CONFERENCIA de José Luis Gutiérrez Molina. Grupo de Investigación “Historia Actual”. Universidad de Cádiz
IV Jornadas Cine y Justicia: La Recuperación de la Memoria Histórica
Almería, 13 de marzo de 2007
En primer lugar quisiera decir que mi intervención lo es a título personal. Pertenezco a la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, como pertenezco al Grupo de Trabajo “El Canal de los Presos” creado por Recuperando la Memoria Social de Andalucía de la CGT que ha impulsado acciones para la recuperación de hechos sobresalientes de la historia social andaluza, como la consecución de la jornada de 36 horas en la primavera de 1936 o la creación de un banco de imágenes de la memoria social andaluza, BAMSA. O como también, desde hace años, he dedicado parte de mis trabajos de investigación a la memoria quizás más olvidada entre los olvidados, la anarquista sin la que, pienso, no es posible entender los últimos ciento cincuenta años de la historia de este país.
Militancias e investigaciones que quieren mostrar mi compromiso personal no sólo con los temas que trato sino también con sus repercusiones sociales. Creo que el papel del investigador no se debe limitar a la tarea puramente científica sino que debe estar inmerso en la sociedad en la que vive. De alguna manera su trabajo no tiene sentido sino se tiene en cuenta su utilidad social. La cuestión de la objetividad, en el caso de la historia, entra de lleno en esta coherencia y, por supuesto, en la honradez en el manejo e interpretación de las fuentes utilizadas
Dicho esto voy a estructurar mi intervención en tres apartados. En primer lugar el contexto que hace que hoy día la cuestión de la Memoria Histórica sea un tema de primer orden en la vida social y política de Andalucía y toda España. No es casualidad que sean más de 1.400.000 las entradas que a finales del año pasado mostraba una búsqueda en internet del término “memoria histórica”. No es posible entender lo ocurrido en estos últimos cinco o seis años si no nos remontamos al menos a los de la transición. En segundo lugar, trataré de forma sumaria, y pido perdón por anticipado si olvido a alguien, las principales líneas de actuación y protagonistas del fenómeno en nuestra región hasta la actualidad. Finalmente, en tercer lugar, voy a plantear las más importantes actuaciones que se llevan a cabo en la actualidad y me atreveré a ejercer de hombre del tiempo dando unas predicciones sobre el rumbo futuro de la cuestión.
1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Como sabemos desde hace poco más de lustro asistimos a un reverdecer de las peticiones de protagonistas y familiares afectados por el golpe de Estado del verano de 1936 y la represión del régimen franquista por ser satisfechos en cuestiones tan básicas en una sociedad que se quiera llamar civilizada como son, por poner unos ejemplos, dar digna sepultura a sus muertos, regularizar los registros estatales y reconocer la existencia del trabajo esclavo. Unas iniciativas que no buscan en ningún caso venganza, pero sí saber donde están los familiares, de qué murieron y en qué circunstancias.
También, desde ese mismo tiempo se ha reactivado la resistencia de diversos sectores a que se ponga en cuestión siquiera la imaginería que, sobre el golpe de Estado de julio de 1936 y el conflicto que su fracaso desató, se había creado durante el franquismo y reafirmado durante el proceso de conversión de la Dictadura en un régimen monárquico parlamentario. El proceso que conocemos como la Transición española. Uno de sus pilares fue la desactivación de cualquier intento de hacer justicia, del tipo que fuera, siquiera la histórica y que, por poner un ejemplo, la “justicia al revés” no siguiera empañando la memoria de las decenas de miles de víctimas que perdieron su vida por un supuesto delito de “rebelión militar”.
En realidad, la amnistía de 1977, que concedió la impunidad a los verdugos franquistas, no fue sino un ladrillo más de aquel edificio que se levantó a partir de un supuesto acuerdo entre sectores del franquismo y la oposición democrática pero que en realidad no fue sino la imposición de los grupos más evolucionistas de la dictadura que entendieron perfectamente el viejo dicho de que hacía falta cambiar todo para que no cambiara nada. Una Ley que fue calificada en su día en Ruedo Ibérico como la de los “Amnistiadores amnistiados”.
