MANIFIESTO DE LA COMISIÓN POR EL DERECHO A LAS EXHUMACIONES.

MANIFIESTO DE LA COMISIÓN POR EL DERECHO A LAS EXHUMACIONES.

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La Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, constituida el 23 de febrero de 2019 y perteneciente a la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia (Sevilla), cuy@s representantes son l@s firmantes de este documento, está formada por miembros activos del Memorialismo que llevamos décadas trabajando por la Justicia, la Verdad y la Reparación hacia las personas -nuestros seres queridos en su mayoría- que fueron detenidas irregularmente, asesinadas después y hechas desaparecer al sepultar sus cuerpos en enterramientos ilegales o fosas -tras el golpe militar fascista de julio de 1936 y mediante la sistemática represión genocida que le siguió- por defender los valores democráticos, de igualdad social y republicanos y los sueños de tod@s por una España mejor.

Nosotr@s vemos de imperiosa necesidad la puesta en marcha de esta Comisión con este Manifiesto que surge del sentimiento en el Memorialismo de que su eje principal, el que es, la intervención en las fosas o enterramientos que sirvieron de ocultación del genocidio español y la exhumación e identificación de los cuerpos que contienen, no ha sido ni es abordada por ningún gobierno español – ni central ni autonómicos- desde la transición y hasta nuestros días como política de Estado, con las herramientas y articulaciones lo suficientemente fuertes y con los medios lo necesariamente  ágiles, eficaces y adecuados para abarcar en profundidad y en su conjunto esta vergonzante y  anacrónica realidad que aún hoy permanece tras cuarenta años  de democracia, una democracia que es –por consiguiente- débil a los ojos de los derechos humanos. 

La escabrosa existencia de las fosas en España no tiene parangón alguno con ningún pueblo europeo pues todos han puesto su historia más o menos en orden, y nuestra situación sólo es comparable con la Camboya de Pol Pot que es el único país con más fosas comunes por delante de España, con 200.000 desaparecidos entre 1975 y 1978:  lo que se conoce con el nombre de genocidio camboyano.

En España la tragedia ocurrida y las consecuencias por décadas que le siguieron pueden resumirse en el análisis que el historiador Francisco Espinosa realiza tras años de investigación en su libro La historia que ha de quedar:

     1º La República fue un régimen democrático que inició reformas que no fueron aceptadas por importantes sectores de la derecha española.

     2º La derecha la boicoteó desde el principio y lanzó su ataque final cuando vio que las elecciones de febrero del 36 daban el poder al Frente Popular.

     3º El medio fue un golpe militar seguido de un plan de exterminio perfectamente calculado, que en varios meses causó la desaparición de miles de personas allí donde triunfó ey al que ya en el 37 se le quiso dar una envoltura pseudojurídica.

     4º La masacre fue de tal magnitud que desde el primero momento se tuvo plena conciencia que había que ocultarla como fuera.

     5º. La guerra civil representa un paréntesis dentro del plan de exterminio, que existió antes de que se pudiera hablar de tal guerra y continuó después hasta bien entrados los años 50. 

     6º. Hasta tal punto era importante la cuestión represiva que se neutraliza con la Amnistía de octubre de 1977, catorce meses antes de la Constitución.

     7º La transición, controlada por la derecha y con el visto bueno de la izquierda, omitió toda referencia a las decenas de miles de víctimas de la represión fascista.

     8º 40 años después de la transición, y a pesar del esfuerzo realizado, seguimos sin saber la identidad y el número de víctimas.

El genocidio español con 150.000 víctimas fue perpetrado por los sublevados contra las personas que defendieron la II República (maestros y maestras, funcionarios y funcionarias, jornaleros y jornaleras, escritores y escritoras, políticos y políticas, concejales, alcaldes, sindicalistas, …). Aquéllos genocidas de Franco, Queipo de Llano y Mola, al poco – y porque ya eran muchos los muertos- se autonombraron,  desde una pseudo legislación hecha a medida,  como Estado español. El terror se impuso desde ese Estado ahora franquista a manos de fascistas, por tanto es el Estado el que debe asumir su búsqueda y su recuperación, toda vez que a quienes buscamos eran ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos en aquellos entonces, y siguen siéndolo porque permanecen aún hoy desaparecidos.   

