En 1933 Extremadura contaba, según el Censo Electoral Social del Ministerio de Trabajo de la época, con 675 sociedades obreras. Entre agrupaciones agrícolas, textiles, comerciales, ferroviarias, de construcción… 81.328 trabajadores y trabajadoras (54.297 en la provincia de Badajoz y 27.031 en la de Cáceres) se organizaban en plena etapa de expansión del movimiento obrero.
81.328 trabajadores y trabajadoras se organizaban en plena etapa de expansión del movimiento obrero
En un contexto donde, como señala Carrión (1973), el 79% de las familias extremeñas vivían del campo, la prolífica organización en sociedades obreras, asociaciones agrarias o sindicatos por parte de la clase trabajadora se explica, entre otras circunstancias, por la politización y concienciación de las mayorías sociales debido al advenimiento de la Segunda República española y, concretamente en las zonas rurales, por la necesidad e ilusión de la esperada Ley de Reforma Agraria, una norma que pretendía solucionar el problema histórico del campo y las desigualdades en la estructura de la propiedad del mismo en España.
A pesar de medidas como el establecimiento de la jornada de ocho horas, aumentos de salarios, la prohibición a los propietarios de expulsar a los campesinos que arrendaban sus tierras o la obligación a los propietarios de cultivar las tierras, por diversas razones —que podríamos resumir en la incapacidad económica y dificultad operativa de la República para ejecutar las expropiaciones de tierras prometidas junto a la furibunda reacción de los terratenientes y del Capital—, las esperanzas de cambio se tornaron en frustraciones colectivas, ocasionando la radicalización de las organizaciones de izquierdas y la acentuación de las críticas hacia la gestión política de la República.
En este sentido, los sucesos de Cabeza del Buey, Berlanga o Llerena —donde manifestaciones y, según la prensa de entonces, “huelgas revolucionarias” de obreros terminaron con intervenciones violentas de la Guardia Civil— eran sintomáticos y precedieron, tras el triunfo de las derechas en las elecciones generales de 1933, lo que años más tarde llevaría a la ocupación de tierras más multitudinaria jamás vista: la rebelión campesina que jornaleros, braceros, yunteros y trabajadores sin tierra protagonizaron el 25 de marzo de 1936..
Gracias al estudio y divulgación de aquel episodio por parte de asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura o la Asociación 25 de marzo, sabemos de la importancia y valor histórico, social y político de aquel acontecimiento. Sin embargo, todavía hoy sabemos poco de lo que pasó inmediatamente después. ¿Qué ocurrió el 26 de marzo? ¿Y un par de meses después? Para muchas personas es desconocida la revolución social que tuvo lugar en España inmediatamente después del golpe de estado fascista de 1936. Un proceso revolucionario único con especial impronta en Aragón y Catalunya pero que también tuvo su eco en otras regiones como Extremadura.
La revolución social de 1936
Tras el golpe de Estado en julio de 1936, anarcosindicalistas (agrupados en CNT-FAI), organizaciones obreras (como UGT) y el ala marxista revolucionaria de la izquierda del país (como el Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM) protagonizaron “una de las revoluciones más bellas, creativas y contradictorias que haya llevado a cabo la gente común en busca de libertad y de emancipación” (Cubero, 2016).
Para enfrentar la sublevación militar, estos grupos —que contaban, entre todos, con millones de trabajadores y trabajadoras en sus organizaciones— agotaron la confianza en la República burguesa, y para contrarrestar el avance de las tropas franquistas, decidieron no disociar la guerra de la revolución. Así, procedieron a incautar la propiedad privada de los capitalistas, controlar las fábricas, crear comités revolucionarios y ocupar la tierra para después colectivizarla. Esta última medida, la colectivización, fue uno de los procesos más significados de la revolución. Como señala Julián Casanova (2007), “la historia de las colectividades de la España de los años 1936-1938 estuvo íntimamente ligada a los intentos comunes de miles de campesinos —y, por supuesto, obreros industriales— de encontrar fórmulas para combatir la explotación y opresión del sistema Capitalista”.
De este modo abolieron el dinero y el trabajo infantil; gestionaron la economía de forma colectiva, igualitaria y democrática; establecieron mecanismos de protección social para la población; reclutaron espontáneamente milicias obreras; ofrecieron asistencia médica y educación gratuita; construyeron, en definitiva, la sociedad sin clases que tanto tiempo llevaban reclamando: un mundo nuevo, horizontal, solidario y libre. Llevaron a la práctica una revolucionaria mezcolanza entre Kropotkin y su apoyo mutuo, y Marx y su estandarte “de cada cual, según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”.