Otros ladrillos fueron la domesticación del movimiento obrero, con el hito de los Pactos de la Moncloa, también de octubre de 1977, que traspuso al mundo social el estrecho, y trufado de despotismo ilustrado, modelo político aceptado por las principales fuerzas anti-franquistas y el reconocimiento de la culpabilidad colectiva sobre lo ocurrido en España en la década de los años treinta. Un planteamiento nacido durante las décadas sesenta y setenta al compás de los cambios del propio régimen y de la sociedad española que abandonaba los sueños imperiales fascistas para tomar la senda del desarrollismo como potencia de tercer orden dentro del mundo capitalista.
Se trataba de una sustitución de la vieja idea heroica de la “cruzada contra el marxismo”, nacida para escamotear el origen ilegítimo del nuevo Estado, por otra, ahora trágica, que hacía hincapié en que fue una “desgracia que nadie pudo evitar” y que tenía el corolario de la culpabilidad colectiva. Naturalmente no se ponían en pie de igualdad a vencedores y vencidos. Los primeros habían “fusilado” mientras que los segundos cometieron “asesinatos”. Los nombres de los muertos de los primeros continuaron adornando las fachadas de iglesias y “cruces de los caídos” de ciudades de toda España mientras que los cuerpos de los segundos siguieron jalonando cunetas, tapias de cementerios y fosas comunes. El recuerdo traumático de la conflagración civil facilitó la propagación de una política de reconocimiento de culpabilidad colectiva y el deseo de que nunca más se repitiera.
Todavía hoy, el discurso de la derecha española se agarra como un clavo ardiendo a esta perspectiva negando contumazmente cualquier posibilidad de equiparación. Parece como si hubieran sido los asesinados por la represión republicana o revolucionaria los que hubieran permanecidos insepultos, sin inscribir, olvidados y denigrados durante décadas.
Así surgen voces indignadas o airadas, según de quien y cómo, y se lanzan epítetos como revanchistas, guerracivilistas y cuantas se les vengan a la mente. La derecha militante española no olvida que sus antecesores no fueron vencidos, que gozan de impunidad y que, peor aún, una importante parte de la población española , incluyendo la que se considera de izquierdas, está modelada o bien bajo el franquismo directamente o bien bajo una Transición que hizo suyos muchos de sus principios.
Por eso sus publicistas, sean editorialistas como Luis María Ansón o cualquiera de sus voceros de la COPE a El Mundo, pueden escribir sin vergüenza que los movimientos de recuperación de la memoria histórica, incluso las moderadas propuestas del gobierno de Rodríguez Zapatero, pretenden reabrir viejas heridas ya cicatrizadas. Mientras que miran a otro lado cuando es la Conferencia Episcopal la que se dedica a reactivar las beatificaciones de mártires de la Guerra Civil. Que, por cierto, cuando se producen, hasta pueden contar con la presencia de ministros socialistas o concejales de IU.
De otro lado, se vende la idea de que, en general, la sociedad española considera que el precio que hubo que pagar por su plena integración en el mundo geopolítico occidental liderado por los Estados Unidos, estuvo bien pagado.
En consecuencia no es casual que, hoy, en los grupos de “Recuperación de la Memoria Histórica”, que también forman parte de esta sociedad, exista una actitud muy crítica con la Transición española. Como ha escrito Francisco Espinosa a las política de olvido le siguió la de “suspensión de la memoria” durante la etapa de gobiernos socialistas. Hasta que a partir del triunfo de la derecha española, las iniciativas que nunca habían dejado de existir comenzaron a tener el apoyo, y la amplificación propagandística de sus medios, de quienes hasta hacía poco se habían negado a apoyar estas demandas e incluso, en los que comenzaban a ser ya lejanos años setenta, se habían empleado a fondo para que sus más díscolos militantes fueran asumiendo mal que bien estas políticas.