Pero por el contrario, y lejos de una necesaria, integral,  y seria política pública de Estado sobre la verdad y más lejos aún de una política efectiva en exhumaciones para sacar todos los cuerpos ilegalmente enterrados –más de 100.000, de los que la mitad o más se encuentran en Andalucía-  y para crear el necesario banco de ADN, la preocupación mayor de todos los gobiernos de la democracia instaurada desde Juan Carlos I ha sido dar cobertura creíble y suficiente a la llamada “reconciliación” de la Transición y a la Ley de Amnistía que constituyó y sigue constituyendo el brazo armado de lo “bien atado”,  dándose el lujo de amnistiar a los que habían perdido la mal llamada “guerra civil” y auto-amnistiándose los mismos ejecutores, de paso. La desigualdad en derechos para con el resto durante 40 años de aquellos ciudadanos metidos en fosas, y la injusticia para con ellos y sus familiares, como ciudadanos de segunda, deja a nuestra democracia en manifiesta evidencia: le falta fortaleza y credibilidad. De las 2.382 fosas registradas en el territorio español, desde el 2000 sólo se han abierto 350. Otras muchas fueron expoliadas por los Ayuntamientos democráticos cuando hablamos de cementerios ya sea por el traslado de los restos a una nueva fosa común o panteón o con motivo de obras de ampliación o construcción de nuevos nichos o por haber quedado el cementerio dentro del casco urbano y proceder a la construcción de uno nuevo trasladando los restos a él, o por Obras Públicas o Medio Ambiente cuando hablamos de obras en cunetas o similares. En todos los casos nadie tuvo conocimiento de estas intervenciones ni de las fosas halladas, ni tan siquiera los familiares.

Cierto es que se han asumido proyectos de envergadura como el mapa de fosas, algunas exhumaciones, algunas pruebas de ADN, ediciones de libros y documentales y organización de jornadas de divulgación y de conocimiento. Pero a grosso modo en el tema de las exhumaciones, las Leyes de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, y la andaluza de Memoria Histórica y Democrática 2/2017, de 28 de marzo, han resultado funcionar como verdaderos anclajes y asentamientos de nuevas ataduras, que se sumaban a las de la Ley de Amnistía, por diferentes motivos: porque han dificultado las tareas administrativas, al desviar las autorizaciones provocando que  los expedientes se hagan interminables, porque alejan las labores de investigación, localización, exhumación e identificación del contexto judicial en el que se deberían enmarcar de conformidad con el derecho internacional, pues se trata de crímenes de lesa humanidad y porque se suman a todo ello todo tipo de obstáculos con lo que los familiares tropezados en todas las gestiones.…. Familiares arqueólogos….. El Estado español lo tiene en este sentido “todo pendiente y sin hacer”, según la Comisión de Derechos Humanos y el informe del Relator Pablo de Greiff de 2014. Resulta, con el tiempo, y tanto anclaje, algo que se nos hace cada vez más evidente y se erige en una verdad dolorosa pero categórica: resulta más difícil exhumar ahora, cuando se conoce el alcance del desastre, que antes, que en los inicios del movimiento de la Memoria, por no hablar de exhumaciones producidas a finales de la década de los 70, tras la muerte del dictador  y antes del intento de golpe de estado de 1981.

