A mediados de agosto de 1936, un mes antes de la definitiva ocupación de El Gastor, los sublevados habían iniciado una cruenta represión en todos los pueblos y ciudades que estaban bajo su control, asesinando a sus adversarios ideológicos, a los militantes de organizaciones de izquierdas que se habían señalado por participación en conflictos políticos y sindicales, y muy especialmente a quienes fueron líderes y dirigentes de las organizaciones u ocuparon cargos institucionales durante la República. Fue una purga social con la que se pretendía limpiar la retaguardia de quienes por su actividad e ideología eran considerados indeseables para la nueva España que los golpistas comenzaban a levantar con un baño de sangre.
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