Quienes tenemos hoy una cierta edad, y memoria, nos llama la atención los fervores republicanos de quienes no dudaron entonces en emplear la violencia para que sus símbolos no aparecieran en sus actos de forma ostensible. La última vez en el proceso electoral de 2004 durante algunos mítines del PSOE. Pero a partir de 1996 “ya tocaba”. Antes no, puesto que existían otras prioridades como la consolidación de la democracia. La pregunta que nos hacemos algunos es que cuántas legislaturas más hubieran hecho falta para que “tocara” si el PP no llega al gobierno en 1996.
Como tampoco caben muchas dudas que fue la aparición de un movimiento civil el que ha acabado obligando a los políticos, de cualquier signo, a tomar en consideración sus reivindicaciones.
A los del PP para crear y apoyar la publicística revisionista de autores como Moa o Vidal. Me parece excesivo llamar “historiografía” a la obra de quienes no hacen sino plagiar los viejos argumentos de los historiadores policías, como Comín Colomer, o jefes del gabinete de Estudios sobre Historia del Ministerio de Información y Turismo franquista, como Ricardo de la Cierva.
A los del PSOE para impulsar diversas propuestas en las administraciones locales y regionales que controla y, finalmente, una vez de nuevo en el gobierno, a impulsar la famosa Comisión Interministerial y después la polémica y, a punto de encallar, ley que llamamos de la memoria Histórica.
2. EL MOVIMIENTO POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
A pesar de todo hubo sectores de la sociedad española que no se mostraron conformes, o aceptaron a regañadientes, estas políticas y mal que bien fueron actuando de forma aislada, en solitario y, por supuesto, sin la menor repercusión pública que pudiera contagiar a quienes dormían el sueño de los justos. Bastaría hoy echar una mirada a revistas como Interviú para comprobar cómo hubo más actuaciones de las que nos imaginamos. Que no es casualidad la sorpresa que nos llevamos cuando encontramos que ya se ha efectuado tal exhumación o cual recuperación que desconocíamos.
Es decir que desde hace treinta años existen quienes se negaron a aceptar a un régimen parlamentario tutelado por un cerrado sistema electoral y unos partidos políticos convertidos en empresas de empleo, que arrojaba por la borda el abismo ético existente entre un dictadura y una democracia.
Un movimiento que surgió, por poner una fecha simbólica, a partir de la difusión de las exhumaciones leonesas de Priaranza y que se fue extendiendo a partir de iniciativas unas veces individuales, otras locales y otras que terminaron fraguando en diversos colectivos. Su origen fue claramente de lo que se llama “sociedad civil”.Es decir que nació en el seno de los ciudadanos, desde impulsos individuales o restringidos al ámbito familiar o doméstico, y en un segundo momento con la ayuda de organizaciones y colectivos profesionales, que han venido constituyéndose para socializar este tipo de experiencias, y buscar el apoyo mutuo necesario en estos largos procesos que comporta la recuperación de la memoria.
A lo largo de estos años se han ido creando asociaciones como las diversas de Recuperación de la memoria Histórica, las ligadas al Foro por la Memoria o a la AGEMHA (Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía) que han emprendido diversos trabajos, han dado cobertura a iniciativas particulares y han realizado un trabajo que, en mi opinión, en muchos casos corresponderían al que debiera realizar la administración. Hay que decir en este sentido que a lo largo del tiempo ha terminado produciéndose una difícil, pero a la vez inevitable, interacción con las instituciones administrativas y las estructuras políticas. Pero en ningún momento ha existido una actuación administrativa llamémosla ‘de oficio’ por quienes tienen esa responsabilidad.
