Los participantes en el acto denuncian al Gobierno español por incumplir con sus obligaciones internacionales y negarse a colaborar con la Justicia argentina
“Asistimos a la impunidad que se va y a la justicia que viene”, señala el abogado Carlos Slepoy
Han participado abogados, víctimas y diputados de la Izquierda Plural, Grupo Mixto y Grupo Parlamentario Vasco
El Diario.es
09/12/2014 – 19:08h
Acto en el Congreso de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. En la mesa, representantes de asociaciones de víctimas / Olga Rodríguez
La sala Pérez-Llorca del Congreso de los diputados se llenó este martes de asistentes. En un ambiente emotivo, con la presencia de diversas víctimas del franquismo, de periodistas y de juristas comprometidos con los derechos humanos, se celebró el primer acto organizado por víctimas del franquismo en sede parlamentaria.
A lo largo de tres horas y media letrados, diputados y representantes de diversas asociaciones de víctimas de la dictadura han tomado la palabra para mostrar su apoyo a la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo y para denunciar la impunidad amparada por el Gobierno español.
“Ya hay 300 querellas en Argentina y un centenar de denuncias, lo que universaliza la causa, porque se han habilitado consulados en los países para que en ellos se presenten denuncias y, por ejemplo, en Chile recientemente se ha presentado una”, recordaba la abogada Ana Messuti, una de las impulsoras de la querella argentina a través de la cual la jueza Servini de Cubría ha solicitado la detención de 19 imputados, entre ellos exministros franquistas como Martín Villa o Utrera Molina, para su extradición.
“En esta causa existe una diversidad de crímenes cometidos y una unicidad del contexto, que responde a un plan sistemático y generalizado de crímenes de lesa humanidad genocidio”, resaltó Messuti.
Esos crímenes incluyen asesinatos, desapariciones, fusilamientos, torturas, largas penas de prisión, juicios sin garantías, robo de niños, maltrato y represión de niños, exilio, trabajos forzados, y abandono de ciudadanos.
“Este es el Congreso que votó la ley de amnistía y hay que pensar que este mismo Congreso la derogará. Así pasó en Argentina: el Congreso que aprobó las leyes de punto final y de obediencia debida es el mismo que las anuló”, señaló el abogado Carlos Slepoy, otro impulsor de la querella contra los crímenes del franquismo, que informó de que el próximo mes de enero la Asociación Abogados de Atocha entregará a la jueza argentina María Servini de Cubría un premio: “Vendrá el 24 de enero, será una oportunidad para que se encuentre con mucha gente”, indicó, y añadió: “Hay un enorme secretismo institucional, lo que muestra que están muy preocupados. Como dijo el poeta, ‘qué gozo es el de entender y asistir a lo que se va y a lo que viene’. Nosotros asistimos a la impunidad que se va y a la justicia que viene”, remató.
Respaldo de diputados
El acto estuvo respaldado por diputados del Grupo Mixto, Izquierda Plural y el Grupo Parlamentario Vasco. También asistieron los diputados del PSOE Odón Elorza e Ignacio García Amor, presentes entre el público.
Joan Tardà, en nombre del Grupo Mixto, indicó que “la sociedad española tendrá que reconocer algún día la tarea de la querella argentina” y la diputada Caridad García Álvárez, de Izquierda Plural, señaló que su grupo apoya “la querella argentina para que salga adelante y para que Interpol se haga cargo y los imputados puedan ser extraditados”.
Jon Iñarritu, de Amaiur, mostró también su “apoyo y solidaridad con esta querella, la única oportunidad para que haya verdad, justicia y reparación”, y Rosana Pérez, del BNG, recordó que su agrupación forma parte de la querella: “Hubo gallegos masacrados, exiliados, muertos en las cunetas, asesinados en fosas comunes que siguen desaparecidos, como tantos otros”.
La palabra de las víctimas del franquismo
Después llegó el turno de lo representantes de asociaciones de víctimas y, con ello, el silencio absoluto en la sala, cabezas asintiendo entre el público, algunos ojos húmedos, atención máxima.
El primero en hablar fue Andoni Txasco, que perdió la práctica totalidad de la visión en uno de sus ojos en los asesinatos de Vitoria del 3 de marzo de 1976: “Ese día me refugié en una de las iglesias, pero los agentes la invadieron. Nosotros nos libramos gracias a que el párroco nos sacó por la sacristía. Dejaron que la iglesia se llenara, la sitiaron, la rodearon, y cargaron. El Estado sigue dando credibilidad hoy a la versión policial de entonces, de que fue una actuación antiterrorista para recuperar el orden, y así negarnos ser acogidos como víctimas del terrorismo. Con el agravante de que hay grabaciones en las que se felicitan y jactan por disparar más de 2.000 tiros, de haber provocado una masacre, son reiterativas sus referencias a esa palabra, masacre. Y terminan diciendo: ‘buen trabajo, buen servicio’. Se ampara la impunidad y la discriminación de las víctimas. No nos mueve el rencor. Lo que queremos es que esta gente imputada pase a la historia como un azote a los derechos humanos y no como padres de la democracia”, relató.
