“Oro para la Patria”. Confiscaciones, ‘donaciones’ y presión fiscal en los inicios del Franquismo.
DE RE HISTOGRAPHICA | MARÍA LUZ DE PRADO HERRERA | 12-2-2019
Las investigaciones realizadas, tanto en las provincias que quedaron inicialmente bajo dominio insurgente como las que fueron tomadas posteriormente, revelan un modus operandi muy similar en la estrategia de conseguir recursos. A los pocos días del golpe militar, antes incluso de constituirse la Junta de Defensa Nacional y de establecerse el entramado normativo, se hizo un llamamiento a la población para recoger fondos con destino a cubrir las necesidades más perentorias. La prensa publicó la apertura de las primeras suscripciones con las cantidades recaudadas. Simultáneamente, se movilizó a las milicias y a los primeros destacamentos militares, se produjo el cambio de poder institucional, se ocupó el espacio y se doblegó la resistencia inicial. Estas decisiones fueron determinantes para concitar los apoyos, porque aunque en un primer momento la iniciativa recaudadora partió de los militares y de las nuevas autoridades locales impuestas por aquellos, inmediatamente fueron apoyadas por los líderes de las fuerzas políticas que secundaron el golpe (FE-JONS, Tradicionalistas, Acción Popular, Renovación Española, CEDA) y por los que tenían gran implantación e influencia en cada provincia. También, por sectores de la élite social y económica de las principales ciudades y por particulares, más o menos relevantes, dispuestos a colaborar. Por eso, desde el principio se simultanearon las suscripciones oficiales con las iniciativas locales e individuales.
Para gestionar los primeros recursos y superar la desorganización inicial se constituyeron en las capitales de provincia comisiones o juntas provinciales para dirigir y controlar las suscripciones y para nombrar subcomisiones en las cabezas de los partidos judiciales. Estas, a su vez, designaron y supervisaron las comisiones locales de los municipios. Su composición, de marcado carácter elitista, respondió al predominio en cada localidad de lo que se conocía como «fuerzas vivas», donde también estaban los militares y las fuerzas de orden público, pues, no en vano, el destino de la mayoría de las suscripciones era cubrir las necesidades bélicas. Las fuerzas políticas conservadoras y los representantes de los sectores socio profesionales dominantes en cada provincia formaron parte de dichas comisiones gestoras, pues así lo establecieron las instrucciones dadas en Burgos el 1 de octubre de 1936. En estas se especificaba que las comisiones gestoras municipales deberían constituirse
“por los mayores contribuyentes por rústica, industrial, pecuaria y utilidades, siempre que reúnan las características de apoliticismo y eficiencia” o, en última instancia, por “cualesquiera otras personas que, en razón a sus actividades o por su significación personal, puedan estimarse como de leal o imprescindible cooperación (…)”[1].
Las instituciones de poder –ayuntamientos, diputaciones provinciales, gobiernos militares y civiles–, además de impulsar la apertura de algunas suscripciones, vigilaron su desarrollo y fueron depositarias de los fondos recaudados en metálico y en especie. El gobernador civil se convirtió en la pieza clave de todo el proceso al ser el intermediario entre el Gobierno General y las Juntas locales, y al encargarse de comunicar a los alcaldes las órdenes que establecían la apertura de cada suscripción y el reglamento para su desarrollo.
Autoridades e instituciones encauzaron el impulso inicial, que en ocasiones fue de aluvión, aunque escasamente espontáneo, pese a que la propaganda se ocupó de enmascarar la realidad. Desde un principio, los alcaldes presidente de las comisiones oficiales enviaron saludos-invitaciones a ciudadanos instándoles a participar en la suscripción y con un tono conminatorio. El dirigismo, con la asignación de una cantidad determinada y la coacción, estuvieron implícitos en las invitaciones, pues se les advertía de la necesidad de colaborar con diligencia para no tener que dar lugar a un segundo requerimiento. Este proceso inicial se denominó en muchos lugares «campaña patriótica» y para que tuviera éxito y crecieran las aportaciones fue necesaria la colaboración de los líderes políticos, unas veces acompañando a los representantes de las comisiones locales en su recorrido por las distintas provincias, y, otras, a través de llamamientos en la prensa y alocuciones por radio para alentar la participación de su militancia,
“con aportaciones espléndidas, que eso es vuestro deber, tanto por patriotismo como por egoísmo. No pueden admitirse emboscados de la dádiva (…) se trata de una causa grande, decisiva”[2],
Las gestoras locales, presididas por los alcaldes, no sólo impulsaron y encabezaron las cuestaciones con la aportación más elevada, sino que trataron de vigilar las suscripciones oficiales y las iniciativas locales. Simultáneamente, los gobiernos civiles ordenaron a las respectivas jefaturas de prensa y propaganda la inserción en los periódicos de las cantidades recaudadas. Un sinfín de listados se publicó periódicamente en los diarios locales.
