Madrid. El memorial que el Ayuntamiento quería olvidar.

El memorial se creó a petición de familiares de las víctimas de la posguerra y ha terminado siendo un desprecio hacia ellas: el Ayuntamiento ha borrado los nombres y resignificado el monumento

Madrid borra los versos de Miguel Hernández del memorial de las víctimas de la Guerra Civil en La Almudena

Elena Cabrera /22/02/2020 /eldiario.es
 
Los nombres importan. Incluso cuando el desgaste cotidiano de un callejero diluye la biografía que esconden sus calles, la historia y la memoria histórica del pasado reciente están ahí para recordarlos. «Los memoriales personalizan a las víctimas», explicaba a eldiario.es Txema Urkijo, exdirector de Derechos Humanos con el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe y exdirector también de la disuelta Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Gobierno municipal madrileño con Manuela Carmena. «El elemento de personificar a la víctima con nombres y apellidos y crear un pequeñísimo espacio para los familiares tiene un componente de reparación y de justicia». Pretender minimizar la importancia de unos nombres es una estrategia que no le ha resultado al Ayuntamiento de Madrid. El mecanismo de control de daños no ha funcionado.

Urkijo fue la persona del Ayuntamiento de Madrid encargada de sacar adelante el memorial de las víctimas del franquismo en el cementerio de La Almudena. Pero no consiguió culminarlo antes de las elecciones de mayo de 2019 y el nuevo Gobierno paralizó la ejecución y revirtió el espíritu del homenaje. La tramitación de los expedientes para la materialización de este proyecto se fue retrasando por diferentes motivos, de manera que la decisión de bloquearlo, en julio del pasado año, fue una de las primera medidas que tomó José Luis Martínez-Almeida como alcalde, por considerarlo «sectario e injusto».

El memorial está formado por varios elementos, siendo el principal la reproducción en bronce de unos robles arrancados de la tierra y depositados en el suelo. Tras ellos, como un telón de fondo, tres muros diseñados para que cupiesen en ellos los 2.937 nombres de las personas que habían sido represaliadas en el Madrid de la posguerra. Ese listado fue fruto de una investigación encargada por la oficina que dirigía Urkijo, firmada por el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Fernando Hernández Holgado y apoyado por un equipo de otras seis personas, entre las que se encuentra el experto en los fusilamientos de La Almudena Manuel García Muñoz.

La campaña contra el memorial la inició el PP madrileño en la oposición, al poco de la publicación del informe en febrero de 2019. Almeida utilizó una información del diario ABC para pedir la exclusión de 355 nombres del listado del memorial por denominarlos «chequistas», personas implicadas en la represión en la retaguardia republicana, basándose en el trabajo previo de Manuel García Muñoz. Para Almeida, la inclusión de esos nombres significaba un «blanqueamiento» al «homenajear a personas con las manos manchadas de sangre». El propio García Muñoz ya explicó a este periódico que tanto la cifra como el concepto, en rigor histórico, «no tiene ningún sentido».

Durante dos años (2016-2018) el Ayuntamiento de Madrid se dotó de un órgano asesor denominado Comisionado de la Memoria Histórica, presidido por la abogada y política socialista Francisca Sauquillo. Tenía un carácter consultivo pero no vinculante. La Oficina de Txema Urkijo consultó al Comisionado cuál era su posición respecto al proyecto del memorial. Se reunieron un mes después de que estallara la polémica por los «chequistas».

En el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Comisionado recomendó dos cosas. La primera: «Mantener el proyecto de intervención memorialística […] sin incluir los nombres de las personas fusiladas» proponiendo «la colocación en la placa de un código QR que remita a una página web en la que puedan consultarse dichos nombres». Y la segunda: erigir un segundo memorial en el mismo cementerio y «en un lugar cercano y relevante» en recuerdo de «las miles de víctimas de ‘paseos’ y ‘tribunales populares’ durante la Guerra Civil de 1936-1939 cuyos cuerpos fueron traídos a este cementerio».

La Comisión, «permeable a presiones políticas»

El Gobierno de Martínez-Almeida argumenta que la corporación de Manuela Carmena se saltó las recomendaciones de su propio grupo de expertos al incluir los nombres. Y así fue, pero «solamente en ese aspecto», como explica Urkijo, que estuvo presente en aquella reunión. Por otro lado, el político, que en las pasadas elecciones generales se presentó como cabeza de lista de Más País por Bizkaia, ha admitido que el Comisionado fue «permeable a las presiones mediáticas y políticas».

