La Memoria Histórica en Extremadura, despacito

Los municipios con referencias franquistas van cumpliendo la ley, pero les cuesta llegar a un acuerdo

HOY.ES | J. LÓPEZ-LAGO | 30-6-2017

En Guadiana del Caudillo han realizado este año su propio catálogo de vestigios históricos, pero de mala gana, solo para cumplir con la Ley de Memoria Histórica y tratar de impedir el bloqueo de subvenciones. En Peraleda de San Román ya cumplen esta ley, pero el alcalde tiene sus reservas sobre cómo se ha elaborado la lista de calles a erradicar. En Navalmoral de la Mata sus concejales abordaron el asunto en mayo, pero se enzarzaron en discusiones y ahí siguen las placas dedicadas a Franco, Sanjurjo o Queipo de Llano.

Pasito a pasito y siempre despacito, como la letra de moda de Luis Fonsi. Así se está produciendo la transición en el callejero de muchos pueblos extremeños que aún contenían referencias a la dictadura y que, por tanto, incumplen la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, impulsada por el gobierno socialista de Zapatero y por la que se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica. A finales de este 2017 cumplirá diez años sin que se pueda afirmar que está siendo respetada, aunque las obligaciones ya estén en la agenda de prácticamente todos los municipios.

En Santibáñez el Alto, que al menos tiene cinco calles dedicadas a Franco y sus generales, su alcalde, el socialista Valentín Porras, afirmó que la carta del abogado Eduardo Ranz recordándole que debía renombrar el callejero bajo amenaza de denuncia surtió efecto el verano pasado. Según explican desde el Ayuntamiento de este pueblo de Cáceres de 341 habitantes, el pasado invierno celebraron el pleno por el que las calles relacionadas con personajes del franquismo recuperaron su anterior denominación.

Así, la dedicada a Queipo de Llano ahora se vuelve a llamar calle Las Parras; la del general Mola es la Calzada de las Eras; la de Jose Antonio, calle del Cristo; la del general Aranda, Las Lanchaleras, y el Paseo Calvo Sotelo es actualmente el Paseo del Nogal. Y añaden que no hay mayor problema para que las cartas lleguen a casa de los vecinos, que era una de las razones por la que algunos alcaldes no veían oportuno renombrar las calles de su pueblo.

Desde que las cartas conminatorias a cumplir la ley por parte de este abogado madrileño llegaron a los buzones de centenares de ayuntamientos españoles, unos y otros han ido modificando su callejero con más o menos interés.

Al margen del caso de Guadiana del Caudillo (2.540 habitantes), uno de los casos más mediáticos, pues no se pone en entredicho la denominación de una avenida sino el nombre del pueblo (incluso se votó esta cuestión en 2012 y salió que no se cambiara), existe otro topónimo polémico a pocos kilómetros, el de Villafranco del Guadiana, con el que el abogado Eduardo Ranz sigue pleiteando hasta ahora sin éxito.

Pero la lista de municipios extremeños en la que Ranz puso la lupa fue más amplia. Abarcaba desde pueblos diminutos como Ruanes, con 67 habitantes, a otros de 17.200 como Navalmoral de la Mata, cuyos ediles son incapaces de ponerse de acuerdo en cómo cumplir la ley. No coinciden al identificar los vestigios franquistas, lo que está demorando su erradicación.

En la población morala, que volvió a recuperar el PSOE hace dos años, el asunto finalmente llegó a pleno en mayo sin que la sesión concluyera con una redefinición del callejero. Las discrepancias se evidenciaron con la diferencia de mociones presentadas por el grupo socialista e IU y la visión diferente que tienen sobre el tema el resto de grupos municipales. Hasta tal punto que la moción del PSOE fue rechazada con los nueve votos que suman PP, independientes y Ciudadanos frente a siete a favor y una abstención.

«Es inadmisible que Queipo de Llano continúe figurando en el callejero 42 años después por la desidia de los gobiernos de PSOE y PP», lamentó el concejal de Izquierda Unida al término de la sesión plenaria, donde la representante de Ciudadanos declaró que a esta ley «le falta un punto de concreción».

Las dudas sobre Castejón

En Peraleda de San Román (Cáceres, 316 habitantes), su alcalde, Rafael Brasero, explicó a este diario que en marzo celebraron el pleno en el que se atendió el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Entre otros referentes tenían el Ayuntamiento en la Plaza general Franco, que mandaba sus cartas con este remite. Desde mayo el lugar ha empezado a llamarse Plaza de España.

