El pedagogo Enrique Javier Díez recuerda en ‘La asignatura pendiente’ que “la libertad afectivo-sexual, el antirracismo y el antifascismo son asignaturas obligatorias en Suecia, Alemania o Reino Unido desde hace casi 50 años”
Hay quienes dicen que no hay que remover el pasado, que no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Aunque, esos mismos están abriendo continuamente el pasado que les interesa, véase por ejemplo la utilización de ETA en todos sus exabruptos contra sus adversarios políticos. Ese pasado sí que lo están removiendo. Sospecho, como decía Juan Gelman, el renombrado poeta argentino, que no pocos de quienes preconizan el olvido del pasado, vinculado a la memoria histórica de la represión fascista y la lucha antifranquista, en realidad quieren el olvido de su pasado en particular ligado a ese fascismo. El deber de memoria ha sido plasmado en el Derecho Internacional y en los Derechos Humanos. Las heridas no están cerradas. No se puede “pasar página” sin más. Su único tratamiento es la verdad, la justicia y la reparación. Por eso hemos realizado unas Unidades para la Recuperación de la Memoria Histórica, que tratan de recuperar esa parte de nuestra historia que ha quedado en buena medida olvidada o silenciada en el curriculum escolar. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad y el olvido.
¿Por qué cuesta tanto educar sobre nuestro pasado más reciente más allá de banderías y dogmatismos con el único propósito de aprender para no caer en el mismo error?
Durante la transición, la supuesta “necesidad de consolidar el régimen democrático” y el miedo y control generado por la continua alusión al “ruido de sables”, condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática republicana y que exigiera señalar, responsabilizar y juzgar a los torturadores y cómplices de la dictadura. Esta transición tiene que ver con un hecho muy significativo que explica esta característica típica española, el “miedo que la dictadura insufló en la sociedad española sobre la base de una represión política que se mantuvo activa hasta el mismo final de régimen”, y “por el profundo temor a una imposible nueva guerra civil”. La transición se edificó sobre una “amnesia inducida”, con el resultado de una desmemoria que establecía una falsa equidistancia de responsabilidades entre vencedores y vencidos. La Ley de Amnistía de 1977 se amplió a crímenes cometidos por la dictadura de Franco, convirtiéndose en una auténtica “ley de punto final” que renunció a juzgar los crímenes contra la humanidad del régimen franquista de represores, del ejército o de la policía. Esta transición sin ruptura, que hizo surgir la ‘legalidad democrática’ directamente del aparato legal franquista, no permitía una condena de éste sin poner en cuestión los cimientos de la actual monarquía parlamentaria. Es decir, en este memoricidio, la falsa memoria del franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. De esta forma los valores de los perdedores y las perdedoras de la guerra fueron excluidos del imaginario colectivo y de la representación social del pasado, quedando su memoria proscrita al ámbito individual. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre el de la “superación” del pasado. Por eso, debemos pasar a concebir la memoria histórica como un derecho de ciudadanía, lo que supone afrontar esta cuestión en términos colectivos y de futuro. Debemos superar la ideología de la “reconciliación” y del “espíritu de la transición”. La construcción de esa democracia que hoy se clama en las calles también precisa que se hagan efectivos los principios de verdad, justicia y reparación. Sin esto será imposible construir un presente democrático.
¿Por qué la democracia española actual no ha solucionado el grave problema de la “desmemoria colectiva” de nuestro pasado más reciente en los libros de texto?
