TELEPRENSA | EUROPA PRESS | 13-3-2018
El Consejo de Gobierno de la Junta ha designado este martes la Comisión Técnica que investigará la desaparición de fondos documentales públicos durante el periodo de aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que abarca la Guerra Civil, la Dictadura franquista y transición a la democracia hasta la aprobación de la Constitución.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el nuevo órgano, cuya creación está prevista en dicha norma, impulsará asimismo las medidas necesarias para la protección del material que se recupere ante riesgos de deterioro, sustracción, destrucción u ocultación.
La Comisión Técnica estará integrada por las personas titulares de las direcciones generales de Memoria Democrática (presidencia); Innovación Cultural y del Libro (vicepresidencia), dos profesionales adscritos a la primera de ellas, y otros tres del sistema archivístico de Andalucía.
La investigación que desarrollará la comisión será una de las principales líneas de trabajo del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que actualmente elabora la Junta para dar cumplimiento a la ley aprobada por el Parlamento autonómico el pasado año.
Entre sus medidas, centradas en garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación, destacan las relativas a indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía; recuperación de documentos y testimonios orales; suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de la Administración autonómica, los familiares de víctimas, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España, si bien la Junta recuerda que “a partir de 2012 se cancelaron las iniciativas y partidas presupuestarias estatales en esta materia”.
Según el Ejecutivo que preside Susana Díaz, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía representó en 2017 “el último hito de una larga trayectoria que ha colocado a la comunidad en la vanguardia del reconocimiento de estas víctimas en España”.
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