Allí, para reemplazar a los militares franquistas y otras figuras de la Falange, se han elegido nombres de personas nacidas en Peraleda de San Román en homenaje a los paisanos, como Mina Marialina o Felicidad Montero Pleite, que sustituyen a José Antonio y Queipo de Llano respectivamente. Otras son parajes, como La Puente de Gualija por Calvo Sotelo, o Cancho Valdecastillo por el general Yagüe, por citar algunos ejemplos.

Pero este regidor popular ha ido más allá y ha borrado también al general Castejón, al que según Brasero no se aludía en el escrito de Ranz cuando los denunció, pese a que Castejón sí sale en los datos del Catastro que el abogado ha usado para localizar todo aquello que recuerda a la dictadura.

Este alcalde extremeño entiende que Castejón (apodado ‘el carnicero de Zafra’) es otro general vinculado a Franco, pero opina que el abogado madrileño no lo ha incluido porque el general Castejón es el abuelo de Pedro Sánchez, el actual secretario general del PSOE, partido que precisamente impulsó la Ley de la Memoria Histórica. Sobre este parentesco hay dudas, no obstante, ya que en realidad el segundo apellido de Sánchez es Pérez-Castejón.

En cualquier caso, no pudo haber debate cuando se acordó eliminar a Castejón del callejero de Peraleda de San Román porque los ediles socialistas no se presentaron a aquel pleno del 1 de marzo y el cambio se aprobó por unanimidad.

Brasero se propuso atender la demanda por dos razones. «La ley hay que cumplirla siempre, aunque no siempre sea justa», dice. «La otra es que no queremos que este señor (Ranz) gane un solo céntimo sin moverse del despacho, solo examinando el Catastro y enviando cartas».

«Es complejo»

Otros pueblos señalados por las misivas del abogado Ranz son Berrocalejo (113 habitantes), donde se pidieron ideas a los vecinos para redefinir algunas de sus calles. La de Queipo de Llano ahora es El Pilón, o Caídos por la Patria es la calle Alegría; Casas de Don Antonio (129 ) o Peñalsordo (1.024), donde en agosto del año pasado ya informaron de que los vecinos no querían cambiar el nombre del Generalísimo y ahora reconocen que han iniciado los trámites y el pleno para cumplir con la Ley es inminente.

En Ruanes (67 habitantes) hace diez meses aseguraban que no habían recibido escrito alguno, pese a que su callejero exhibe vestigios de la época franquista. Al final, los han hecho desaparecer, aseguró una trabajadora municipal.

Y es que en los pueblos pequeños no han sido demasiado conscientes de esta ley que lleva casi diez años en vigor. Miguel Carlos González, primer edil de Santa Cruz de Paniagua (330 habitantes) cuenta que se enteró cuando el abogado madrileño llevó el asunto hasta el Tribunal contencioso-Administrativo y solo cuando abordaron los cambios Ranz retiró la demanda. «Hemos modificado dos, la de general Mola ahora se llama general y la de Queipo de Llano, calle del Llano, para que la gente las identifique a la primera».

Por su parte, el alcalde socialista de Navalvillar de Ibor (443 vecinos), Javier Díaz, asegura que no han tenido tiempo hasta ahora, pero afrontará los cambios que haya que hacer. «Desde el primer momento hemos querido cambiarlo (allí el PSOE gobierna desde 2015), pero teníamos muchas otras prioridades que atender para no perder subvenciones. Además, esto del cambio de calles es más complejo de lo que parece», decía esta semana.

En general, la mayoría de alcaldes interpelados afirma que no existe un clamor popular para que cambien estas denominaciones, pero que espoleados por la amenaza de denuncia han dado el paso. Muchos han recuperado los nombres anteriores o han recurrido a genéricos como Plaza de España, avenida de la Constitución o calle de la Libertad.

No obstante, la tarea no se acaba en la aprobación en pleno por parte de la corporación municipal. Según Rafael Brasero, queda el trabajo de realizar las comunicaciones. «Si cambias una calle hay que comunicarlo al Catastro, a Telefónica, a Iberdrola, al Instituto Nacional de Estadística…, hasta a Google lo queremos comunicar nosotros, y hay que tener en cuenta que en un ayuntamiento como este solo hay un auxiliar administrativo y el secretario lo compartimos con otro pueblo, así que lo vamos haciendo como podemos».

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