Construyeron, en definitiva, la sociedad sin clases que tanto tiempo llevaban reclamando: un mundo nuevo, horizontal, solidario y libre
Pese a que, como indicó Eduardo Pérez en El Salto (2018), se suele restringir este fenómeno revolucionario a Aragón y Catalunya, en realidad éste tuvo mucho mayor alcance geográfico.
“En La autogestión en la España revolucionaria, Frank Mintz calculaba, en efecto, más de un millón de personas involucradas en Catalunya, y otras 300.000 en Aragón. Sin embargo, en Castilla daba la cifra de 225.000, así como 190.000 en Levante, casi 70.000 en Andalucía y 20.000 más en el resto de regiones bajo mando republicano. El proceso tuvo mucha fuerza en la agricultura. Según el Instituto de la Reforma Agraria (dirigido por el PCE, hostil a la colectivización), el 54% de la superficie expropiada (que era a su vez la mayor parte de la tierra) fue colectivizada, llegando a extremos como el de Ciudad Real, con la socialización del 98,9% de la superficie cultivada el año anterior”.
¿Y en Extremadura? ¿Llegaron los ecos de la revolución a la región donde antes del golpe de estado 60.000-80.000 jornaleros ocuparon 3.000 fincas de grandes terratenientes?
La revolución social en Extremadura
En Extremadura, la expropiación de tierras se llevaba a cabo en función de la organización que tenía mayor peso político en la zona. En algunos casos, la incautación de tierras se hacía según los trámites marcados por la Ley de Reforma Agraria (después, el gobierno de la República intentaba dar visos de legalidad a la acción expropiatoria), y en otros, como los que dirigían organizaciones como la CNT, se invadían fincas sin formalidad alguna.
Las experiencias colectivistas tomaron impulso tras el triunfo del Frente Popular y después del golpe de Estado. Tal y como se recoge en el magnífico trabajo de Ángel Olmedo (Llerena 1936, fuentes orales para la recuperación de la memoria histórica, 2010), la cifra total de colectividades en Extremadura aún nos es desconocida. En este estudio se cita a Jacinta Gallardo Moreno, que, apoyándose en los datos oficiales del Instituto de Reforma Agraria, contabiliza en 23 las colectividades en la provincia de Badajoz (17 controladas por la UGT y 6 mixtas UGT-CNT).
Estas colectividades comprenderían 350.000 hectáreas y 2.650 familias, aunque Gallardo reconoce que las cifras son parciales porque “muy probablemente en casi todos los pueblos que permanecían en zona republicana en estas fechas (toda la Serena y la Siberia) se formaron colectividades que tuvieron más o menos éxito, como lo demuestra el hecho de que un pueblo con menos de 400 habitantes como Acedera contase con una colectividad agrícola”.
También se cita a Frank Mintz, que aporta las cifras de 30 colectividades con una media de 200 personas, de lo que deduce que hubo unas 6.000 personas que participaron en estas colectividades agrícolas.
El funcionamiento de las colectividades
Las colectividades tenían funcionamientos similares. A veces, dependiendo de la organización mayoritaria, los códigos internos cambiaban. Como recoge Anastasio Ovejero (2017), si las colectividades eran de la CNT, la estructura interna tendía a ser como las comunas cooperativas libres: solidarias y horizontales. Si, por el contrario, las dirigían UGT-FNTT, predominaba más el cooperativismo sobre el colectivismo. Y si tenían una constitución mixta, el predominio solía estar en las características propias de las colectividades libertarias. En todo caso, “el principio fundamental que distingue a las colectividades libertarias de otras formas de control obrero es la ‘forma de propiedad’: la fábrica o las tierras pertenecen a los propios colectivistas, mientras que en las otras es el Estado el propietario y, por tanto, el nuevo patrón. En la colectividad libertaria lo que se niega es el Estado”.
En otros textos se explica cómo la unidad más pequeña en la colectividad solía agrupar entre cinco y diez miembros. Cada grupo, por lo general, tenía un delegado representante en las asambleas. Los miembros de los comités revolucionarios eran designados en asambleas generales por todos los participantes de la colectividad. Se elegían órganos de coordinación, comisiones administrativas, consejos municipales, comités de trabajos… Y si había algún problema, la solución se encontraba a través de los estatutos que, democráticamente, se daba a sí misma cada colectividad, siendo la asamblea la que tenía la última palabra.
