La excepción vasca
En los últimos veinticinco años la investigación histórica ha ido dando a conocer, poco a poco y por partes, lo que un historiador pionero en estas tareas como es Francisco Moreno Gómez llamó el secreto mejor guardado del franquismo: la matanza fundacional sobre la que se edificó. Es una larga historia, que no es posible recorrer ahora, pero que permitió que veintidós años después de que el general Ramón Salas Larrazábal publicara sus Pérdidas de guerra (Planeta, Barcelona, 1977) viera la luz Víctimas de la guerra civil (Temas de Hoy, Madrid, 1999), obra que recogía trabajos de Casanova, Solé, Vilarroya y Moreno Gómez. Al final de dicha obra y elaborados por el último historiador mencionado aparecían tres cuadros: dos sobre la represión franquista, según las diversas provincias contasen con estudios completos o parciales, y otro sobre la represión republicana. Supimos entonces que, respecto a la primera, había sido investigado algo más de la mitad del país, destacando comunidades como Cataluña, Navarra, Andalucía, Valencia, Canarias, Asturias, La Rioja y Galicia. En un segundo nivel se encontraban Extremadura, las dos Castillas y Madrid. La represión republicana, por el contrario, puede darse por conocida con las 22 provincias que allí aparecían.
Pues bien, en dichos cuadros nada se decía de la represión en el País Vasco. ¿Cómo era posible que en un territorio geográficamente tan pequeño no se conocieran a esas alturas las consecuencias de la represión franquista? La primera razón afecta a todo el país: los departamentos universitarios de Historia no quisieron saber nada de este asunto durante mucho tiempo, de modo que quedó abierto a interesados y a todo tipo de conjeturas. Según nos dice Santiago de Pablo, de la Universidad del País Vasco, durante un tiempo y sin saber muy bien por qué, se habló de 5.500 fusilados en las tres provincias, cantidad luego rebajada a 3.100, cifra esta también considerada excesiva. Últimamente I. Egaña y su equipo han hablado de 2.269 muertos entre 1936 y 1946. De Pablo añade: “…tal vez no interese comparar las cifras reales de la represión en Euskadi con las mucho más altas de Castilla o Andalucía”. Mikel Aizpuru, también de la Universidad vasca y director de un trabajo sobre la represión en Hernani, mantiene por su parte que
…el probable hinchamiento que ofrecen este tipo de informes [se refiere a los informes oficiales del Gobierno Vasco de 1938] no se puede sustituir por la alternativa de ignorarlos sin más y basarse únicamente en los documentos y fondos de archivos que se han conservado, que, como hemos indicado, son más los que se han perdido, los que han sido destruidos deliberadamente, que los que se han conservado…
Es más, el mismo autor justifica seguidamente al Gobierno Vasco en lo de “redondear las cifras globales por lo alto y no por lo bajo”, y lo hace en razón a que necesitaba “hacerse con la protección de las potencias y la sociedad europeas”. En fin, se entiende que el Gobierno Vasco hiciera tal cosa pero no que hasta hace muy poco tiempo hayan estado circulando esas cifras sin ser sometidas a la crítica histórica y sin ser calificadas realmente de lo que fueron: simple propaganda de guerra. Y tampoco se entiende que en una zona donde aún no han sido investigados a fondo los libros de defunciones de los Registros Civiles se justifique el uso de dichos informes oficiales por la carencia de documentos. De hecho, y dejando a un lado las cifras de Salas Larrazábal, no sabremos la validez de los Registros Civiles hasta que se estudien. Hay que tener en cuenta que la represión posterior a febrero de 1937 fue, en general, registrada al proceder en su mayor parte de las sentencias dictadas por la Fiscalía del Ejército de Ocupación. Es decir, que no es lo mismo investigar la represión allí donde triunfa el golpe en poco tiempo que en las zonas ocupadas militarmente a partir de febrero de 1937. En este sentido es probable que la represión en el País Vasco –sobre todo en el caso de Vizcaya– fuese, en su mayor parte, recogida tanto en los juzgados como en los cementerios. Lo que no tiene mucho sentido es que esta información básica que ofrecen los juzgados no haya sido suficientemente aprovechada hasta la fecha. Aunque también cabe la posibilidad de que haya sido utilizada y mezclada con datos de diversa procedencia sin especificar la fuente de cada uno. Es arriesgado plantear hipótesis sobre esta base pero creo que los posibles riesgos se verán superados por los beneficios generados por el debate.
Estamos hablando, según el censo de 1930, de una región que contaba con 891.710 habitantes (por provincias: Álava, 104.176 en 77 municipios; Guipúzcoa, 302.329 en 89 municipios y Vizcaya, 485.205 en 115 municipios). Para hacernos una idea, ese mismo censo daba 702.418 habitantes para la provincia de Badajoz (163 municipios) y 805.252 para la de Sevilla (102 municipios). Para la fecha en la que vio la luz Víctimas de la guerra civil (1999) ya existía algún trabajo de interés. Por ejemplo, Javier Ugarte, de la Universidad del País Vasco, había publicado once años antes un artículo sobre la represión en Álava donde ya daba nombre y apellidos de 168 personas asesinadas por los franquistas entre 1936 y 1938. Previamente la represión republicana había acabado con la vida de 37 personas. Si bien la primera es algo superior, ambas cifras están dentro todavía de la influencia de los datos exactos de Salas Larrazábal. Decía Ugarte, para explicar esas cantidades, que en una sociedad tan conservadora como la alavesa, dada su “gran cohesión y escasa conflictividad”, no hizo falta recurrir a medidas de carácter extraordinario “para conservar la ‘paz’ social y el viejo estado de las cosas”. La represión, más que por cuestiones internas locales, se produjo, según dicho autor, “por la radicalización política del momento”. O por hechos puntuales: detrás de una de las peores matanzas ocurridas en Victoria, que se llevó por delante la vida de dieciséis personas el 31 de marzo de 1937 y que provocó quejas de la derecha local, se hallaba una orden de Mola, previa a la ofensiva sobre Vizcaya.
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