Las comunidades autónomas tratan de ponerse las pilas con la memoria histórica

EL PERIÓDICO | BARCELONA | 19-11- 2016

Con información de Nacho HerreroJulia CamachoAitor Ubarretxena y Xabi Barrena.

La legislación en memoria histórica es una asignatura pendiente también para los gobiernos autonómicos. La llegada el año pasado de ejecutivos progresistas en comunidades y ayuntamientos dirigidos durante mucho tiempo por el PP ha permitido que se den algunos pasos, pero las iniciativas se llevan a cabo con cuentagotas y suelen avanzar a tientas y muy lentamente.

COMUNITAT VALENCIANA

El cuádruple cambio de Gobierno en la Comunitat Valenciana, el autonómico y el de las tres capitales, ha supuesto una súbita recuperación de la memoria histórica. El miércoles, la Generalitat organizó un homenaje a los presos de Sant Miquel dels Reis, con ‘Ay Carmela’ de banda sonora y algún «Viva la República» entre el público. «Nadie quiere revancha, queremos normalidad democrática y reconocimiento», subrayó Ximo Puig, el presidente.

Con ese espíritu aseguran haber redactado la ley de la memoria democrática valenciana, que impulsará la protección de 300 fosas con 11.000 víctimas de ambos bandos y la exhumación de los restos de acuerdo con las familias. También obligará a que se retiren símbolos franquistas, incluidos los honoríficos. De hecho, se intentará acabar con las exaltaciones del 20-N, hasta donde deje el respeto a la libertad de expresión.

El 28 de marzo, fecha de la muerte del poeta Miguel Hernández, será el día de recuerdo y homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y la memoria democrática se incluirá en el currículo de primaria y secundaria. En Alicante, el ayuntamiento ha propuesto el cambio de nombre de una cincuentena de vías. Así, desaparecerían las dedicadas a de la División Azul y a Primo de Rivera, pero también la de Calvo Sotelo, lo que ha generado más polémica. Entre los sustitutos están las Trece Rosas y la anarquista Federica Montseny. En València se recordará el tiempo en el que la ciudad fue capital de la República hace 80 años.

ANDALUCÍA

La memoria histórica es un área de actuación preferente en Cádiz. Hasta tiene una concejalía propia. La llegada de José María González, ‘Kichi’, al ayuntamiento ha supuesto un terremoto. Nada más llegar al cargo colocó una placa frente al salón de plenos que rinde tributo al alcalde y los 21 concejales que fueron asesinados a raíz del golpe de Estado de 1936.

Otra de las prioridades fueron las exhumaciones. Tras años de peticiones sistemáticamente desatendidas por el gobierno local del PP, ‘Kichi’ inició el trámite para clausurar el antiguo cementerio, un camposanto sin actividad desde hace 24 años y ya desalojado pero en cuyo subsuelo se encuentra ‘la piscina’: una macrofosa común con entre 400 y 600 fusilados durante la guerra civil.

En paralelo, la Junta de Andalucía tiene en trámite parlamentario una ley de memoria democrática cuya prioridad es la reparación a las víctimas. El texto supera a la legislación estatal vigente y extiende su marco temporal de 1931 a 1982, ampliando además el concepto de víctima a familiares, niños robados e internados en campos nazis y elaborando un plan de exhumaciones para asumirlas con recursos propios.

Incluye la elaboración de un censo de víctimas, un mapa de fosas -se han identificado 614 y desde el 2003 se han exhumado más de 3.600 cuerpos- y un banco de ADN; fija un plazo de 18 meses para retirar la simbología y pide incluir la memoria histórica en el currículo de ESO y Bachillerato.

PAÍS VASCO / NAVARRA

La llegada del cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) al Gobierno de Navarra ha propiciado que se multipliquen los actos de homenaje, reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. Las reivindicaciones de la memoria histórica, ahora con el respaldo del Ejecutivo foral, se han encontrado con críticas por parte de UPN y PP e incluso con incidentes como el sucedido el pasado mes de agosto en Buñuel, cuando en el sexto homenaje a 52 fusilados un coche irrumpió en el acto y atropelló a varias personas, aunque sin causar heridas de importancia.

De igual forma, el Gobierno navarro ha mostrado su «satisfacción» por las exhumaciones de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo de la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona, una actuación impulsada por el propio Consistorio, en manos de EH Bildu.

Además, el Ejecutivo foral abrió en mayo la Oficina de Información de la Memoria Histórica sobre la Represión Franquista, que en estos meses ha abierto 152 nuevos expedientes y ha recogido 92 testimonios y casi 2.300 documentos sobre personas represaliadas. Responsables de la oficina han concluido que, en total, se produjeron más de 300 asesinados y se encarceló a más de 1.000 personas en Pamplona durante la guerra civil, posguerra y dictadura franquista.

En Euskadi, la sociedad de Ciencias Aranzadi está realizando un exhaustivo trabajo de investigación para analizar lo sucedido entre 1936 y 1945. El proyecto incluye la recogida de testimonios, así como sesiones educativas en centros escolares vascos. En paralelo, el Instituto Gogora de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, impulsado por el Gobierno vasco, guardará archivos recopilados por Aranzadi durante los últimos 13 años referentes a personas desaparecidas o damnificadas durante la guerra civil.

CATALUNYA

El republicano Joan Tardà ha entrado en el registro del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para convertir la tristemente famosa comisaría de la Via Laietana 43, el símbolo de la represión franquista en Barcelona y en cuyos sotanos se vulneraron tantas veces los más elementales derechos humanos, vía tortura, en un «museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Catalunya, con una exposición permanente» de los estragos del régimen.

En la misma proposición de ERC, se demanda el traspaso a la Generalitat de aquella parte del archivo histórico correspondiente a la Sexta Brigada Regional de Información Social que todavía permanezca en Catalunya, ya sea en las dependencias de la comisaría o incluso en la Subdelegación del Gobierno (el antiguo Gobierno Civil).

La Sexta Brigada, conocida como Brigada Político-Social (BPS), fue creada por el régimen franquista como organismo policial encargado de la represión de los que defendían las ideas democráticas. Diversos grupos especializados actuaban contra el ejercicio de las libertades; contra los derechos civiles de expresión, asociación y manifestación.

El franquismo llevó a cabo la represión política a través de esta brigada -con sede en el edificio de la Via Laietana- durante más de 38 años. Futuros políticos de la democracia y otros muchos ciudadanos sospechosos de militar en la clandestinidad en contra del régimen pasaron por sus celdas.

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