La participación activa y destacada de grandes los terratenientes de la Vega del Guadalquivir en el golpe de Estado del 18 de julio y en la posterior represión militar-fascista.
Ramón Barragán Reina, Historiador. 18 de julio de 2021 para “todos (…) los nombres”.
Desde el primer momento de la sublevación funcionó a la perfección la alianza de los militares con los grandes terratenientes, que –a su vez– contó con el apoyo decisivo del pequeño y mediano campesinado, de toda la oligarquía sevillana, de todos los grupos políticos de extrema derecha, de la mayoría de los votantes de la derecha (la CEDA) y de la Iglesia Católica sevillana. Esta alianza, que se dio muy especialmente en Sevilla (tierra de terratenientes), es la expresión más clara de la opción realizada por la oligarquía española en 1936, tras las elecciones de febrero, para recuperar de nuevo la hegemonía de clase en la sociedad española. La oligarquía terrateniente participará, hace 85 años, en el golpe del 18 de julio contra el orden constitucional republicano y jugará un importante papel en la represión, la guerra y la construcción del Nuevo Estado, o sea, la Dictadura de Franco. Hemos de tener en cuenta que los propietarios de fincas, agrupados en Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas (ANPFR), auténtico frente antirrepublicano y antirreformista, vieron siempre a la República como una amenaza, por la medidas a favor de los trabajadores del campo (salarios, ley de Términos Municipales, de Laboreo Forzoso, Jurados Mixtos locales y provinciales y otras muchas) y por la Reforma Agraria, sobre todo, a pesar de la escasa implantación de la misma en Sevilla y, aún menor, en la comarca de la Vega del Guadalquivir.
Y como todo estaba bien preparado y la alianza era sólida, el gobierno de la ciudad y de la provincia de Sevilla recayó inmediatamente en terratenientes nombrados por Queipo de Llano, los cuales eran grandes propietarios en la comarca de la Vega: Ramón de Carranza Gómez fue convertido en alcalde de Sevilla (1936-1938) y jefe de una columna militar; Pedro Parias González, en gobernador civil de la provincia (1936-1938), y Joaquín Benjumea Burín, en presidente de la Diputación Provincial. Todos ejercieron sus cargos en los momentos más intensos de la represión militar-fascista, iniciada el mismo 18 de julio.
Ramón de Carranza, marqués de Soto Hermoso, capitán de corbeta retirado y gran propietario agrícola de la finca El Gordillo en el municipio de La Rinconada, colaboró activamente en la liquidación sangrienta de la resistencia obrera en Sevilla y destacó por su represiva forma de proceder en la conquista de los pueblos al mando de una columna de falangistas y guardias civiles, que llevaba su nombre. El propio Queipo lo consideraba “más guerrillero que marino y alcalde y un bravo que manda un grupo de bravos”. Como Alcalde redujo drásticamente el número de escuelas públicas para ahorrar gastos municipales. Franco lo premió con la Medalla Militar el 13 de octubre de 1936 y lo nombró, más tarde, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla (1946-1961) y procurador en Cortes franquistas entre 1946 y 1949.
Pedro Parias, coronel retirado de Caballería, cacique de Castilleja del Campo y gran propietario agrícola en Alcalá del Río, fue firmante del amenazante bando de 19 de julio (dictado por Queipo de Llano), asesoró a Queipo en la elección de alcaldes y de otros colaboradores idóneos en los pueblos y participó muy activamente en la represión desde su cargo político hasta su fallecimiento en 1938. Durante la Dictadura de Primo de Rivera había sido presidente de la Diputación de Sevilla.
Joaquín Benjumea, propietario del cortijo El Castellón de La Rinconada y con intereses en empresas sevillanas, participó en la Junta Técnica Provincial y en la Junta Técnica de Falange antes de aceptar el cargo de presidente de la Diputación. Posteriormente, en mayo de 1938, será: jefe del Servicio Nacional de Regiones Devastadas, cargo que simultaneará con el alcalde de Sevilla entre noviembre de 1938 y julio 1939; director del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional entre marzo y octubre de 1939; ministro de Franco durante doce años (de 1939 a 1951, de Agricultura, Trabajo y Hacienda), y gobernador del Banco de España desde 1951 hasta 1963, año en el que murió. Él y el terrateniente sevillano, Luis Alarcón de la Lastra (1891-1971), conocido por su oposición frontal a la República, activo miembro del Partido Agrario Español (PAE), de las patronales agrarias y elemento importante en la alianza de los militares con los latifundistas, fueron los cerebros de la economía de guerra implantada por Queipo y activos reorganizadores de la vida administrativa y económica de la Dictadura totalitaria de Franco a partir de 1939 en Madrid. Luis Alarcón fue Ministro de Industria y Comercio entre 1939 y 1940.
No se quedaron atrás otros activos terratenientes, enemigos de la República. José Huesca Rubio, propietario agrícola en Tocina, miembro del PAE, defensor de los intereses de los terratenientes sevillanos, estuvo vinculado al proyecto del canal de riegos de la Vega desde 1906, siendo presidente de la Comunidad de Regantes del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir desde 1933. Fue confirmado en el cargo por Queipo en noviembre de 1936, nombrando como delegado militar a Gonzalo Briones Medina. Adolfo Rodríguez Jurado de la Hera, dirigente de la poderosa ANPFR y diputado en 1933 por el PAE, sería miembro de la comisión que elaboró el dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936 para dar legitimidad jurídica a la sublevación militar contra la República, publicado en abril de 1939, y fue Consejero Nacional y Procurador en Cortes por designación directa del dictador Francisco Franco desde 1943 hasta 1961. Algunos terratenientes locales decidieron irse a Portugal. Así lo hizo, por ejemplo, el cantillanero Eduardo Solís Olavarrieta, primer terrateniente del municipio. Sin embargo, la mayoría esperó en sus pueblos a la llegada de los militares, ejerciendo, a partir de ese momento, un claro protagonismo local, colaborando con los militares ocupantes de sus pueblos y las comandancias militares de sus localidades. Eran parte de las élites locales que volverían a los ayuntamientos, usurpando el poder municipal a las Corporaciones locales elegidas democráticamente durante la Segunda República.
No cabe duda que el golpe militar-fascista cambió radicalmente el rumbo de la Historia de España y de Andalucía, de todos sus pueblos y ciudades, que fueron ocupadas militarmente y en las que aplicaron sin escrúpulos y de forma brutal los bandos de guerra dictados por los cabecillas de la sublevación, dando comienzo a una limpieza política de clase sin precedentes. De un total de 445 víctimas mortales entre 1936 y 1945, 327 hombres y mujeres de la Vega Media del Guadalquivir fueron asesinados en los primeros meses por aplicación, sin contemplaciones, del bando de guerra del traidor Queipo de Llano: 52 de Alcalá del Río, 40 de La Algaba, 40 de Brenes, 7 de Burguillos, 66 de Cantillana, 21 se La Rinconada, 78 de Tocina y 22 de Villaverde del Río. El 90 % eran obreros del campo.
Foto: Los golpistas de Sevilla rodean a Gonzalo Queipo de Llano meses después del golpe de estado del 18 de julio del 36. A la derecha de Queipo el alcalde Ramón de Carranza y el Gobernador Pedro Parias a su izquierda. También aparece el comandante Cuesta Monereo, tercero por la derecha con gafas y el capitán Díaz Criado, primero a la izquierda con bigotito y capa, uno de los sicarios más notables, despiadados y temidos tras el Alzamiento en Sevilla. Imagen de la Biblioteca Nacional de España.