Fuente clave para mi libro sobre La guerra civil en Huelva fue un increíble fondo al que denominé “Documentación sin catalogar del Archivo Municipal de Valverde del Camino”. Su particularidad era que sólo se conservaba en ese partido judicial. ¿Cómo fue esto posible? Las Juntas de Expurgo de cada partido estaban constituidas por el Juez de Primera Instancia e Instrucción, el Registrador de la Propiedad, el letrado más antiguo de la localidad donde radicara, en este caso Valverde, y el secretario del Juzgado. Se reunían muy de tarde en tarde y decidían qué documentación se vería afectada por el expurgo.
En la reunión habida en julio de 1960, entre otros expedientes en su mayor parte de los años treinta y cuarenta, algunos de ellos relativos a penados, se decidió eliminar “Varios legajos atados con cuerda y sin clasificar con la denominación RESPONSABILIDADES POLÍTICAS”. Sin embargo estos legajos nunca pasaron al camión que los debía trasladar a lugar desconocido para su destrucción o reciclaje en “papel de oficio”. Y no pasaron porque alguien que trabajaba en el Juzgado, Arturo Carrasco Sánchez, conocedor del contenido de los documentos e hijo de represaliado (su padre, Venancio Carrasco, concejal republicano en Los Marines, fue rapado y purgado, pasó por consejo de guerra y acabó en el Canal de los Presos), pese a exponerse a sufrir graves correcciones que podían acarrear incluso la pérdida de empleo y prisión, decidió que tal cosa no ocurriría, de forma que los ocultó en una habitación cubriéndolos de ejemplares del BOE hasta ya entrada la década de los ochenta, momento en que entregó todo a la Casa de la Cultura de Valverde del Camino. Así lo contaba el protagonista en uno de los escritos que tuvo que presentar:
Sin conocimiento de aquellos señores el informante se reservó como documentación “curiosa” todos los expedientes de responsabilidades políticas que habían sido expurgados, y en vez de tirarlos al camión para su posterior destrucción los escondió, teniendo en cuenta el régimen imperante entonces, hasta que llegada la democracia y con motivo del traslado del Juzgado desde el antiguo local (altos del Ayuntamiento) al actual Palacio de Justicia en octubre de 1982, lo comentó un día con el entonces Alcalde D. Américo Santos Montes (hoy fallecido) y con el Juez D. Cristóbal Sanginés Sorrondegui (hoy fallecido también), quienes acordaron que tales expedientes fueran donados a la Casa de la Cultura, como consta acreditado en el expediente gubernativo…
Conviene aclarar que el contenido y volumen de los legajos desbordaba ampliamente su denominación, ya que aparte de los expedientes de responsabilidades políticas del partido (toda la franja minera: casi una cuarta parte de los pueblos de la provincia y sin duda la más afectada por la represión) contenía también una abundante documentación producida por las inscripciones fuera de plazo de desaparecidos, por los decretos de incautaciones de bienes y por las copias de sentencia de los consejos de guerra que afectaron a personas de aquel partido judicial, documentos estos que no sólo no existían en los restantes partidos judiciales onubenses sino tampoco en la mayor parte de los juzgados de primera instancia del suroeste. Recordemos, por otra parte, que la documentación judicial-militar no sería accesible para los investigadores hasta 1997, con lo cual poderla ver en los años ochenta resultaba un hecho excepcional.
Pero la historia no acaba aquí y merece contarse. En 1998 Arturo Carrasco se vio afectado por un expediente gubernativo promovido por la dirección del Archivo Histórico Provincial de Huelva, dependiente de la Junta de Andalucía, quien, basándose entre otras cosas en que el decreto de 24 de julio de 1947 del Ministerio de Educación disponía que la documentación histórica de las Audiencias y Juzgados se depositaría en los Archivos Históricos Provinciales, solicitó al Ayuntamiento de Valverde del Camino el traslado de la documentación a Huelva. Poco después, en 1999, ya estaba implicado en el expediente el propio Ministerio de Cultura a través de la Secretaría General del Libro, Archivos y Bibliotecas, interesada en dilucidar a instancias del director del archivo de Huelva a quién correspondía la custodia de esos documentos.
