La retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos sólo es una etapa de una serie de medidas que deben dar cumplimiento a la ley de memoria histórica, que se impulsará con el PSOE al frente del Estado. Para empezar, la recuperación de los cuerpos enterrados en fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista. En Huelva son más de 7.500 y puede que incluso la cifra roce los 10.000. De esta indeterminación parte también el objetivo de realizar el primer censo, y definitivo, de víctimas de la guerra y de la dictadura, “con nombres y apellidos de cada uno de ellos, pueblo a pueblo”.

El catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Almería y exdirector general de Memoria Histórica, adscrito al Ministerio de Justicia, Fernando Martínez, ha estado hoy en Huelva para informar del guión marcado por el PSOE en memoria histórica, que contempla “muchas tareas entre las que para nosotros tiene una gran prioridad la exhumación de cadáveres de republicanos que hay en fosas comunes y en cunetas en todo el país”.

En el caso de Huelva, explica, las estimaciones iniciales eran de 6.019 víctimas, pero “el informe sobre el cementerio de La Soledad avanza 1.500 más, por lo que podemos estar hablando de algo más de 7.500, incluso con algunas otras estimaciones que lo llevan prácticamente a 10.000”.

Para que ese trabajo sea efectivo, y por la propia restitución de los damnificados, hay un plan para determinar todas las víctimas directas en batalla de la Guerra Civil por ambos bandos “con nombre y apellidos”. “Ésta es una necesidad de la democracia española”, asegura Fernando Martínez, pero también responde “a lo que nos plantea la ONU”. Además se pretenden censos de desaparecidos, de fusilados, de republicanos encarcelados, de procesados en tribunales de responsabilidades políticas, de quienes pasaron por comisiones provinciales de incautaciones de bienes.

Aunque Martínez destaca especialmente la necesidad de llevar al Código Penal como delito la “apología del fascismo, del nazismo y del franquismo; en un país democrático como España de ninguna manera se puede permitir”. Igual que proceder a “la ilegalización de las asociaciones y fundaciones que hagan este tipo de apología”.

Desde el PSOE también se promoverá un “catálogo de títulos nobiliarios” otorgados por el dictador a “militares rebeldes y sus hijos y familias que colaboraron económicamente con el golpe militar”, para que sean anulados. Lo mismo ocurrirá con condecoraciones a funcionarios de policía que fueron “realmente unos torturadores en las cárceles”.

Y otra acción se centrará en llevar a las escuelas “este periodo de la memoria histórica que prácticamente ni se estudia”. “Es la mejor manera de contribuir a la democracia”, asegura Martínez.