Las primeras medidas confiscadoras, apuntadas en los bandos declarativos de guerra, sirvieron para recabar el primer sostén logístico de los sublevados y para desarmar ideológica, política y psicológicamente a una parte importante de la población. Las suscripciones, además de servir de vehículo para allegar recursos, se utilizaron para movilizar, encuadrar, controlar y coaccionar a la población de retaguardia. Los medios para extraer y canalizar fondos fueron diversos: cuestaciones, actos religiosos y desfiles patrióticos, medallas y escapularios, lotería patriótica, banderitas para la población, veladas teatrales, fondos de festivales benéficos, espectáculos varios, etc., en los que toda la población se vio conminada e implicada en el esfuerzo bélico.
La amalgama de iniciativas, desde las espontáneas y voluntarias, hasta las oficiales y obligatorias, dio lugar a que las suscripciones tuvieran distinta naturaleza según el promotor que las impulsara o las aportaciones que recibieran. La mayoría fue de carácter oficial, también denominadas “obligatorias” o “reglamentadas por la superioridad”; otras, voluntarias o procedentes de donativos particulares. Cualquiera que fuese su signo, la atención a las necesidades bélicas de vanguardia y retaguardia estuvo presente en todas ellas. Y, aunque la mayor parte se utilizó para atraer fondos en metálico, no se descuidó la canalización de donativos en especie para cubrir las necesidades de los frentes, sobre todo en los primeros meses de la guerra.
La explosión de iniciativas puso de manifiesto la necesidad y premura en conseguir recursos y evidenció el caos y la desorganización inicial en gran parte de las provincias; también, la atomización del poder y la autonomía de que gozaron algunas jefaturas militares al tomar decisiones en sus respectivos dominios. De ahí que las distintas denominaciones, los múltiples depositarios de fondos y la fragmentación y dispersión de los ingresos fueran las notas predominantes en todas las suscripciones.
El avance de la guerra, la ampliación de los frentes y la escasez de participación voluntaria obligaron a encauzar el proceso y a impulsar la apertura de nuevas suscripciones. La tacañería y la actitud antipatriótica de los que tenían una posición económica más desahogada fue objeto de reproche y de denuncia pública. Las subcomisiones de los partidos judiciales tuvieron que establecer un reparto forzoso entre los vecinos a través de “cuotas guiadas”. De los problemas a los que se enfrentaron las distintas comisiones locales al efectuar el prorrateo dieron buena cuenta a los gobiernos civiles. Incluso les solicitaron que cambiaran la asignación en metálico por donativos en especie.
Como consecuencia de los repartos, la gran aportación provino de las capas populares y mesocráticas. Los análisis efectuados a los listados revelan que en las pequeñas localidades solían encabezarlos las autoridades municipales –alcalde, concejales–, seguidos de los funcionarios del ayuntamiento, cura párroco, médico y los restantes vecinos. En las capitales de provincia, el abanico se ampliaba a empresarios, profesionales liberales, instituciones públicas y privadas, gente acomodada o “clases modestas”, que colaboraban con sus donativos por distintas razones, bien porque se identificaban con los sublevados o porque deseaban expiar su pasado izquierdista. También gente anónima que no quería revelar su identidad y que aparecía con seudónimo.
En algunas localidades se advirtió de que detrás de las asignaciones pecuniarias no debían esconderse represalias o resentimientos personales. Pero esas recomendaciones, en general, no se tuvieron en cuenta. Más bien al contrario. Grupos de milicianos, de forma autónoma o por mandato de las autoridades, recorrieron las poblaciones para recoger dinero, joyas y víveres, al tiempo que utilizaban las listas para diferenciar a los buenos de los malos contribuyentes. No fueron pocos los que aprovecharon el caos de las primeras semanas para sustraer importantes donaciones en metálico o en especie.