No es sólo un horrendo y singular anacronismo, sino una sin razón y una vergüenza que en un país que se llama a sí mismo democrático, permita que aún existan miles de enterramientos ilegales y miles de personas desaparecidas y tiradas en ellos. Es esa, y no la España de la “democracia ideal”, la de más de medio país, y la del golpe triunfante y de la represión inmediata, donde se encuentra la España de las fosas comunes en la mayoría de los pueblos, que nos hablan de una realidad represiva impuesta a fuego, y es la  que a todas luces se quiso esconder, negar luego y silenciar a perpetuidad. Unas en las cunetas, otras en las carreteras, otras perdidas en laderas y barrancos, otras fuera de los pueblos y otras en los cementerios en rincones llenos de maleza o bajo los escombros o las basuras; con un desprecio absoluto hacia las vidas humanas, las tiraron también con un desprecio absoluto hacia sus muertes. No les importó. Tampoco al Estado hasta la fecha. Los únicos que sufrieron la ausencia, tanta ausencia, fue a sus familiares, integrantes del Memorialismo hoy en día.

No hay prueba más evidente que lo que hay dentro de una fosa. Cuando una fosa se localiza, se abre y se exhuman los cuerpos que en ella se hallan, la fosa se erige entonces como ese testigo incuestionable, la prueba material que es capaz de mostrar por sí sola el volumen, la índole y la naturaleza de aquella masacre.

Y ante el hecho criminal que no cabe en cabeza, lo que sorprende es la enormidad y la sistematización del crimen, pueblo a pueblo, siguiendo nombre a nombre las listas macabremente confeccionadas que “señalaban” quienes debían ser ejecutados, exterminados -dado el número de fosas que pueblan toda nuestra geografía-  y lo que demuestran las fosas abiertas son los actos de violencia que los cuerpos ya esqueletizados de las víctimas presentan, hablando por ellos mismos de la verdad de ese crimen, en una “Arqueología de la Verdad, arqueología de la violencia” que es difícil describir.

Lo que contienen las fosas –las que se han podido abrir-  son cuerpos de mujeres, hombres y jóvenes asesinados directamente y neonatos, asesinados indirectamente. La mayoría de aquéllos conservando las suelas de sus alpargatas de pobre, pocos podían llevar buenas botas. Muchos, la mayoría también, con síntomas en las concavidades de sus ojos de pasar hambre crónica y con sus bocas llenas de caries y de padecer problemas bucales por una pésima nutrición. La mayoría de los esqueletos tienen además los huesos invadidos por la artrosis, con las columnas maltrechas por los esfuerzos continuados, o también, cuando no, con improntas en los huesos de sus brazos de músculos desarrollados por los trabajos prolongados en el tiempo de una vida dura de hambre y de trabajo duro y sin descanso. Y junto a estas señales que nos hablan de sus vidas, las señales que nos hablan sin cuestionamiento posible de sus muertes: las marcas de las ataduras con cuerdas, con cables eléctricos que se han conservado, en las muñecas y en los brazos, la presencia de huesos rotos de dedos, muñecas y brazos por el forcejeo o por golpes o por machetazos y cortes, y la terrible omnipresencia de los agujeros de bala en sus cráneos o en sus mandíbulas o en su tórax, con entrada y salida, o con sólo entrada, en su mayoría localizados en la parte posterior del cráneo y en algunos casos en la cara, y todos con una trayectoria similar de tiros certeros a 90º, entre el cráneo y el arma, con agujeros perfectos y limpios, cercanos o a quema ropa, evidencia de muertes violentas, de ejecución programada y en masa porque son en su mayoría enterramientos colectivos, con presencia de muchos grupos de muertos que se suceden unos encima de otros. Y ellos mismos seguidamente nos retratan al unísono la escena de cómo los trataron después de la muerte: arrastrados, apilados, tirados, ocultados con cal y arena, o sólo arena, o quemados. Escenas que no se nos borran a los que hemos efectuado alguna una exhumación.

Las fosas se erigen como el testimonio físico, la prueba material incuestionable, intangible e innegable que nadie se atrevería ni a ningunear ni a desmentir por el horror que se descubre en ellas, por la verdad con la que por sí mismas evidencian lo que realmente ocurrió, sin que quepa lugar a dudas.  Es quizás éste, y no otro, el único argumento clave y de trasfondo que existe  para tantas cortapisas a la hora de intervenir las fosas desde la voluntad política y desde la política de Estado. 