Por una parte, la historiografía crítica no ha llegado a los libros de texto. Éstos solo reproducen la “historia oficial” o “políticamente correcta” cuyas bases se asentaron en esa transición memoricida y amnésica que condenó al olvido la memoria democrática vinculada a quienes lucharon y dieron su vida por defender el gobierno democráticamente elegido de la II República. Por otra parte, los libros de texto que utilizan todas las generaciones durante su etapa de escolarización y en torno a los cuales se centra la mayor parte del tiempo de trabajo escolar, son controlados por unas pocas grandes editoriales, que tienen dueño, muchas de ellas vinculadas a la jerarquía católica, y son quienes marcan e influyen en su línea ideológica y en las prioridades y enfoques que le interesa resaltar o consolidar. Por último, tampoco ha habido voluntad política. La Ley de Memoria Histórica de 2007, que llegó treinta años tarde, se aprobó con muchas limitaciones y omisiones. Lo cual puede ser un indicador de que el reconocimiento de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica democrática constituye todavía una “asignatura pendiente” del sistema democrático actual. Y un indicador también del silencio de la memoria democrática que se plasma en los libros de texto escolares y en la enseñanza. El olvido, minimización o relegación de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella. Parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, que facilita la manipulación mediática y política, con la vigencia de una mitología llena de lugares comunes como «reabrir viejas heridas», «revancha», «rencor», etc. Todo ello está generando el efecto que parece que se pretendía: insensibilidad, cierto hartazgo y falta de compromiso político por recuperar, dignificar y hacer justicia a esa memoria dolorida y ocultada, pese a las reiteradas advertencias de los más altos organismos internacionales sobre derechos humanos. Por eso probablemente nuestros estudiantes y la sociedad adulta educada en esta “historia” sabe más del nazismo que del fascismo patrio. Todo lleva a pensar a las y los expertos en historia que, si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente. A menos -y esto es más que probable- que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida. Las víctimas de la dictadura sufren así una doble violencia: la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva.
“Los libros de texto que utilizan todas las generaciones durante su etapa de escolarización son controlados por unas pocas grandes editoriales, muchas de ellas vinculadas a la jerarquía católica”
En pleno auge de las fake news y de los negacionistas más variopintos, ¿llevan todas las de perder quienes abogan por impulsar un verdadero programa educativo en las aulas de la memoria histórica?
Quizá haya motivos para el optimismo a juzgar por este nuevo intento de consolidar una nueva ley de memoria histórica, que reformará la norma impulsada por Zapatero en 2007, y que asegura que ahora sí. Que, por fin, el Gobierno ha manifestado su intención de llevar a los colegios el conocimiento de la represión franquista y la lucha antifranquista, a través de esta nueva Ley de Memoria Histórica. Aunque todo puede ser que acabe como las propuestas de algunas comunidades autónomas para introducir la memoria histórica en los libros de texto y el currículum escolar. Lo cierto es que, en muchas de ellas, no ha pasado realmente de las intenciones o las declaraciones y en otras se ha cercenado radicalmente, con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha. Es necesario recordar que el estudio de la Historia en la escuela es el único momento de las vidas de buena parte de la población en que tienen contacto directo con la historia académica. Los libros de texto contribuyen a construir la memoria colectiva de las futuras generaciones, la comprensión sobre el pasado, el presente y el futuro. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber del Estado y de las Administraciones. Sin incorporar la memoria histórica de la represión y la lucha antifranquista en el currículo escolar y en los libros de texto, no podrá haber verdad, justicia ni reparación posible.
¿Por qué ganan adeptos con una facilidad pasmosa aquellos adalides de la equidistancia y del revisionismo más sonrojante cuando se aborda el lacerante asunto de la barbarie cometida por nuestros antepasados en la guerra civil y también durante la represión de la dictadura franquista?