Todas estas circunstancias obligaron a las autoridades militares a establecer una serie de criterios unificadores para superar la desorganización inicial, encauzar el proceso y someter todas las cuestaciones al rígido control militar. En algunas provincias estos cambios ya se efectuaron en agosto o a finales de septiembre de 1936; en otras, se fue desarrollando a lo largo de la guerra.
La campaña patriótica se institucionaliza
El deseo y la necesidad de centralizar las ayudas obligaron a que en algunas capitales se abriera una suscripción con donativos a favor de la Junta de Defensa Nacional y a nombre de la Comisión del Tesoro Público. Fue un primer paso para reconducir el proceso y para institucionalizar la campaña patriótica inicial. El definitivo, y más relevante, lo estableció la orden de 19 de agosto de 1936 al crear la Suscripción Nacional[3]. Su antecedente más inmediato fue la campaña “Oro para la Patria”, en la que se solicitaba a la población la entrega voluntaria de oro y divisas para constituir un Tesoro Público con el que satisfacer los pagos internacionales. La Suscripción Nacional, a través de sus tres modalidades –“suscripción en metálico”, “suscripción oro” y “donativos de funcionarios públicos”–, canalizó legalmente las aportaciones de la población, tanto las que se habían efectuado hasta esa fecha como las que se produjeran en adelante. Desde Burgos, y a través de distintas disposiciones[4], se establecieron y unificaron los trámites burocráticos, instruyendo a los gobernadores civiles para que remitieran la documentación generada por el proceso recaudador. También para ayudar a centralizar las tenencias metálicas y similares. A partir de noviembre de 1936 todas las remesas de oro llegaron a Burgos para su tratamiento en el Laboratorio de Oro Nacional[5].
Suscripciones en función de las necesidades
La extensión de la guerra y el incremento de las necesidades forzaron a los insurgentes a promover nuevas figuras suscriptoras e impositivas, con lo que la presión recaudatoria fue aumentando progresivamente sin apenas distinción entre ellas. Los motivos de la apertura de las suscripciones los marcaron los objetivos que había que cubrir. Se combinaron las oficiales, extensivas a todo el territorio dominado, con las iniciativas locales, destinadas a cubrir necesidades concretas. En este caso llegaron a ser excesivamente específicas, y las promovieron los propios ayuntamientos o las autoridades militares.
Las suscripciones destinadas a las fuerzas armadas son las que inauguraron las distintas modalidades. Aunque en un primer momento los fondos se destinaron a las fuerzas locales, la suscripción para el Ejército y milicias acabó siendo la más importante y de mayor duración en todas las provincias. Una variante de estas fue la destinada a las fuerzas políticas y sus milicias. Los respectivos jefes locales colaboraron en la recogida y entrega de las cantidades, si bien la distribución de los fondos benefició más a Falange. Las suscripciones en especie, en ocasiones, fueron complemento de las aportaciones en metálico o en sustitución de estas, sobre todo cuando la carencia de liquidez era evidente. Otras veces, se ingresó su valoración en metálico. Los donativos iban destinados al avituallamiento de las tropas y presentaron una amplia gama según la disponibilidad de cada provincia: alimentos variados y ropa fueron los más habituales.
Simultáneamente a las suscripciones dirigidas al Ejército y milicias se abrieron las destinadas a adquirir material de guerra y apoyo logístico, y en esta modalidad la que tuvo más éxito, por la rivalidad que se generó entre las capitales, fue la que se abrió para conseguir fondos con los que adquirir un aeroplano que llevase al combate el nombre de la ciudad.
El apoyo a los heridos se canalizó a través de Frentes y Hospitales o Cruz Roja. En la mayoría de las provincias se abrieron para paliar necesidades concretas, como instalar hospitales de campaña o para atender a los soldados de la localidad y sus familiares. La cercanía de los necesitados suscitó mayor interés entre el vecindario y, por ende, mayor participación o espontaneidad. Lo mismo ocurrió en diciembre de 1936 con las iniciativas locales, como las “Cruzadas contra el frío”, antecedente de la suscripción oficial Aguinaldo del combatiente. Con ella se estableció una tradición que se repetiría en diciembre de 1937 y 1938 a través de la suscripción Pro aguinaldo del combatiente.
