Madrid. ACTUALIZADO. Los memorialistas exigen a Rajoy que condene la dictadura franquista el próximo 20N.

► La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclama un reconocimiento público a las víctimas
elplural.com | A. MOYA | 20-10-2015
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha requerido al Gobierno que preside Mariano Rajoy para que el próximo 20 de noviembre coincidiendo con el aniversario de la muerte de Francisco Franco, lleve a cabo una Declaración en la que condene la dictadura franquista. Además, la ARMH que ha presentado esta solicitud en el registro del Palacio de la Moncloa quiere que el Ejecutivo, reconozca públicamente a las víctimas.
Y no solo eso, además plantea que se realice un público homenaje “a los hombres y mujeres que durante cuarenta años arriesgaron tantas cosas, incluso la vida, para que pudieran regresar las libertades democráticas que había sido conculcadas por la fuerza, el 18 de julio de 1936”.

Derechos vulnerados
“Durante las casi cuatro décadas de dictadura, numerosos derechos fundamentales fueron vulnerados; las mujeres eran ciudadanas de tercera clase, los homosexuales y las lesbianas eran tratados como delincuentes y los opositores al régimen perseguidos, torturados, detenidos ilegalmente y en algunos casos asesinados”, explican en su escrito.

No se han reparado los daños
Consideran que en estos cuarenta años de recuperada democracia “el Estado no ha terminado de reparar los enormes daños que causó la dictadura. Todavía hay 114.226 hombres y mujeres desaparecidos por la represión de los militares que organizaron un largo y sangriento golpe de Estado”.

Declaración de Gobierno el 20 N
“Quienes se sacrificaron en la lucha para el regreso de las libertades han muerto en silencio, sin el reconocimiento que merece su enorme sacrificio. Por esa razón, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, queremos proponerle que el próximo viernes 20 de noviembre, en el Consejo de Ministros, se lleve a cabo una Declaración del Gobierno que conmemore esa fecha”, continúan.

Condena al golpe de Estado
Este comunicado debe condenar la dictadura franquista, “el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la crueldad de un régimen que llevó a cabo numerosas violaciones de derechos humanos, algunas pendientes por resolver, y que se reconozca la lucha de miles de hombres y de mujeres que pusieron en riesgo sus vidas por considerar que la ciudadanía tenía derecho a vivir en libertad”.

El deber de las instituciones
“Desde los cuarenta años que hemos vivido tras la recuperación de las libertades, es un deber de las instituciones conmemorar el regreso de la democracia y reconocer el esfuerzo y el compromiso de quienes mantuvieron viva la lucha por derechos fundamentales en tiempos tan oscuros como los de la dictadura”.

Aportan ejemplos
La ARMH solicita al Gobierno una declaración similar a las que ha llevado a cabo en otros momentos, relacionadas con hechos puntuales o en apoyo a días internacionales. En concreto plantean como ejemplo algo que sea algo similar a lo que el Ejecutivo de Rajoy hizo en el día de las desapariciones forzadas.

Un escrito sorprendente
En aquella ocasión, el 30 de agosto de 2013 el Gobierno afirmaba ni más ni menos que esto: “En la actualidad, resulta especialmente preocupante el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo. Por ello, España, uno de los primeros países de Europa en ratificar la Convención de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, viene promoviendo e instando su ratificación por otros países”.

¿A qué desaparecidos se referían?
Y continuaba: “ El objetivo de la celebración de este día internacional es poner de relieve estos crímenes y no olvidar a todas las personas que son víctimas de desapariciones forzadas. (…)” Ya en su día las asociaciones memorialistas comentaron esta declaración conceptuándola incluso como al menos “cínica”. Hasta que llegaron a la conclusión de que se referían a desaparecidos de otros países.

 

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Madrid. El PP rechaza juzgar a los exministros franquistas y pide a la oposición que “deje en paz a los muertos”.

