La sociedad civil andaluza contra la "política del olvido".

La sociedad civil andaluza contra la “política del olvido”

Todos los Nombres es un proyecto que ha puesto en común a entidades públicas y asociativas y a personas del ámbito académico e investigador con familiares de víctimas y personas anónimas con un objetivo: dar a conocer quiénes fueron todas las personas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra. Mientras, aún quedan miles de víctimas cuyos paraderos e identidades aún no se han resuelto. Un esfuerzo común en busca de “verdad, dignidad y justicia”.

“La sociedad civil es la que toma la avanzada para hacer frente a cuestiones que por diversas razones ni la administración publica no los propios partidos políticos le hacen frente”. José Luis Gutiérrez Molina es historiador y una de las personas que forma el numeroso equipo de trabajo de Todos los Nombres, como director científico del Área de Historia.

Cecilio Gordillo es el coordinador general del proyecto. Lleva casi 20 años de labor en la recuperación de parte de la historia andaluza transcurrida durante la Guerra Civil y la posguerra. Por ejemplo, en CGT a través del grupo de trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía, responsable de la difusión de varias publicaciones, libros e investigaciones sobre la represión en esa época. O de iniciativas como la reciente reivindicación de la localización de la fosa común donde podrían estar enterrados los guerrilleros antifranquistas Bernabé López Calle y Juan Ruiz Huercano, asesinados el 31 de diciembre de 1949; una reivindicación que el Ayuntamiento de Medina Sidonia finalmente llevará a cabo

“Nosotros empezamos como un grupo de carácter interno dentro de la organización sindical para llevar información y formación a sus militantes, para rápidamente tomar un desvío casi de 180 grados y empezar a implicarnos mas allá del hecho interno”. El coordinador del grupo de trabajo RHMSA recuerda así el inicio del proceso de recuperación de datos sobre la memoria histórica y los derroteros que iría tomando posteriormente: “La sociedad civil nos demandó que había muchas asignaturas pendientes y que había que empezar a implicarse en esos agujeros negros a los cuales nos habían condenado. En este caso, a una historia que empezamos en el año 2000 y todavía no hemos terminado, que es todo lo relacionado con los trabajos forzados y el Canal de los Presos y donde la gente demandaba información, primero, sobre la suerte de sus propias familias y, segundo, la transparencia y necesaria divulgación de lo que allí acontecía”.

El camino que han tenido que llevar las personas interesadas en la verdad, la reparación y en conocer lo que ocurrió con sus familiares ha sido largo en el tiempo. También ha tenido contratiempos en forma de críticas y ataques por parte de algunos sectores. Un esfuerzo compartido y mantenido en el tiempo que comienza “una vez que se logra romper con el miedo acumulado durante ochenta años… una vez que dan el paso ya es difícil que se paralicen. No es fácil para cualquier ciudadano hacer frente a los distintos retos que significan… primero, enterarse donde puede estar ese familiar que buscan, ya que no hay una base de datos oficial que pueda darle alguna pista… segundo, el silencio de las administraciones a las cuales se dirige. Tenemos muy pocas referencias de que un ayuntamiento responda a un familiar cuando le pregunta qué sabe de algún desaparecido, aunque hubiera sido el propio alcalde del pueblo…”.

Todos los Nombres: dar a conocer la dimensión de la represión y sus víctimas

“Una de las cuestiones prioritarias era dar a conocer y saber el volumen de la represión, que algunos autores han denominado que puede tener las características de políticas de exterminio”. El historiador Gutiérrez Molina concreta de esta forma el porqué de la puesta en marcha del proyecto Todos los Nombres, cuyo reflejo es la web todoslosnombres.org. Una iniciativa que surge “del impulso de la sociedad civil que toma la avanzada para hacer frente a cuestiones que, por diversas razones, ni la administración publica ni los propios partidos políticos le hacen frente”.

En referencia al volumen de la represión consecuencia del golpe militar del año 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista, la falta de información acerca de muchos de los casos de sus víctimas alcanza también una gran dimensión. Cecilio Gordillo pone el ejemplo de la provincia de Sevilla: “de los 4 mil fusilados no superan los mil los que están inscritos en el registro civil. El resto están en el limbo, aparecen como nacidos, pero no como fallecidos”.

En sus comienzos, el grupo promotor del proyecto estaba conformado por el grupo de trabajo RHMSA y por la Asociación Andaluza Memoria Historica y Justicia. Tras la disolución de ésta última su lugar lo ha ocupado la Asociación Nuestra Memoria. Además, cuentan con el asesoramiento y la participación de antopólogos, juristas, sociólogos e historiadores, como Paul Preston o Nicolás Sánchez Albornoz, entre otros.

El objetivo principal es generar una base de datos para dar a conocer a las personas que sufrieron la represión, su historia y las circunstancias que les llevaron a sufrirla en Andalucía, Extremadura y Norte de África. “Pretendemos tener una función social a la cual familiares de las víctimas y, en su momento, los propios represaliados pudieran acudir para localización de personas desaparecidas, de informaciones que no se tenían a través de la familia o que la administración era incapaz de proporcionarles”.

La respuesta de la administración y el proyecto de Ley de Memoria democrática de Andalucía

Los obstáculos que tienen que afrontar sus familiares y las personas interesadas en localizar los cuerpos de las víctimas también se encuentran en la propia administración. Por ejemplo, en el desarrollo de la normativa estatal de 2007, la Ley de Memoria Histórica. Incluso cuando han habido intentos de avanzar en su desarrollo, como en la modificación de la Ley de Registro Civil del año 2011 que permite a ayuntamientos, fiscalía y jueces a actuar de oficio cuando tuviesen suficiente información para hacerlo y que, según Cecilio Gordillo no hay constancia de que se haya realizado “ninguna sola inscripción de oficio de los más de 30 mil fusilados que no constan en los registros civiles”.

Una inacción que pretende ser paliada con la nueva Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento autonómico y que sigue las recomendaciones de Naciones Unidas para las víctimas de la represión franquista. La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha destacado que se trata de un proceso “participado y participativo”. Entre sus aspectos más destacados, se encuentran la creación de un banco de ADN en la Universidad de Granada, continuar con la retirada absoluta de los símbolos fascistas en Andalucía y en la propia elaboración, en la que han intervenido entidades memorialistas y de familiares de los represaliados.

El grupo RHMSA, que coordina Cecilio Gordillo, ha participado en la elaboración de la ley autonómica. Él mismo reconoce una mayor implicación del ejecutivo andaluz en esta materia en los últimos años. Sin embargo, mantiene ciertas reservas en cuanto al papel que jueguen los grupos parlamentarios: “lo que nos preocupa es que el Parlamento, los grupos parlamentarios, tengan la suficiente visión para que en el debate sobre este texto participen no solo entidades y asociaciones, sino aquellos técnicos que pueda aportar su visión sobre esta materia”.

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