A medida que se alcanzaron objetivos militares, se abrieron nuevas suscripciones con las que recaudar fondos y víveres con destino a paliar las necesidades de las poblaciones conquistadas. De los preparativos y envío de convoyes a las zonas conquistadas se ocupó Auxilio a Poblaciones Liberadas, poniendo de manifiesto la capacidad de movilización de la retaguardia y las carencias reales.
Mientras se atendían las necesidades de las retaguardias “liberadas” y se continuaba con el resto de las suscripciones ya abiertas, no se descuidaron los homenajes a los héroes y mártires y la celebración de funerales por los muertos. De todas ellas, la que tuvo más respaldo en todas las provincias fue la destinada a honrar y agasajar a Franco tras su exaltación a la jefatura máxima.
Tampoco faltaron las suscripciones unidas a festividades y conmemoraciones y las destinadas a recabar fondos para erigir monumentos que dejaran constancia física de las hazañas. También la reconstrucción de ciudades y edificios se cubrió con la apertura de suscripciones. Todas ellas se extendieron más allá del período bélico.
Homenajes, festividades, conmemoraciones y monumentos se constituyeron en elementos esenciales en el proceso de construcción simbólica del régimen y en la legitimación del nuevo orden. La celebración de fiestas y conmemoraciones de todo signo contribuyó a la elaboración del universo ideológico y a la cohesión y encuadramiento de la población, además de servir de drenaje de recursos.
El incremento de las necesidades y la respuesta insuficiente de la población se estimularon con las suscripciones aludidas, pero simultaneadas con nuevas figuras impositivas para asegurarse una fuente de ingresos periódica y fija. Se abrieron para cubrir unas necesidades concretas y concluyeron cuando habían alcanzado el objetivo inicial. Así se promulgó el decreto nº 69 del 26 de agosto de 1936, que establecía la detracción de haberes de funcionarios. Un impuesto que gravaba las rentas del trabajo, pero cuyos fondos fueron a parar a una de las cuentas de la Suscripción Nacional.
Para financiar el vasto entramado asistencial se crearon impuestos personales y de consumo, cuyos fondos se canalizaron a través de las Juntas Provinciales de Beneficencia y con destino al Fondo de Protección Benéfico-Social. De ese modo se producía un nexo entre las instituciones benéfico-asistenciales viejas y nuevas. A finales de octubre de 1936, y en paralelo con las suscripciones, se establecieron impuestos que gravaban el consumo, como el del Plato Único y el Lunes sin postre. Por las mismas fechas, comenzó su andadura Auxilio de Invierno, convertido en mayo de 1937 en Auxilio Social. Llegó a ser el más importante aparato asistencial que tuvo el franquismo. Los medios de recaudación utilizados –Ficha Azul y Cuestaciones– consiguieron aunar en uno solo los mecanismos suscriptor e impositivo. Por último, el Subsidio Pro-Combatientes se creó el 8 de enero de 1937 para recabar fondos con los que financiar el auxilio a los familiares de los combatientes que, “habiendo vivido bajo el mismo techo que el soldado antes del 18 de julio de 1936, careciesen de ingresos, o que estos fuesen insuficientes”[6]. El 50% de la recaudación del Plato Único fue para nutrir el fondo del Subsidio Pro-Combatiente.
A tres meses de concluir el conflicto, la situación financiera volvió a complicarse. El gobierno de Franco estableció el 5 de enero de 1939 el impuesto de beneficios extraordinarios de guerra. Los empresarios, que ya habían colaborado durante el conflicto con aportaciones de distinta índole, se vieron sometidos a un nuevo gravamen[7].
El período de mayor intensidad contributiva se desarrolló entre julio y diciembre de 1936. A partir de esa fecha, aunque se siguieron abriendo suscripciones e impuestos, la colaboración fue disminuyendo. La prolongación en el tiempo del esfuerzo contributivo y la presión fiscal a que se sometió a la población provocaron cierto cansancio y desinterés. No bastó con intensificar las campañas propagandísticas, hizo falta sancionar a los reacios a la colaboración[8].