No es de recibo que la administración, la ocupe el partido que la ocupe, alardee de cumplir su papel con las ayudas y subvenciones que concede arrancada en la mayoría de las veces tras una dura pelea y el gasto de energías que mejor estarían dedicadas a otras cosas. Ha sido precisamente la combinación de expectativas y empuje social y coyuntura política la que permitió que no con la fuerza, potencia y respaldo social que muchos desearíamos se haya articulado en Andalucía un movimiento capaz de llevar a cabo diversas actuaciones pioneras y, a su vez, obligar a hacer sensible a la administración regional para que, aunque sólo fuera por sus propios intereses electorales, tenerlo presente.
Las actuaciones han sido muy parecidas a las que se han realizado por todo el país. Búsquedas de desaparecidos y fosas, exhumaciones, inscripciones en los registros civiles, reconocimiento del trabajo esclavo e investigaciones que han abordado cuestiones específicas y tan diferentes que van desde el bombardeo en la carretera de Málaga a Almería, los maquis y topos, las figuras de Machado y Lorca, así como otros represaliados y los deportados de Mauthausen.
Exhumaciones como la realizada en El Bosque (Cádiz) fue conseguida tras muchos esfuerzos y no pocas tensiones. En otras, como en Palomares del Río (Sevilla) o Santaella (Córdoba), se contaron con mayores facilidades. Dificultades que continúan en la actualidad. Por ejemplo, desde el año 2005, la asociación a la que pertenezco está intentando mantener una reunión con el alcalde de Carmona (IU) con el objetivo de solicitarle que permita una intervención por parte de la AMHyJA en el terreno del antiguo cementerio, donde es probable que existan todavía restos de personas fusiladas. Terrenos que van a ser adquiridos para la construcción de una universidad privada. Hasta el momento la contestación del ayuntamiento ha sido nula. Como la de la fosa común situada en el cementerio de la Puebla de Cazalla. Un grupo de familiares de La Lantejuela lleva años solicitando a la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz, la apertura de dicha fosa y la exhumación e identificación mediante pruebas de ADN de los restos que se hallen. El consistorio de la Puebla de Cazalla (PSOE) y la Junta pretende únicamente encontrar los restos y colocar sobre ellos un monolito identificativo. El colectivo de familiares y la AMHyJA, exige que una vez localizada la fosa, los cadáveres sean depositados individualmente en un mausoleo dentro del mismo cementerio con el nombre de las personas asesinadas, con el objetivo de que en un futuro se puedan realizar las pertinentes pruebas de ADN. El Ayuntamiento de Lantejuela (IU) no dice nada.
También se han llevado a cabo acciones puntuales de reconocimiento en forma de homenajes, erección de monolitos y otras parecidas. Todas ellas entrarían en lo que se denominan políticas de memoria. También me gustaría hacer una referencia a lo que considero un proyecto que en la actualidad está paralizado por diversas circunstancias. Se trata de la construcción en los terrenos del campo de trabajo de Los Merinales, en Sevilla, de un memorial-centro de interpretación sobre el trabajo esclavo que padecieron miles de presos políticos. Una situación de estancamiento tras años de gestiones ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las autoridades municipales, regionales y centrales que no se muestran sensibles ante una iniciativa pionera, salvo la del llamado “Memorial Democrático” a impulsos de la Generalitat catalana que tiene unas motivaciones diferentes, en mi opinión.
Otro campo en el que se ha avanzado y mucho ha sido en el de las investigaciones. Más allá de las diferencias entre memoria e historia de lo que no cabe duda es que, en el caso de la represión franquista una y otra están unidas porque si se ha mantenido mal que bien la primera también es cierto que la segunda, hasta fechas recientes, estaba en esa cuestión casi como un encefalograma plano. Con la importante característica de que las instituciones que teóricamente debían ser la punta lanza no cumplían ese objetivo sino que, en ocasiones, eran todo lo contrario. Aún así, a partir del trabajo de historiadores poco o nada relacionados con la academia y desde las propias asociaciones, el panorama con el que contamos en la actualidad, sin ser el ideal, ha avanzado sustancialmente poniendo de manifiesto, además, la importancia de incorporar “las experiencias vividas, los testimonios” que también construyen el discurso histórico.
