Juan Carlos García Funes publica el libro ‘Desafectos. Batallones de trabajo forzado en el franquismo’ (editorial Comares). En dicha obra, explica el trabajo forzado al que los militares sublevados en el 36 sometieron a los prisioneros de guerra.
Los llamados batallones de trabajadores fueron organizados por los militares del ejército sublevado, valiéndose de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, y en todo momento, con la supervision del dictador Francisco Franco. De esta manera, se conformó un sistema orquestado de explotación, desde 1937 hasta la primera mitad de la década de los años cuarenta. Lo cuenta en su libro Juan Carlos García Funes, licenciado en Historia por la Universidad Complutense y doctor por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), centro en el que ejerce la docencia.
Los desafectos eran los soldados del ejército republicano o con una sensibilidad de izquierdas, que pasaron a conformar los llamados batallones de trabajadores. Se les atribuía esa etiqueta al no compartir las ideas del nuevo régimen. La diferencia con los prisioneros que estaban entre muros o en campos de concentración radicaba en que a estos últimos el sistema penitenciario no les podia ofrecer rebajas de condenas, a través del trabajo. Era la llamada “redención de penas ante Dios y ante España”. En este sentido, García Funes argumenta en Distrito Euskadi que “el sistema llamado concentracionario se desarrolló al compás de la Guerra, capturando soldados del ejército republicano y enviándolos a campos de concentración para clasificarlos”.
García Funes, en su relato e investigación se enfoca en los citados desafectos, aquellos que estaban bajo un sistema que principalmente era dirigido por el ejército y que no contemplaba reducciones de penas, porque tampoco conllevaba una condena. El autor de ‘Desafectos’ asevera que “era una incertidumbre constante”. Muchos supervivientes a esta dura realidad de sometimiento se encargaron de escribir lo ocurrido, “porque habían visto que se les estaba negando la voz y el poder explicar lo que habían vivido”, ya que, según argumenta García Funes, el pretexto siempre era que “no hay momento para hablar de esto”, o, directamente, se les imponía “la negación de que hubiera ocurrido”. Este historiador añade información sobre el infierno al que eran condenados los prisioneros bajo el yugo de Franco: “Lo que vivían en los campos de concentración había llevado a algunos al suicidio o a intentos de fuga que se veían castigados con fusilamiento“.
El regimen franquista nunca habló de trabajos forzados, sino de una oportunidad para la “rehabilitación moral, patriótica y social. Eran muy hábiles con la retórica y con la justificación”, argumenta García Funes. Además, recuerda que para aquella época ya se había aprobado el Convenio de Ginebra, que prohibía la utilización forzada de los prisioneros de guerra. Dicho convenio sí se llegaba a aplicar con los prisioneros extranjeros; sin embargo, en relación a los que no eran foráneos, la explicación del regimen era que “estos no son prisioneros de guerra, estos son españoles, y no los vamos a tener de forma ociosa en los campos de concentración”. En última instancia y bajo la organización de ese régimen dictatorial, su misión era “reconstruir aquello que habían destruido las hordas marxistas“. Empresas mineras, otras dedicadas a la metalurgia, el propio ejército, y en menor medida, la Iglesia y algunos particulares, solicitaban esta mano de obra privada de libertad. Y en último término, el dictador Franco era quien tenía la última palabra, “que era el que decía si se concedían esos prisioneros”, puntualiza este licenciado en Historia y Máster Interuniversitario en Investigación en Historia Contemporánea.