Múltiples entidades recaudadoras
Todas las ciudades se convirtieron en grandes centros recaudadores. Autoridades civiles y militares, líderes políticos y militancia, instituciones y entidades públicas o privadas, personajes relevantes se pusieron a disposición del proceso recaudador. En los inicios de su andadura, sin un aparato administrativo configurado, la recaudación conseguida a través de las suscripciones no siempre estuvo controlada. La premura en recaudar fondos en metálico y en especie obligó a entregar las cantidades, fruto de las suscripciones, a las primeras autoridades o colaboradores que apareciesen por la localidad. A partir de ese momento, los ayuntamientos perdían la pista del destino final de los fondos. Se ingresaron directamente en las entidades bancarias o en las instituciones más próximas a través de sus promotores o por medio de agentes designados al efecto, porque lo que interesaba era recaudar e ingresar la cantidad obtenida lo antes posible. Las funciones en la retaguardia estuvieron excesivamente parceladas, sobre todo en los primeros meses de la guerra, de ahí que proliferaran las entidades recaudadoras intermedias al destino final. Posteriormente se tendió a la centralización de cada suscripción en una institución concreta para evitar la dispersión de los primeros momentos. Pero siguieron utilizándose las entidades más cercanas y de más fácil acceso. A medida que el proceso recaudador se fue encauzando y perfeccionando, disminuyeron las entidades y se centralizaron en unas pocas.
En las capitales de provincia, las comandancias militares, las delegaciones de orden público, los cuarteles de la Guardia Civil y, sobre todo, las instituciones de poder, como Gobierno Civil, Ayuntamiento y Diputación Provincial, fueron las principales impulsoras y depositarias de los fondos. Colaboraron con ellas las entidades bancarias, las sedes de las fuerzas políticas (Falange, Requetés, Acción Ciudadana y Femenina, etc.), las asociaciones patronales, Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana, hospitales, casinos, plazas de toros, tabacaleras, teatros, cines, sedes de periódicos y radios, establecimientos comerciales, parroquias, etc.
En la mayoría de los pueblos se utilizó el Ayuntamiento de la localidad o el puesto de la Guardia Civil para depositar, en primera instancia, los fondos recaudados por las suscripciones; también el ayuntamiento con cabeza de partido judicial sirvió como paso previo a su envío al Gobierno Civil. Cuando se dudó sobre los puntos receptores habilitados para la recogida de donativos, los particulares o las instituciones los enviaron al Gobierno Civil y, aunque existió un sinfín de centros recaudadores, aquel fue el más importante de todos ellos. Impulsó, recibió, controló y canalizó hacia otras entidades, públicas o privadas, los donativos entregados por particulares e instituciones.
Recaudación total por las suscripciones patrióticas
Las suscripciones patrióticas organizadas para los más diversos fines resultaron casi incontables en las provincias bajo dominio insurgente. Los estudios realizados en Galicia, Burgos, Valladolid y Salamanca nos proporcionan una media de 40 suscripciones por provincia, de las que aproximadamente la mitad son de carácter general e impulsadas por las autoridades de Burgos y Valladolid. El resto son las específicas de cada localidad. En unas provincias la apertura de las suscripciones se inició rápidamente; otras fueron más rezagadas o reticentes, limitándose a cumplir las órdenes de la superioridad. En general, las que iban destinadas a las fuerzas armadas se alargaron en el tiempo y pasaron a tener una duración superior a un año. Las aportaciones económicas de las primeras semanas, especialmente en el ámbito rural, y a pesar de ser inducidas por los líderes políticos, sin ser muy cuantiosas económicamente, revistieron una importancia cualitativa porque en ellas se percibe la disposición de cada provincia a colaborar. También porque sirvieron para reforzar las identidades colectivas.
La cuantificación total recaudada por todas las suscripciones es difícil de determinar ya que las comisiones locales no fueron capaces de controlar todos y cada uno de los ingresos. A esto hay que añadir lo apuntado por Ángel Viñas sobre la posibilidad de que hubiera más cuentas corrientes a nombre de Franco por las que se pudieron desviar fondos de las suscripciones[9].
Sánchez Asiaín, partiendo del supuesto de que la media aportada por habitante fuera de 22,22 pesetas[10], señaló que la recaudación por las distintas suscripciones populares durante la guerra en la zona franquista pudo alcanzar la cifra de 224 millones de pesetas[11]. La anotación en el libro de contabilidad de la Suscripción Nacional que se conserva en el Archivo del Banco de España asciende a 120 millones de pesetas. La estimación de Ángel Viñas es algo superior, porque incluye casi 89 millones de pesetas detraídos de los sueldos de los funcionarios y otros activos.