Me gustaría poner un ejemplo que resume el largo camino que están teniendo que recorrer quienes quieren recuperar su memoria familiar y, con ella, la colectiva.
Luis Dorado Luque era un médico, militante socialista y diputado por Málaga en 1936. El 18 de julio viajaba de Madrid a Málaga. En Alcolea fue bajado del tren y llevado a Córdoba por los sublevados que le asesinaron el 30 de julio Desde hace años, un nieto suyo comenzó la tarea de reconstruir su muerte, localizar sus restos desaparecidos y solicitar una indemnización. Unas gestiones que le han llevado ante la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Provincial de Córdoba, el ayuntamiento, hasta ahora con escasos resultados y que le ha llevado a unirse a la denuncia que por “desaparición” han presentado ante la Audiencia Nacional Asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica de diferentes territorios de España Ahora en manos del juez Baltasar Garzón del que se espera que la tramite al igual que ha hecho en el caso de otras desapariciones, como las producidas durante las dictaduras argentina y chilena.
Es cierto que se han adoptado algunas resoluciones parlamentarias y medidas como los decretos de indemnizaciones, la creación de una Comisión Interdepartamental (Constituida en Diciembre de 2004 y que se ha reunido en tres ocasiones desde entonces) y el nombramiento de un Comisario para la RMH que dicho sea de paso parece desenvolverse en la más absoluta soledad y carencia de medios. Tanto es así que ni aparece en la Agenda de la Comunicación que elabora la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. en la Actuaciones que tienen fuertes síntomas de “autolimitación” que lleva a contradicciones como las de admitir públicamente que no se está por las exhumaciones, una cuestión incómoda y perturbadora individual y colectivamente. Pero la exhumación es necesaria e incluso una responsabilidad administrativa de obligado cumplimiento. Sin embargo, en su momento se formó un comité técnico cuya composición (forenses, jueces, etc..) sólo tenía sentido si fuera éste su principal objetivo.
Pero como ya he dicho falta una asunción de obligaciones en todos los niveles institucionales (estatal, autonómico y municipal) de las labores de localización, exhumación, identificación de las fosas comunes e inhumación de las víctimas, empezando por la elaboración de un protocolo de actuación científica interdisciplinaria que asegure los adecuados efectos forenses, historiográficos y judiciales. Así como el fomento de directrices urbanísticas para preservar, conservar, mantener y divulgar todos aquellos espacios que puedan ser considerados como lugares de memoria por su indiscutible relación con los hitos principales de la guerra civil, la represión franquista y la lucha contra la dictadura. O una política eficaz que garantice el acceso a los archivos relacionados con estos temas, así como la colaboración de los archivos públicos y de la Administración competente con las asociaciones que de forma altruista buscan información y recopilan datos para esclarecer los hechos e informar de ello a los familiares interesados en la suerte y el paradero de los desaparecidos y represaliados.
En definitiva la creación de una oficina de información pública que asuma el ejercicio de los derechos colectivos e individuales garantizados por las leyes en cuanto a la rehabilitación y reparación de las víctimas de la represión y que dé a conocer los procedimientos para hacerlos efectivos, facilitando tanto las direcciones y teléfonos correspondientes a los organismos encargados de la tramitación de las solicitudes, como los formularios o impresos requeridos para los trámites a llevar a cabo en ellos.
3. ACTUALIDAD Y FUTURO
Siete años más tarde podemos recapitular diciendo que en Andalucía se ha vivido un proceso durante el que por primera vez, de una forma pública y organizada, la sociedad andaluza ha empezado a ser consciente de que se le había negado el conocimiento de su historia y de las consecuencias políticas y sociales de esta desmemoria. En muchos casos, un interés estrictamente personal que sólo tuvo una falta de respuesta se ha convertido en un cuestionamiento de la historia contemporánea española, y de la irresponsabilidad social y política que supone pasar por alto asuntos que no ha hecho sino perpetuar la injusticia sobre quienes perdieron todo, incluso la vida por defender la legalidad constitucional republicana del momento o el proceso revolucionario desatado tras el golpe de Estado.
