Tras la polémica de los últimos días, el equipo de Carmena toma la decisión tras constatar la necesidad de contar con el instrumento jurídico necesario para poder aplicar la Ley de Memoria Histórica
cadenaser.com | Felipe Serrano | Madrid | 3-2-2016
Marcha atrás en el Palacio de Cibeles, donde el gobierno municipal deja sin efecto, de momento, la retirada de los vestigios del franquismo, iniciada hace unos días. Los errores cometidos y las críticas suscitadas han llevado al Ayuntamiento a cambiar de criterio tras constatar la necesidad de dotarse del instrumento jurídico necesario para poder aplicar la Ley de Memoria Histórica.
“La aplicación de la Ley requiere procedimientos específicos con los que actualmente no se cuenta”, aclara el Consistorio.
El gobierno municipal va a elaborar “un marco normativo para garantizar la viabilidad técnica y la seguridad jurídica de las actuaciones”. Ese trabajo se va a hacer de manera simultánea a la elaboración del Plan Integral de Memoria de Madrid, comprometido para el mes de abril, y que desarrolla la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense (UCM).
No obstante, el Ayuntamiento precisa que la elaboración de este marco no afecta al cambio de los nombres en el callejero de Madrid, que sí está regulado por una ordenanza municipal.
Previamente, el grupo de Esperanza Aguirre había suspendido de forma provisional la denuncia por prevaricación contra Manuela Carmena, aunque seguirán adelante con ella si el Ayuntamiento persiste en su actitud. En lo que no cesa el PP es la petición de responsabilidades políticas, después de que la delegada de Cultura, Celia Mayer, rectificara su decisión de retirar la placa en memoria de ocho frailes carmelitas de la tapia del cementerio de Carabanchel Bajo donde fueron fusilados en 1936.
El Ayuntamiento, que ya ha repuesto la placa en su ubicación original, admitió el error tras una reunión del equipo jurídico municipal, aunque el PP no se conforma. El portavoz adjunto de este grupo, Íñigo Henríquez de Luna, afirma que no es suficiente con la desautorización de Mayer, a la que acusan de hacer una aplicación “sectaria” de la Ley, sino que la alcaldesa debería destituirla si no quiere convertirse en cómplice.
El PP, además, exige que vuelvan a su sitio la lápida dedicada al falangista José García Vara, en la calle Arrieta 4, y el monolito al Alférez Provisional, en la plaza de Felipe IV. Ambos vestigios fueron retirados el pasado lunes, 1 de febrero.
El PP dará un tiempo al gobierno municipal para que rectifique plenamente o, en caso contrario, acudirán a los juzgados de la Plaza de Castilla, como tenían intención de hacer este miércoles. Cuando los periodistas le han recordado a Henríquez de Luna que ni Gallardón ni Botella tuvieron el más mínimo interés en aplicar la Ley, el número dosde Aguirre ha explicado que su posición pasa por esperar al Plan de Memoria, que previsiblemente será aprobado abril.
“No compartimos la Ley de Memoria Histórica pero las leyes hay que aplicarlas aunque nunca con sectarismo”, defiende el grupo de Aguirre. El PP, además, ha registrado la petición de una comisión extraordinaria de Cultura, que podría celebrarse la próxima semana, con el fin de que la delegada Celia Mayer explique su actuación.
La versión de Ahora Madrid
El gobierno municipal (Ahora Madrid) defiende que la retirada de los vestigios fue presentada en el pleno del pasado 22 de diciembre, junto al cambio de nombre de las primeras 30 calles, y que durante las próximas semana van a seguir eliminando el resto de monumentos.
Según consta en el diario de sesiones, además de los vestigios ya retirados, el Ayuntamiento tenía previsto eliminar otros por “su vinculación al franquismo”, como las lápidas a los Caídos de Chamartín de la Rosa (plaza Duque de Pastrana), a los mártires de la Sacramental de San Isidro (paseo de la Ermita del Santo), a los Caídos por Dios y por España en el Cementerio de San Isidro o la placa de los hermanos Falcó y Álvarez de Toledo (distrito de Barajas). Nada se dijo entonces del monumento a José Calvo Sotelo, sobre el que fue preguntada ayer la delegada de Cultura. Mayer dio a entender que retirarían “la placa o inscripción que está en el monumento”, en la Plaza de Castilla.
A la espera de que el Ayuntamiento concrete cuál será su siguiente paso, todos los vestigios retirados se van a guardar en el Centro de Cantería Municipal de la Casa de Campo.
Críticas de PSOE y C’s
La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha calificado de “chapuza” la retirada de la lápida dedicada a los ochos frailes carmelitas y su posterior restitución además de recomendar a Ahora Madrid que se tome el tiempo necesario “para hacer las cosas bien”. Causapié ha recordado que presentaron en el Pleno una iniciativa para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica “porque es imprescindible cumplirla” pero “hay que hacerlo bien, evitando cometer errores y chapuzas”.
La edil ha defendido que ante un asunto que mueve tanta sensibilidad social es necesario que la ley salga adelante “bien, con diálogo”. Será en la comisión extraordinaria de Cultura, solicitada por el PP, cuando fijarán su posición ante lo sucedido y se unirán o no a la petición de dimisión de la delegada de Cultura, Celia Mayer, planteada por los populares. “Hagamos las cosas bien. Que se presente el Plan de Memoria cuando sea necesario, previo diálogo con los grupos municipales. Lo sucedido es algo que no puede volver a suceder”, apostillaba.
El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid exigirá responsabilidades a la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, porque, entre otros motivos, la persona a quien ha encargado un trabajo “tan sensible” relacionado con el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica “no es quien debiera”. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, también ha dicho que un partido “no tiene derecho a erigirse en tribunal político, ideológico o revanchista”.
Su grupo también trabaja ya en la petición de apertura de un expediente administrativo para exigir responsabilidades a Mayer y a los miembros del equipo de Gobierno que están tras el expediente de retirada de los símbolos, que es “al parecer inexistente”. Villacís no ha pedido directamente la dimisión de Celia Mayer, aunque ha asegurado que la resolución de un expediente podría suponer una inhabilitación previa.
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