Como señala Heleno Saña (2010) se eliminaron “las jerarquías en la política salarial”, y se creó también “un sistema social, inexistente hasta entonces, que incluía prestaciones sociales para ancianos, inválidos y enfermos, así como para los hijos de los trabajadores. Además, la semana laboral se redujo a 40 horas, eliminándose a la vez los despidos al estilo capitalista”.
En estas experiencias también cabe destacar el papel de la mujer. Como indica Nanny García Gómez (2017), “las mujeres tuvieron un papel muy activo en esta experiencia libertaria, sobre todo en las ciudades durante la revolución, ya que en el campo su rol tradicional se seguía manteniendo“.
Las mujeres solteras trabajaban en los talleres colectivizados o en ramas de las cooperativas de distribución. “Las mujeres casadas por sus obligaciones estaban exentas, aunque en los momentos con más necesidad también contribuían. A las mujeres embarazadas se les otorgaba especial consideración, pero todas ellas contribuían”.
Un caso concreto: la Colectividad de Valle de la Serena
Uno de los datos más interesantes del estudio de Ángel Olmedo es la valiosísima documentación recogida del Acta de una Asamblea celebrada el 2 de julio de 1937, en la que se puede observar el desarrollo interno de la Colectividad de Valle de la Serena:
“El órgano fundamental de funcionamiento era la Asamblea de socios, además existía una Junta Directiva que se encargaba de poner en marcha los acuerdos tomados y dirigir la entidad. Estas son algunas de las normas de la Colectividad de Campesinos de Valle de la Serena:
1ª La paja será repartida entre los colectivistas dándole por cada burro 5 cargas y por cada mulo lo mismo […].
2ª Queda nombrada la Junta Fiscalizadora como sigue, Saturnino Cuadrado Sánchez, Antonio Romero Sánchez, Antonio Nogales Guisado, Pedro Godoy Caballero e Isidro Santos Sánchez.
3ª El anticipo de invierno será de siete pesetas hasta nuevo acuerdo.
4ª Los barbechos serán abonados a treinta pesetas fanega de tierra y de maquinaria a tres veinticinco fanegas.
5ª Los que aportaron y se lo llevaron y estaban en la línea de fuego, que paguen los trabajos que han hecho la Colectividad y el trigo que se quede en su poder.
(…)
8ª El jabón que esté bien repartido por día de trabajo. Los cochinos serán vendidos de 50 libras abajo, el precio de la libra será de 2,50pts y de 50 libras arriba, será de 2 pts/libra. […] El que no respete a los encargados por primera vez se le borrarán dos días de su trabajo, de segunda vez, se le descontarán 5 días, la tercera vez será expulsado de la Colectividad”.
Existen otras experiencias análogas, como la colectivización en Llerena narrada por La Batalla, periódico del POUM, el día 5 de junio de 1936. Allí, los obreros de la localidad habían obtenido una parcela de 12 fanegas que habían optado por trabajar en común: “Después de trabajar nuestra parcela particular, la que nos ha correspondido individualmente, trabajaremos la de nuestra Sección. Rápidamente hemos realizado ya las faenas preliminares. Primero roturado la tierra para los barbechos, trabajo realizado voluntariamente por nuestros militantes. El que tiene yuntas las ha facilitado, y los demás las herramientas”.
En algunas colectividades, como la de Villanueva de la Serena, sabemos que la entrada se formalizaba con una ficha en la que se señalaban los bienes que aportaban los nuevos integrantes a la comunidad. En el Archivo Histórico de Villanueva de la Serena, la ARMHEX encontró la solicitud del campesino Juan Pineda Blázquez, que aportó el 10 de marzo de 1937 “1 arado, 3 rejas, 3 travesaños, 1 arado de dos caballerías, 1 vertedera, 1 yugo y 1 mula, todo por un importe de 413 pesetas”.
El mismo Ángel Olmedo, en otro espléndido libro (Extremadura en el espejo de la memoria, 2016) hace referencia a otras colectividades, como la de Herrera del Duque (que pasó a llamarse Herrera del Castillo) o la de La Haba. Como apunta el historiador extremeño, “las colectividades ofrecían todos los servicios que sus socios necesitaban, desde la alimentación hasta la formación, en el caso de necesidades de servicios ajenos (sanitarios, desplazamientos), se entregaba una serie de vales canjeables para el pago de servicios. En muchos casos, se ponían en marcha dentro de la propia colectividad otras actividades económicas, como la ganadería o los talleres de producción complementaria (ganadería, confección, pieles…)”.