A partir del 2003 comenzaron a darse síntomas de crisis de crecimiento, coyuntura e intereses políticos, divergencias internas y cambio de aceleraciones en el motor de impulso que han llevado finalmente a una situación de impasse que, en mi opinión nada bueno augura. La sociedad andaluza tiene una débil capacidad de actuación civil y en ella se mantienen fuertes resabios caciquiles para los que lo más importante es poder seguir controlando a la sociedad sobre todo en el caso, como este de la Memoria Histórica, en que se mueva por sí.
Es lo que explica que no se pueda establecer una fácil frontera de apoyos y rechazos en caracterizaciones como derechas e izquierdas. En ocasiones, y la experiencia personal me lo ha demostrado, priman otros argumentos y posiciones por encima de esa teórica división. Entre ellos las circunstancias locales, las personalidades y, también, el oportunismo político. En este sentido, por ejemplo, habría que recordar que muchos de los que hoy se desgañitan tildando a otros de vendidos y apelando a la reivindicación de las ideas de los asesinados que a ellos tampoco se les vio, ni se les esperaba, por esos lares en otros momentos y que han aparecido y agitado la bandera del maximalismo y el purismo cuando el movimiento social se ha convertido en una cuestión política de la que todos esperan sacar tajada.
Como ejemplo de la actividad de hoy de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica posemos citar tres actuaciones que sirven también para señalar la situación actual. Me refiero a la exhumación de la fosa del cementerio de San Rafael de Málaga, a la elaboración del Mapa de Fosas y a la página Todos los nombres.
La primera es un buen ejemplo de como unas iniciativas en principio individuales, la de José Dorado Soto que tras llevar una año intentando localizar vanamente con el ayuntamiento los restos de su padre fusilado, terminan formando una asociación que, tras largas gestiones, que incluyen actuaciones del Instituto Geofìsico de la U. de Granada y reuniones con altas instancias de la Junta de Andalucía, culminan implicando a diversas instituciones para evitar el expolio y desaparición de una fosa común en la que están enterrados los restos de varios miles de represaliados. Finalmente hace unos meses dieron comienzo los trabajos de localización y exhumaciones que concentraron en el cementerio malagueño a numerosos familiares atraídos por las noticias aparecidas y el siempre eficaz boca a boca.
La segunda, la elaboración del mapa de fosas de la región. Un proyecto que levantó una cierta polémica en determinados ambientes por considerarlo que, de un lado, supondría una paralización de las actuaciones en las fosas que se habían llevado hasta entonces y por la inclusión de una especie de evaluación de las universidades a los proyectos ya concedidos en una convocatoria anterior. Finalmente los trabajos se están llevando a cabo y, por lo que tengo conocimiento, respecto a los equipos encargados de llevarlos a cabo los trabajos van avanzando aun con ciertas dificultades derivadas de la permanencia de recelos y miedos. Recientemente desde la Consejería de Justicia se ha hecho una primera valoración de los resultados de los equipos. Por provincias, en Almería sólo existen las fosas comunes localizadas en el Cementerio de San José de la capital a partir de abril de 1939, ¿De verdad se ha estudiado toda la provincia, incluida la Alpujarra almeriense?. En Málaga se han localizado 49 pueblos con fosas comunes; en Jaén se han localizado 22 fosas comunes; en Córdoba 70; en Granada 37; en la provincia de Huelva –donde dicen que se ha explorado el cien por cien, y que yo desde aquí me atrevo a desmentir categóricamente– se han localizado un número aproximado de 35 fosas; en Cádiz 45 y en Sevilla 60 fosas comunes.