Tras él tomó la palabra Manuel Blanco Chivite, integrante de la asociación de expresos y represaliados del franquismo, y él mismo condenado a pena de muerte en septiembre de 1975, quien reclamó la anulación de las sentencias de los juicios sumarísimos. Soledad Luque, representante de la asociación de víctimas de bebés robados, indicó que los delitos del franquismo “son delitos que no prescriben, como no prescribe el dolor de las víctimas. La lucha contra la impunidad es una cura para toda la sociedad, para la verdadera historia”.
Óscar Blázquez, del Foro por la Memoria, arqueólogo, denunció una mala praxis judicial en nuestro país “porque los jueces no tienen en cuenta que son delitos que no prescriben”. “Cuando se encuentran los restos de un romano anónimo de más de 2.000 años, éste tiene mejores garantías legales, a través de la Ley de Patrimonio, que un desaparecido del franquismo”, explicó.
Víctor García, de la Plataforma contra la impunidad del franquismo, relató parte de su propia historia: “Sufrí cinco detenciones, cuatro procesamientos y algo más de ocho años de prisión. La primera vez que me arrestaron fue en 1956. Iban a por mi padre, pero como yo me llamaba igual, dijeron aquellos de “pues dos por uno”. La última vez que me detuvieron fue en diciembre de 1976. Hay que anular los juicios sumarísimos y las sentencias del TOC. Yo fui juzgado allí, y el presidente del mismo dijo que si por él fuera sacaba él mismo la pistola y nos mataba allí mismo. Así era. Tenemos que recuperar la memoria democrática, secuestrada por la dictadura, un secuestro aceptado por la transición”.
Elsa Osaba, de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, reivindicó la memoria de los exiliados. “Mis oídos conservan los relatos de las derrotas de la retirada. Mi abuela, mi madre, mis tíos sufrieron el exilio en Francia. Aprendí pronto los nombres de los campos de concentración que no fueron de acogida, como dicen los franceses. Francia se sonroja ahora: más de 14.000 españoles murieron en esos campos en solo seis meses. Los españoles fueron perseguidos y arrestados en Francia, entregados al régimen de Franco, como Compayns. El régimen se extendió por Europa, no se paraba en los Pirineos”, recordó ante un público que contenía el aliento.
Tras ella tomó la palabra Cecilio Gordillo, representante del colectivo de víctimas de trabajos forzados, quien subrayó cómo grandes empresas constructoras hicieron uso de presos políticos del franquismo, condenándolos a trabajos forzados, para construir carreteras no solo en España, sino también en lugares como Marruecos. “A esos presos, más de 100.000, nunca se les ha reconocido que su trabajo fuera una forma específica de represión, y eso tiene repercusiones importantes, porque las leyes de Franco decían que los presos, cuando eran ‘alquilados’ por empresas, tenían que ser dados de alta en la Seguridad Social, y de ser así podrían haber cobrado pensiones por ello”, señaló. Y añadió: “Esta faceta específica de la represión está sin resolver. A día de hoy al menos un 20% de las empresas del IBEX35 han tenido relación con los presos políticos en trabajos forzados durante el franquismo”.
Por último, intervino Ángela Fernández, del colectivo de víctimas de los preventorios, con un testimonio escalofriante sobre su paso por el preventorio de Guadarrama:“El régimen entregó a Falange la gestión de los preventorios destinados a la prevención de enfermedades como la tuberculosis. Allí iban a parar los niños de familias muy pobres. En este de Guadarrama éramos niñas procedentes de la miseria y además de familias represaliadas, lo que significaba un horror más. Se practicaba tortura física y psicológica contra la infancia con la meta de erradicar cualquier pulsión de empatía con las ideas de nuestras familias. Nos querían horrorizadas, sumisas, subyugadas. Nos golpeaban, nos agredían. Se nos aplicaron tratamientos médicos que desconocemos cuáles son a día de hoy, tenemos serias dudas de que se nos usara como conejillos de indias. Hoy estamos aquí en el Congreso, en esta casa secuestrada, a la que hemos llegado solo por nuestros propios esfuerzos porque no hemos contado con respaldo político”, lamentó.
Con ello se puso fin al acto en el Congreso. Entre pasillos, los participantes comentaban, esperanzados, los pasos dados hasta ahora por la querella argentina como ejemplo de que la impunidad del franquismo está siendo cuestionada más que nunca dentro y fuera de nuestro país.