A estas alturas, cada fosa abierta echa por tierra y por sí misma los agrios argumentos de los legitimadores, más tarde de los revisionistas y ahora de los dulcificadores del franquismo ganador que hablan de rebelión para acusar a los ciudadanos y a las ciudadanas que mantuvieron la defensa del orden legalmente establecido en las urnas. ¿Por qué se arrojaron los cadáveres en lugares ilegales? ¿por qué ese afán de ocultamiento que llega hasta nuestros días? Si hubiese sido una guerra y no una represión ¿por qué no se inscribieron todas esas víctimas y aún hoy siguen sin inscribirse? ¿Es que eran acaso demasiadas víctimas incluso para los represores? ¿No será la prueba de lo que en realidad sucedió, un genocidio cometido por aquéllos que se pusieron el título de salvadores de su patria? ¿no será que con la fosas abiertas se pueden contar las víctimas, una a una y se descubre otra Patria? ¿No será que se descubren las ejecuciones con tiros en la nuca en lugar de una guerra santa? ¿no será que los supuestos salvadores, lo único que querían salvar eran los intereses particulares de aquellos que los vieron peligrar en tiempos de la II República? ¿no tocaría incluso este planteamiento de hace 80 años, con la realidad presente y con muchas de sus grandes empresas, algunas de ellas con intereses financieros en Bolsa? ¿Qué reconciliación ha habido si estos muertos parecen no ser y continúan no siendo ciudadanos de un mismo país con derecho a la justicia de su país? 114.000 nombres en las listas que el juez Baltasar Garzón remitió a finales de 2008 a más de 60 juzgados territoriales. Fueron las causas más graves jamás denunciadas en los juzgados. Muchos de estos juzgados las archivaron sin investigar o recabar información de los familiares de las víctimas. ¿Qué clase de Justicia es la que tenemos que aplica la prescripción del delito de desaparición, cuando este delito según el Derecho Internacional no prescribe? ¿De qué querían defender a España? ¿De las urnas? ¿De sí misma? Y ahora, ¿a qué o quiénes se sigue temiendo? ¿a la propia democracia de sus primeros demócratas? ¿Unas heridas abiertas de los familiares hacen peligrar una democracia? ¿no será acaso su debilidad en derechos humanos?

En la mayoría de los casos, una fosa abierta demuestra que las víctimas que en ella se hallan no son soldados de trincheras que han muerto defendiéndose,  sino mujeres y hombres del pueblo, desarmados, atados, indefensos y ejecutados. Para más vergüenza, en España se consiente también que los cuerpos de brillantes mentes como Blas Infante o Federico García Lorca permanezcan así sepultados, no sabemos por cuánto tiempo más.  Se mató y se arrancó de cuajo cualquier esperanza, por brillante que fuese,  de un futuro mejor y más justo, diferente y más igualitario. En eso consistió la mal llamada guerra civil y su prolongación intencionada en el tiempo, lo que vinieron ellos mismos en llamar la salvaguardia de la Patria.

Las fosas nos demuestran que la guerra fue un simple instrumento que maquilló lo que en verdad interesaba hacer y estaba planeado. Aniquilaron a casi media España, no hay duda en ello; muchos quedaron en la cuneta, pensaban que para siempre; el resto de esa mitad, tuvo que huir al exilio y otros callaron, aunque no para siempre. La otra mitad siguió como siempre, viviendo sin escrúpulos, cómodamente ante una sociedad quebrada y asustada a la que se le podía explotar; siguieron viviendo para y por sus intereses, al resto se les negó vivir.

Ha sido desde el Memorialismo iniciado desde la soledad de nuestras casas y ante las fotografías de nuestros familiares, cuando hemos sido conscientes de que nos han negado desde siempre la recuperación de sus cuerpos y el conocimiento de nuestra historia, al igual que somos conscientes ahora de las consecuencias políticas, sociales e ideológicas de esta desmemoria.

