilleros no eran republicanos, aunque a menudo se mezclen todos los conceptos”.
A la CNT le genera recelo esa medida de la Junta según la que las peticiones de exhumación deben canalizarse a través de asociaciones de memoria. “Seguramente se haga así porque los grupos son más controlables”, opina Turón. También critica que “la mayoría de las leyes de memoria histórica establezca que deba ser la familia de sangre la que tenga actuar para que se exhumen los restos, lo cual limitaría nuestro papel en este caso. Vemos varios problemas en relación con ello: la familia no tiene por qué comulgar con las ideas de la persona fusilada, y todavía existe miedo a hacer estas peticiones”. Añade que “las instituciones se escudan en la Ley de Amnistía de 1977 para no investigar estos casos, lo que termina convirtiendo esa norma en una ley de punto final. No estamos haciendo las cosas bien. La propia ONU ha condenado la gestión española de la memoria histórica, y las trabas a las exhumaciones. Somos el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, en fosas comunes sin desenterrar”.
Una ley envenenada
También Amnistía Internacional España considera que un Estado democrático como el español no puede seguir permitiéndose una Ley de Amnistía como la que, por razones históricas, se tuvo que aprobar en la Transición. Ignacio Jovtis, investigador de la organización en temas de Memoria Histórica, lamenta que “España no solo no investiga sino que no deja investigar. La de la Ley de Amnistía es una de las excusas que se pone con más frecuencia para no trabajar por la memoria histórica, cuando las instancias internacionales han establecido que una ley de estas características no puede ser óbice para que se restablezca la verdad, memoria y justicia de los desaparecidos. Y teniendo la oportunidad, el poder legislativo nunca la ha derogado”.
Tampoco parece que el Poder Judicial esté muy por la labor de abrir fosas. “Los jueces no tienen la iniciativa de investigar, y el Tribunal Supremo instó a Garzón a dejar de hacerlo al haberse aprobado una Ley de Memoria Histórica, cuando también las instancias internacionales indican que una cosa no sustituye a la otra”. Y ni mucho menos el poder ejecutivo se salva de la quema. “Ninguna comunidad autónoma ha actuado correctamente en este terreno en todos estos años. Y, recientemente, el Gobierno central ha puesto trabas a la investigación, por ejemplo, de la jueza argentina María Servini, que tiene una causa abierta contra los crímenes del franquismo”. No ayuda que el Gobierno de Mariano Rajoy haya reducido a cero la dotación presupuestaria de la materia. “Demuestra que la economía está por encima de los derechos humanos”.
http://www.bez.es/936063051/La-CNT-se-incorpora-a-la-peticion-de-exhumacion-de-los-restos-de-Lorca-Galindo-Arcollas-y-Galadi.html