El proyecto siempre se desarrolló en diálogo con los familiares de víctimas, que desde años atrás venían no solo realizando homenajes en el cementerio sino también solicitando la creación de un memorial allí. Para el colectivo Memoria y Libertad, era imprescindible que los nombres formaran parte de la obra porque «lo que no tiene nombre, no existe», y así lo entendió también el artista al que se le hizo el encargo, Fernando Sánchez Castillo. Para ello se idearon los tres muros concéntricos, cuyo único motivo de ser como son es la recepción de los nombres, ordenados cronológicamente según la fecha de su asesinato, para que recorrer esos muros representara también recorrer la historia. Sin los nombres, su presencia en el memorial pierde todo el sentido.

Sin que existiera ya Comisionado ni Oficina de Derechos Humanos alguna, el nuevo Ayuntamiento paralizó la obra durante el verano a falta de solo tres semanas para ser terminada. Durante un mes, no dieron noticia alguna sobre este frenazo en seco. Posteriormente, se reunió con la arquitecta responsable de la obra civil, Julia Chamorro. El objetivo del consistorio era modificar el proyecto para transformar el memorial en un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil en Madrid sin que costara un solo euro más de lo presupuestado. Y lo consiguió. Gracias al 10% de reserva por exceso de mediciones que toda obra civil conlleva en su licitación, más el ahorro en un elemento arquitectónico que se eliminó en el último minuto a petición del artista (el cual tenía un coste de 2.450 euros), el Ayuntamiento podía permitirse encargar nuevas planchas de granito sin grabar para recubrir los muros.

Las placas rotas, una «vileza»

Pero una parte de las planchas con nombres ya habían sido instaladas, por lo que el hecho de tener que despegarlas, rompiéndose algunas de ellas en la operación, provocó un poderoso efecto ya no solo en los familiares de las víctimas, que sintieron ese acto como una «vileza», sino de la opinión pública, que vio cómo unos nombres propios volvían a borrarse de la historia, esta vez materialmente. El Ayuntamiento evitó la foto del albañil arrancando las planchas, pero no las de estas depositadas en el suelo, mientras una nueva frase, no consensuada con nadie y objeto de muchas críticas, se grababa, maquetada en forma de flecha, en el centro del muro interior.

Si el Ayuntamiento hubiera permitido que el memorial siguiera adelante, probablemente no se habría convertido en un elemento tan fuerte y simbólico como lo es ahora. Como adelantó este medio, el Ayuntamiento no eliminó únicamente los nombres de las 3.000 víctimas del memorial, sino también otros textos que lo acompañaban en unas placas de bronce (con un coste, incluyendo el grabado, de 1.030 euros), con unos versos de Miguel Hernández y una cita de Julia Conesa.

Con el memorial todavía por inaugurar, el conocimiento público de que el poema de Miguel Hernández El herido, al que de una manera tan reconocida puso música Joan Manuel Serrat, había sido eliminado, dejando las placas en blanco, suscitó reacciones de todo tipo, tanto en las redes sociales, como por parte del propio presidente del Gobierno, que dijo en un tuit que «los nombres de las víctimas y los poemas de Miguel Hernández nunca se borrarán de nuestra memoria, aunque lo intenten».

Almeida: «Un monumento para todos»

Almeida se enrocó en la defensa de su decisión como una reivindicación del espíritu de la Transición con el argumento de que «un monumento para todos» es la solución «frente a aquellos que quieren acizañar, sembrar división, sembrar odio o entender la política como un lodazal donde hay que situarse en un extremo». En protesta por esta decisión, se han convocado diferentes protestas, como la de este sábado, en el que un grupo de personas ha devuelto al memorial su significado original mediante hojas de papel.

Por otro lado, Mar Ezcurra (Cs), concejala de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, localidad de nacimiento del poeta, ha pedido en una carta a José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, de su propio partido, que reconsideren «la posibilidad y oportunidad de mantener vigente la iniciativa de colocar los versos de Miguel Hernández en el monumento».

El Ayuntamiento ha expresado en diferentes ocasiones que sus decisiones se remiten a «las recomendaciones del Comisionado que nombró la anterior Corporación» y afirman que se ha hecho un solo memorial por motivos económicos. El que fuera responsable político del memorial no lo ve así: «[con la resignificación] se pervierte el sentido por el que fue diseñado y creado. Y a mí me gusta recordar siempre que puedo que el memorial nace a partir de la consideración del cementerio de la Almudena como un lugar de memoria. Nace de un informe que hace el comisionado sobre Lugares de Memoria y propone que uno de esos lugares sea el cementerio de la Almudena. Y da una razón: dice textualmente en su informe que es porque en sus tapias fueron fusiladas dos mil y pico personas. Incorporar otro tipo de reconocimientos a otros colectivos es mezclar cuestiones que, sin negar la existencia de esas otras víctimas a las que alude el actual Gobierno, creemos que es inaceptable el que se pretenda diluir todo en un solo reconocimiento. Como insisto, así lo manifestó el comisionado, que se mostró contrario a que se hiciera un solo memorial para todas las víctimas».