Las fosas, como huellas de la memoria, del pasado y del presente, son parte indisoluble del franquismo, pero también son parte indisoluble de esta democracia porque del primero son la esencia y la voluntad de esconder la aniquilación del enemigo desde el terrorismo de Estado, pero de la segunda son una realidad vergonzosa y vergonzante que traspasa todo racionamiento, siendo lo que son, fruto del sistema. Si esto es negado, como dice Cecilio Gordillo en La recuperación de la memoria histórica sólo queda el argumento de la irresponsabilidad o de la pasividad o de la complicidad política que ha sido capaz de perpetuar la injusticia sobre quienes lo perdieron todo, incluso la vida, por defender la legalidad republicana y los valores transformadores hacia una sociedad más igualitaria.

Los pasados no se pueden ni romper ni olvidar y mucho menos el nuestro que no está resuelto. En esto, las fosas son como bombas de relojería, enterradas en paisajes familiares, bombas de relojería contra el olvido y la desmemoria y que han irrumpido con intensidad en la sociedad, con todo el peso del tiempo pero con todo el peso de su verdad, denunciando lo que fue en un mundo cada vez más preocupado por los Derechos Humanos.

La redacción de este manifiesto significa LA LUCHA POR EL DERECHO A LAS EXHUMACIONES de las personas ilegalmente enterradas en España en fosas desde 1936 en adelante. Tod@s los que suscriben este Manifiesto y aquellas personas u organizaciones que puedan adherirse en un futuro, NOS COMPROMETEMOS  en una acción común de colaboración coordinada en la defensa de aquellas personas de este país que aún siguen enterradas anónimamente en estas fosas.

NOS COMPROMETEMOS a DEFENDER ESTE DERECHO ANTE EL ESTADO ESPAÑOL Y ANTE TODAS LAS ADMINISTRACIONES.

NOS COMPROMETEMOS A IMPULSAR y PROMOVER cualquier exhumación que esté pendiente  y NOS COMPREMETEMOS A AYUDAR a cualquier familiar o familiares y a cualquier organización que plantee la intervención sobre una fosa, así como A DENUNCIAR EN ARAS A SU CONSECUCIÓN  CUALQUIER PROCESO DE INTERVENCIÓN QUE SE HAYA VISTO FRENADO O SIN RESPUESTA POR LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA, ante los organismos de Derechos Humanos y del Derecho Internacional.

EXIGIMOS una política clara y firme del Estado y de las Administraciones para con los desaparecidos, aplicando los Derechos Humanos  por encima de cualquier otra consideración. Las exhumaciones de las fosas y el hallazgo de todos los desaparecidos y su inscripción en los Registros Civiles deben ser  efectivos y planteados como acciones de justicia, de verdad y de reparación, siendo  nuestra principal tarea, nuestro principal deseo y nuestra esperanza.

EXIGIMOS la constitución con recursos económicos del banco de ADN.

CONSIDERAMOS NECESARIO que los programas de actuaciones arqueológicas que se vienen efectuando, se redirijan y se concentren en las fosas, al igual que estas prácticas –que no son nuevas- se han ido realizando en otros países con historias similares como Chile, Argentina, Guatemala, Perú, Rusia, … con recursos humanos y económicos españoles. No somos nuevos ni novatos en estas lides: sólo hay que ponerse a cavar en nuestro propio territorio de una manera firme, desde un plan nacional de búsqueda y su gestión efectiva.

Y EXIGIMOS la incorporación de la desaparición forzada en el derecho interno de España, no sujeto a la amnistía y que de una vez se declare que el franquismo español cometió  crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio siendo  imprescriptibles, no amnistiables y sujetos a la persecución universal.

RECHAZAMOS rotundamente el Comisionado de la Concordia y la decisión de cambiar la Dirección General de Memoria Democrática por este Comisionado. Suponen políticas de contramemoria y el menosprecio hacia las víctimas en el intento de manipular el relato del golpe de estado, de guerra civil y de dictadura equiparando víctimas y verdugos. Con impunidad, jamás habrá Concordia.

“la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos”.

Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, 1789.

Las personas y colectivos abajo firmantes hacemos un llamamiento a la ciudadanía y organizaciones para que se adhieran a este manifiesto.