Lo grave del asunto es que la persona que salvó la documentación podía acabar ahora empapelada por apropiación indebida de documentos judiciales. Entonces Arturo Carrasco, ex teniente de alcalde y funcionario judicial con más antigüedad del Juzgado de Valverde, con el fin de que esos papeles no se fueran del pueblo y salir indemne del expediente gubernativo, tuvo que demostrar con no pocas dificultades que él no se apropió de ellos sino que fue el entonces Juez de Valverde, Cristóbal Sanginés Sorrondegui, quien los donó al Ayuntamiento poco después de que él los “salvara”. La cosa podría dar para un buen relato, pues, si se me permite fabular, la situación era tan absurda que bien merecería haber sido resuelta por la vía de la imaginación: creando un documento que no existía, firmado por una persona ya muerta y escrito con una Remington fantasma sobre un papel que tampoco ya existía. Evidentemente el protagonista de este relato no podría ser sino un radical.
El informe que Arturo Carrasco Sánchez envió al Juzgado de Valverde del Camino, del que se ha extraído el texto antes citado, no tiene desperdicio. Cuenta el origen del asunto y afirma que, realmente, la documentación, que a todos los efectos legales había sido destruida en 1960, era de su propiedad por el simple hecho de que fue él quien, literalmente, la libró de la quema. Por otro lado señalaba que había que felicitarse de que la documentación no hubiese sido trasladada al nuevo edificio del Juzgado, ya que la rotura de una tubería en 1983 tuvo consecuencias desastrosas para el archivo judicial, situado en el sótano del edificio, de las que nunca se recuperó. Sin duda, de haber sido depositado en el nuevo Juzgado, es muy probable que el fondo en cuestión se hubiera visto afectado.
Carrasco también recordaba en el informe la primera conversación que tuvo con el director del Archivo Histórico Provincial, conversación que fue subiendo de tono y en la que él, ante el firme deseo del director en el sentido de que esa documentación debía ir a Huelva, le dijo que “en esa línea de que todo esté en Huelva pueden ustedes llevarse también allí la Gruta de las Maravillas de Aracena y así todo estará centralizado en Huelva y dejaréis los pueblos desmantelados de todo rastro histórico”. Para defenderse del expediente que se le vino encima Arturo Carrasco tuvo que defender su posición:
Ni la documentación era ya de titularidad judicial (sino mía personal, aunque la hubiera sustraído en las circunstancias dichas) ni se trataba de expedientes de depuración de empleados públicos, sino de expedientes de responsabilidades políticas de mineros, carpinteros, obreros, campesinos, jornaleros… es decir de todos aquellos rojos a los que el Régimen de Franco les quitó el pellejo (a unos) o los metió en la cárcel de por vida (a otros), fundamentalmente Comunistas, Anarquistas, socialistas, sindicalistas o simplemente republicanos, lo que hoy hubiéramos llamado “limpieza étnica” del fascismo.
Finalmente recordó que la normativa de julio del 47 estaba superada por los decretos que crearon posteriormente el Archivo General de la Guerra Civil. El escrito concluía así:
No tiene que tener temor alguno el Sr. Director del Archivo de Huelva a una “posible desaparición” de esa documentación, pues si durante cuarenta años hemos podido conservarla (lo que no ha ocurrido en los demás Juzgados y Tribunales de la Provincia de Huelva, que efectivamente sí que la quemaron para borrar los rastros del fascismo) no hay ahora razón alguna para pensar que se va a producir esa desaparición.
Poco después el Juzgado de Valverde del camino se declaró incompetente para pedir la documentación al Ayuntamiento y decretó el archivo del expediente. Así fue como el hombre que salvó una documentación clave para el estudio de la represión fascista en Huelva, en vez de recibir un homenaje provincial y un reconocimiento de la Secretaría General del Libro, Archivos y Bibliotecas, estuvo a punto de ser expedientado y de sufrir los rigores de la Ley por haberse apropiado de “documentación histórica de titularidad judicial”, o, en sus propias palabras, de documentación curiosa.
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Conocí a Arturo Carrasco en junio de 1989. Andaba yo entonces por Huelva recogiendo la información que me permitiría publicar años más tarde la historia del golpe militar en esa provincia y la visita a Valverde del Camino me deparó varias sorpresas. La encargada del archivo, Soledad Batanero, me orientó hacia Jesús Ramírez Copeiro del Villar, un ingeniero de minas madrileño allí afincado desde los años setenta y que desempeñaba el cargo de concejal de Patrimonio, Archivos y Museos. Me presenté en el local de la empresa ADARO donde trabajaba y le dije directamente: “Soy historiador y vengo a investigar la guerra civil”. Y por primera y única vez en mi vida investigadora escuche: “Ya era hora”. Así que fue Copeiro el primero que, además de facilitarme los materiales que él había reunido en sus investigaciones sobre Valverde y de ponerme en contacto con testigos y con gente interesante (Enrique Martín), me habló de un fondo documental de carácter especial depositado en la Casa de la Cultura, de cómo había llegado allí y de la persona que lo había salvado: el funcionario judicial Arturo Carrasco.
