La institución anuncia la creación de un Lugar de Memoria democrática y acuerda la solicitud de la Declaración de reparación para los 34 miembros de la comunidad universitaria y trabajadores de centros adscritos que fueron fusilados o depurados en aquellos años
A.A. 24 Septiembre, 2021 – 17:29h
Un rector, catedráticos, profesores. También porteros y auxiliares de facultades y docentes de La Normal. Un total de 34 personas del ámbito universitario sufrieron persecución, fueron represaliadas, apartadas de sus responsabilidades e incluso ejecutadas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Hoy, el consejo de gobierno de la Universidad de Granada ha emitido un pronunciamiento institucional para recordar la memoria de esta treintena de miembros de la comunidad universitaria. Además de este pronunciamiento, la institución acordó la solicitud de Declaración de reparación y reconocimiento personal ante el Ministerio de Presidencia para estos 34 universitarios –tal y como prevé la ley 52/2007– y anunció que el próximo 21 de octubre se hará un acto de reconocimiento público para el que se anuncia la asistencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el de Universidades, Manuel Castells. En este acto se procederá a la creación de un Lugar de Memoria democrática de la Universidad, y se acompañará con diferentes actividades culturales en este ámbito durante el próximo trimestre, anunció la UGR en un comunicado en el que dio cuenta del acuerdo aprobado en consejo de gobierno.
La lista de las personas ejecutadas y represaliadas por motivos ideológicos, religiosos o políticos ha sido elaborada tras un trabajo de investigación que fue destacado por el vicerrector de Política Institucional y Planificación, Pedro Mercado. Aparece el que fuera rector Salvador Vila, que fue fusilado y ha sido objeto de distintos trabajos de investigación, como la tesis doctoral de Jaume Claret o la obra de Mercedes del Amo, recientemente reeditada por la Editorial Universidad de Granada y en la que se desglosa la biografía del que fuera discípulo predilecto de Miguel de Unamuno. Fue rector algo más de tres meses. Republicano de izquierdas, intelectual con formación internacional y brillante arabista, fue fusilado con 32 años en Víznar, en el mismo lugar que Federico García Lorca. Lo sustituyó en el cargo Marín Ocete. Las asociaciones memorialistas reclaman que se elimine el nombre de éste último del callejero de Granada, tal y como recuerda Francisco Vigueras, miembro de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación.Otro universitario destacado fue José Palanco, también alcalde de Granada, como Jesús Yoldi, otro fusilado. Rafael García Duarte, que fue ajusticiado, era conocido como el pediatra de los pobres, por la atención que dedicaba a todos sus pacientes. El catedrático de Pediatría fue fusilado junto a la tapia del cementerio. El sexto catedrático asesinado del que se tiene constancia fue Joaquín García Labella, de Derecho Administrativo. Las investigaciones podrían determinar la existencia de más miembros de la comunidad universitaria que sufrieran persecución o fueran asesinadas durante esos años.
Por otro lado, la UGR ha identificado a otras 16 personas del ámbito universitario represaliadas, los catedráticos Cayetano Cortés, de Farmacia; los de Derecho Gabriel Bonilla, Emilio Langle, Pablo de Azcárate y José Álvarez de Cienfuegos; el ex rector Alejandro Otero, de Medicina, facultad a la que también pertenecieron José María García-Valdecasas y José Gay Prieto; y José Domingo y Quílez, de Ciencias. Otras siete personas –profesorado auxiliar, personal de administración y servicio – fueron depuradas: Manuel Suárez, portero de Filosofía y Letras; los auxiliares de Medicina Francisco Gómez y Claudio Hernández; Jesús Gómez, profesor de idiomas;Antonio Chamorro, ayudante de clínica; Ángel Saldaña, profesor auxiliar de Matemáticas; y Gabriel Bonilla, profesor de Francés. El listado se completa con doce personas que eran docentes o prestaban sus servicios en escuelas adscritas a la UGR. Agustín Escribano, director de La Normal, y Aurelia Gutiérrez, directora de la Escuela de Magisterio de Melilla, fueron ejecutadas. Sufrieron represalias los profesores Fernando Pelmaker, Luisa Estévez, Luisa Pueo, Raimundo Torres, Cándido López, Mariano López, José Vílchez, Nicolás Sánchez, Hermenegildo Lanz y Leopoldo Torres Balbás, arquitecto al que se le debe un notable trabajo de restauración en la Alhambra.
La solicitud de reparación y reconocimiento no conlleva, según el articulado de la ley la posibilidad de reclamación patrimonial. Desde las asociaciones memorialistas se recuerda la necesidad de reformar esta norma, de 2007, para que además del reconocimiento personal se pueda devolver el patrimonio que fue confiscado a las víctimas.
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