Debido a los problemas que le había dado el memorial, el Ayuntamiento de Carmena no llegó siquiera a plantearse un segundo, como le sugirió el Comisionado. Entre esos problemas estuvo el sorprendente retraso de la tramitación de los contratos para la adjudicación del memorial, como ha reconocido Txema Urkijo, sin poder asegurar que esa lentitud se debiera a «resistencias» internas. Otro de los retrasos se debió a la tramitación de la modificación administrativa del cambio de último minuto por el que el artista decidió no colocar los troncos de roble en bronce de la escultura en forma de «cabaña primigenia» sino tumbados en el suelo, como si acabaran de ser arrancados y abandonados; una potente imagen que hace pensar en los cuerpos de asesinados en las cunetas.

A instancias de una denuncia de la Asociación Memorialista Ranz Orosas, fundada por el abogado de diversas causas relacionadas con el franquismo, Eduardo Ranz, el Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar las placas. El Tribunal solicitará informes relativos a las obras, al coste y a las decisiones administrativas tomadas sobre el memorial para este asunto para tomar una resolución respecto a un presunto delito de prevaricación.

Para Txema Urkijo, esta denuncia «no tiene mucho recorrido». «Desconozco los términos de modificación del expediente del contrato, pero nosotros hemos hecho un estudio legal en profundidad del asunto y no encontramos nada. Estamos hablando de una decisión de carácter administrativo. En el mejor de los casos puede ser que el Tribunal de Cuentas diga que se utilizó mal el dinero público. Para mí lo importante es que hayan sido capaces de pervertir el memorial, con lo que supone eso para las personas que tenían ya la esperanza de ver ahí colocado el nombre de sus familiares. Si a eso añades que físicamente había ya un montón de nombres colocados, es aún más cruel. Eso es lo más importante, más que el dinero que costó o dejó de costar. Eso es lo que más me duele».

Cinco contratos públicos

Administrativamente, el Ayuntamiento sacó adelante el proyecto del memorial dividido en cinco contratos públicos. Tres de ellos responden a las necesidades de la obra civil. El más cuantioso es el contrato de obra, firmado por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) con la empresa constructora Flodi para la ejecución del proyecto firmado por la arquitecta Julia Chamorro, por valor de 291.603,09 euros. Otro contrato, en este caso menor y entre el Ayuntamiento y la arquitecta, acuerda los servicios de redacción del proyecto, por valor de 8.557,12 euros. Y un tercero es otro contrato menor de servicios, entre la EMSF y la arquitecta, para la dirección de las obras y la coordinación de seguridad y salud, por valor de 3.400 euros.

Para la obra artística, se realiza un contrato de suministro de la obra escultórica, firmado por el Ayuntamiento de Madrid con Fernando Sánchez Castillo, por valor de 295.053 euros. Por último, la modificación que decide hacer el nuevo Gobierno municipal, requiere de la modificación del proyecto (aunque no tenga un coste material añadido), por lo que contrata de nuevo a la arquitecta para redactarlo, por valor de 2.843,5 euros. Además, el Ayuntamiento encargó dos informes de valoración económica del proyecto a la especialista Victoria Solano, uno por 1.452 euros (este incluye también un posible memorial a madrileños deportados en campos nazis) y otro por 726 euros. En total, el coste del memorial asciende a 603.634,71 euros, habiéndole costado al Ayuntamiento la resignificación solo unos 3.000 euros de más.

El Ayuntamiento de Madrid ha guardado en un depósito las placas con los nombres inscritos, algunas rotas pero la mayoría enteras. El gobierno recibió dos ofertas para darles salida. Una del colectivo Memoria y Libertad para recibirlas en donación y encargarse de buscarle una ubicación, lo que ellos denominaron «el memorial en el exilio», y otra del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ofreciéndose a levantar un memorial a partir de esas piedras de granito. El Ayuntamiento ha rechazado ambas: en el primer caso aduciendo que Memoria y Libertad no es una entidad jurídica y, en el segundo, sin mayor explicación salvo que el Ayuntamiento es «el propietario».

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