En tercer lugar está el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica denominado “Todos los Nombres”, utilizando el título de una novela del escritor José Saramago, puesto en marcha por la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia y la Confederación General del Trabajo de Andalucía, consiste en la creación de un archivo informatizado en el que se relacionan todas aquellas personas represaliadas y desaparecidas durante la Guerra Civil española y la Posguerra. La página www.todoslosnombres.org registra en la actualidad 22.398 víctimas además de 170 microbiografías, una galería de fotos y una sección de artículos de investigación sobre la República y la Guerra Civil. Y que el próximo día 23 se presentará públicamente aquí, en Almería.
Quizás por el impacto que está teniendo a escala nacional el proyecto que en la actualidad mejor ejemplariza la acción de los colectivos de Memoria Histórica y el compromiso de la administración en si no asumir la totalidad de sus obligaciones y la decisión de llevarlos a cabo, sí la de aportar su grano de arena es el proyecto que ha llevado a colaborar a entidades tan diversas como ayuntamientos, el periódico El Mundo y, sobre todo, los centenares de personas que envían informaciones y aportan sus escritos.
Su finalidad no es la de una página web en la que se recoja el máximo número de nombres como una guía telefónica sino un instrumento para hacer de la memoria un factor de identidad social a partir de la reafirmación de los valores y convicciones que deben sustentar una sociedad democrática. Algo que pasa por el reconocimiento público de todas aquellas personas que sufrieron la represión franquista. De ahí que la página aporte tanto los nombres como, en muchos casos, información desconocida que se hace accesible desde un concepto de servicio público.
No sólo es información y reconocimiento de unas personas en su mayoría ya desaparecidas sino también generar un proceso social de memoria frente a olvido, en particular el que afecta a las personas que, como consecuencia de la represión, deben ser objeto de reparación y reconocimiento público. Unos objetivos generales que se buscan a través de otros particulares como la creación de una base de datos con toda la información disponible, organizada según la tipología represiva (desaparecidos, fusilados, exiliados, presos en cárceles o campos de concentración españoles, franceses, alemanes, argelinos, austriacos, etc.) y debidamente correlacionadas accesible, a través un protocolo de acceso que asegure un uso adecuado, en una página web (www.todoslosnombres.org).
Me gustaría terminar haciendo unas consideraciones sobre las perspectivas actuales. En estos momentos, el impulso inicial parece haberse detenido y la iniciativa ha pasado a actuaciones como la tan debatida Ley que ha hecho dedicar un importante gasto de energías que mejor hubiera sido dedicar a otras cosas. Pero que sobre todo ha arrebatado la iniciativa a la sociedad para entrar en los vericuetos del toma y daca parlamentario, del cambio y venta de cromos como estos últimos días se ha venido diciendo. Un paso más en el “modelo español de impunidad” como lo definen organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
Un proyecto que, como se dice en el manifiesto suscrito en Sevilla por los organizadores y participantes en las Jornadas “Todos (…) los nombres”, celebradas en Sevilla en octubre pasado, levantó un profunda inquietud y perplejidad. No condenaba al régimen franquista, fruto de un golpe militar frustrado contra un gobierno legítimamente constituido y que practicó violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad durante casi cuarenta años sin que se haya practicado hasta el momento una reparación global a las víctimas ni a sus familiares, ni se conozca la verdad de los hechos ni se haya aún exigido justicia. En consecuencia ni declara la nulidad radical de todas las sentencias, condenas o sanciones dictadas en procedimientos militares, tribunales y jurisdicciones especiales de responsabilidades políticas, de masonería y de comunismo y orden público, ni reconoce a las victimas de la represión franquista y a sus familiares del derecho a la Verdad, la Reparación y la Justicia de acuerdo con los Principios establecidos por las Naciones Unidas y las obligaciones internacionales que incumben a España.
Una situación propicia para ir desmantelando o reconduciendo asociaciones e individuos a base de subvenciones y conmemoraciones, al año de tal o cual, o el acto de recuerdo ayuno de cualquier trabajo social o simple investigación histórica. Alejarlos de la sociedad cerrándole el acceso a los medios de comunicación, vaciarlo de contenido o, incluso, ser destruido.