Porque es la “memoria cómoda”, que no inquieta a nadie y blanquea y oculta el fascismo, impidiendo que se exijan responsabilidades y reparación. En esta visión aún aparece reiteradamente la concepción, en una parte significativa de libros de texto escolares, de que “todos fuimos culpables”, de una forma u otra, de la barbarie que vivió la España de los años 30. Es la denominada teoría de la equidistancia o equiparación, en la que se plantea que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, que marca con el signo de la “culpabilidad” por igual a las dos partes enfrentadas. Aunque como bien dicen los historiadores una democracia nunca es culpable de un golpe de estado y un gobierno democrático nunca es un bando. La teoría de la equidistancia enlaza con toda la visión dominante del último franquismo y la transición y en el fondo está en cierto modo presente incluso en la denominada “ley de la memoria histórica”. De hecho, esta teoría viene ya del “segundo franquismo”, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde las filas del propio régimen empieza a hablarse, aunque con muchos matices, de “guerra entre españoles”, o bien con otras expresiones parecidas, utilizando términos similares. Aunque los textos escolares de los años 60 y principios de los 70 introducen ya cambios importantes, este discurso se mantiene e impone en la Transición, llegando como vemos hasta nuestros días. Las generaciones de la democracia hemos sido “educados” desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia: en el reparto de responsabilidad entre los bandos, en que fue una guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades, etc. Esto ha alentado la pervivencia de un franquismo sociológico en la sociedad española, que ahora ha puesto de manifiesto ese fascismo larvado en el voto a un grupo político como Vox. En la actualidad, ya no solo se traduce en el silencio cómplice de una mayoría instalada pasivamente como mera espectadora de una historia que considera que no le concierne, sino en la restauración de la imaginería, la terminología, los postulados, el odio y la violencia de la que hacen gala “sin complejos” los dirigentes y seguidores de estos grupos ultraderechistas en toda Europa.
“Las generaciones de la democracia hemos sido ‘educados’ desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia: en el reparto de responsabilidad entre los bandos”
El profesorado de Historia tiene un verdadero dilema a la hora de impartir la enseñanza de esta parte de nuestra historia más reciente. ¿Qué criterios aplica realmente: los suyos propios o las directrices que apuntan las leyes cambiadas periódicamente según el gobierno de turno?
Todo profesor y profesora tiene libertad de cátedra. Las leyes establecen un marco general y unos mínimos, pero quienes determinan realmente el currículum y los contenidos son las editoriales que controlan los manuales escolares. Sin embargo hay profesorado que no se limita a los libros de texto y que se implica activa y críticamente en la construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje de su alumnado. Pero, aún así, muy difícil ser crítico en una sociedad sobre la que se ha impuesto una amnesia colectiva de forma permanente y persistente. Los relatos construidos por un poder que hunde sus raíces en el aparato represor del franquismo y que no ha conseguido romper radicalmente con él, condenarlo y enjuiciarlo de forma clara y sistemática, inundan el discurso social y han amplificado una inconsciencia colectiva que condena incluso el recuerdo. Esto presiona mucho al profesorado que se siente coaccionado por ese relato, amplificado por los medios de comunicación, por el enjuiciamiento social ante cualquier disidencia o crítica ante el pensamiento dominante y, últimamente, ante el auge cada vez mayor del fascismo. El ‘veto parental’ que impulsó Vox en su momento provocó, de hecho, que una parte del profesorado se empezará a replegar cada vez más, porque se siente amenazado y no quiere más problemas, ni que le denuncien más veces. En buena parte de los claustros de los centros escolares públicos se empieza a sentir la autocensura para “no tener problemas”. La dificultad añadida es que estas propuestas las asume y las blanquea la derecha conservadora del Partido Popular y la derecha neoliberal del partido Ciudadanos, y las difunde la denominada “caverna mediática”, es decir, los medios de comunicación conservadores, reaccionarios y liberales. Lo cual significa que están marcando la agenda mediática y parece que toda la acción política y pública se galvaniza en torno a sus desvaríos trasnochados, que reeditan una y otra vez, en vez de hablar de los temas importantes en educación: eliminar en pleno siglo XXI la religión de la escuela, corregir las ratios elevadas y la falta de recursos, las plantillas inestables y las altas tasas de interinidad, blindar la pública con el 7% del PIB o suprimir la financiación pública a centros y negocios privados de educación. Por eso buena parte de la comunidad educativa se siente impotente ante el acoso continuo y permanente de una derecha que considera que España es suya, como siempre lo fue.
¿Ocurre en otras democracias avanzadas del mundo este ‘olvido’ impuesto por acción u omisión en España durante más de 40 años de democracia?