En el Boletín de Información CNT-Extremadura, nº 4, de 31 de julio de 1937, al que el historiador Olmedo también tuvo acceso, se incide en cómo la colectivización “era la base de la nueva sociedad preconizada”: “Los medios de explotación se multiplican, de tal forma que con el mínimo esfuerzo se puede conseguir el máximo rendimiento en la producción […] Como demostración del viejo proverbio de que la unión hace la fuerza, y además aumenta la riqueza de la colectividad y de cada uno de sus miembros […].
La colectividad crea las condiciones y el ambiente de solidaridad necesario para una profunda transformación de la sociedad en el terreno social, económico y espiritual […] Podemos señalar varias colectividades en marcha y en pleno éxito donde el trabajo abarca desde el cultivo hasta la obtención del producto manufacturado […]. Enormes extensiones de tierras desiertas se están convirtiendo en verdaderos jardines […]”.
El fin de la utopía
Mientras esta experiencia revolucionaria se extendía por cada vez más regiones del país, el fascismo avanzaba. Paralelamente, la brecha entre revolucionarios y defensores de la República se acrecentaba.
Y es que, tras la sublevación fascista, una parte de los representantes de la clase obrera en el Frente Popular, PSOE y PCE, decidieron supeditar la acción revolucionaria del proletariado a la defensa de la legalidad republicana. En Catalunya, Aragón, o como hemos visto, también algunas partes de regiones como Extremadura, se había establecido un doble poder: comités de fábrica, colectividades agrícolas, comités milicianos… y el Gobierno burgués. A grandes rasgos, en la izquierda, CNT-FAI y el POUM luchaban por la revolución proletaria y partidos como PSUC y PCE por una república democrático-burguesa. Por su parte, en la tendencia socialista, PSOE y UGT, algunas de sus corrientes internas se mostraban partidarias de la república burguesa, mientras otras, en torno a Largo Caballero, eran más partidarias de profundizar en las conquistas revolucionarias.
Como explicaba Fernando Claudín en La Revolución inoportuna (España 1936-1939), “o el proletariado revolucionario tomaba la iniciativa, o la tomaba la contrarrevolución. Casares Quiroga era un Kerensky perfecto, pero en España no había ningún Lenin”. En palabras de Juan Ignacio Ramos recogidas de 85 años del 14 de abril. Revolución social y Segunda República, “si el PSOE o el PCE hubieran tenido una política marxista, auténticamente socialista, basada en un programa revolucionario (…) habrían encontrado el respaldo unánime de la clase obrera y de la mayoría aplastante de la población, conjurando la amenaza del fascismo”. No fue así.
En la famosa entrevista que el periodista Pierre Van Paassen realizó a Buenaventura Durruti se refleja perfectamente, por un lado, el estado de ánimo que se respiraba entre el proletariado de todo el país y, por otro, el peligro contrarrevolucionario de aquellos que se atribuían a sí mismos como depositarios de los bolcheviques rusos.
“No hay gobierno en el mundo que luche contra el fascismo para destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener sus privilegios. Es lo que ha ocurrido en España”. “El antagonismo es evidente. Esos señores, como demócratas burgueses que son, no pueden tener otras ideas que las que profesan. Pero el pueblo, la clase obrera, no se engaña. Los trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo, es decir, por la Revolución”.
“Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo, es decir, por la Revolución”
Meses después de aquella entrevista, un 20 de noviembre de 1936, Durruti murió tras el impacto de una bala. Sus predicciones se cumplieron: el estalinismo acabó con la disidencia, ahogó la revolución y facilitó que el régimen de Franco terminara con el sueño libertario. El sectarismo y la bota militar acabaron con la razón en marcha, y los primeros en caer fueron los protagonistas de aquella experiencia revolucionaria. El anhelo de libertad de Durruti, como el que tuvieran miles de trabajadores, campesinos, jornaleros, quedó aplastado por cuarenta años de sanguinaria dictadura. En el recuerdo queda el intento revolucionario de quienes no tenían miedo de las ruinas porque llevaban un mundo nuevo en sus corazones.
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/mas-alla-25-marzo-1936-revolucion-social-colectividades-extremadura?fbclid=IwAR0uo0LiZcUkvdp9t3ttxLyQIINwtTqFliBZd87HCiaMdI43zh4s6Lt7cfQ