Conclusiones
La presión contributiva constante y el encuadramiento y control a que se sometió a la población desde el inicio de la guerra ocasionaron una respuesta dispar entre los ciudadanos. La colaboración espontánea y voluntaria de unos vino acompañada de la desidia o resistencia de otros, por lo que los insurgentes utilizaron todos los medios coercitivos a su alcance para inducir a la población a participar. Frente a la imposición y la represión apareció la “comunidad resistente”, a la que ni el miedo ni el control a que fue sometida impidieron que desafiara a la autoridad. La negativa a manifestar la adhesión al régimen y a contribuir a las distintas suscripciones e impuestos se reveló como una forma de resistencia hacia el orden vigente por parte de los sancionados. Las resistencias en muchos casos no fueron veladas, sino que se manifestaron explícitamente y sin miedo a las represalias. Como resultado apareció la “comunidad protectora”, que avaló al familiar o vecino frente a las multas o sanciones. Los insurgentes consiguieron desde el golpe militar que la población colaborara con el nuevo orden, pero ni fue unánime ni, en muchos casos, entusiasta. La propaganda hizo uso de un lenguaje que enmascaró y mistificó la realidad y que, en muchas ocasiones, hizo parecer voluntario lo que era obligatorio.
NOTAS
[1] Artículo 3º de la Ley de 1º de octubre de 1936, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional el 6-10-1936, nº 2, pp.7-8.
[2] Miguel Íscar Peyra, presidente de Acción Popular y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, en una alocución por radio hizo un llamamiento a sus bases para que contribuyesen a la suscripción abierta para atender a las necesidades de los frentes. El Adelanto, 31-7-1936, p. 1. PRADO, María Luz de, La contribución popular a la financiación de la Guerra Civil: Salamanca, 1936-1939, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 190.
[3] Orden de 19 de agosto de 1936, en BOJDN, 21-8-1936. El propio Franco trasladó a Burgos su propuesta en un manifiesto del 5 de agosto de 1936.
[4] Órdenes de la Junta Técnica de 17 de octubre de 1936 y 26 de noviembre de 1936.
[5] BOE, nº 387, 11-11-1937, p. 4285.
[6] Decreto nº 174, BOE, nº 83, 9-1-1937.
[7] Ley de 5-1-1939, BOE del 15-1-1939.
[8] En Salamanca, desde el primer mes de entrada en vigor del impuesto del Plato Único o la entrega de emblemas de Auxilio Social, Gobierno Civil sancionó con multas de considerable cuantía a todos aquellos que se negaran a contribuir. A su vez, no se descuidó la publicación de las circulares con los nombres de los morosos y las cantidades asignadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en la prensa local. PRADO, Mª Luz de, La contribución…, p. 171.
[9] VIÑAS, Ángel, La otra cara del caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Barcelona, Crítica, 2015, pp. 298-310.
[10] Contamos con cifras parciales aportadas por las cuatro provincias gallegas (16.387.212,04 pesetas, más 6.318.757,99 ptas. de lo estimado por las entregas en oro), señaladas por Julio PRADA en Marcharon con todo. La represión económica en Galicia durante el primer franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016; las de Salamanca (9.117.179 ptas.) contabilizadas por María Luz de PRADO en La contribución… En Burgos (3.504.627,13 pesetas), señaladas por Luis CASTRO en Capital de la Cruzada. Burgos durante la Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2006. Las de Valladolid (5.056.375,82 pesetas) contabilizadas por Jesús María PALOMARES en La Guerra Civil en la ciudad de Valladolid. Entusiasmo y represión en la «capital del alzamiento», Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 2001. Las de Zaragoza (22.000.000 pesetas) señaladas por Ángel ALCÁZAR en Lazos de sangre: los apoyos sociales a la sublevación militar en Zaragoza. La Junta Recaudatoria Civil (1936-1939), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2010
11] A través de los listados de prensa, calculó las cantidades que se pudieron recaudar en Navarra (7.894.077 ptas.), Mallorca (7.099.079 ptas.) y Ceuta (incluido Tetuán) (2.138.172 ptas.). SÁNCHEZ ASIAÍN, José Ángel, La financiación de la Guerra Civil española. Una aproximación histórica, Barcelona, Crítica, 2012, pp. 717-719.
