Allegados y familiares con el puño en alto en la tumba de los fusilados que homenajean, en el Cementerio de la Almudena, a 3 de julio de 2022, en Madrid (España).

EUROPA PRESS/

Miles de persones  murieron sin verse reparadas como víctimas del franquismo. Decenas de miles de familiares y allegados compartieron con ellos a los largo de los últimos decenios  su frustración al contemplar cómo, a pesar del afianzamiento de la democracia nacida en 1978, ni tan solo era posible  abrir un solo caso judicial en territorio español. Ni una causa, pues, conllevó una sentencia a algún jerarca del Estado franquista o funcionario ejecutor de torturas o asesinatos. Todos los intentos chocaron con la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977, verdadero contrafuerte para la sostenibilidad del modelo español de impunidad.

Una realidad que a lo largo de los años se ha ido imponiendo de tal manera que, hoy día, a pesar de haber transcurrido medio siglo desde la muerte del dictador y a pesar que han ido desapareciendo ya muchos de  los protagonistas directos, no sólo se muestra incólume sino que ha sabido capaz de metamorfosearse a fin y efecto de echar lastre sobre su propia la anormalidad en el contexto del mundo democrático. Ciertamente, las sociedades modernas y avanzadas, tanto europeas como de otras latitudes, que habían sufrido  el infortunio de padecer regímenes perpetradores de Crímenes de Lesa Humanidad, superando dificultades y resistencias mayúsculas, fueron metabolizando el pasado en clave de Verdad, Justicia y Reparación. El caso español fue una anomalía desde Ley de Amnistía de 1977 y se consagró mediante la denominada la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Conviene recordar los argumentos sostenidos durante el trámite parlamentario de la ley promovida por Rodríguez Zapatero porque coinciden en buena medida con los que sostienen hoy PSOE y Unidas Podemos. En aquel momento, los que votaron a favor argumentaron que se trataba de un texto definitivo que, por fin, cumplía con lo que se debía exigir a un Estado democrático avanzado e, incluso, se disculpaba sus promotores por haber llegado tarde. Valga como ejemplo cómo se aseguraba (el fiscal Jiménez Villarejo avaló  el voto favorable al texto por parte de IU-ICV) que la declaración de ilegitimidad en relación a las sentencias de los Consejos de Guerra era suficiente como para que la Administración de Justicia certificara y expidiera su nulidad. Prontamente, los familiares de las víctimas se toparon con la realidad y sufrieron el desencanto del engaño tramado. Ya en su momento se dieron a conocer a la prensa los contenidos emitidos por el Poder Judicial que sustentaban la negativa a proceder a la anulación ya que la nueva ley no cuestionaba la legalidad de los tribunales franquistas y, en consecuencia, de sus sentencias. Permítanme hacer referencia incluso a una de ellas en la que el juez especificaba que en caso de que se hubiera incluido en el texto legal la enmienda de ERC que pedía considerar los tribunales franquistas ilegales sí procedería a su anulación. Pero que no podía fallar en este sentido con la sola consideración de «ilegítimos».

A pesar de la magnitud del engaño han tenido que transcurrir hasta el día de la aprobación, hoy 14 de julio de 2022, quince años para que el Estado español reconozca la ilegalidad de las sentencias judiciales. No obstante, pervive el engaño y la conjura para ir adecuando el modelo de impunidad a los tiempos actuales. Esta vez el engaño se ha manifestado en los que dicen que no es necesario modificar la Ley de Amnistía para finalmente poder proceder a juzgar a quienes cometieron crímenes.  El grupo parlamentario de Unidas Podemos fue el encargado de proponer como solución que el contenido de la nueva ley incluyese la ineludible actuación por parte de la justicia española ante hechos que se pudieran denunciar bajo el prisma de los Tratados Internacionales firmados por el Estado español relativos a Crímenes de Lesa Humanidad. Dicho de otra manera, según su parecer, en caso que se hubiera procedido de esta manera ya anteriormente posiblemente no hubieran sido necesarios tantos esfuerzos de toda índole para abrir y mantener la conocida como Querella Argentina en los juzgados de Buenos Aires.

Resulta todo ello un tanto esperpéntico y a la vez doloroso, toda vez que se ha obligado a las víctimas de edad avanzada, a familiares a los que se les negó superar el duelo y al conjunto del movimiento memorialista a continuar transitando por el calvario de sostener desde la solitud unos valores que se suponían que conformaban el frontispicio del sistema democrático. Pero el engaño tiene las patas bien cortas. Dentro de pocos meses, cuando las víctimas decidan presentar ante la Administración de justicia española denuncias contra Rodolfo Martín Villa u otras personas por actuaciones presuntamente criminales amparándose en la nueva ley  y la respuesta sea que no procede atendiendo a la vigencia de la Ley de Amnistía, ¿qué argumentarán los que hoy van a aprobar la nueva ley?  Solo desde la ingenuidad o desde el cinismo alguien puede sostener que el Tribunal Supremo modificará un posicionamiento consolidado a lo largo de decenios.

Medio siglo después de la muerte del dictador, el Estado monárquico español no ha tenido la voluntad de legislar una ley definitiva. Ni lo fue la de 2007 ni lo va a ser la que hoy ve luz verde. Lo cual pone en entredicho la calidad democrática de un Estado que lo fía todo a la reconversión de la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación, asociada al fortalecimiento de los valores democráticos, en academicismo, en historicismo y a una hipotética pérdida de impulso del movimiento memorialista a cuenta de la desaparición biológica de las víctimas.

La ley que hoy será presentada como el avance definitivo cuando la realidad es otra. La realidad es que la ley se atrinchera en la no asunción por parte del Estado de responsabilidades en todo lo que compete a la reparación completa de las víctimas, a la no restitución de bienes expoliados y  robados, a las responsabilidades de empresas constructoras capitalizadoras del trabajo esclavo, a las actuaciones impropias de  instituciones como la Iglesia católica como beneficiaria de propiedades incautadas, etc… La ley, por tanto, se limita a convertir lo que para ellos era hasta hoy   «invisible» en «existente», pero tan solo a través  de la elaboración de auditorías, estudios, informes… que en el futuro puedan convertirse en recomendaciones para que en un futuro puedan llevarse a cabo soluciones.

Se trata, por tanto, de un paso nimio que provoca vergüenza ajena y dolor en las víctimas y descendientes, que denota las consecuencias nefastas de la banalización de los crímenes de la dictadura por parte del  parte del Estado democrático español, que exigirá  nuevos  esfuerzos y sacrificios  al movimiento memorialista por cuanto todo ello viene vehiculado por el gobierno más progresista conformado desde 1977. Aún así, el camino está trazado en honor a las víctimas presentes y ausentes no reparadas  y en pos del futuro de libertades por el que lucharon y fueron sacrificadas.