La realización de acciones y propuestas curriculares destinadas a garantizar el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico veraz, no ya del pasado nacional lejano, sino de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920, y de los genocidios que éste perpetró por razones raciales, ideológicas y culturales, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales contenidos curriculares de países de la Unión Europea, en Estados Unidos y Canadá, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica con la voluntad de explicar la magnitud de los enfrentamientos civiles y los regímenes dictatoriales que los provocaron. En buena parte del mundo, de Alemania a Inglaterra, de Italia a Francia, de Argentina a Polonia, el “recuerdo colectivo” de la “memoria traumática” asalta regularmente al presente, reclamando “deberes cívicos” de “rememoración”; invade y llena los espacios públicos y los centros de decisión política para “restituir” dignidades y “revisar” el pasado. El caso de Argentina es paradigmático: tras salir de su dictadura firmó, al estilo de España y Alemania, una Ley de Punto Final, sin embargo, en los últimos años se libró una dura batalla para hacer justicia, y llevar a los tribunales a buena parte de los responsables de su dictadura, y en parte, esta reacción hay que agradecérsela a todas las asociaciones de derechos humanos y de desaparecidos que han luchado y aguantado durante años reclamando justicia y dignidad para las víctimas. A diferencia de España, Alemania reconoce los crímenes y la violencia que cometieron, acepta las responsabilidades por ello y los niños y niñas alemanes aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, hasta la ONU, en 2014, emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Y en 2020, en el nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España, insistía en pedir avances en esta materia y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Conocer la verdad es, según la ONU, un derecho inalienable de los pueblos y obliga a los estados a investigar las violaciones de los derechos humanos. Además, las víctimas y sus familiares tienen derecho a que el Estado juzgue a los culpables, les repare y les garantice que no volverá a ocurrir.
¿Es posible el consenso institucional a estas alturas y con el ambiente enrarecido actual para lograr que ‘la asignatura pendiente’ logre impartirse finalmente? ¿Cómo se puede lograr?
Es realmente difícil poder llegar a un consenso en este país con una derecha, heredera del franquismo y de la dictadura, que permea todos las instituciones y poderes del Estado (desde el económico al mediático, pasando por el judicial o el militar) y que se “ha echado al monte” y se revuelve ante la pérdida de cualquier mínimo privilegio detentado desde la dictadura, con una reacción tan virulenta y desproporcionada, que roza el golpismo y la incitación al fusilamiento (véase el síntoma o punta del iceberg en los escritos de militares) de la mitad de la población, de esa población que no comulga ideológicamente con el fascismo y que no quiere seguir estando sometida y sojuzgada a la brutal desigualdad e injusticia social y económica que se amplía y profundiza cada vez más. El sistema educativo es reflejo del modelo social y, por lo tanto, en él se reproducen los aciertos y los fallos del sistema social. No podemos pedir a la educación, como suele ser bastante habitual, que solucione todos los problemas sociales, porque para educar a un miembro de la tribu, se necesita la colaboración de toda ella. Y, por desgracia, los ejemplos de los miembros más destacados de nuestra tribu no son precisamente los más encomiables (desde las estrategias de evasión fiscal del Rubius o Ronaldo, hasta los “emprendedores” de Silicon Valley dirigentes de multinacionales que no pagan impuestos o los que explotan a las trabajadoras de Tailandia para vender ropa barata aquí). Por eso, mientras no cambiemos el modelo social e ideológico del capitalismo neoliberal, extractivista y depredador del sur, ecocida y insolidario, difícil será que podamos tener una educación pública inclusiva, laica, democrática y ecofeminista, acorde con unos valores anticapitalistas en función del bien común. En este marco sí que tendría sentido plenamente incorporar esta asignatura pendiente. Pero podemos y debemos empezar por dar pasos para prevenir el disparate del fascismo y educar a las siguientes generaciones en una alternativa radicalmente contraria al capitalismo, depredador del planeta y de la justicia social y la convivencia humana. El primer paso es claro: asignatura obligatoria y evaluable, impartida por el profesorado, con contenidos de derechos humanos y sociales, memoria histórica democrática, libertad afectivo-sexual, antirracismo y antifascismo, como en Suecia, Alemania o Reino Unido, donde son asignaturas obligatorias desde hace casi 50 años y las familias que se oponen a que sus hijos e hijas reciban educación sexual pueden acabar en la cárcel o ser sancionados con multas de hasta 5.000 euros. Hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos. Sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista.