En los diversos contactos que tuve entonces y más tarde en Valverde, que fueron bastantes, observé que Arturo, persona respetada y apreciada en el pueblo, era considerado por algunos demasiado radical. En el primer encuentro con él comprendí en que consistía esa radicalidad. Fue allí cuando me contó, a grandes rasgos y sin darle especial valor, la historia de “los papeles del Juzgado de Valverde”. A partir de entonces seguimos en contacto. Cada vez que escribía algo en la prensa o en la revista del pueblo me enviaba copia por correo, textos que siempre leí con interés por la pasión y el humor que ponía en todo lo que hacía. También me escribía –la firma siempre en tinta roja– o me llamaba para comentarme la lectura de mis libros. Aunque sus comentarios solían ser elogiosos, todavía no he olvidado la regañina que me echó por el título de mi libro La justicia de Queipo. Decía que las palabras Justicia y Queipo no podían ir asociadas.
Diré por qué era radical Arturo. Desde luego lo de ocultar un montón de papeles para que no desapareciera la memoria de la represión fascista era cosa de un radical. De eso no hay duda. Pero había más. En sus tareas de funcionario judicial Arturo ayudó a muchos familiares de víctimas de la represión a completar la documentación que necesitaban para practicar las inscripciones en el Registro Civil. Era gente que necesitaba las míseras “pensiones de guerra” de la UCD y él, que los conocía y sabía el calvario burocrático donde se les metía injustamente, les ayudo a su manera. La mayor dificultad era encontrar las dos personas que testificasen que alguien había desaparecido y las circunstancias en que tal cosa ocurrió. ¿Cuál fue la labor de Arturo? Muy simple. Consiguió la colaboración de personas mayores, conocedoras de lo ocurrido y dispuestas a ayudar en la tramitación de los expedientes. Esto supuso, y yo lo pude comprobar al investigar en los registros, que fuera precisamente aquel partido donde se llevaron a cabo más inscripciones fuera de plazo. Así, al igual que en todos los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción debió haber un funcionario radical que preservase aquella documentación, también hubiera sido necesario alguien, igual de radical que él, decidido a allanar el camino a la gente y así agilizar los trámites de los expedientes de inscripción.
Arturo Carrasco, buen conocedor de aquellos terrenos, también dedicó mucho tiempo a la búsqueda de las huellas de los huidos de aquella zona. Localizó algunos de los campamentos que usaron e incluso utensilios que utilizaban. En uno de ellos descubrió un increíble horno hecho de tal forma que ni se veía fácilmente –su estructura era peculiar y estaba muy bien adaptado al terreno–, ni su uso delataba la presencia humana –la salida del humo se diluía por varias bocas. Y, sobre todo, encontró las fosas de algunos huidos y guerrilleros, una de las cuales fue exhumada no hace mucho. De algunas de estas actividades realizó él mismo un vídeo que pudimos ver en unas jornadas celebradas en Valverde en abril de 2005 y un magnífico dossier: “Por la ruta de las fosas comunes”. Se apasionaba contando estas peripecias.
No acaban aquí sus actividades e iniciativas. Ahí está, por ejemplo, la recuperación para Valverde de la dehesa Los Machos. También su trabajo dentro de la AMHyJA, que siempre, desde que se integró en ella en 2003, contó con él para lo que hiciera falta. O la tarea de revisión del callejero valverdeño a la que dedicó sus últimos esfuerzos junto con Jesús Copeiro y Sole Batanero. Curiosamente las circunstancias han permitido que poco antes de su muerte su labor fuese conocida en cierta forma. Conté la historia de la salvación de los “papeles del Juzgado de Valverde” a la periodista Tereixa Constenla y la animé a que hablara con él. Así fue como llegó, con foto incluida, al suplemento andaluz de El País. A su vez esto sirvió para que el programa de Canal Sur Los reporteros se interesase también por el asunto y realizase un programa donde, acompañado por Paco Moreno Gómez y por mí, Arturo pudo recordar con emoción algunos episodios de su vida.
Hay cosas que se hacen y objetivos que se alcanzan sólo desde la radicalidad. Incluso es posible que lo realmente importante en la vida sólo se alcance desde ahí, desde la claridad de ideas, la precisión en la palabra y la firmeza de decisión. Ya sé que la vida es compleja pero en muchas ocasiones los avances sólo vienen de aquellos que no se dejan apresar en las tupidas redes de la realidad. Arturo era una persona radical, a lo que unía una buena dosis de pasión y un fondo natural de bondad. Vayan estas palabras en su recuerdo y sirvan de elogio a la radicalidad.