► La Comisión de Justicia del Congreso ha rechazado con los votos del PP la iniciativa del Grupo Mixto y la Izquierda Plural en la que se insta al Gobierno a extraditar a Argentina a una veintena de exaltos cargos franquistas por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad”, o bien a ser juzgados en España

► La portavoz del PP, Rocío López, ha sostenido que los delitos de “torturas” cometidos por el exinspector Billy el Niño y el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, “distan mucho de ser crímenes de lesa humanidad”

eldiario.es / Carmen Moraga / 20/10/2015

El PP ha rechazado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso la enmienda transaccional pactada por el PSOE con el Grupo Mixto y la Izquierda Plural, en base a la proposición no de ley presentada por ambos grupos, en la que se insta al Gobierno a extraditar a Argentina a una veintena de exaltos cargos del franquismo -algunos ya fallecidos- acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio, o bien, propiciar que se les juzgue en España.

La diputada del PP, Rocío López, ha acusado a los diputados autores de la propuesta de “querer reabrir heridas del pasado”, y les ha espetado: “Para eso con nosotros no van a contar. Dejen en paz a los muertos”.

En la lista que reclama la Justicia argentina figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruíz Gallardón. Pero también el exinspector de la Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, que está en libertad. El Gobierno de Mariano Rajoy rechazó la petición de extradición solicitada por la juez argentina, María Servini, argumentando que los hechos cometidos “habían prescrito” y la petición no estaba amparada por ningún tratado internacional.

Ese mismo hilo argumental ha sido el que ha utilizado la diputada del PP, Rocío Lopez, quien, además, ha recordado que hay dos autos de la Audiencia Nacional española tipificando como delitos de “torturas” los hechos cometidos tanto por Billy el Niño como por el excapitán Muñecas, que “distan mucho de ser considerados como de lesa humanidad o genocidio”.

La diputada del PP ha afirmado que “el reino de España cumple las sentencias y es estrictamente riguroso con la leyes” y ha criticado a la oposición por realizar propuestas “que nos invitan a mirar al pasado y reabrir heridas” que ella considera ya cerradas. “Yo no tengo nada que ver con esa época. Dejemos que las nuevas generaciones miren al futuro”, ha pedido a los representantes de la izquierda la parlamentaria conservadora.

En defensa de la proposición no de ley han intervenido el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, y el de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto. Ambos han coincidido en que la ley de Amnistía dictada en 1977 “no sirve para blindar esos crímenes” que han considerado sin lugar a dudas como de “lesa humanidad y genocidio”. Cuadra se ha centrado especialmente en el caso del exministro de Interior del gobierno de Suárez, Rodolfo Martín Villa, al que ha tildado de “gerifalte franquista, del PP, de UCD y ahora del Ibex 35”, y al que ha acusado de ser “responsable de las masacres” ocurridas en Navarra y en el País Vasco. 

“Esperamos que en los próximos meses o en el futuro pueda ser reconocido el esfuerzo que están haciendo las asociaciones de víctimas del franquismo y que aquel episodio negro de la historia pueda ser blanqueado en base a los principios de justicia y reparación”, ha dicho Cuadra.

Por su parte, Ricardo Sixto ha reclamado al Gobierno que atienda a las víctimas “que siguen clamando por la justicia y por la recuperación de una memoria histórica que ha sido aplastada durante décadas”. “Es injustificable que el Gobierno niegue la extradición a Argentina o no propicie un juicio justo”, ha añadido Sixto.

La proposición no de ley, con la enmienda incluida, ha sido apoyada por el PSOE, cuyo portavoz, Pablo Martín, dejó claro que coincidían con la exposición de motivos de la propuesta. Y también por el PNV. El diputado de este grupo, Emilio Olabarría, mantuvo que “los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca según la Corte Penal”, y que “la ley de Amnistía “no puede impedir” tampoco que los exaltos cargos franquistas “sean juzgados”. CiU también votó a favor y UPyD se abstuvo.

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