La izquierda apretará en el Congreso para que la Ley de Memoria repare económicamente a las víctimas

Fuentes de Unidas Podemos señalan que buscarán que se declaren nulos los epígrafes de la norma de 1977 que perdonan los delitos y faltas cometidos por autoridades, funcionarios o agentes de orden público

Desde EH Bildu tampoco ven con buenos ojos que la «reparación» que contempla el texto sea «de carácter simbólico-administrativo», por lo que buscarán también que el Estado responda a nivel patrimonial

ascastrillo@infolibre.es /26/07/2021 a las 06:00
 
 Casi un año después de su presentación pública, la nueva Ley de Memoria Democrática ya está lista para iniciar su tramitación parlamentaria. Será un proceso relativamente lento y, con toda seguridad, cargado de tiras y aflojas entre los diferentes grupos políticos. La derecha ha repudiado el texto de arriba a abajo y la izquierda celebra el «paso adelante»  pero cree que tiene lagunas. Tanto los socios de Gobierno como el resto de partidos del espectro progresista coinciden en señalar a infoLibre que apretarán durante la tramitación parlamentaria en varios frentes. El primero, el judicial, con la Ley de Amnistía de 1977 como principal escollo. Pero también hay intención de abrir el melón de la reparación económica de las víctimas, otro de los puntos negros que ven en un texto que las asociaciones memorialistas consideran tibio y que les gustaría enmendar a través de los grupos en la Cámara Baja.

El nuevo texto supone un salto en varios aspectos respecto a la legislación existente hasta la fecha, la del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de ellos es el judicial. La Ley de Memoria Democrática contempla la nulidad de la justicia represiva, de todas esas condenas o sanciones dictadas «por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa», si bien desde ERC exigen que dichas resoluciones se declaren «ilegales». También recoge la creación de una Fiscalía especializada que investigue hechos de la guerra y la dictadura que puedan ser constitutivos de violaciones de derechos humanos. Lo que no está claro, y esa duda el Gobierno todavía no ha sido capaz de resolverla, es el margen de maniobra que tendrá esa sala del Ministerio Público para trabajar con el marco legal actual.

Ese es, justamente, uno de los puntos en los que tratarán de apretar los grupos de la izquierda durante la tramitación parlamentaria. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que es necesario meter mano a la Ley de Amnistía, que junto con la sentencia del Supremo de 2012 se ha convertido en un muro infranqueable con el que se estrellan continuamente las víctimas cuando tratan de sentar en el banquillo a sus verdugos. Por eso, desde Unidas Podemos o EH Bildu ya avanzan que tratarán de abrir el melón de la norma de 1977. En concreto, la formación morada insistirá en derogar los dos puntos del artículo 2 que libran de asumir responsabilidades por «los delitos y faltas» que pudieran haber cometido autoridades, funcionarios y agentes del orden público. Fue uno de los motivos por los que la justicia rechazó investigar al exagente de la Brigada Político-Social Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño.

«La nueva ley tiene que acabar de una vez por todas con la impunidad franquista», dicen desde la formación vasca. No obstante, EH Bildu no se queda ahí. También pone el foco en la reparación. En este sentido, el texto levanta un muro de bloqueo a nivel económico. Nada que produzca «efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, administraciones públicas o particulares» ni dé lugar a «reparación o indemnización de índole económica o profesional». «Falta incluir el derecho a reclamar la reparación económica por parte de las víctimas del franquismo que aún no hayan sido reparadas», coinciden desde Unidas Podemos. Algo que también comparte ERC: «Hay que retornar todo el patrimonio moral y económico a las familias». Según fuentes del Ejecutivo, desde 1977 se han producido compensaciones en este sentido por valor de 21.600 millones.