El Gobierno replica que la transición fue «a costa de renunciar a la justicia penal»
Deia | Europa Press | Madrid | 16-11-2014
El Gobierno de Mariano Rajoy ha negado al Relator Especial sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación de la ONU que los jueces españoles se limiten a archivar sin más las demandas de víctimas del franquismo que solicitan noticias sobre el paradero de sus familiares. Así figura en la respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, que ha emitido la embajadora Representante Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y otras organizaciones con sede en Ginebra, Ana Menéndez, en la que califica de “erróneo” afirmar que la Justicia española archiva estos casos ya que ofrece la vía de lo Contencioso-Administrativo como la “procesalmente correcta” frente al orden penal.
El Ejecutivo español acusa además al relator de la ONU, Pablo de Greiff, de “olvidar” a una parte “significativa” de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura que considera que el “mayor triunfo de sus pretensiones frente a las violaciones de derechos humanos padecidas lo constituye la consolidación de la democracia y las garantías de no repetición”.
En este sentido, destaca que la transición española se trata de un “caso especial” ya que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias aprobó alanzar una reconciliación nacional “sin justicia penal”. “El equilibrio entre paz, democracia, justicia y reconciliación se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal”, argumenta.
DEFENSA DE LA AMNISTÍA
Tras aludir a la Ley de Memoria Histórica de 2007 para reparar a las víctimas, el Gobierno del PP defiende que la Ley de Amnistía de 1977 no se trata de “una ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma”, sino que fue adoptada por los grupos parlamentarios “plenamente conscientes” de la importancia del paso que estaban dando. Los partidos actuaron entonces movidos por la convicción de que “solo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación”. “Es más, ya en 1960 las actas del VI Congreso del Partido Comunista de España, entonces ilegal, recogían la propuesta de la amnistía general extensiva a ambos bandos contendientes”, concluye.
Por otro lado, las víctimas del franquismo integradas en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), personada en el procedimiento abierto por la juez María Servini por los crímenes cometidos durante el franquismo, instó ayer al Gobierno español y, en particular, al Ministerio del Interior a dejar de “mentir”, cumplir la ley y ordenar a la Policía detener “inmediatamente” a los 19 acusados, entre ellos varios exministros, para ponerlos a disposición del juez Central de Instrucción que esté de guardia en la Audiencia Nacional.
MENTIRAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL
La asociación denunció que el Ejecutivo español “no solo ha mentido y facilitado informaciones confusas” sino que además tampoco ha adoptado las medidas requeridas por la juez Servini e Interpol Argentina.
Recuerdan que la magistrada que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires ordenó el pasado 30 de octubre la inmediata detención preventiva con fines de extradición de 20 personas imputadas por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, destacó que el Gobierno español ha ofrecido informaciones “confusas y desconcertantes”, sin ejecutar “las órdenes de detención con fines de extradición que han sido cursadas vía Interpol-Argentina”. De esta forma, las víctimas lo culparon de incumplir “gravemente” la obligación de poner a disposición judicial a los acusados.