Quedaría así la cuestión planteada en los términos de una recuperación descafeinada, temerosa, vergonzante con la que liquidar las peticiones de los descendientes de quienes sufrieron persecución durante la dictadura. Qué más da obligar a unos familiares a presentar la documentación necesaria para que una “comisión de notables” (¡siempre el poder!) dictamine si esa persona es o no víctima. ¡Ah! y manteniendo el necesario anonimato para que el honor de los verdugos no se vea afectado.
Como, en otro orden de cosas ocurre con las reticencias en aplicar la justicia hoy. No ya la penal, como sería anular los consejos de guerra franquista, o la administrativa como haber depurado a los funcionarios de la dictadura. Mucho menos la reparativa a los afectados por incautaciones o que sufrieron largos años de campos de trabajo o cárcel. Sino siquiera la histórica, la que les devolviera su existencia dejando de poner problemas a la hora de inscribirlos en los Registros Civiles con las causas “reales” de sus muertes y la de las ideas por las que fueron asesinados.
Es necesario un nuevo contexto jurídico-administrativo, una nueva legalidad, que evite que tener que llegar a las más altas instancias judiciales con sentencias que no hacen sino poner de relieve las debilidades jurídicas, y de compromiso, de la actual situación. Son muchas las paradojas de un sistema que ponen en evidencia que no se ha llegado ni a revisar las cuestiones que afectan a los derechos humanos más elementales. Por ejemplo, seguir considerando que los tribunales que dictaron sentencias de muerte “órganos jurisdiccionales legales” lo que, impide la anulación de dichas sentencias y, por tanto, la rehabilitación jurídica de quienes siguen teniendo la marca de “desafectos al régimen” o “terroristas”. Seguir considerando legales a tribunales que dictaron esas sentencias impide la rehabilitación de las víctimas.
En unos momentos de tensión política como la que se vive parece que, una vez más, la memoria histórica será sacrificada. Los viejos franquistas, sus sucesores sociológicos, no están dispuestos a admitir el derecho de sus víctimas a recibir justicia, a que salgan del pozo en que fueron sepultadas. Su arrogancia es tal que les niegan hasta la posibilidad de recordar públicamente a quienes no la tuvieron nunca y desencadenan la llamada “guerra de las esquelas”, expresión de la campaña guerra civilista que llevan a cabo. De nuevo agitan el espantajo del golpe de Estado para, como en los años setenta y ochenta, mantener no ya su impunidad, sino el monopolio del discurso histórico y de la memoria.
Una actitud que parece que condiciona la actuación del partido que administra el poder. Una vez más, tras 30 años de vergüenza, las víctimas del franquismo van a sufrir la cobardía e indignidad.
El golpe de Estado de 1936 quiso ser una vacuna que inmunizara para siempre a la sociedad española de los proyectos sociales que se veían aparecer amenazantes en el horizonte. Sin embargo provocó la enfermedad que se quería evitar. Tres años tardó en eliminar la respuesta revolucionaria. Después la sangría continuó durante décadas hasta que exhausto el cuerpo social español quedó inoculado con las inyecciones del conformismo, el consumismo y la desideologización. Las injusticias, la desigualdad social, las insolidaridades podían perpetuarse sin temor. El actual Jauja democrático convive con cada vez mayores desigualdades, parecidas a las de los años treinta; con profundas faltas éticas públicas y privadas, que dejan en juegos de niños las de antaño, y con actitudes autoritarias que se asemejan a otras que podríamos pensar superadas.
No podemos mirar atrás ni de forma nostálgica ni temerosa. Tenemos que miramos en un espejo que nos devuelva una imagen en la que nos podamos reconocer. La memoria no es un privilegio que concede el gobierno de turno. El derecho de la sociedad y de las víctimas del franquismo a la verdad histórica, a la Justicia y la Reparación ni es negociable ni divisible. Es irrenunciable.
